El criterio que gobierna irracionalmente al sistema anti-lavado y contra-financiación del terrorismo de la Argentina es la ineficacia. Por eso, a priori, no debería llamar atención que el Senado de la Nación convierta en ley el proyecto de reformas impulsado por la Administración Fernández, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados: se trata de otro artificio normativo para superar la próxima evaluación internacional que el país debe enfrentar ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) que no conmoverá un ápice la maquinaria burocrática que estableció un extendido control sobre los usuarios del sistema financiero formal, sin obtener ningún resultado ostensible en aquello que pomposamente se denomina el “combate” contra la gran criminalidad financiera, en particular la que se encuentra asociada instrumentalmente a los negocios ilícitos más rentables, como el tráfico de drogas y el contrabando de bienes.
La nueva norma que, por distracción o ignorancia, impulsan ahora los legisladores oficialistas y apoyan las fuerzas políticas mayoritarias, incluida su mentora, la corriente del kirchnerismo tardío, vuelve a otorgar más facultades regulatorias a la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo cuya pretenciosa fama la alcanzó en sus momentos de mayor politización facciosa, con el uso arbitrario de querellas en causas penales contra los adversarios de turno. Ahora, la ley recarga las tintas sobre las entidades de la economía virtual, las organizaciones sin fines de lucro, los llamados “beneficiarios finales” de las operaciones financieras y los abogados. Gracias a esto, este dispositivo estatal obtendrá más información sensible de los nuevos sujetos obligados, sin que ello implique modificar un fenómeno crítico:, tal como está estructurada organizacionalmente esta unidad, puede servir para muchas cosas, como profundizar el conocimiento de los clientes que realizan operaciones normales y legítimas, pero no para luchar efectivamente contra lavadores y financistas ilegítimos.
La realidad tiene cara de hereje, aunque cueste admitirlo en un ámbito subyugado por el normativismo de los estándares y las buenas prácticas globalistas: en estos 23 años de membresía en GAFI, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la UIF, ha acumulado un stock de cerca de 480.000 reportes de operaciones sospechosas, además de una incalculable masa de big data que los “sujetos obligados” (actualmente, cerca de 80.000 personas y entidades) le remiten sistemáticamente sobre los intercambios comerciales realizados por los clientes que operan dentro del sistema formal, pero es incapaz de producir información financiera de calidad para que la justicia investigue y condene a los autores responsables y decomise los bienes ilícitos. Dicho sea de paso, los 5.500 Informes de inteligencia que este organismo diseminó en estos últimos ocho años carecen de una base normativa sustentable. Ello explica, en parte que, en este casi cuarto de siglo, las condenas por lavado apenas superen el centenar, las investigaciones por financiamiento del terrorismo se cuenten con la mano y, lo que es peor, el menoscabo a la economía de las grandes organizaciones delictivas sea prácticamente marginal. La nueva ley solo permitirá mantener este status quo regulatorio elefantiásico que resulta incapaz de proteger a los argentinos de la amenaza creciente de criminales organizados y terroristas.
Con relación a este último aspecto, el nuevo texto legal profundiza la consigna del progresismo garantista, hegemónico en este último tiempo, de degradar la categoría legal terrorismo a una mera intención que puede manifestarse en el autor de cualquier delito, por insignificante que éste sea. La consecuencia bizarra es que hoy -y a diferencia de lo que sucede en todos los ordenamientos comparados de referencia como Alemania, Italia, España, Francia-, nuestro Código Penal no cuenta con un apartado especial que defina a través de tipos penales precisos qué actos terroristas constituyen hechos punibles. Este retorcimiento jurídico, propio de quienes pregonaban que así se evitaba “criminalizar a la protesta social”, lo que consigue en verdad es disolver la posibilidad de reprimir a los actores terroristas y erosionar la cooperación internacional con los países que sí persiguen este tipo de delitos graves.
Esta nueva retroalimentación legal a un sistema fallido que van a consagrar los senadores sintonizaba bien con el gobierno anterior, férreo defensor del inmovilismo, pero contrasta de plano con las revolucionarias premisas que el presidente Javier Milei estableció para su gobierno: liberar a la gente de la pesada e inútil carga que impone el Estado en aquellas áreas -como la seguridad- dominadas por la casta parasitaria. Siguiendo la lógica interna de esta consigna política y considerando seriamente las consecuencias que podrían derivarse de la posición asumida por el Jefe de Estado en su revelador viaje a Israel, cuando declaró la enemistad al extremismo violento representado por Hamas -denominado el “nazismo del Siglo XXI”, la deducción obligada es que la Argentina necesita con urgencia contar con herramientas institucionales de otra envergadura para estar a la altura de estos desafíos.
Bajo el significativo estímulo de dejar atrás un largo periodo de decadencia institucional y moral, un programa legal en esta materia debería producir cambios estructurales tales como dotar al Estado de una verdadera plataforma de inteligencia financiera -articulada con el sistema de inteligencia nacional-, identificar y designar con determinación los actores que amenazan la seguridad nacional para aplicarles duras medidas preventivas, reforzar con real poder represivo a los fiscales y jueces para contrarrestar la acción de terroristas y bandas criminales y, algo no menor, asegurar que el nuevo funcionariado de la administración pública esté forjado por el profesionalismo, la experiencia y la templanza que esta intensa misión conlleva. Sin esta determinación, seguiremos recreando utopías para que nada cambie, dejando a los ciudadanos aún más expuestos a sufrir el escarnio del abuso y la violencia.
La UE y las naciones del Caribe en desacuerdo sobre la lista negra de lavado de dinero
Por Anastasia Austin.
Las Bahamas, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago son el blanco del último informe de lavado de dinero de la UE
La última lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea incluyó a cuatro naciones caribeñas que han sido consideradas países de alto riesgo, que se enfrentaron con gritos de injusticia de los funcionarios. Pero, ¿por qué se agregaron estos países y qué pueden hacer para salir de la lista?
A principios de mayo, la UE publicó su lista de países que no han abordado adecuadamente las amenazas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluidas Bahamas, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago. Panamá fue el único otro país de América Latina en unirse a la lista.
La lista se basa en las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el principal organismo de normalización en este campo. La lista negra de la UE utiliza la lista de monitoreo del GAFI como punto de partida y sirve como una forma de responsabilizar a los países incluidos, ya que el GAFI no tiene capacidad de aplicación propia.
Las consecuencias para los países incluidos en la lista negra podrían ser graves . Se prohíbe a las empresas de estos países recibir nuevos fondos de la UE, mientras que los bancos europeos y otras instituciones financieras deben llevar a cabo controles más exhaustivos de las transacciones realizadas en estas naciones incluidas en la lista negra o relacionadas con ellas.
Y aunque en teoría, los países solo tienen que mostrar un progreso positivo y tangible en las áreas recomendadas para salir de la lista negra de la UE, ningún país latinoamericano ha sido eliminado de él desde que comenzó en 2016.
Para complicar aún más el asunto, la lista negra de 2020 incluyó una metodología revisada para identificar terceros países de alto riesgo, lo que significa que los países no tienen ejemplos anteriores concretos para ver cómo ser eliminados de la lista.
La condena de los países incluidos fue casi universal, acusando a la UE de tomar decisiones arbitrarias, de no tener en cuenta los progresos ya realizados y de proporcionar poca o ninguna advertencia.
Aquí, InSight Crime analiza las razones por las que cada país se incluyó en la lista.
Las Bahamas
Bahamas bien puede sentir que fue injustamente incluido en la lista negra. En febrero, el GAFI determinó que el país había completado un plan de acción para abordar las vulnerabilidades de lavado de dinero. Una evaluación in situ se planeó para eliminar las Bahamas de la lista de vigilancia del GAFI (a partir de la cual se extrae la lista de la UE), pero esto se retrasó debido a las restricciones de viaje coronavirus.
Cuando se realice la evaluación, las Bahamas serán juzgadas por mejoras específicas, incluido el fortalecimiento del sistema financiero contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la implementación de procedimientos para la supervisión basada en el riesgo, el intercambio de información con socios internacionales y la aplicación de la ley, la recopilación y la verificación de beneficios información de propiedad y un compromiso demostrado para resolver y enjuiciar casos de lavado de dinero, incluidos casos complejos en los que los ingresos pueden haberse originado en el extranjero.
En septiembre de 2019, el Fiscal General de Bahamas, Carl Bethel, declaró que el país ha hecho un gran progreso en la lucha contra el lavado de dinero, habiendo obtenido 40 condenas por lavado de dinero en cuatro años y demostrando su disposición a investigar y enjuiciar todo tipo de lavado de dinero.
La UE declaró que, en espera de la evaluación del GAFI, no tenía suficiente información para confirmar que las «deficiencias estratégicas de las Bahamas se han abordado de manera efectiva».
Esta explicación no fue suficiente para Bethel, que criticó a la UE por su decisión, diciendo que fue «un acto hostil por parte de uno de los bloques económicos más grandes del mundo» tratar de lograr que las Bahamas implementen un «impuesto a las ganancias corporativas». Desestimó que la UE simplemente estaba siguiendo las recomendaciones del GAFI, ya que Trinidad y Tobago abandonó el monitoreo de delitos financieros del GAFI en febrero de 2020 y aún permanece en la lista negra de la UE.
Las Bahamas fueron eliminadas recientemente de otra lista de la UE. En febrero de 2020, la UE eliminó a las Bahamas de la Lista de jurisdicciones no cooperativas de la UE para fines fiscales, felicitando a la nación isleña por haber «implementado las reformas necesarias para cumplir con los criterios de la UE sobre gobernanza fiscal y cooperación en materia fiscal».
Barbados
La lista negra incluía cinco áreas específicas para mejorar en Barbados. El primer problema, y quizás el más importante, es la falta de «supervisión basada en el riesgo» para los sectores y las empresas que probablemente se utilizarán para el lavado de dinero, incluidos bancos, casinos, corredores de bienes raíces y comerciantes de metales preciosos.
Los otros señalaron problemas generales en el sistema actual de Barbados para combatir el lavado de dinero, incluido el conocimiento de la propiedad total de las empresas con sede allí, así como los malos resultados de los enjuiciamientos y la confiscación de activos en casos de lavado de dinero. Y aunque Barbados tiene una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el monitoreo del GAFI declaró que todavía tenía deficiencias para trabajar, incluida la mejora de «la calidad de su información financiera para ayudar mejor a las agencias de aplicación de la ley».
En enero de 2020, el ex ministro de industria y comercio de Barbados, Donville Inniss, fue declarado culpable de lavado de dinero en Nueva York, después de haber intentado lavar sobornos que recibió de una compañía de seguros en los Estados Unidos.
Pero Barbados no está contento con la falta de comunicación de la Unión Europea. El abogado de Barbados, Dale Marshall, condenó la acción de la UE y le dijo a Jamaica Observer que no era más que una condena sin un juicio. «No nos han dado detalles de esto, y de hecho la primera vez que nos enteramos es a través de la prensa extranjera», afirmó.
De ser cierto, esto va en contra de la afirmación de la Comisión de la UE de que «informó a terceros países de antemano de su intención de incluirlos en la lista y les proporcionó los resultados de su análisis».
Jamaica
Por su propia admisión, el lavado de dinero es un problema grave en Jamaica. En septiembre de 2019, el Ministerio de Seguridad Nacional de Jamaica estimó que el lavado de dinero representa alrededor del 2.8 por ciento del PIB nacional y lo calificó como un «peligro claro y presente para el país». En febrero de 2020, el Ministro de Hacienda y Servicios Públicos de Jamaica, Nigel Clarke, le dijo a Jamaica Gleaner que, aunque el país había avanzado, «queda una cantidad significativa de trabajo por hacer».
Al igual que Barbados, Jamaica ahora se encuentra tanto en la lista de monitoreo del GAFI como en la lista negra de la UE , con seis áreas principales de mejora que abordar para tener la oportunidad de ser eliminado de cualquiera de ellas. Para comenzar, Jamaica necesita desarrollar una comprensión más integral de su riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluso antes de que pueda comenzar a mejorar la supervisión basada en el riesgo.
Esta falta de información parece afectar las otras deficiencias de Jamaica, ya que, si está disponible, permitiría al país aumentar las investigaciones de lavado de dinero mediante el uso de información financiera para abordar los agujeros en su regulación de beneficiarios reales. También se le dijo a Jamaica que mejorara sus barreras al financiamiento del terrorismo, especialmente a través de organizaciones sin fines de lucro. Es el único país de América Latina y el Caribe en la lista con esta deficiencia.
Aún así, la decisión parece haber sido altamente politizada dentro de Jamaica, evocando la indignación hacia la UE por parte de la administración en funciones.
Según Clarke, la decisión fue arbitraria, basada en un cambio técnico en la medida del tamaño económico del GAFI, lo que significó que Jamaica excedió por primera vez el umbral de activos financieros del GAFI y «se incluyó en la lista de países en los que el GAFI se enfocaría y monitor ”, le dijo al Jamaica Observer. Sin embargo, la oposición de Jamaica, el Partido Nacional del Pueblo, ha dicho que el gobierno debe aceptar la responsabilidad de ser agregado a la lista negra financiera de la UE y que estaba «poniendo en peligro a Jamaica».
Trinidad y Tobago
En febrero de 2020, el GAFI felicitó a Trinidad y Tobago por el progreso significativo en abordar las deficiencias en su estrategia de lavado de dinero y oficialmente sacó al país de su lista de monitoreo. Sin embargo, la nación insular permanece en la lista negra de la UE, ya que el bloque dijo que la información disponible no le permitió concluir si Trinidad y Tobago había abordado sus deficiencias en este momento, especialmente en lo que respecta a la titularidad efectiva de los arreglos legales.
Esto demuestra que si bien la evaluación del GAFI puede influir en gran medida en la UE, el bloque no acepta ciegamente las decisiones del GAFI y se adhiere a su propia metodología.
La propiedad beneficiaria se refiere a cuando el propietario de un activo puede ocultar su control y su dinero invirtiéndolo en estructuras como fondos fiduciarios, cuentas en el extranjero y empresas, a menudo en nombre de un abogado o contador. Esto hace que sea prioritario para la UE y el GAFI que los países recopilen información sobre los propietarios beneficiosos y legales de todos los activos y estructuras.
Hasta 2019, Trinidad y Tobago no requería que las empresas reunieran, mantuvieran e informaran esta información vital. Sin embargo, una enmienda a la Ley de Sociedades cerró este vacío en el marco legal del país.
InSight Crime no encontró respuesta pública de Trinidad y Tobago, tal vez porque no hay cambios en su estado o porque la Comisión de la UE ha prometido priorizar su revisión de los esfuerzos contra el lavado de dinero del país.
Los Escribanos deberán informar sobre operaciones sospechosas
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y las disidencias de los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, ratificó la constitucionalidad de las normas que imponen a los escribanos públicos la obligación de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) la existencia de “operaciones sospechosas” de lavado de activos o financiación del terrorismo de las que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Highton de Nolasco y Rosatti recordaron que el principio de juridicidad que emana del artículo 19 de la Constitución Nacional sirve como medida de todos los derechos y deberes, de las acciones y de las omisiones.
Por esa razón, su regulación se realiza mediante el dictado de normas de alcance general que deben establecer delimitaciones precisas entre lo que se puede hacer, lo que se está obligado a hacer y lo que no se debe hacer para garantizar la convivencia y, consecuentemente, para no sufrir una sanción jurídica, indicaron.
Destacaron que las previsiones del artículo 21 de la ley 25.246, que imponen a los escribanos la obligación de informar las operaciones sospechosas de las que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, respetan el principio de legalidad, resultan precisas y previsibles, responden a la necesidad de combatir el fenómeno de la criminalidad internacional y son acordes con las disposiciones de distintos instrumentos internacionales suscriptos por la República Argentina.Las operaciones
Agregaron que, por otra parte, la resolución UIF 21/2011 enuncia una lista de 16 hipótesis que sirven para delimitar el concepto de “operaciones sospechosas” con la claridad necesaria para que los notarios actúen en consecuencia.
En este contexto, destacaron que la obligación impuesta responde a la especial naturaleza de la actividad del notariado, que les da un rol preponderante en el sistema de prevención de lavado de activos a fin de superar la asimetría informativa entre el Estado y los operadores financieros.
Afirmaron, además, que estos profesionales cuentan con conocimientos técnicos y experiencia profesional que los ubica en una posición de privilegio frente al resto de la comunidad a la hora de indagar cuándo una transacción tiene indicios de vinculación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En el mismo sentido, el juez Maqueda señaló que las normas examinadas satisfacen el requisito de ser previsibles y no vulneran, por ello, el principio de legalidad.
Destacó que, conforme el artículo 21 de la citada ley, para calificar de sospechosa a la actividad y, por ende, tener que reportarla a la UIF, los escribanos públicos deben examinar si es “inusual”, si tiene “justificación económica o jurídica” o es de “complejidad inusitada o injustificada”.
Ello -indicó- no constituye una tarea de difícil realización para quienes, dada su condición de profesionales universitarios, deben tener cabal conocimiento de los negocios jurídicos en los que intervienen, de modo de poder evaluar si sus características son habituales o no, si determinadas modalidades suelen presentarse en la práctica, si se entiende la finalidad del negocio y cuál es el provecho -económico o no- para sus otorgantes.
Para Lorenzetti, la norma de la UIF contiene un criterio muy abierto y opinable de lo que puede calificarse como sospechoso. Y consideró que el tema pone “en juego la seguridad jurídica”.
Según se señaló, la técnica utilizada en la redacción de las normas impugnadas acude a una importante cantidad de conceptos jurídicos indeterminados –tales como usos y costumbres, experiencia e idoneidad, buena fe-, los que, en principio, atentan contra la especificidad y objetividad necesaria en este tipo de disposiciones jurídicas.
Cautelares para no cumplir las exigencias
Desde el 2011 y hasta la fecha se hicieron muchos planteos -sobre todo, de escribanos- para no cumplir con las obligaciones de control que le impone la UIF. Muchos se sostenían con cautelares, como es el caso de los notarios de Entre Ríos, a quienes se les cayó la cautelar en 2015. Ahora el máximo Tribunal le puso punto final a la discusión. Algo parecido pasaba con las concesionarias de autos que tenían una cautelar de un juez de Mendoza hasta 2015. Con esta sentencia de la Corte, los sujetos obligados terminarían aceptando que no les queda otra que asumir las responsabilidades que les impone la ley 25246.
Cómo salir del Veraz dependerá de la razón por la cual estés ingresado como moroso. .
Estar inscripto en la lista de morosos de Veraz puede perjudicarte a la hora de solicitar productos financieros como créditos , préstamos o tarjetas de crédito. Lo bueno es que, al ser una base de datos, si estás ingresado como deudor podés solicitar que se modifique tu información. Eso sí: cómo hacerlo va a depender del motivo por el que figures así. Te contamos.
Si es por una deuda inexistente o incorrecta
Es posible que algún acreedor haya avisado de un incumplimiento de tu parte cuando en realidad no tengas esa deuda.
En ese caso, vas a necesitar iniciar un trámite para rectificar la información que figura en Veraz. Podés hacerlo por teléfono o por internet:
– Por teléfono: llamá al (011) 5352-4800 de lunes a viernes de 9 a 18 hs, e indicá la opción «nuevo reclamo». Luego, la contestadora te brindará dos opciones: «actualizar información», o «desconozco información de deuda». Elegí la más adecuada para tu caso.
Una vez seleccionado el tipo de reclamo, te comunicarán con un representante de Equifax, quien te pedirá que proveas documentación probatoria. ¿Cómo se hace? Llamando nuevamente y eligiendo la opción «enviar un documento probatorio por fax», y enviando por este medio aquellos documentos que certifiquen el pago de la deuda en cuestión, como por ejemplo comprobantes de pago.
– Por internet: ingresá a la página de reclamos de Veraz , y elegí la opción «información de deudas y cheques realizados». Una vez allí, optá por «actualización de deudas» o «desconocimiento de deudas», según sea tu caso.
Deberás aclarar si estás haciendo el reclamo por vos o por un tercero, e ingresar tus datos personales. También tenés la posibilidad de adjuntar documentación probatoria. Y, si no lo hiciste aún, necesitarás generarte un usuario y contraseña.
Una vez concluido el trámite, que dura entre 7 y 10 días hábiles, podría cambiar tu información en Veraz. Podés seguir el proceso ingresando aquí, en la sección «Consultar estado/subir documentación».
Si es por una deuda existente impaga
Si se registró una deuda impaga real a tu nombre, tenés dos opciones:
Cancelar la deuda. En este caso seguirás figurando en Veraz durante dos años (la deuda igualmente figuraría como paga). Si el acreedor no avisa del pago de la deuda, podrías seguir estando en la lista de morosos. Para corregir esto, seguí las instrucciones que explicamos antes.
No cancelar la deuda. Si esta es tu elección, no figurarías en la lista de morosos para siempre. Según explica el abogado especialista en temas crediticios Guillermo Ramos Monso, la Ley 25.326, de protección de datos personales, indica que tus datos para informes comerciales y crediticios pueden ser guardados por un tiempo máximo de cinco años.
«Pasado este período, uno puede realizar la supresión total de la información que figure acerca de esa deuda en cualquier base de datos, siempre y cuando el acreedor no haya iniciado juicios o el deudor haya comenzado un plan de pagos. En este caso, se interrumpiría el plazo de la prescripción», clarificó Ramos Monso.
El Alzheimer podría deberse a un trastorno del metabolismo
Por: Luis Otero.
Un nuevo estudio estadounidense relaciona el alzheimer con la producción y consumo de energía.
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Un equipo de investigadores del Hospital McLean y la Harvard Medical School, liderados por Kai C. Sonntag y Bruce M. Cohen, ha hallado una conexión entre la interrupción de la producción de energía y el desarrollo tardío de la enfermedad de alzheimer. Los resultados de la investigación se han publicado en Scientific Reports.
«Este descubrimiento tiene varias implicaciones a la hora de entender el alzheimer y desarrollar potenciales tratamientos terapéuticos.
Nuestro estudio mantiene la hipótesis de que una deficiencia en los múltiples componentes que interactúan en el metabolismo bioenergético puede ser un mecanismo clave en el aumento del riesgo y el desarrollo patofisiológico de esta devastadora enfermedad«, dice Sonntag, un investigador en células madre asociado al McLean Hospital y profesor de psiquiatría en la Harvard Medical School.
Las células nerviosas del cerebro dependen de la energía mitocondrial; cuando esta falla, resulta particularmente dañino para el cerebro.
En las últimas tres décadas se pensaba que la acumulación de pequeñas moléculas tóxicas en el cerebro llamadas beta-amiloides o APP era decisiva para la aparición de la enfermedad de alzheimer. Había pruebas determinantes a partir del estudio del alzheimer familiar o de aparición temprana que afectaban a cerca del 5 % de los enfermos y que tenían relación con mutaciones que daban lugar a niveles anormalmente altos de APP en el cerebro.
Sin embargo esa hipótesis resultaba insuficiente para explicar los cambios patológicos en el más común alzhéimer de aparición tardía, que afecta a más de 5 millones de ancianos en Estados Unidos y a una cifra similar en Europa.
«Dado que el alzheimer de aparición tardía es una enfermedad de la edad, muchos cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento, incluidos los que tienen que ver con el metabolismo y la producción y transformación de energía, podrían contribuir a aumentar el riesgo de sufrir el mal. La bioenergética es la producción, el uso y el intercambio de energía entre las células y órganos y el ambiente.
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La elevada demanda energética del cerebro
Es de sobra conocido que los cambios bioenergéticos se producen al envejecer y afectan a todo el cuerpo, pero particularmente al cerebro, que tiene una elevada demanda energética«, según Cohen, director del Programa de Investigación Neuropsiquiátrica del Hospital McLean y Profesor de Psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard. Según Sonntag y Cohen lo que no está tan claro es cuáles de esos cambios son factores activos y cuáles son una consecuencia del envejecimiento y la enfermedad.
En su investigación, Sonntag y Cohen analizaron los perfiles bioenergéticos de fibroblastos de la piel de enfermos de alzheimer tardío y de personas sanas.
Se fijaron particularmente en dos componentes principales de la producción de energía en las células: la glucólisis, que es el mecanismo metabólico encargado de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía de consumo para la mitocondria de la célula; y el gasto de esa energía en la mitocondria mediante el uso de oxígeno en el proceso de fosforilación oxidativa o respiración mitocondrial.
Los investigadores descubrieron que las células con alzheimer mostraban fallos en el metabolismo mitocondrial y una reducción de moléculas importantes para la producción de energía, como la nicotinamida adenina dinucleótida (NAD).
Los fibroblastos de pacientes de alzheimer tardío también revelaron cambios en la producción de energía en la glucólisis, a pesar de su incapacidad para aumentar la ingesta de glucosa como respuesta a la insulina IGF-1.
Tanto el anómalo metabolismo mitocondrial como el aumento de glucólisis en células de pacientes de alzhéimer tardío eran fruto de la enfermedad y no del envejecimiento, mientras que la reducción en la ingesta de glucosa y la incapacidad pra responder a IGF-1 eran consecuencia tanto del envejecimiento como de la enfermedad.
Según Sonntag, «esto indica fallos en la mitocondria y pérdidas de memoria debido a que las células el envejecer sufren un creciente estrés oxidativo que afecta a la producción de energía mitocondrial«.
Dado que las células nerviosas del cerebro dependen casi totalmente de la energía mitocondrial, cuando esta falla resulta particularmente dañino para el cerebro, apunta Cohen.
Referencia del artículo: Kai-C. Sonntag, Woo-In Ryu, Kristopher M. Amirault, Ryan A. Healy, Arthur J. Siegel, Donna L. McPhie, Brent Forester & Bruce M. Cohen . ‘Late-onset Alzheimer’s disease is associated with inherent changes in bioenergetics profiles’. Scientific Reports 7, Article number: 14038 (2017). Doi:10.1038/s41598-017-14420-x
Enfermedad progresiva que afecta a la memoria y otras importantes funciones mentales.
-Si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura
-Requiere diagnóstico médico
-No se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes
-Enfermedad crónica: pueden durar años o toda la vida
Las conexiones de las células cerebrales y las propias células se degeneran y mueren, lo que finalmente termina con la memoria y otras funciones mentales importantes.
Los síntomas principales son la pérdida de la memoria y la confusión.
No hay cura, pero los medicamentos y las estrategias de control pueden mejorar los síntomas temporalmente.
Un banquero que protegió el kirchnerismo, preso y condenado en EE.UU.
Se trata de Hernán Arbizu, un ex ejecutivo del JP Morgan. Fue sentenciado por robo y defraudación bancaria.
Hernán Arbizu .
Hernán Arbizu, un ex ejecutivo del banco JP Morgan acusado por estafa y protegido por kirchnerismo, fue condenado el lunes pasado por un juez de Nueva York a la pena de 2 años y un día de prisión por los delitos de fraude, robo y defraudación bancaria y sustracción de identidad agravada.
Arbizu fue uno de los aliados más inesperados del gobierno de Cristina Kirchner. Llegó a participar de programas como 678, dar entrevistas a Luis D’ Elía y participar de numerosos actos K, buscando protección política para evitar ser enviado a los Estados Unidos, cuya Justicia había pedido su extradición en 2008.
Arbizu, argentino, de padre militar y oriundo de zona norte, había sido ejecutivo de la filial local del JP Morgan. Entre 2006 y 2008 trabajó en Nueva York, donde su propio empleador lo denunció por fraude bancario y desfalco en Estados Unidos a través de ocho maniobras de transferencia electrónica de fondos por hasta 5 millones de dólares. El modus operandi era sencillo: Arbizu sacaba sumas millonarias de cuentas de determinados clientes para reemplazar faltantes en cuentas de otros, a los que había estafado previamente. El primer desfalco, de 2,8 millones de dólares, lo denunció un empresario de Asunción.
Cuando estalló el escándalo y Arbizu tenía indicios de que la justicia estadounidense ordenaría su detención, Arbizu armó una estrategia jurídica pero a la vez política y mediática. Volvió al país y se presentó ante la justicia local alegando que sus actividades en Nueva York eran supuestamente ilícitas aquí. Como una especie de “arrepentido” y ante el juez federal Sergio Torres, confesó buena parte de la maniobra por la que se lo buscaba. Pero le agregó otros condimentos para buscar protección política del kirchnerismo.
Así empezó un raid por medios de comunicación y por juzgados federales con una serie de denuncias sobre lavado de dinero, fuga de capitales y otras maniobras de distintos nombres del mundo empresario, político y social de la Argentina. Nombres que, casualmente, eran en muchos casos blanco de las campañas del kirchnerismo en su construcción dialéctica de los enemigos del proyecto nacional y popular. Obviamente, aunque Arbizu llegó a hablar de una lista de 500 clientes del banco, en sus denuncias siempre ocupaban un lugar central los directivos del Grupo Clarín.
La estrategia de Arbizu tuvo poco sustento judicial –de hecho nunca logró demostrar la veracidad de las listas de clientes que mencionaba- pero fue muy útil a funcionarios kirchneristas como José Sbatella, ex titular de la UIF, que se sumaba a sus denuncias y las amplificaba. De hecho, el gobierno de Cristina Kirchner nunca concedió la extradición de Arbizu porque lo consideró un aliado, e incluso lo hizo declarar ante la bicameral que investiga de lavado de dinero y fuga de capitales.
Cada vez que el gobierno kirchnerista necesitó desviar la atención de las investigaciones en su contra acudió a los servicios de Arbizu. Cuando en 2013, Periodismo para Todos reveló la trama de la “ruta del dinero K”, Arbizu volvió a recorrer medios oficiales y paraoficiales acusando a Clarín de lavado de dinero.
Claro que a partir de 2015 la estrategia distractiva se fue haciendo más difícil. En junio del año pasado, Arbizu sorprendió anunciando a través de su abogado Pablo Argibay Molina que había aceptado su extradición, por lo que viajó a Estados Unidos el 22 de junio escoltado por dos agentes del FBI, para ser detenido apenas pisara suelo norteamericano. La explicación no es extraña: este tipo de negociaciones judiciales que incluyen el reconocimiento de delitos por los imputados a cambio de reducción de penas son usuales en el sistema judicial norteamericano.
En efecto, el 15 de diciembre pasado, Arbizu –asistido por sus abogados Guy Lewis y Jeffrey Forman- se declaró culpable voluntariamente ante el juez Lewis Kaplan. Y esta semana, Kaplan dio el veredicto: una sentencia de 24 meses y un día de prisión efectiva.
Entrepreneurholics: la costumbre de emprender sin parar
Mientras la mayoría se concentra en un solo proyecto de por vida, hay quienes emprenden sin fin y desarrollan varias ideas, casi sin parar y muchas veces en simultáneo. Cuándo venden, quiénes les compran y cómo se mantienen motivados los emprendedores seriales, en esta nota.
Según los expertos, el ecosistema emprendedor hoy vive una demanda sostenida de start-ups nuevas, un mercado que hace solo algunos años no existía.
Por Nadia Nazanovsky.
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En general, tienen menos de 50, pero llevan décadas emprendiendo. Empezaron de muy jóvenes, y no con uno, sino con varios proyectos, en múltiples sectores. Saber cómo y cuándo vender y avanzar sobre nuevas ideas, así como la habilidad de no perder el foco y ser permeables a la constante evolución del mercado son algunas de las destrezas que los convierten en la elite dentro del creciente universo de emprendedores.
«Los emprendedores seriales se caracterizan por tener niveles de autoconfianza y de tolerancia al riesgo muy superiores al resto», asevera Juan Manuel Menazzi, director del Centro de Emprendedores del ITBA. «Son una especie de súper emprendedores, en el sentido de que responden con naturalidad a situaciones de alta incertidumbre y pueden trabajar sin tener los recursos necesarios. Tienen todas las características generales de los emprendedores pero las tienen acentuadas», añade.
Para Menazzi, el ecosistema emprendedor hoy vive una demanda sostenida de start-ups nuevas, un mercado que hace solo algunos años no existía. «Tiene que ver con las grandes empresas que consumen el producto de los emprendedores seriales. Compran la innovación que no son capaces de llevar adelante por sí mismas», explica.
Juan Manuel Menazzi, del ITBA.
La disponibilidad de acceso a la tecnología a bajo costo es la gran aliada de los emprendedores seriales. Según Menazzi, es lo que les permite crear emprendimientos pensando en venderlos desde el inicio. El momento de vender será, de acuerdo con el especialista, cuando se logren crear suficientes barreras de entrada, es decir, que no cualquiera pueda copiar la idea rápidamente. «Las empresas compran innovación, el personal innovador, los usuarios capturados que tenga un proyecto en particular y el avance tecnológico que haya alcanzado. Ese es el combo que necesita un emprendedor para despertar el interés de los compradores», detalla.
Pero, ¿es solo una cuestión de negocios? Sergio Postigo, profesor del Centro de Emprendedores de la Universidad de San Andrés, señala aspectos más subjetivos: «Todo está en la adrenalina que implica poner en marcha nuevos proyectos. Es como una droga la sensación que obtienen», asegura. «Son personas a las que les gusta navegar en la tormenta, sienten que manejan situaciones que van más allá de los que cualquiera puede manejar. Una vez que el barco toma viento tranquilo se aburren, y vuelven a buscar esa tormenta».
La clave para que puedan lograrlo, según Postigo, es que saben analizar los recursos con los que cuentan y volver a combinarlos una y otra vez. «En general, buscan negocios o sectores en los que puedan apalancar conocimientos o experiencias previas. Terminan armando una especie de paraguas dentro del cual pueden incluir un montón de sectores», sostiene.
La disponibilidad de acceso a la tecnología a bajo costo es la gran aliada de los emprendedores seriales.
Esteban Brenman tiene 43 años y desde hace más de dos décadas que emprende. Empezó a los 16, vendiendo stickers en varias librerías de la ciudad, siguió en los ‘90, con una empresa de servicio técnico de computadoras, pero quizás su proyecto más conocido sea Guía Óleo, la guía de restoranes de la Argentina que creó como un simple pasatiempo y que vendió una década después.
Brenman también estuvo detrás de Decidir, que se convirtió en la primera plataforma de pagos online del país, y fue vendida en 2008 a la firma norteamericana Equifax; y de Dos Monos, compañía de marketing digital. Ahora, concentra sus esfuerzos en Tril, una red social basada en recomendaciones de películas y música, entre otras; la agencia de contenidos digitales UV Latam y en el lanzamiento de la versión digital de Cualquier Verdura, una casona en San Telmo en donde todo estaba a la venta, fundada junto a su hermana en 2007 y que se mantuvo abierta hasta comienzos de este año.
El momento de vender será cuando se logren crear suficientes barreras de entrada, o sea, cuando la idea no pueda ser copiada rápidamente por cualquiera
«Mi historia es una de pelearla siempre, no de grandes hits«, define Brenman al hacer una síntesis de su recorrido emprendedor. Y es que el destino de sus proyectos siempre estuvo marcado por el camino de su propia vida, y responde más a una búsqueda constante, y muy personal, que a un criterio de negocios.
La venta de cada compañías y el avance sobre proyectos nuevos implicaron siempre etapas de aprendizaje, de crecimiento personal para Brenman. Mientras que en el caso de Decidir la venta se debió al golpe mortal que le infligió a la compañía la crisis de la burbuja de las puntocom, que obligó a una drástica reducción de la compañía y a su posterior venta para poder devolver lo aportado por los inversores locales, la venta en 2014 de Guía Óleo respondió a motivos personales. «Me tomé un año sabático y me di cuenta de que quería hacer otras cosas. Surgió la oportunidad de venta y, si bien no era el mejor negocio del mundo, me sirvió para lo que quería hacer», explica el emprendedor. «Busco un balance entre el buen negocio y que el proyecto sea lindo y divertido. Si es algo que va a dar plata pero no va a estar bueno, yo sé que me voy a aburrir y al tiempo no lo voy a querer hacer, va a ser una carga», detalla Brenman y añade: «Las motivaciones van cambiando. A los 16 lo hacía porque quería comprarme un teclado. Hoy, porque tengo una familia que quiero que viva bien».
No perder el foco
Sin embargo, no todos se desprenden de sus proyectos. «Los emprendedores seriales no necesariamente venden», asegura Postigo. «Es gente que termina teniendo cinco o seis empresas al mismo tiempo. Tienen un patrón sistemático de poner en marcha olas nuevas que van haciendo que se solapen los proyectos», destaca, volviendo a la metáfora de la tormenta. En este caso, las habilidades puestas en juego son similares, pero la que más vale es saber evitar perder el foco.
Sergio Postigo, de la Universidad de San Andrés.
Pablo Verdenelli es uno de ellos. Dio los primeros pasos con Infoxel, compañía de tecnología para análisis de contenidos y medios, en 2002. Una década más tarde, fundó Infoad, una plataforma online para control y análisis de inversión publicitaria en medios de comunicación, y en 2015 creó Welo, una app para cortar y compartir fragmentos del contenido de la TV.
Si bien se mantiene al frente de todos los proyectos, Verdenelli busca mantener siempre su foco en Infoxel, y desarrollar equipos sólidos para el manejo de los nuevos emprendimientos. En su caso, más que un ciclo de crear, desarrollar y desprenderse para iniciar un proyecto distinto, el propio desarrollo de su primera compañía le fue marcando el camino a seguir. «Lo que nos pasa es que a medida en que ahondamos en la tecnología o en lo que hacemos, vamos encontrando nuevas oportunidades que van superando a la oportunidad anterior», explica. Fuimos descubriendo que hay verticales específicos con foco en nicho que queremos aprovechar y que si somos generalistas o solo vendemos tecnología, no podemos hacerlo», añade.
Aunque aún no haya vendido ninguno de sus emprendimientos, Verdenelli no solo no lo descarta, sino que lo considera como una parte del ciclo, y como un escenario no muy lejano en su futuro. «Yo creo que nuestro ciclo como emprendedores se completa cuando alguien paga por el valor que creamos. Es un ciclo natural, no hay una conexión emocional en mi caso», asegura y añade: «Ya tenemos gente interesada en comprar, invertir o fusionarse con algunas de las compañías. Va a terminar decantando en eso».
Macri ordenó que se investiguen cuentas de dirigentes chavistas
Instruyó a la UIF para que bancos y entidades financieras corroboren si hay operaciones ligadas a Maduro y otros 13 funcionarios en la Argentina.
Por Damián Nabot.
El gobierno argentino ordenó a unos 50.000 bancos, entidades financieras, concesionarias, inmobiliarias, casinos y otras empresas radicadas en la Argentina que informen si tienen registrados bienes o activos de Nicolás Maduro y otros 13 miembros del régimen chavista.
Se trata de un fuerte gesto de alineamiento del presidente Mauricio Macri con la decisión tomada por la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, que dispuso congelar en territorio norteamericano los bienes del presidente de Venezuela y de sus principales colaboradores, con el objetivo de sancionar a su gobierno por convocar a una Asamblea Constituyente.
La medida es una nueva señal de Macri hacia el gobierno norteamericano y también hacia Maduro, tras el protagonismo que el presidente argentino tuvo en las negociaciones para suspender a Venezuela del Mercosur, en el marco de los movimientos para aislarlo en la región.
En un nuevo giro de la artillería diplomática contra el chavismo, Estados Unidos había dispuesto la semana pasada congelar los activos de Maduro bajo jurisdicción estadounidense y prohibió a los norteamericanos hacer negocios con el mandatario venezolano.
Washington también impuso sanciones económicas a otros 13 altos representantes del régimen chavista, como Franklin García Duque, jefe de la policía nacional bolivariana y ex comandante militar de las fuerzas armadas; Jesús Rafael Suárez Chourio, comandante general del ejército; Rocco Albisinni Serrano, titular del Centro Nacional de Comercio Exterior de Venezuela, y Néstor Reverol Torres, ministro del Interior del gobierno de Maduro, entre otros.
La nómina incluye, también, a Terek William Saab Halabi, a quien Maduro nombró anteayer fiscal general de Venezuela horas después de que la Asamblea Constituyente destituyó a la hasta entonces titular del cargo, Luisa Ortega Díaz, por sus críticas al gobierno.
Circulares de la UIF
El último viernes, las circulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) comenzaron a llegar a los bancos, financieras y otras firmas de la Argentina, para que «corroboren la existencia de cualquier tipo de operatoria en la que puedan haber intervenido de forma directa o indirecta las personas individualizadas», en referencia a la lista de 14 venezolanos encabezados por Maduro que conformó Estados Unidos.
Así lo confirmaron a LA NACION ejecutivos de las entidades que recibieron las circulares de la UIF y que deben elaborar la lista de operaciones en la Argentina que involucren a las figuras del chavismo perseguidas económicamente por los Estados Unidos.
La UIF, organismo que preside Mariano Federici, había recibido una notificación de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), un organismo que depende del Departamento del Tesoro norteamericano, que comunicaba la decisión de sancionar y congelar las cuentas y bienes de los 14 venezolanos.
Existe un acuerdo de cooperación entre la UIF y la Fincen, que es el organismo análogo en los Estados Unidos, para «facilitar el intercambio de información con fines de inteligencia en asuntos relacionados con el lavado de activos, delitos conexos, incluidos aquellos vinculados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo».
En ese marco, la UIF resolvió emitir una alerta a los «sujetos obligados» a remitirle información sobre Maduro y el resto de los miembros de la lista. Por supuesto, la medida supera una decisión puramente técnica y enfatiza la decisión política de Macri de profundizar la presión sobre el gobierno venezolano.
Atribuciones
La UIF, a partir del decreto 918 de 2012, sólo tiene facultades para congelar fondos y activos en casos de sospechas de financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, la medida apunta en principio a remitir la información detectada en Argentina a Estados Unidos.
De todas formas, si tras recibir y analizar los datos que remitan las 50 entidades existieran indicios de un delito financiero, la unidad podría presentar una denuncia penal. Los bancos y el resto de las firmas tienen tiempo hasta pasado mañana para responder.
El presidente Macri encontró en la disputa contra el chavismo una bandera que le permite asumir protagonismo en la región y, a la vez, sintonizar con Estados Unidos con una intensidad que hasta ahora la cooperación económica le había negado.
La extraña explicación del presidente del BCRA para dejar de usar el dinero en efectivo
La meta de Federico Sturzenegger de bancarizar la economía es uno de los ejes de su gestión como presidente de la entidad.
Por Carlos Arbia.
Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central.
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Buenos Aires — En la mayoría de laS conferencias o presentaciones que hace el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, gasta de su bolsillo desde $50 a $500 para mostrar a su auditorio de modo práctico y real cómo se puede dejar de pagar sus compras con dinero en efectivo y hacerlo a través de medios electrónicos como la Billetera Electrónica, el Mpos y el Botón de Pago.
Comentario de EconomiaPersonal.com.ar: En nuestra opinión, es un enorme peligro eliminar el dinero en efectivo, podemos vernos inmersos en un mundo orwelliano donde los gobiernos puedan controlar literalmente cada compra, transacción, y movimiento económico, de cada persona.
Esta situación se volvió a repetir en la conferencia que dio el jueves pasado, invitado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) ante unos 80 banqueros, donde Infobae estuvo presente.
En medio de su exposición, cuando llegó el momento de explicar los cambios que junto con la AFIP impulsa el Gobierno para reducir los canales de informalización de la economía, Sturzenegger le solicitó a uno de los asistentes un alias de una cuenta bancaria –este reemplaza al CBU de 22 números- a uno de los banqueros. Luego utilizó la aplicación de su teléfono inteligente para enviarle el dinero desde su cuenta bancaria, y en pocos segundos se pudo comprobar cómo se concretó la transferencia de 50 pesos.
«El problema es que en algunas presentaciones lo llega a hacer 10 veces para mostrar que el sistema es práctico, ágil y seguro«, manifestó uno de sus colaboradores: «Cada vez que hago una de estas demostraciones le tengo que explicar luego a mi mujer el origen de esas transacciones electrónicas, dado que nadie prueba hacer la demostración inversa».
Con el 80% de los celulares en Argentina con tecnología 3G Y 4G, la masividad de las transferencias digitales ya es posible.
«La intención de bancarizar la economía y minimizar el uso de dinero en efectivo en las transacciones cotidianas se podría decir que es uno de los ejes de gestión que rige a esta institución» manifestó; y destacó la autoridad monetaria: «El 3 de junio pasado habilitamos una nueva Plataforma de Pagos Móviles (comunicación A 5982), que sentó las bases para la proliferación de medios de pago electrónicos más ágiles y seguros, aprovechando las tecnologías existentes».
NECESIDADES Y VENTAJAS DEL DINERO ELECTRÓNICO
En su exposición, Sturzenegger enumeró una serie de definiciones para explicar por qué la gente debe dejar de utilizar dinero en efectivo y comenzar a usar la llamada billetera electrónica:
1. La Argentina es un país sumamente propicio para embarcarse en esta transformación de los medios de pago. Por un lado, hay una elevada penetración del uso de tarjetas bancarias. De hecho, hoy circulan en el país casi 75 millones tarjetas (aproximadamente 39 millones de débito y 36 millones de crédito).
2. La reducción del efectivo y una mayor difusión de los medios electrónicos de pago permiten estimular la intermediación bancaria y el crédito. El dinero en efectivo es dinero no intermediado. La proliferación de los pagos electrónicos logrará que, en lugar de llevar el dinero en las billeteras, quede a la vista en cada cuenta, lo que permite ampliar la disponibilidad de fondeo para las entidades financieras, con su posible correlato en el aumento de la oferta de crédito. En la actualidad hay unos 16.000 millones de dinero no intermediado.
3. Existe una muy amplia cobertura de telefonía celular, con aproximadamente 45 millones de celulares con uso frecuente, de los cuales más del 80% cuenta con tecnología 3G y 4G (45% serían del tipo inteligente). En otras palabras, la infraestructura para saltar a un entorno más digital ya está bastante emplazada. Simplemente hay que animarse a utilizarla.
4. En el mercado de medios de pago hay dos redes bancarias principales, la Link, donde operan principalmente los bancos públicos y la Banelco donde operan varias de las entidades privadas con mayor peso en el sistema financiero, y se irán próximamente sumando nuevos jugadores, en el marco de la competencia que alienta el BCRA.
5. Hay tres mecanismos de pago como la Billetera Electrónica, el Mpos y el Botón de Pago que apuntan a mejorar las condiciones para poder hacer transferencias directas interbancarias, como ya rige para las que se hacen por vía de la Clave Bancaria Única, o su alias, las que no están sujetas a comisiones por parte de las emisoras de tarjetas; ni sufren retenciones por Ganancias o IVA. En otras palabras, son mecanismos superadores del dinero en efectivo, ya que no presentan los costos de logística y seguridad que sí posee el físico.
6. Mientras que la primera fase de la agenda de bancarización se basó en introducir y promover los medios de pago electrónicos alternativos al efectivo, la segunda fase se relacionará con el desincentivo al uso del dinero papel, a la par de reducir sus costos de manejo para el sistema.
Las tarjetas de débito y crédito fueron pioneras en sustituir el uso de efectivo.
En su exposición en el encuentro del IAEF, Federico Sturzenegger explicó además que «toda la logística de manejo, traslado, almacenamiento y emisión de efectivo tiene costos muy significativos para la sociedad en su conjunto. Sólo los de emisión de dinero durante 2015 ascendieron a $1.730 millones, y en 2016 se elevó a $2.720 millones. «Usar menos efectivo no sólo es más ágil, seguro y eficiente para la sociedad, sino menos costoso», resaltó la autoridad monetaria.
Al finalizar, dijo el presidente del Banco Central: «es un debate que debemos tener si la cantidad de pagos en efectivo es producto de un faltante de demanda (el consumidor no quiere) o de oferta (el vendedor no quiere). Obviamente la realidad estará en un punto intermedio. Pero el diagnóstico del BCRA es que la falta de bancarización en los pagos responde más a un problema de oferta que de demanda».
Comentario de EconomiaPersonal.com.ar: El uso de la tecnología para crear una moneda digital implica el enorme riesgo de que el Estado transforme el sistema tributario en violatorio de los derechos individuales, al exigir al contribuyente que le proporcione información privadísima para fiscalizarlo.
Piden investigar por posible lavado de dinero la casa donde vive Florencia Kirchner
Lo hizo la diputada Stolbizer, denunciante de la causa de la inmobiliaria de Cristina y sus hijos. Más dudas por movimientos bancarios millonarios.
Por Lucía Salinas.
La familia Kirchner declarará en marzo en la causa Los Sauces. .
En un nuevo escrito en la causa Los Sauces SA -inmobiliaria de la familia Kirchner-, la diputada Margarita Stolbizer, pidió que se amplíe la figura del lavado de dinero sobre la propiedad en la que vive Florencia Kirchner, en la Ciudad, además de una serie de movimientos bancarios realizados en 2016 desde la cuenta de la «Sucesión Néstor Kirchner» que administraba Máximo Kirchner, por $ 6 millones. También hay sospechas por nuevos vínculos comerciales con Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo.
Los Sauces S.A. es la causa que lleva el juez Claudio Bonadio y en el marco de la cual Cristina Kirchner y sus hijos (todos accionistas de la firma), deberán declarar ante la Justicia la primera semana de marzo. Previamente, lo harán los empresarios K Cristóbal López y Lázaro Báez y 16 personas más: contadores, escribanos, apoderados de empresas y un hombre de extrema confianza de la ex Presidenta: Osvaldo Sanfelice.
Los Sauces SA fue constituida en 2006 por el ex Presidente, Cristina Kirchner y su hijo Máximo. .
En la causa se investiga el presunto lavado de dinero, el pago de coimas, el enriquecimiento ilícito y la falsificación de documentos públicos. Después de observar una gran cantidad de transferencias millonarias entre las cuentas de la empresa, la de la «Sucesión NK» y a su vez, sociedades de Báez y López, el magistrado ordenó intervenir la inmobiliaria y la cuenta de la Sucesión. La medida estará vigente hasta junio y hasta entonces, el líder de La Cámpora quedó desplazado como administrador de Los Sauces SA y de la cuenta de la herencia de su padre.
En este contexto, la diputada Stolbizer presentó nuevas pruebas y el pedido de ampliación del delito de lavado de activos sobre la propiedad que le pertenece a la inmobiliaria y en la que vive Florencia Kirchner –dueña del 22,5% de la firma y gerente de la misma-.
La casa de Florencia K
El 6 de mayo de 2015 se realizó un depósito en efectivo en la cuenta que Los Sauces SA tiene en el Banco Nación con sede en Río Gallegos, por $ 4 millones «existiendo inconsistencia en la hora de depósito y posterior extracción. El mismo día, según se informara, egresó la suma de $ 3.959.000«, señala la denuncia. Según la documentación aportada por la entidad financiera, la ex Presidenta fue quien hizo dicho aporte en efectivo y «debió cargar 40.000 billetes de 100 pesos para poder realizar dicho depósito».
Florencia Kirchner es gerente y accionista de Los Sauces SA. .
Ese mismo día, la inmobiliaria investigada por Bonadio, emitió un cheque bajo el concepto de «servicios» por el mismo valor: $3.959.000. Dicha suma se debitó de la cuenta corriente de Los Sauces SA. Según consta en la causa y en el informe pericial, este importe se utilizó para la compra de CEDINES que finalmente, se usaron para la compra de la propiedad de la calle San José esquina Humberto Primo, donde vive Florencia Kirchner.
La casa fue vendida – con la intervención de Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner)-, por Jorge Coscia y según la escritura pública la operación se hizo por U$S 370.000 pagados con los CEDINES. Según la diputada del GEN la Unidad de Investigación Financiera (UIF) indicó que se «desconoce cuál es el origen y/o actividad que generó dicho dinero». Y que la extracción se realizó «sin el comprobante que respalde la operación». A raíz de esto, pide que «la operación sea investigada ya que podría responder a una maniobra de lavado».
En la investigación, la casa donde reside Cristina Kirchner en Río Gallegos (propiedad de Los Sauces SA), es investigada por lavado. Fue comprada con NAPA una empresa de Sanfelice por $ 200.000 y vendida a la inmobiliaria por U$s 250.000. El Tribunal de Tasanción de la Nación determinó que su valor es más del doble de lo declarado por la ex Presidenta: U$S 570.000.
Romina Mercado intervino en la compra del departamento donde vive Florencia Kirchner. .
Movimientos sospechosos
La cuenta de la «Sucesión NK» es materia de investigación en la causa por las transferencias millonarias ($ 63 millones según la UIF «sin justificación»), que realizó, no sólo con la cuenta de Los Sauces SA sino con empresas de Báez y de Cristóbal López. Quien realizó la mayoría de las operaciones fue Máximo Kirchner, según un informe de la UIF.
En este caso se designó como interventora a Raquel Moyano, quien advirtió que la cuenta dejó de tener actividad el 31 de diciembre de 2016 tras la intervención judicial. Durante el año pasado, recibía cerca de un millón de pesos mensuales. Esta cuenta está inhibida por el juez Bonadio. La interventora advirtió que el 2 de septiembre de 2016, la Sucesión NK recibió una transferencia por $ 6.829.065,88.
Al superar «ampliamente el ingreso que recibía habitualmente por el alquiler de los inmuebles de propiedad de la sucesión de Néstor Kirchner y/o de sus herederos», Stolbizer pidió que se solicite la documentación respaldatoria de la operación y que se determine el origen y motivo de la transderencia.
Cristina Kirchner declarará el 7 de marzo en la causa Los Sauces SA. .
Quiénes declararán en la causa
La semana que viene comienzan las 21 indagatorias en el marco de Los Sauces SA. Los primeros serán apoderados de dos empresas de Báez que firmaron contratos de locación con la inmobiliaria. También estarán ante el juez Bonadio escribanos de confianza de la familia Kirchner y del empresario K. Báez y tres de sus hijos se presentarán a declarar, al igual que los dueños del Grupo Indalo. Los últimos dos días de indagatorias (6 y 7 de marzo), será el turno de los hijos de la ex Presidenta y finalmente, declarará ella.
Esta situación se volvió a repetir en la conferencia que dio el jueves pasado, invitado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) ante unos 80 banqueros, donde Infobae estuvo presente.
