Similitudes que preocupan y soluciones que no llegan
Mediciones poco rigurosas que generan desconfianza
Por Diego M. Burzaco
Las economías emergentes han ganado un protagonismo elevado en la última década, convirtiéndose en el motor del crecimiento global. Sin embargo, existen algunos vicios difíciles de desterrar que pueden generar incertidumbre en el futuro.
China, India y Argentina fueron las economías del mundo que más crecieron -en ese orden- en el año 2011, mostrando que gran parte del mundo emergente ha podido continuar con la expansión de la actividad a pesar de que el mundo desarrollado atravesó una crisis sin precedentes, sobre todo la Unión Europea.
Sin dudas se trata de un dato muy favorable y que despierta entusiasmo entre los inversores a nivel mundial, dando cada vez más sustento al debate en torno a las teorías del «desacople» y de la «convergencia».
La primera señala es que los países en desarrollo pueden mostrar un crecimiento sostenido, aún cuando el mundo desarrollado se estanque, a partir de la menor dependencia de la demanda de estas economías. Es un proceso incipiente, pero de dudosa validación hasta el momento, por la intensa interrelación de ambos mundos en el plano comercial en la actualidad.
La segunda teoría, la de la convergencia, sustenta la hipótesis de que las economías que tienen ingresos per cápita más bajos crecerán a una velocidad mayor a la de las economías que tienen ingresos per cápita más elevado.
Este fenómeno se está evidenciando, aunque no implica desarrollo económico ni mayor igualdad en la distribución del ingreso.
Focalizándonos en el gigante asiático, China, leí recientemente una nota publicada en Bloomberg, que no me llamó mucho la atención, a partir de los antecedentes en la materia y la familiaridad del caso, pero me gustaría compartir:
«Las empresas chinas fueron obligadas a falsificar cifras económicas; se trata de algunas cadenas hoteleras, mineras y acereras de la ciudad de Hejin, en la provincia de Shanxi, según el Instituto Nacional de Estadísticas de China.
«El Gobierno central está trabajando fuertemente para evitar discrepancia entre las mediciones nacionales y las provinciales, ya que se verifica una inconsistencia de 4,6 trillones de yuanes en el cálculo del nivel de actividad ente ambos datos económicos.»
Esto no representa ninguna sorpresa, con frecuencia he leído sobre advertencias que han hecho entidades económicas globales respecto a la forma de medición de ciertas variables económicas por parte de la principal economía asiática.
Muchos analistas han señalado que las mediciones chinas carecían de rigurosidad científica y de profesionalismo y transparencia, sin poner en duda que la economía de ese país se expande a buen ritmo, pero poniendo en tela de juicio la magnitud final de ese crecimiento.
Lo más destacable de lo descripto anteriormente es el esfuerzo del Gobierno central de avanzar hacia una mejora de las mediciones, intentando generar un ambiente de credibilidad tal que sea propicio para que las inversiones continúen.
¿Nos resulta familiar la situación?
Lamentablemente, sí. Lo que empezó en febrero de 2008 como un intento de «tapar» un pico inflacionario coyuntural terminó siendo una política explícita y permanente de manipulación de toda cifra económica relevada por el Instituto Nacional de Estadísticas de la Argentina.
El daño hecho ha sido muy grande y tomará un gran trabajo y tiempo revertir la mala imagen que el instituto tiene entre los técnicos nacionales e internacionales.
Las señales que se desprenden de este comportamiento son claramente nocivas y contraproducentes, no sólo para generar un clima propicio que estimule la inversión productiva, sino también para poder diagnosticar los problemas del «modelo» y plantear una estrategia de soluciones de los mismos.
El camino que se toma es un atajo, priorizando el corto plazo y «pateando» para adelante la resolución de las dificultades.
Lo alarmante es que no se ve ningún atisbo de solución en lo inmediato, pero sabemos que a medida que transcurre más tiempo, el daño y el costo que esto acarrea se acrecientan.
Fuente: Inversor Global, 17/03/12.
Más información:
https://www.economiapersonal.com.ar/index.php?s=fraude+estad%C3%ADstico&x=8&y=13
Un Gobierno al asalto de la Corte Suprema
Por Alberto Amato.
El Gobierno ha decidido tomar por asalto la Corte Suprema de Justicia. En estos casos, siempre es mejor decir las cosas como son que recurrir a parábolas elegantes. La guerra está planteada en términos muy duros de los que acaso no haya retorno, que incluyen tres pasos fundamentales que el kirchnerismo ya adoptó: admitió que estudia aumentar el número de jueces de la Corte a nueve, a doce, o a los que hagan falta, da igual; nombró como titular de la Comisión de Juicio Político de Diputados a Anabel Fernández Sagasti, discípula de Máximo Kirchner y miembro de La Cámpora y, por último pero sólo por ahora, encaró una lucha frontal en contra del juez Carlos Fayt, de 97 años, una figura señera del derecho y el último de los jueces de la Corte que en 1983 nombró Raúl Alfonsín.
Hasta no hace mucho, Fayt y la Corte eran motivo de orgullo y satisfacción para el Gobierno. Su constitución fue un logro de Néstor Kirchner que puso fin a la Corte de la mayoría automática que había servido, sin pudores, a Carlos Menem. Pero ahora, el Tribunal y su decano, el juez Fayt, han tornado, por antojo y capricho de la Presidente, poco menos que en indeseables.
Uno de los caminos para crear una nueva vacante en la Corte será el juicio político a Fayt, (es el principal candidato, pero no el único) tarea que tendrá a su cargo Fernández Sagasti porque para eso fue nombrada. Echar a un juez de la Corte por juicio político es muy difícil. Sólo tres motivos pueden justificar una medida tan grave: mal desempeño de sus funciones, delito en el ejercicio de su cargo o crímenes comunes. Fayt no da el physique du rol en ningún caso. Por eso los pregoneros del Gobierno han elaborado una campaña que consiste en poner en duda la idoneidad del juez, dada su alta edad y su capacidad para desempeñar el cargo. Han pedido un certificado de lucidez y otro de capacidad, lo que condena a Fayt a ser protagonista de un drama “ibseniano”: un hombre honesto que se transforma en un molesto enemigo del pueblo para el poder absolutista y arbitrario. Lejos de Ibsen, el juez, que tiene el cuero duro, aseguró que está espléndido, en plenitud, y prometió resistir.
Hace sesenta y ocho años, Juan Domingo Perón hizo lo mismo. Cumplido el primer año de su mandato, creyó muy oportuno ejercer el poder absoluto, encargó al diputado Rodolfo Decker, jefe del bloque, que iniciara el juicio político a la Corte y en poco tiempo se deshizo de los cinco jueces. Lo gracioso es que, la excusa para enjuiciar a la Corte fue su adhesión al gobierno que surgió del golpe del 4 de junio de 1943, golpe al que había adherido Perón y que fue el punto de partida de su vida política.
Menem hizo lo mismo en 1990, cuando también creyó necesario ejercer el poder absoluto para llevar adelante su plan de Gobierno, y amplió de cinco a nueve el número de jueces por una ley votada el 16 de abril a mano alzada por el Congreso.
El peronismo debería explicar y explicarse su ambición de eternizarse en el poder y de ejercerlo de modo absolutista con el argumento de que sólo el tiempo y la ausencia de garantías constitucionales o de organismos de control, le permite llevar adelante su plan de gobierno, cualquiera que sea. Así es como el sistema democrático argentino pervive en el desequilibrio entre presidentes que se van antes de tiempo y presidentes que se quedan más de lo debido. Con gente así, poco se puede hacer. Los largos gobiernos, no importa su ideología, han dejado poco a cada uno de sus países: Stalin en la URSS, Franco en España, Castro en Cuba, el último de Gaulle de la V República francesa, por mencionar sólo algunos. La excepción es Franklin D. Roosevelt, que gobernó doce años, desarrolló la economía de Estados Unidos, lo salvó de una crisis y lo enfrentó en una guerra victoriosa contra el totalitarismo nazi. Sólo que en Estados Unidos se aterraron y, pese a lo exitoso del gobierno de Roosevelt, a su muerte limitaron el ejercicio de la Presidencia a sólo dos períodos de cuatro años.
¿Qué lleva a la Presidente a pretender arrasar con la Corte y nombrar a jueces amigos a sólo siete meses de dejar la Casa Rosada en manos de un nuevo gobernante? No puede ser un deseo inconfesado de buscar protección judicial a futuro, porque el énfasis con el que se ha afirmado su honestidad y la de su familia, despeja toda duda pese a las investigaciones judiciales en marcha.
¿Será parte de la guerra desatada contra la Corte, en especial contra su titular Ricardo Lorenzetti, cuya primera batalla expresó la Presidente el 1° de marzo, durante su mensaje de apertura de sesiones del Congreso, en medio de la exaltación desconcertada provocada por la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman?
La Presidente dijo entonces que había un partido judicial y que los jueces se proponían gobernar, más que administrar justicia. Al día siguiente el titular de la Corte le contestó que los jueces están para imponer límites al poder, realidad que a la Presidente no le hace mucha gracia. El último acto de la batalla estalló el martes cuando, luego de que Lorenzetti presentara su renuncia como titular del Tribunal, sus pares lo ratificaron. En clara crítica al juez, al que el Gobierno presiona desde diferentes frentes y con distintas estrategias, la Presidente dijo: “El único control es el del pueblo”, sin notar que la Corte se ocupa en realidad del control de constitucionalidad de los actos de gobierno y de las leyes. Nadie va a pedir un control de lucidez o idoneidad de la Presidente por su gazapo de primero superior, fruto seguro de la emoción con la que dejó inaugurados en la Rosada los cuadros de Kirchner y de Hugo Chávez, pero ese clima de guerra entre el Gobierno y la Corte no augura nada bueno para los agitados meses por venir.
La toma por asalto de la Corte tiene, todavía, futuro incierto. Una cosa es segura: el próximo gobierno, aún cuando comparta algunos postulados del kirchnerismo, deberá dar no sólo la batalla económica que le planteará la crisis económica que todos avizoran pero pocos anuncian, sino que deberá ingeniárselas para que la sociedad recupere su fe en las instituciones, desde el Congreso hasta el INDEC, que fueron lastimadas por el kirchnerismo. Por lo demás, los embates contra la Corte pueden provocar temor, incerteza, indignación, recelo, desconfianza, escepticismo, aprensión. Lo único que no pueden provocar, es sorpresa.
Aquel “Vamos por todo”, era esto.
Fuente: Clarín, 09/05/15.
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La Argentina se ubica en un contexto de alta inflación, en el cual la suba de precios comienza a castigar con fuerza los bolsillos de la gente. Veamos algunas estrategias para ganarle a la inflación o por lo menos protegerse lo más posible:
Comprar Dólar-Ahorro (ese engendro kirchnerista que equivale a un subsidio a las personas con mayor poder adquisitivo) es una opción para protegerse de la inflación y obtener una ganancia extraordinaria (pagada graciosamente por el estado Argentino)
Los plazos fijos en Bancos pagan una tasa real negativa, por lo que resultan una pésima inversión, pero existen alternativas en el mercado que pagan tasas mayores a la inflación (por ejemplo 42% a un año, en pesos). ⇒ más información ⇐
Invertir en Fideicomisos productivos, que realizan actividades reales de producción y cuyos resultados son activos reales protegidos de la inflación, como por ejemplo el Fideicomiso productivo de caña de azúcar -que permite participar, como Productor, de los beneficios por la obtención y venta de alcohol, etanol y azúcar, a las industrias-. ⇒ más información ⇐
Para quienes no disponen de mucho dinero sobrante quedan pocas alternativas: búsqueda intensiva de mejores precios (con la consecuente pérdida de tiempo y gastos asociados), compras en grupo en lugares mayoristas para repartir los costos de búsqueda y traslado aprovechando los menores precios, utilización de las cuotas sin interés de las tarjetas en aquellos casos que existan, y otras opciones usuales en el comercio minorista.
Es indispensable monitorear la situación del mercado (precios en general, inflación, dólar, otros activos…) y considerar los valores reales de las variables económicas y descartar de plano los valores falsificados por el INDEC, para no caer en el engaño y sufrir pérdidas irreparables. ⇒ más información ⇐
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No difundir la pobreza, un acto de impunidad
Por Cynthia Pok.
La intervención en el Indec ha hecho un descubrimiento asombroso: es difícil definir qué es la pobreza o cuándo una persona o un hogar es pobre.
Debemos reconocer lo verdadera que es esa aseveración. Sí, no es fácil. Lo aberrante no es la afirmación en sí misma, sino la conclusión que conlleva: no medir más la pobreza.
Pero, ¿en qué quedamos? ¿No se mide más por un problema de «empalme» (versión del jefe de Gabinete), porque es difícil (versión del interventor en el Indec) o porque estigmatiza? (versión del ministro de Economía).
Como se difundió ampliamente, el problema del empalme no era tal porque el dato que debían difundir no requería ningún empalme. La bochornosa versión del «es difícil» es impresentable. La pobreza y la indigencia se midieron históricamente en el Indec. Se proveían medidas de síntesis como Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), indicadores multidimensionales, entre otras, para no tener que recurrir a las 6000 estadísticas alternativas que se citan como impedimento para poder saber cuántos pobres hay. También se aportaba la medición de la pobreza y la indigencia con el método de la línea de pobreza y de indigencia. Y uno puede discutir el nivel, en función de la canasta que fijó para medir la pobreza. Lo que es indudable es la evolución. ¡A misma metodología, la tendencia es indudable! Y la tendencia de la recuperación poscrisis de 2001 ya se había amesetado primero y revertido después, comenzando a crecer la pobreza.
Con total impunidad, en una acción rayana en lo delictivo, se deja de difundir. ¿No es malversación de fondos públicos gastar fortunas en realizar operativos de relevamiento, con un enorme esfuerzo de trabajadores que recorren el país para recabar la información sobre las condiciones de vida de la población para después no compilar esa enorme masa de datos y difundir los resultados?
¿Es posible hablar en nombre del pueblo cuando centenares de miles de personas, aun millones en el caso de los censos, han abierto sus puertas a los encuestadores y les han relatado sus condiciones sociales y económicas, y luego eso no se convirtió en resultado para devolverlo a la misma sociedad que lo proporcionó?
También es responsabilidad del Estado preservar la palabra del pueblo. Con el secreto estadístico, para que nadie estigmatice individualmente a nadie, y con la difusión de resultados colectivos porque para ello es que el pueblo ha hablado.
Y si de estigmatizar se trata, la Real Academia Española fija como significado de esa palabra el de «marcar a alguien con hierro candente». ¡El campo simbólico es potente! ¿No es la pobreza la marca de hierro candente? Combatirla con la «desaparición» de pobres e indigentes en el reconocimiento público, en la valoración de la magnitud de quienes están en esa condición, no es una operación que se pueda cometer esgrimiendo los intereses del pueblo.
Tampoco se sustituye la información estadística con los mecanismos que engañosamente señala el interventor (AUH, inclusión de estudiantes, embarazadas, tarjeta SUBE, Procrear, etcétera). Debería saber que uno de los propósitos centrales de las estadísticas públicas es el de monitorear la efectividad de las políticas a través de la medición de incidencia en la población y jamás un sistema puede sustituir al otro.
Posiblemente a raíz de estas reflexiones recrudezcan las difamaciones de siempre a quienes hemos enfrentado la manipulación de las estadísticas públicas. La síntesis básica es que estamos con los bonistas, con el FMI y/o con las consultoras privadas. Aclaro preventivamente que los únicos bonos que he tenido en la vida son aquellos con los que el Estado devolvió el 13% que había descontado de nuestros salarios. Que el FMI entró en el Indec de la mano de la intervención, repudiado por los trabajadores. Y las consultoras privadas jamás habían ni soñado con el paraíso que les deparó la intervención en el Indec al desmantelar la estadística pública.
Cabe una última reflexión en torno de los dichos de los interventores, y es que no tienen mayor importancia. El pueblo argentino (como «colectivo social», citando al interventor) ya hace tiempo que visualizó claramente la situación. Las denuncias de los trabajadores y trabajadoras del organismo, contenidos en sus organizaciones sindicales ATE y CTA, y acompañados por innumerables personalidades, asociaciones civiles, organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y políticas, así como ciudadanos sin inserción orgánica, han rodeado esta lucha y permitieron que el mensaje sea comprendido. Constituido ya como problemática nacional, sólo falta que se termine con el hostigamiento interno, se resuelvan las situaciones de precariedad laboral que afectan al instituto, y se vayan la intervención, la patota y el FMI.
—La autora fue directora de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.
Fuente: La Nación, 18/04/15.
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La intervención en el Indec ha hecho un descubrimiento asombroso: es difícil definir qué es la pobreza o cuándo una persona o un hogar es pobre.