Impuesto a la Herencia en la Provincia de Buenos Aires
Enero 31, 2011
En la Provincia de Buenos Aires, el Impuesto a la Herencia se paga desde $ 50 mil
29/01/11
Fue reglamentado y rige desde el 1° de enero. Buscan obtener $ 300 millones.
Por Rodolfo Lara
LA PLATA. Con la reglamentación de la Ley de Herencia, que grava la transmisión gratuita de bienes a partir de los 50.001 pesos, se puso en práctica la polémica norma provincial. El gobierno de Daniel Scioli prevé una recaudación de 300 millones de pesos en el primer año de aplicación de este tributo.
Según la Ley 14.200 reglamentada por ARBA, se estableció en $50.000 el monto total del enriquecimiento patrimonial obtenido a título gratuito que no estará alcanzado por el impuesto a la herencia. Ese monto se eleva a $ 200.000 cuando se trate de padres, hijos y cónyuge.
Si heredaron 200.001 pesos, los familiares directos pagarán el 4% sobre el excedente de un peso. Si ese excedente supera los 125.000 pesos, la alícuota pasa al 4,075%. En el caso de familiares indirectos, si heredaron 50.001, pagarán 6% sobre ese peso excedente.
Fuentes cercanas al director de ARBA, Martín Di Bella, advirtieron que el 90% de las herencias son recibidas por familiares directos, por lo que serán mayoría los que paguen la alícuota más baja.
Desde el 1° de enero son afectadas por este gravamen las herencias, legados y donaciones.
Incluye a todos los bienes de las personas residentes en la Provincia al momento de la transmisión o cesión.
En el debate del proyecto se había cuestionado el espíritu de la norma porque “con un piso tan bajo”, el impuesto perdía su carácter progresivo y fija el alcance en un universo mayoritario.
El 24 de diciembre el Poder Ejecutivo realizó la promulgación con la publicación en el Boletín Oficial. Esta semana fue reglamentada por la Agencia de Recaudación para cumplimentar el trámite.
¿Cuáles son los bienes afectados? Además de los inmuebles, automóviles, aeronaves, acciones en sociedades comerciales o empresarias y títulos públicos o privados.
ARBA podrá actuar sobre propiedades del fallecido radicadas fuera de la Provincia.
El riesgo, suponen algunos legisladores, es que en valores tan acotados como establece la ley, las familias no podrían hacer frente al tributo sin afectar el patrimonio legado. Según el senador José Zingoni (GEN), “los deudos deberán asumir el pago de una suma significativa que, de no contar con el efectivo va a derivar en la venta de los bienes en cuestión”.
La Ley 14.200 habla de “enriquecimiento gratuito”. En esos casos de valores menores el enriquecimiento se tornaría relativo.
Con autorización judicial, ARBA podría acceder a conocer lo que hay dentro de una caja de seguridad. Requiere de elementos que respalden la sospecha de elusión tributaria del fallecido u otra maniobra ilegal. Es ineludible la intervención judicial.
Buenos Aires hace punta con este impuesto. Tiene necesidades recaudatorias y por eso incrementó el Inmobiliario Urbano y Sellos. Este tributo reglamentado sobre la transmisión gratuita de bienes espera ser más exitosa que la última experiencia en Nación. En 1975 se aplicó y apenas hubo una cosecha del 0,0065 por ciento del total de los ingresos tributarios. Diez años después, Raúl Alfonsín envío un proyecto al Congreso y sólo recibió media sanción.
Fuente: Clarín. Buenos Aires, 29/01/11.
El PBI de Estados Unidos creció 3,2% en el cuarto trimestre
Enero 29, 2011
El PBI de EE.UU. creció 3,2% en el cuarto trimestre
WASHINGTON (Dow Jones)–La economía estadounidense se aceleró en el cuarto trimestre del 2010 impulsada por un aumento en el gasto de los estadounidenses, lo que sugiere que la recuperación podría aumentar su ritmo este año.
El producto bruto interno (PBI) se expandió a una tasa interanual ajustada por factores estacionales del 3,2% entre octubre y diciembre, informó el viernes el Departamento de Comercio en su primera estimación para el PBI de ese trimestre.
El PBI creció un 2,6% en el tercer trimestre, un 1,7% en el segundo y un 3,7% en los primeros tres meses del año pasado.
Los economistas esperaban una expansión del 3,5% en el cuarto trimestre, según una encuesta de Dow Jones Newswires.
El PBI mide todos los bienes y servicios producidos en la economía.
El aumento llevó a la producción total a su mayor nivel desde fines de 2007, cuando se inició la recesión.
El mayor componente del PBI es el gasto de los consumidores, que representa cerca del 70% de la actividad económica total. Esos gastos ascendieron un 4,4% en el trimestre, la mayor alza desde comienzos de 2006 y el doble del aumento promedio del gasto en los tres trimestres previos de 2010.
Por primera vez en 2010, en el cuarto trimestre la economía también se vio beneficiada por una disminución del déficit comercial. Las exportaciones netas aportaron 3,44 puntos porcentuales al crecimiento. En el tercer trimestre, el déficit comercial restó 1,7 puntos porcentuales al PBI.
Las compras de bienes duraderos subieron un 21,6% en el período y las compras de bienes no duraderos ascendieron un 5,0% en el cuarto trimestre.
Los gastos en servicios se incrementaron un 1,7%.
Ciertamente, el gasto de consumo sigue bajo en comparación a períodos posteriores a recesiones severas previas. En los cuartos trimestres que siguieron a la recesión de 1982, el gasto registró aumentos de entre el 4% y el 8%.
El informe del PBI del viernes mostró que la inflación sigue moderada. El índice de precios para los gastos de consumo personal aumentó un 1,8%, tras ascender un 0,8% en el tercer trimestre. Si se excluyen los alimentos y la energía, el índice de precios de los gastos de consumo personal subió un 0,4% en el cuarto trimestre, tras incrementarse un 0,5% en el trimestre anterior.
Fuente: The Wall Street Journal, 28/01/11.
Argentina: Avanzada gubernamental contra el Lavado de dinero genera dudas y controversias
Enero 29, 2011
Avanzada gubernamental contra el Lavado de dinero genera dudas y controversias en Argentina
Por Fernando Martínez
Desde los primeros días del 2011 el gobierno argentino, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), ha anunciado doce normativas para prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Actividades como la venta de vehículos e inmuebles, uso tarjetas de crédito y cheques de viajero, apuestas en casinos y bingos, las pólizas de seguros, transferencias bancarias, transporte de caudales, ventas de obras de arte y antigüedades, entre otras actividades comerciales, financieras y profesionales, serán examinadas por el Estado, siempre que se enciendan las alarmas por los montos en juego en cada una de las operaciones.
Primeras reacciones
La Resolución 2511, publicada en Boletín Oficial (fecha), que obliga a ciertos profesionales de ciencias económicas a reportar ante la UIF eventuales maniobras de lavado de dinero que pudieran detectarse en la preparación de las declaraciones juradas, despertó las primeras reacciones.
Según reporta el portal infobae.com, voceros de la Federación de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) manifiestan que la medida es de “difícil cumplimiento, en lo inmediato”.
Guillermo Fernández, secretario de dicha organización, argumentó que “con esta medida se incorpora a los profesionales independientes que presentan declaraciones juradas, pero siempre hay que tener en cuenta que cumplen una función de asesoramiento”.
Explicó que el problema está en que las declaraciones juradas se hacen en base a la información suministrada por los clientes.
La resolución incluye a las personas físicas que posean un activo superior a los 3 millones de pesos o hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año, de acuerdo con la información proveniente de los estados contables auditados.
De acuerdo con el portal web oficial de la FACPCE “el proyecto inicial de la UIF comprendía como sujetos obligados a todos los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales en Ciencias Económicas”.
Eso significaba que pasaban a ser sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas todos los profesionales en Ciencias Económicas matriculados -contadores, actuarios, licenciados en administración y en economía- por los trabajos profesionales que realizaran con cualquier tipo de cliente. Ahora esta exigencia se circunscribe sólo a los contadores que actúan como auditores externos y síndicos societarios.
La intervención realizada por el gremio logró limitar la propuesta inicial a través de la realización de varias reuniones en el seno de la UIF, y de la presentación de un proyecto.
“De esta forma, los demás profesionales en ciencias económicas, pese a estar incluidos en la ley 25.246, (la cual creó la UIF en el año 2000) no tendrán obligación de informar operaciones sospechosas y no están incluidos en la Resolución 25/11”, señala FACPCE en su página web.
Entre algunas de las circunstancias “sospechosas”, especificadas en los formatos que auditores externos y síndicos societarios están obligados a reportar, podemos señalar:
· Operaciones con empresas Off Shore, o con personas físicas o jurídicas radicadas en países o territorios no cooperativos (FATF/GAFI).
· Incrementos o decrementos significativos en los volúmenes operados o registrados en distintas cuentas u operatorias.
· Cancelaciones anticipadas de préstamos.
· Cancelaciones anticipadas de pólizas de seguros.
· Valuaciones correspondientes a acciones intangibles o revalúos técnicos que no parezcan acordes con los bienes de referencia.
Control al dinero plástico
Cuando todavía se debatía las repercusiones de la normativa 25/11, la UIF publicó en Gaceta Oficial una nueva medida que tiene como norte impedir el uso de tarjetas de crédito y cheques de viajero, para canalizar fondos de procedencia ilícita.
En resumen, la nueva resolución 27/11 tiene las siguientes implicaciones y las compañías emisoras tienen plazo hasta el 1 de abril de 2011, para adecuarse a los nuevos requerimientos:
Se considerará cliente tanto al usuario titular como a los adicionales o beneficiarios de extensiones, y a los proveedores de bienes o servicios o comercios adheridos.
Las operadoras deberán adoptar políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, elaborar un manual de procedimientos y designar a una persona como Oficial de Cumplimiento.
Las compañías emisoras estarán obligadas a exigir una declaración jurada a sus clientes cuando éstos soliciten una emisión de cheques de viajero superior a 5.000 pesos o tengan tarjetas con un límite de compra por encima a esa cantidad.
En el caso en que el cliente solicite la emisión de cheques de viajero por un monto superior a 20.000 pesos o en caso que la tarjeta de crédito o de compra tenga un límite de crédito superior a ese monto, se deberá requerir además de la declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos la correspondiente documentación respaldatoria que sustente el origen declarado de los fondos.
Las empresas deberán realizar perfiles transaccionales de sus clientes y hacer seguimiento a las operaciones que efectúen.
Las compañías emisoras deberán informar cualquier operación de sus clientes considerada “sospechosa”.
El titular de la UIF, José Sbatella, aclaró que estas nuevas reglas se harán sentir sobre los nuevos usuarios. “Los que ya tengan un historial crediticio ni se van a enterar de esta normativa”, dijo a los medios.
Para quienes ya tienen una tarjeta de crédito, se activarán los alertas cuando registren un nivel de consumo por encima de su promedio mensual. En ese caso, la empresa emisora deberá requerirle información sobre esos gastos.
Sbatella indicó que tendrán como blanco especial el uso de las “tarjetas prepagas”, que pueden ser una vía para lavar dinero.
Existirá especial supervisión con las denominadas “Tarjetas Prepagadas”, las cuales “se cargan” con fondos y luego se usan libremente, lógicamente hasta que se agota el fondo.
Quedan exceptuadas las “Tarjetas Prepagas no Recargables” emitidas por entidades no financieras para ser usadas exclusivamente en un establecimiento comercial determinado, cuyo valor individual no supere los 2.000 pesos, siempre y cuando el total de tarjetas compradas por el cliente no supere los 10.000 pesos, dentro del mes calendario.
Sbatella explicó que “nada de lo que exige es nuevo, lo nuevo es que los bancos deben informarlo”, aseguró.
Confusiones
Sin embargo, algunos analistas económicos consultados por la prensa de Buenos Aires han argumentado que debido a la inflación, la mayoría de los bancos emisores actualizaron los montos, lo que hizo que el límite establecido por la UIF para los controles involucre a más del 70% de los 14,3 millones de titulares de tarjetas del sistema financiero.
En primer término esto fue entendido como un mecanismo que afectaría a millones de consumidores argentinos en la cotidianidad de sus operaciones comerciales; se creía que alcanzaría a todos los usuarios de tarjetas de crédito con límites superiores a 5.000 pesos, por lo cual tuvo que ser aclarado en medio de una avalancha de críticas. La máxima autoridad de la UIF aclaró que “la nueva reglamentación es una responsabilidad para el banco, no para sus clientes. Tiene que ver con el proceso de auditoría interna y con conocer a sus clientes”.
Sbatella reiteró que “no hay una persecución al usuario de una tarjeta, sino medidas reforzadas para las administradoras de tarjetas o de cheques de viajero, que al momento de otorgamiento deberán asegurarse, de la mejor manera, de la capacidad del cliente, de su debida identificación“.
UFI se adapta
Diferentes actividades económicas y financieras en Argentina deberán ajustarse a todo un cuerpo de normas, las cuales establecen obligaciones de informar sobre operaciones que puedan entrar en la categoría de sospechosas.
Este esquema necesariamente apunta a la necesidad de una mayor diversificación, entrenamiento, pericia técnica y observación de datos objetivos, dada la sofisticación de los mecanismos de acción del crimen organizado.
Desde el próximo 1 de abril, el país sureño contará con un sistema electrónico para el Reporte de Operaciones Sospechosas, según el portal web de la UFI.
Además, realizarán anualmente informes sobre la calidad de los reportes sistemáticos y de transacciones susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de activos o relacionadas con actos terroristas, recibidos de los sujetos obligados. En los próximos días se espera el anuncio de nuevas medidas de control.
En octubre 2010, el GAFI formuló cuestionamientos contra la Argentina, porque no respetar 47 de las 49 normas que dictó ese organismo internacional para combatir el lavado de dinero.
Recuento de las Resoluciones
En el siguiente listado ofrecemos un inventario de las normativas publicadas en Gaceta durante el mes de enero de 2010:
• 14 de enero
Resolución 11/2011: Medidas referidas a la prevención y detección de operaciones sospechosas de las Personas Expuestas Políticamente (PEP’s), una categoría a la que ahora pertenecen funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, los funcionarios extranjeros que se desempeñan en Argentina, autoridades sindicales y miembros de cámaras empresariales.
Resolución 194/2010: Nueva normativa sobre el tratamiento de la información obtenida de otra Unidad al amparo de los mecanismos de intercambio existentes en materia de prevención y castigo al lavado de divisas y la financiación del terrorismo.
• 20 de enero
Resolución 18/2011: Establece procedimientos que deberán observar las personas físicas o jurídicas dedicadas a la explotación de juegos de azar. Las apuestas a través de Internet y otros medios electrónicos son objeto de los mecanismos de control antilavado, imponiendo a quienes los explotan las mismas obligaciones que rigen para los casinos, bingos, loterías e hipódromos.
Resolución 19/2011: Impone nuevas obligaciones a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), encargada de fiscalizar a las personas físicas o jurídicas.
Resolución 21/2011: Destinada a escribanos públicos. Una de las obligaciones que añade a los notarios es la de extremar las medidas precautorias para evitar la utilización de “empresas pantalla” o “empresas vehículo”
Resolución 22/2011: Establece que la Comisión Nacional de Valores es el organismo de control de una serie de sujetos obligados entre los que figuran las sociedades emisoras, fondos comunes de inversión, calificadoras de riesgo, fideicomisos financieros, bolsas de comercio con y sin mercado de valores adherido.
• 21 de enero
Resolución 23/2011: Sobre medidas que deben cumplir los sujetos obligados, incluidas las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realizan operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
Resolución 24/2011: Establece medidas y procedimientos mínimos que deberán observar las empresas dedicadas al transporte de caudales.
Resolución 25/2011: Profundiza las medidas que deben cumplir los contadores públicos, que están obligados a emitir reportes sistemáticos mensualmente, mediante un sistema “on line”. Los profesionales de este sector que brindan asesoramiento impositivo se encontraban hasta ahora exceptuados, pero en lo sucesivo estarán comprendidos en las normas globales antilavado.
Resolución 26/2011: Referida a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos prendarios.
• 24 de enero 2011
Resolución 27/11: Se establece un régimen de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, aplicable específicamente a las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
• 26 de enero 2011
Resolución 28/2011: Indica la obligatoriedad que tienen los vendedores de arte y antigüedades, los marchands, los que se dediquen la exportación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales preciosos a presentar informes sobre las actividades de sus clientes habituales u ocasionales, para evitar el lavado de dinero.
Fuente: LavadoDinero.com
La Fed mantiene las tasas y el programa de compra de bonos
Enero 27, 2011
La Fed mantiene las tasas y continúa con el programa de compra de bonos
Por Luca Di Leo y Jeffrey Sparshott
WASHINGTON (Dow Jones) - Las autoridades de la Reserva Federal decidieron el miércoles continuar con las compras de bonos del gobierno para impulsar la recuperación económica, a pesar de reconocer que la economía estadounidense se encuentra en mejor estado.
En su primera reunión del 2011 para establecer la política monetaria, los funcionarios del banco central votaron unánimemente a favor de continuar con el controvertido programa, por US$ 600.000 millones, de compras de títulos del Tesoro, pese a que tres de los cuatro miembros nuevos del Comité de Mercados Abiertos de la Fed, o FOMC, han criticado la medida.
El FOMC decidió dejar sin cambios la tasa interbancaria federal, entre el 0,0 y el 0,25%.
El apoyo logrado por el presidente de la Fed, Ben Bernanke, podría mejorar la efectividad del programa -que busca impulsar el crecimiento mediante el mantenimiento de bajas tasas de interés para los préstamos y el impulso de los mercados de acciones- al sugerir a los mercados que probablemente será finalizado.
En la declaración emitida tras la reunión de dos días, las autoridades de la Fed destacaron algunos progresos en los gastos de los consumidores, al afirmar que estos “repuntaron a fines del año pasado”.
Sin embargo, reconocieron que la economía sigue siendo afectada por la alta tasa de desempleo, el lento crecimiento en los ingresos y la restricción en el crédito. Las empresas “siguen renuentes a aumentar las nóminas” y el sector de la vivienda “continúa deprimido”.
En su conjunto, las mejoras no fueron lo suficientemente sólidas como para generar un cambio de curso por parte de la Fed y los funcionarios reiteraron que esperan que las tasas de interés de corto plazo se mantengan cerca de cero por un período prolongado.
A raíz de la lenta recuperación a mediados del año pasado, cuando las tasas de corto plazo ya se encontraban cerca de cero, la Fed reanudó sus compras de bonos en noviembre del 2010 en un esfuerzo por mantener bajas las tasas de interés de largo plazo.
Sin embargo, a diferencia de la primera ronda de compras, por US$1,7 billones, para combatir la crisis financiera, el banco central sugirió que estaba listo a reducir el programa si la economía repuntaba.
Eso ya no parece probable. Ante las expectativas de que la tasa de desempleo permanezca alta y que la tasa de inflación subyacente siga baja por algún tiempo, el FOMC dijo que “continuará expandiendo sus tenencias de valores como se anunció en noviembre”.
La Fed ya ha comprado alrededor de US$200.000 millones en títulos del Tesoro estadounidense para expandir su hoja de balance. La entidad tiene programado completar el programa de compras en junio.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Thomas Hoenig, se opuso durante todo el 2010 a la política de flexibilización monetaria de la Fed. Tres de los cuatro presidentes regionales de la Fed que este año comenzaron a tener derecho a voto en el FOMC -de los 11 miembros actuales- se han manifestado en contra de las compras de bonos: Richard Fisher de la Fed de Dallas, Charles Plosser de Filadelfia y Narayana Kocherlakota de Minneapolis.
Fuente: The Wall Street Journal, 26/01/11.
Ben Bernanke
Compañía de Costa Rica acusada en USA de fraude por U$S 670 millones
Enero 24, 2011
20/01/11
Washington, 20 ene (EFE).- La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó hoy a la compañía costarricense Provident Capital Indemnity (PCI) del fraude de más de 670 millones de dólares en bonos respaldados por seguros de vida en EEUU y el extranjero La acusación, formulada ante un tribunal del estado de Virginia, contempla cargos contra el presidente de la compañía Minor Vargas Calvo, de 59 años, y Jorge L. Castillo, de 55 años, que actuaba como “supuesto auditor externo”.
Vargas fue arrestado ayer en el aeropuerto JFK de Nueva York y Castillo hoy en Nueva Jersey, informaron medios locales.
“PCI está acusada de engañar a inversores de todo el mundo para que vendiesen más de 670 millones de dólares en bonos de garantía que luego resultaron carecer de valor”, explicó el fiscal Neil H. MacBride.
Vargas, residente en Costa Rica, y Castillo, residente en Newark (Nueva Jersey), en caso de ser condenados, pueden ser condenados a 20 años de cárcel.
Entre 2004 y 2010, la empresa vendió cerca de 670 millones de bonos a empresas inversoras localizadas en Estados Unidos, Holanda, Alemania y Canadá, entre otros países, quienes pagaban intereses anticipados de entre el 6 y el 11 por ciento del valor antes de que PCI emitiese los bonos.
Los acusados supuestamente defraudaron a miles de clientes distorsionando el valor de “bonos de garantía financiera”, que estaban supuestamente respaldados por acuerdos de seguros de vida (acuerdos de vida y viáticos).
Castillo, quien actuaba como auditor externo, garantizaba la validez de las operaciones de PCI de cara a los inversores.
Provident Capital Indemnity “distorsionaba la capacidad de satisfacer sus obligaciones de pagos mediante fingidas auditorías”, señaló en su comunicado la SEC. EFE
Web de la empresa acusada: http://www.providentinsurances.com/
Fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=661124
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La Nación. San José, Costa Rica. 20/01/11.
Una firma llena de cuestionamientos
Por Gustavo Jiménez M.
La empresa Provident Capital Indemnity (PCI), presidida por Minor Vargas, enfrentó cuestionamientos de autoridades regulatorias del mercado de valores y está vinculada a casos que terminaron en posibles fraudes.
Una investigación de La Nación, publicada el 8 de octubre de 2009, reveló que PCI tenía prohibición para operar en Texas y California por riesgo de estafa.
“Los demandados (entre ellos PCI y directamente Minor Vargas) están cometiendo fraude en relación con la oferta para la venta de títulos valores (…) La conducta, actos y prácticas de los demandados amenazan con causar daño público inmediato e irreparable”, estableció una nota del Comisionado de Seguros de Texas, divulgada en el 2006.
Por su parte, la Autoridad Reguladora del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) cuestionó, en un documento oficial de 2007, a personas acusadas de fraude, por haber respaldado operaciones con bonos de PCI sin haber reportado a sus clientes el historial de la empresa.
“Desde 1992 Provident ha sido sujeto de acciones regulatorias estatales en California, Florida y Texas (…), en diversos casos involucrando fraude, emisión de seguros sin autorización”, indicó la SEC.
En ese reportaje del 2009, Vargas dijo que los problemas de PCI eran anteriores a su llegada, en 2004, y que él llegó a arreglar los líos.
“A la empresa se le menciona porque otra gente hizo daño antes. Yo llegué a resolver eso”, afirmó en una entrevista con este diario.
Más problemas
La empresa Provident también está vinculada a dos casos que se investigan como fraude en los Estados Unidos.
El primero trascendió en 2007, cuando inversionistas de una compañía llamada Secure Investment Services presentaron una denuncia por presunto timo (PCI no formó parte de la acusación). La empresa de Vargas respaldó con bonos parte de las inversiones. Primero accedió a entregar $65.000, pero después no hizo más pagos; Vargas aseveró que al estudiar las garantías determinaron que no les correspondía hacer más pagos.
Sin embargo, el administrador del caso, Michael Quilling, dijo que PCI era probablemente una “estafa” y que, de ser enjuiciada, no parecía tener activos suficientes para responder.
PCI también respaldó operaciones en otro caso que se juzga como posible fraude a partir del año anterior en Illinois, siempre relacionado con el mercado de reventa de seguros de vida.
En febrero del año pasado Minor Vargas firmó un documento en el que se comprometía, como presidente de PCI, a pagar $10 millones en 12 cuotas de $833.000, desde junio de 2010 hasta mayo de 2011, para honrar un bono que la empresa emitió como garantía.
La Nación publicó el 16 de noviembre que la compañía estaba atrasada en pagos que a ese momento sumaban $2,5 millones, según datos de un abogado oficial del caso. Vargas dijo que tenía el dinero, pero que necesitaba completar un trámite bancario.
Minor Vargas Calvo
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La Nación. San José, Costa Rica. 31/01/11.
PCI servía de gancho para atraer a los inversionistas
Por Juan José Herrera Ch.
La compañía Provident Capital Indemnity (PCI), presidida por Minor Vargas, era uno de los principales ganchos para atraer inversionistas en la presunta estafa relacionada con el mercado de seguros de vida en EE. UU.
Producto de las investigaciones de este caso Vargas está en una prisión del estado de Virginia desde hace casi dos semanas.
La presencia de la reaseguradora PCI en el negocio brindó la sensación de confianza entre los inversionistas afectados, según aparece en declaraciones de cuatro testigos que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) presentó como pruebas contra PCI.
De acuerdo con la acusación, PCI se presentaba con falsos atestados, entre ellos el supuesto respaldo de otras empresas reaseguradoras y la valoración que le otorgó la empresa calificadora de riesgo Dun & Bradstreet.
Empujón final
Según contaron los afectados en sus declaraciones (a las que tiene acceso La Nación) de no haber sido por ese supuesto respaldo de PCI nunca hubieran puesto su dinero en el mercado de seguros de vida.
“En octubre de 2006 invertí $50.000 en el mercado de pólizas de vida, sabiendo que mi inversión sería segura pues estaría respaldada por una empresa reaseguradora, la cual más tarde me enteré sería PCI”, aseguró en su declaración Victoria Cueman, una de las afectadas.
Los inversionistas entregaban su dinero para ser parte en la recompra de un seguro de vida. Cuando moría el dueño original de la póliza, las ganancias se repartirían entre los inversionistas.
La reaseguradora de Vargas lo que hacía era ofrecer a los inversionistas la certeza de obtener su dinero aún cuando la persona a la que compraban la póliza no falleciera en un período estimado. Esto, en teoría, convertía el negocio en una inversión “libre de riesgo”.
En general, la promesa de las empresas que ofrecían estos seguros era que los inversionistas recibirían una ganancia de alrededor de un 42% de su inversión inicial, en un plazo de tres o cuatro años. Sin embargo no obtuvieron el dinero, por lo cual el caso se está juzgando como presunto fraude.
Lavado de Dinero: Riesgos de las Listas No Oficiales
Enero 21, 2011
¿Prevención o Persecución? Consecuencias de la generación y uso descuidado de las listas ALD
Por Alberto Ávila
Dentro del mundo de la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo surge un problema grave para los ciudadanos ejemplares: la exposición inadecuada de sus nombres y el castigo que imponen particulares en sus vidas. Existen listas emitidas por Gobiernos que incorporan los nombres de personas y entidades legales que forman parte de investigaciones criminales, todo ello a través de evidencias. A través de estas listas oficiales se prohíbe a los ciudadanos y a empresas financieras el realizar transacciones comerciales u económicas con los que aparecen en ellas. Las listas oficiales o de gobiernos son uno de los elementos utilizados para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Estas listas oficiales no son la preocupación que nos atañe, pues cuando existen imprecisiones sobre la información que contienen o si existen nombres similares, los Estados cuentan con mecanismos mediante los cuales los particulares pueden ver la información que sobre ellos existe, realizar modificaciones u obtener permisos y requerir que se realicen correcciones necesarias cuando estas proceden.
Lo alarmante son los efectos negativos generados por las empresas particulares que colocan a diestra y siniestra nombres de personas en sus listas no oficiales. Las llamadas listas no oficiales se integran mediante el “criterio empresarial” de quien puede estar involucrado o vinculado con actividades ilícitas. Las compañías venden estas las listas no oficiales a instituciones financieras y a empresas comerciales que deben cumplir con regulaciones antilavado. Al distribuir su información por todo el mundo, bajo la premisa de: “nosotros tenemos la lista más comprensiva de los que pueden dañarlo y analizamos más fuentes que otros”, estas compañías han incluido el nombre de personas que no han cometido ilícitos y de esta manera han dañado su reputación y derecho al trabajo. La inclusión de un nombre en estas listas se asemeja en sus efectos a una sentencia de culpabilidad o de muerte legal. Quien aparece en estas listas es bloqueado en sus transacciones financieras, comerciales y en algunos casos ni siquiera les es permitido ingresar a países o el ingreso a algunos se torna en complicado.
Cuando las empresas particulares que emiten listas no oficiales cometen un error y lo corrigen, no cuentan con un proceso de comunicación de esta situación con el mismo impacto que en la emisión.
Existen diferencias primordiales entre las listas oficiales y las no oficiales: la información y evidencia que obtienen quienes las crean y los mecanismos establecidos para proteger los derechos humanos que mantienen. Los gobiernos incorporan mecanismos de revisión de datos y corrección de información, estos son el reflejo del derecho de réplica. Las empresas particulares no cuentan con estos mecanismos de protección a los derechos de las personas.
Los integradores de listas pregonan que ellos sólo colocan la información que aparece en miles de periódicos y procedimientos judiciales, adicional a los datos provistos por gobiernos. Lo que no reconocen es el grave peligro que implica el incluir datos que aparecen en diversos diarios o semanarios, es que la fuente de información que estos medios utilizan puede estar documentada de manera pobre o su presentación puede estar manipulada o poco investigada; este riesgo debe estar bien controlado.
En el caso de procesos judiciales se requiere de un conocimiento profundo de los procedimientos legales y de sus múltiples etapas. Adicional a ello, en cualquiera de estos escenarios resulta básico conocer el entorno político existente en el país donde se genera la información. Existen múltiples casos en todo el mundo donde ciertos gobiernos utilizan a los medios publicitarios y al sistema judicial para ejercer presión a grupos opositores: abuso de poder.
Luego entonces los primeros cuestionamientos que surgen son: las empresas que crean las listas, ¿conocen el entorno de la información que revisan y después publican?, ¿tienen mecanismos para detectar desinformación?, ¿cuentan con expertos en el sistema legal y político de donde proviene la información? Si tienen el acceso a esta información, ¿la presentan a los usuarios o la dan a conocer de manera amplia para que se determine la validez y oportunidad de la misma?, ¿operan con el personal necesario para procesar miles de fuentes de información de manera útil, confiable y oportuna? La información y los datos presentados a los clientes deben contar con una explicación de su origen y análisis.
Lo anterior resulta primordial debido a que existen gobiernos que llevan a cabo acciones que se encuentran dirigidas a dañar a grupos contrarios a su ideología a través de la manipulación de procesos y de los medios. Se han detectado múltiples casos en los cuales un gobernante o su grupo utilizan su influencia para dañar a terceros. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, creó una estructura de trabajo para destruir la reputación de una persona o grupo de personas y esta metodología se ve resumida en la frase: “una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad”. Por ello es importante detectar este tipo de manipulaciones. Por situaciones como esta la Carta de las Naciones Unidas menciona en su primer artículo a los derechos humanos.
Es un hecho que los conocimientos imprecisos causan daños a las personas en su reputación y actividades económicas, así como a la institución financiera que puede estar perdiendo una oportunidad de negocio legítima durante esta época de crisis.
Las listas no oficiales deben ser utilizadas como un elemento adicional en la administración de un riesgo. La realidad es que en la práctica el aparecer en estas listas es una sentencia, una marca que imprimen las empresas a las personas sin que se respete su derecho de audiencia, su derecho de réplica, sus libertades fundamentales.
¿Por el sólo hecho de aparecer en un lista no emitida por un gobierno debemos sancionar o llevar al ostracismo a una persona? ¿Estamos llevando la prevención al nivel de persecución?
Para que las empresas particulares que crean las listas no oficiales operen conforme a derecho deben hacer público el proceso y manejo que dan a los datos de las personas, deben contar con mecanismos que permitan realizarse correcciones y sobre todo deben contar con un proceso de difusión sobre la corrección de los mismos. Todos estos mecanismos deberían generar los efectos de una absolución.
Para lograr este fin es necesario realizar acciones en tres frentes: gobiernos, empresas y particulares.
Los gobiernos deben regular la integración de estas listas no oficiales y exigir la colocación salvaguardas para proteger los derechos humanos, civiles y económicos de las personas.
Las empresas que integran las listas deben continuar con su análisis y oferta de servicios. Para mejorar sus productos deben cumplir con la regulación internacional. Esto lo lograrán incorporando procesos para proteger los derechos fundamentales de los particulares.
Por último, las instituciones financieras deben acotar el valor que otorgan a las coincidencias en las listas dentro de sus análisis de riesgo, es decir, queda en todos nosotros fomentar la protección de los derechos humanos y mantener la integridad del sistema financiero, a través de labores de prevención, no de persecución.
La labor no es sencilla y el balance es delicado, pero el resultado final es meritorio y vale la pena. Todos somos responsables y debemos actuar, no sólo opinar. Las listas no oficiales deben ser reguladas, los derechos humanos respetados y la integridad de las personas mantenida.
Alberto Ávila es socio director de In Spiritum Group, a través del se brinda consultoría a partidos políticos, instituciones financieras y entidades gubernamentales. Fue el primer latinoamericano miembro del Advisory Board de ACAMS y es expositor frecuente en foros alrededor del mundo. Puede ser contactado aavila@inspiritum.com y en el USA: 1 (786) 486-9914.
Fuente: LavadoDinero.com – Enero 2011.
Argentina: Nuevas Normas Anti-Lavado (Resolución 19/2011 - UIF)
Enero 21, 2011
Lavado de Dinero:
Argentina: La Unidad de Información Financiera publicó en el Boletín Oficial la Resolución 19/2011.
La norma está dirigida a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) como sujeto obligado, pero impacta en aseguradoras, productores-asesores de seguros, organizadores, peritos y liquidadores. También alcanza a clientes de éstos.
La SSN deberá recabar información sobre los antecedentes personales y laborales de los empleados de los sujetos regulados por la Ley 20.091 y sus modificatorias (los arriba mencionados).
Se suma, a los controles que ya existían, un importante Monitoreo de ‘Personas Políticamente Expuestas’ y se pone especial énfasis en determinar quién o quiénes son los verdaderos propietarios o beneficiarios del cliente.
La SSN deberá designar un oficial de cumplimiento. Ya estaría lista la Gerencia en cuestión y podría entrar en funciones en el próximo mes de febrero.
Se eleva de 5 a 10 años el plazo por el cual se debe conservar la documentación respaldatoria de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
La SSN deberá cumplir con un reporte sistemático a la UIF. Será mensual y aún falta determinar a partir de cuándo y qué información se deberá suministrar.
Se fija en 30 días el plazo para reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y en 48 horas para aquellas operaciones sospechosas de financiamiento al terrorismo
A partir del 01/04/2011 los ROS se efectuarán de manera electrónica.
La SSN deberá elaborar un plan anual de fiscalizaciones y presentarlo a la UIF. Trimestralmente, deberá rendir cuentas del resultado de tales auditorías.
Fuente: SSN. Buenos Aires, 20/01/11.
Más información en: Servicios / Servicios Bancarios
USA: El sector manufacturero revierte un prolongado declive
Enero 21, 2011
El sector manufacturero de EE.UU. empieza a revertir un prolongado declive
Por James R. Hagerty
El sector manufacturero de Estados Unidos, considerado como una causa perdida por muchos en ese país, ha comenzado a crear más empleos de los que elimina por primera vez en más de una década.
El número de puestos fabriles subió 1,2%, o 136.000, el año pasado, gracias a la recuperación económica y a la gradual construcción o modernización de plantas por las grandes compañías, según datos del gobierno. Se trata del primer aumento desde 1997 y la cifra total crecerá de nuevo este año, según economistas de IHS Global Insight y Moody’s Analytics.
Entre las empresas que están contratando personal se encuentra las automotrices. Ford Motor Co. anunció la semana pasada que planeaba añadir 7.000 trabajadores en los próximos dos años.
Las previsiones de los economistas para este año —que apuntan a un incremento de unos 330.000 empleos manufactureros— no compensaría los casi seis millones de puestos perdidos desde 1997. Pero el sector debería contribuir modestamente al empleo en EE.UU. en los próximos dos años, afirman los analistas.
Tras la fuerte caída durante la recesión, la manufactura es “la estrella fulgurante de esta recuperación”, afirma Thomas Runiewicz, economista de IHS. Runiewicz considera que el total de empleos fabriles en EE.UU. subirá a unos 12 millones. Hoy en día, los empleos del sector representan alrededor de 9% de todos los trabajos no agrícolas; el salario promedio para estos empleos es de unos US$22 por hora, o casi el doble del promedio para el sector de servicios, según datos oficiales.
A pesar de las previsiones optimistas, el crecimiento laboral podría seguir siendo modesto ya que muchas compañías están buscando maneras de mejorar la producción mediante una mayor eficiencia y la automatización, sin añadir más trabajadores.
“La manufactura va a ser una fuente significativa de crecimiento de empleo en los próximos 10 años”, dice Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics. Zandi señala que las compañías que sobrevivieron la brutal recesión de 2008-2009 son ahora muy competitivas, al haber reducido considerablemente sus deudas y sus costos laborales, por lo que pueden permitirse su expansión. Además de seguir construyendo plantas en el extranjero para enfrentar la demanda en los mercados emergentes, también invertirán en plantas en EE.UU., dice el experto. En su opinión, el crecimiento del empleo fabril promediará cerca de 2% al año hasta 2015.
Este crecimiento se espera a medida que las compañías reemplazan maquinaria obsoleta, aprovechan incentivos fiscales, buscan ahorros energéticos y se dan cuenta de que les conviene producir algunos productos en casa, en lugar de transportarlos largas distancias. Además, una nueva exención fiscal estimularía las inversiones al permitir a las empresas deducir de sus ingresos sujetos a impuestos 100% de ciertos tipos de inversiones este año.
Whirpool Corp., que cuenta con 39 plantas en todo el mundo, incluyendo nueve en EE.UU., tuvo que tomar una difícil decisión el año pasado: qué hacer con su complejo manufacturero de hornos y vitrocerámica en Tennessee, de más de 100 años de antigüedad y calificada de “museo industrial” por Alan Holaday, director de manufactura para Norteamérica de Whirpool.
Una opción obvia era trasladar parte de la producción a México, donde Whirpool ya cuenta con varias plantas. Pero tras meses de estudio, la compañía decidió invertir US$120 millones en una nueva planta a escasos kilómetros de la antigua, en lo que será la primera fábrica nueva de Whirpool en EE.UU. desde mediados de los 90.
Si bien los costos laborales habrían sido menores en México, Whirpool encontró razones de peso para quedarse en Estados Unidos, como una fuerza laboral capacitada y la escalada de violencia relacionada con el narcotráfico en México.
En 1950, la manufactura aportaba 27% al PIB de EE.UU. En 2009, sólo 11%.
Fuente: The Wall Street Journal, 18/01/11.
España vuelve al rescate de las Cajas de Ahorro
Enero 20, 2011
España vuelve a intervenir para rescatar a las Cajas de Ahorro
Por Sara Schaefer Muñoz y Jonathan House
España planea inyectar miles de millones de euros al atribulado sistema de Cajas de Ahorro (sociedades de ahorro y préstamo) para obligarlas a adoptar estructuras más transparentes, dijeron fuentes cercanas. La medida equivale a un reconocimiento de que los esfuerzos previos para sanear las finanzas del sector han, en su mayor parte, fracasado.
El gobierno espera que la iniciativa disipe las dudas de los inversionistas respecto a la salud de sus finanzas. El país ya combate los rumores de que podría verse forzado a solicitar un rescate, lo que ha pesado sobre la cotización del euro. El temor a que las Cajas de Ahorro no puedan acudir a los mercados para recaudar capital y no tengan más remedio que depender de los fondos del gobierno fue una de las razones por la que la clasificadora de riesgo Moody’s Investors Service colocó el mes pasado la calificación de la deuda española en revisión de cara a una posible rebaja.
No obstante, la necesidad de recaudar capital fresco, que según algunas estimaciones podría ascender a US$30.000 millones de euros (US$40.160 millones) podría tensar aún más las finanzas españolas.
Los economistas calculan que el país necesita captar 125.000 millones de euros en 2011 (US$106.782 millones) para cubrir su déficit y refinanciar deuda que vence. El banco de inversión suizo UBS estima que el costo final del saneamiento de las Cajas fluctuaría entre los 20.000 millones de euros y los 120.000 millones de euros.
Las Cajas de Ahorro siguen siendo un dolor de cabeza para el gobierno español.
En una primera etapa, España prepara la emisión de un bono de 3.000 millones de euros que irán a parar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), su fondo de recapitalización de la banca. El gobierno estaría diseñando planes para recaudar más de 30.000 millones de euros, según fuentes cercanas a las conversaciones, aunque algunos recalcan que la cifra podría ser inferior.
Otro paso probable es la simplificación de las complejas estructuras de las Cajas, volviéndolas más parecidas a los Bancos tradicionales. Las Cajas, que acumulan cerca del 42% de los activos bancarios en España, se han caracterizado por su confusa estructura de propiedad y de gestión y divulgan mucha menos información financiera que los Bancos.
Sus juntas directivas están conformadas por políticos locales, sindicalistas, clientes y, en algunos casos, sacerdotes católicos, muchos de los cuales han sido renuentes a ceder su influencia.
Estas entidades financieras, cuyos activos bordean 1,3 billones (millones de millones) de euros, 42% del total del sistema bancario, fueron las grandes perdedoras tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y sus carteras incobrables y pérdidas potenciales podrían ser cuantiosas.
El año pasado, el gobierno español forzó una oleada de fusiones que redujo el número de Cajas de 45 a 17, pero sus estructuras confusas han ahuyentado a los inversionistas.
El objetivo de la actual reestructuración es obligar a la Cajas a colocar todos sus activos en un holding central y racionalizar su administración, haciéndolas más parecidas a los Bancos tradicionales y más atractivas para los inversionistas privados, dicen fuentes cercanas. Los cambios estructurales podrían implementarse mediante una ley o como una condición previa para acceder a los fondos fiscales.
Las nuevas medidas constituyen, asimismo, un reconocimiento de que el reordenamiento impulsado el año pasado no funcionó. El gobierno creó el FROB y le inyectó 9.000 millones de euros, pero los matrimonios forzados fueron difíciles de ejecutar en la práctica.
Las juntas directivas de las Cajas fusionadas mantuvieron disputas internas sobre toda clase de asuntos, desde la remuneración de los ejecutivos hasta el horario de apertura de las sucursales.
Lo más preocupante es que las Cajas fusionadas se toparon con obstáculos a la hora de levantar fondos. En la mayoría de los casos, no fusionaron totalmente sus activos, sino que se limitaron a poner sólo una parte de ellos bajo el control de un holding central.
Los inversionistas quedaron desconcertados. La firma de capital privado J.C. Flowers, que en julio se comprometió a comprar 450 millones de euros en deuda de Banca Cívica, una combinación recién formada de cinco Cajas en Madrid, dejó en suspenso su inversión hasta evaluar la integración final de la institución, dijo una persona cercana al fondo.
A fines de noviembre, el Banco de España exhortó públicamente a las Cajas a acelerar la combinación de sus negocios y la reducción de sus costos. La semana pasada, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó la recapitalización de los Bancos como un “objetivo urgente”.
La presión parece haber surtido algún efecto. Algunas Cajas de Ahorro decidieron abandonar su modelo descentralizado y transformarse en entidades más parecidas a los Bancos. Cajastur, por ejemplo, anunció a fines del mes pasado que centralizará el 100% de sus activos.
El gobierno esperará para dar un ultimátum hasta que analice la información detallada sobre el tipo y la calidad de los préstamos que las Cajas otorgaron al sector inmobiliario, dijeron fuentes cercanas. Esa información será hecha pública por primera vez a fines de este mes y en febrero.
Fuente: The Wall Street Journal, 19/01/11.
Alemania endurece su posición
Enero 19, 2011
Alemania no quiere compartir el dolor de sus socios
Por Alen Mattich
Parece que la Unión Europea ha fijado una estrategia para salvar al euro. Es la de ampliar, fingir… y rezar.
Se están llevando a cabo negociaciones para convertir en permanente el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera –EFSF, por sus siglas en inglés–, el fondo de rescate creado el año pasado como mecanismo temporal para atajar las crisis de deuda soberana que asuelan la eurozona.
Y no sólo eso, sino que también se habla de aumentar la cantidad de fondos que puede prestar el EFSF.
Actualmente, el EFSF cuenta con una financiación total de 440.000 millones de euros, pero las garantías crediticias que se le han impuesto implican que sólo pueden desembolsarse de él unos 250.000 millones de euros. Algunos miembros de la UE están buscando maneras de hacer disponibles los 440.000 millones de euros del fondo, a menos, claro, que el fondo pueda ampliarse aún más. También confían en que se utilizará para comprar deuda estatal de países en problemas.
A los mercados les gusta lo que oyen. Pero el optimismo es exagerado.
La UE confía en que los nuevos créditos a tasas de interés más baratos mantengan a flote a los países con problemas durante unos cuantos años más, hasta que el crecimiento interno comience a despegar y logren volver a cumplir sus obligaciones. Hasta entonces, la respuesta a sus problemas es un incremento del crédito y mayor austeridad.
Pero la premisa depende de la capacidad de los países periféricos europeos para devolver las enormes cantidades de deuda pública y privada que ya tienen. Lo cual es improbable.
Las elevadas tasas de interés y las crecientes deudas significan que, por ejemplo, los pagos de intereses de España aumentarán del 1,8% del PIB en 2009 al 4,5% en 2016, mientras que para Irlanda la carga aumentará del 2,2% al 5,4%, según estimaciones de Citigroup. Los griegos probablemente sufrirán una hemorragia aún mayor, por encima del 6% del PIB, según otras estimaciones. Si tenemos en cuenta que se espera un crecimiento real del PIB inferior al 2% en los próximos cinco años en la mayoría de países de la periferia de Europa (aunque la media de Irlanda probablemente será del 3%) la amortización de las deudas será políticamente paralizante.
Para que la periferia europea evite otra crisis de deuda más grave que la actual, una que podría resultar falta para su permanencia al club del euro, estos países deben poder sacudirse la mayor parte de sus deudas al mismo tiempo que alimentan sus economías para que recuperen la salud.
Pero el único modo de lograrlo es que el núcleo de Europa, principalmente Alemania, comparta en gran parte los sacrificios de la periferia.
Los países más ricos tendrían que perdonar una buena cantidad de la deuda de los países periféricos europeos o hacerles alternativamente transferencias de pagos igualmente grandes. Y al mismo tiempo, Alemania tendría que aceptar unas tasas de inflación bastante superiores que las hasta ahora aceptables tasas registradas para evitar que los países enfrascados en medidas de austeridad tengan que recurrir a la deflación para hacerse competitivos.
Es cierto que el nuevo fondo de rescate europeo podría sustituir a la cara financiación a una tasa más razonable. Por ejemplo, Irlanda y Grecia pagan un interés de en torno al 5,2% por la financiación de urgencia que han recibido del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, porcentaje muy inferior al demandado en el mercado.
Pero el fondo de rescate tiene que mantener un difícil equilibrio. Las tasas de interés que pide a los países que recurren a él deben ser lo suficientemente bajos como para darles alivio financiero sin provocar la salida del mercado de los mayoristas.
Hay dudas de que el fondo sea lo bastante grande como para que a él recurra un país como España. Y si Bélgica e Italia, que están sobrecargados de deuda soberana, siguieran por el mismo camino, está claro que no habrá suficiente dinero en la bolsa.
Pero en última instancia, muchos de estos países tendrán que declarar el impago de la deuda. No será plato de gusto para Alemania, ya que los grandes bancos germanos tienen una exposición de unos 210.000 millones de euros a la deuda de las naciones de la periferia de Europa, el equivalente al 13% del PIB alemán. La suspensión de pagos con una recuperación del 50% sería algo muy, muy doloroso para los contribuyentes alemanes que respaldan a los bancos del país. La alternativa de unas transferencias directas igualmente elevadas desde el centro de Europa a la periferia probablemente guste aún menos a los alemanes, según un reciente informe de Otmar Issing, ex economista jefe del Banco Central Europeo.
Y tampoco será éste el único precio que Alemania tendría que pagar para rescatar al euro. Se ha estado dando deflación salarial en la periferia de la eurozona a medida que estos países intentan recuperar la competitividad ahora que no pueden devaluar la moneda. Ayudaría que Alemania estuviera dispuesta a permitir el incremento de la inflación interna y, con ello, los salarios nacionales. Pero eso no está ocurriendo. La tasa de inflación de Alemania es más baja que la de muchos de los países periféricos europeos. Y tampoco es probable que ocurra en el futuro. Los alemanes son alérgicos a la inflación.
El mensaje desde Alemania sobre hacer algo más que respaldar un fondo permanente es “nein, nein y nein“. Los alemanes, los holandeses y los fineses esperan que la periferia europea incremente aún más la austeridad para poder optar a rescates.
Para los países periféricos europeos esto supone grandes descensos del nivel de vida. el PIB per cápita de Irlanda era del 69% del de Alemania en 1989. Para 2009, era del 112%. Este incremento de la riqueza relativa está ahora deshaciéndose rápidamente. A medida que la gente en la periferia comience a acusar la pérdida de poder adquisitivo, su resentimiento hacia Alemania y otros estados centrales de la UE no hará más que aumentar. Con el tiempo, se preguntarán qué están obteniendo realmente por todas las molestias que se están tomando.
Si la respuesta es “pobreza”, la tentación de declarar la suspensión de pagos será difícil de resistir. Aunque signifique la salida del euro.
Fuente: The Wall Street Journal, 19/01/11.