Además de Cristina y Báez, la trama de Hotesur incluye a Cristóbal López
Por Nicolás Wiñazki.
Una causa que inquieta al Gobierno. Los negocios de la empresa de la Presidenta.Romina Mercado, sobrina de la Presidenta, es directiva de Hotesur y empleada de López. Osvaldo Sanfelice, titular del hotel, se asoció con el zar del juego y figura como contratado por él. También hay coincidencias de los escribanos que usan para sus negocios.
Alto Calafate. El hotel de la familia Kirchner, que controla la sociedad Hotesur, domina la ciudad desde la ladera de un cerro./ OPI SANTA CRUZ
La empresa Hotesur, con la que los Kirchner manejan su hotel Alto Calafate, resume los vínculos de la familia con los dos empresarios a los que oposición acusa de ser “socios” de la Presidenta en negocios no declarados. Uno es el constructor Lázaro Báez. El otro es el zar del juego, Cristóbal López.
La Justicia investiga a Hotesur para determinar si funcionó de modo irregular con protección del Estado, pero también para establecer si la compañía fue utilizada para lavar dinero.
Varias de las personas investigadas por Bonadio en este expediente forman parte de la trama de Hotesur y también participan en negocios de Cristóbal López.
Hasta fines del 2013, el hotel Alto Calafate fue administrado por una empresa de Lázaro Báez, quien fue acusado de alquilar cientos de habitaciones vacías, una maniora básica de quienes buscan blanquear divisas ilegales. El constructor es investigado por lavado en Suiza, Uruguay, los Estados Unidos y Argentina.
El jueves pasado, el juez del caso Hotesur, Claudio Bonadio, le pidió a la AFIP las declaraciones juradas de impuestos de la Presidenta; sus dos hijos, Máximo y Florencia; y las de quienes figuraban como integrantes del último directorio registrado de Hotesur.
Cristóbal López hace negocios y emplea a algunos de los protagonistas de esa pesquisa.
El empresario, amigo de los Kirchner, es dueño de casinos, bingos, una petrolera, maneja concesiones de rutas y controla medios audiovisuales. Néstor Kirchner fue quien le permitió extender sus licencias de juego en Santa Cruz y en el Hipódromo de Palermo, medidas claves para su éxito. El ex mandatario lo trataba a menudo y lo llamaba “Cristóbal”, a secas.
Los negocios de sus herederos siguen hoy vinculados entre sí.
El presidente de Hotesur, por ejemplo, es Osvaldo Sanfelice, quien a su vez es socio de de Máximo Kirchner en la firma Negocios Inmobiliarios S.A; y también maneja la compañía que administra el Alto Calafate, llamada Idea S.A.
El emprendedor Sanfelice es un punto de unión entre los Kirchner, Báez y Cristóbal.
Según los registros públicos, el presidente del hotel K es empleado de López en la firma Alcalis de la Patagonia, única productora de carbonato de sodio de latinoamérica, según describe su web.
En el 2008, Cristóbal creó la empresa Talares de Posadas con un único socio, Sanfelice. La firma fue registrada para poder realizar diversas actividades, como obras de ingeniería, construcción y operaciones financieras, entre otras cosas.
Sanfelice es un personaje peculiar en el entorno presidencial: es empleado de Cristóbal López, de la Presidenta, y a la vez es socio de su hijo.
Otro vínculo entre Hotesur y los negocios de López es Romina Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
La sobrina de la Presidenta fue inscripta en noviembre del 2008 como directora titular de Hotesur.
Según los registros públicos, Mercado es hoy empleada de una de las compañías más grandes de Cristóbal: Inversora M&S. Esa firma es utilizada por el zar del juego para realizar operaciones financieras con otras de sus compañías, como Oil Combustibles e Indalo Petróleo, entre otras. Bonadio también pidió a la AFIP información de la sobrina de la Presidenta.
Los vínculos entre Hotesur y las empresas de López incluyen a personas que ocupan roles relevantes en cuestiones administrativas.
La escribana María Bulubasich, por ejemplo, certificó un acta de Hotesur cuando fue comprada por los Kirchner. Y es la misma que trabajó en la formación o fusión de varias de las empresas de Cristóbal.
Algo parecido pasó con el escribano de Báez y los Kirchner, Ricardo Albornoz. Trabajaba en la administración Hotesur pero ayudó a López a comprar un hotel con el que supuestamente competía en El Calafate: Los Notros.
La denuncia de Stolbizer consignó la presunta comisión de delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, pues, según la diputada, Hotesur incumple sus obligaciones con la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que depende del Ministerio de Justicia.
Lo grave del caso no sólo es que las sospechas resultaron ciertas sino que la propia Hotesur, en un duro comunicado sin firma, confirmó el incumplimiento de los requisitos legales al tiempo que pretendió minimizarlos como «fallas formales» y «demoras», y cuestionó a Bonadio y a los medios de prensa que divulgaron el hecho. Pese a que Hotesur es una firma privada, su comunicado fue difundido por la agencia oficial Télam, la programación de Fútbol para Todos y la cuenta de la Casa Rosada en Twitter.
Hotesur es la empresa que controla al hotel Alto Calafate, de los Kirchner. Como reveló LA NACION en diciembre del año pasado, el pseudoempresario Lázaro Báez había alquilado centenares de habitaciones en ese y otros hoteles de la familia presidencial para empleados de sus empresas constructoras y, si bien pagó por esas prestaciones, sus empleados no se alojaron allí. Maniobras de esta clase suelen darse cuando se lava dinero.
A raíz de la denuncia de Stolbizer, el fiscal federal Carlos Stornelli formuló el requerimiento de instrucción ante Bonadio, quien ordenó los allanamientos. Para el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, esa medida formó parte «de un golpismo activo del Poder Judicial», una expresión tan inadmisible como lamentable.
La investigación de este diario había revelado que en la IGJ, uno de los tantos organismos copados por el kirchnerismo, no sólo se encubría al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, sino también a Hotesur, sociedad anónima que adeudaba la presentación de los balances de 2011, 2012 y 2013 y el pago de tasas correspondientes, no informaba quiénes integraban su directorio desde hace años y sus directores incumplían la normativa sobre lavado de activos que dictó ese organismo, que obliga a detallar si algunos de ellos son «personas políticamente expuestas«.
Además, la firma controlante del Alto Calafate presentó su declaración jurada obligatoria de actualización de datos meses después de haber vencido el plazo. Tras confirmarse las irregularidades, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, anunció ayer que a Hotesur sólo se le aplicará «una multa de 3000 pesos».
Similares protecciones recibieron tres empresas de Báez: Austral Construcciones y las petroleras Epsur y Misahar, además de la Asociación y Fundación Madres de Plaza de Mayo y la deficitaria Aerolíneas Argentinas.
Como puede advertirse, existe por parte de la IGJ una clarísima voluntad de encubrir las irregularidades en que incurren las máximas autoridades nacionales y sus allegados, socios o testaferros.
A raíz de las revelaciones de este diario, el Ministerio de Justicia acusó a LA NACION de «maniobras desestabilizadoras». En cambio, el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart inició una investigación penal y allanó en diciembre del año pasado las oficinas porteñas de Báez.
En la sucesión de escándalos que constituye uno de los más genuinos legados del kirchnerismo, es fácil perder de vista cuáles revisten especial gravedad. El de Hotesur es uno de los principales y quizás uno de los más sensibles porque se trata de la sociedad que en 2008 adquirió Néstor Kirchner y que, tras su muerte, quedó bajo control de su esposa y de los hijos del matrimonio, Florencia y Máximo. El valor de las acciones de la Presidenta en esta firma es de 9.367.528 pesos, según su declaración jurada de bienes.
Por tratarse de la cabeza del Poder Ejecutivo, lo atinente a Hotesur debería exhibir la mayor transparencia. En cambio, allí sólo hay ocultamiento y franco incumplimiento de las normas.
Es inadmisible que una sociedad que pertenece a la Presidenta y a sus hijos tenga tantos y tan graves incumplimientos y reciba una tan descarada protección por parte de organismos de control del Estado, como la IGJ, que encubre irregularidades de altos funcionarios y persigue a sociedades que el Gobierno considera enemigas.
Casos de violaciones flagrantes como el de Hotesur permiten comprender las razones de la urgencia del kirchnerismo por reformar el Código Procesal Penal.Y también permiten confirmar que el kirchnerismo sólo se concibe a sí mismo fuera del alcance de la leyes y, por lo tanto, sin necesidad de rendir cuentas ante nadie. Lo demostró el senador Aníbal Fernández cuando, desde el colmo del desparpajo y la ignorancia, afirmó, refiriéndose al allanamiento, que «en ningún país serio del mundo, si es una empresa del presidente, hacen este gesto».
Una vez más, nos hallamos ante el ejercicio de un poder feudal.
Una ex funcionaria complicó a la IGJ y detalló irregularidades en los documentos de Hotesur
Por Hugo Alconada Mon.
La ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, declaró ayer ante la Justicia que el legajo de la firma presidencial Hotesur dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) registra inconsistencias y faltantes que le habrían permitido al organismo impulsar una acción judicial de cancelación registral por inactividad.
La declaración de Martínez ocurrió sólo un día después de que el juez federal Claudio Bonadío allanara la sede de la IGJ, organismo que depende del Ministerio de Justicia, y verificara que el domicilio legal declarado por Hotesur no era más que un departamento vacío.
Silvina Martínez precisó además cómo debió ser la reacción de la IGJ, según lo dispone la ley, ante los múltiples incumplimientos por parte de los responsables de la firma presidencial, que adeudaría los balances de los últimos años y el pago de las tasas. Además, habría presentado una declaración jurada de actualización de datos vencido el plazo legal y no inscribió el cambio de su sede social, entre otras obligaciones.
Esos faltantes salieron a la luz por primera vez en diciembre de 2013, cuando LA NACION reveló que Hotesur «adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos», así como informó que presentó su declaración jurada fuera de término.
Sólo horas después de aquella publicación, el Ministerio de Justicia acusó a LA NACION de montar «un proceso sistemático» de «maniobras agraviantes y desestabilizadoras en perjuicio del Estado nacional y sus instituciones».
Tras los allanamientos ordenados anteayer por Bonadio, sin embargo, surgieron los primeros indicios de que, en efecto, Hotesur no presenta sus balances desde 2010, adeuda la inscripción de los directorios correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, y la inscripción del cambio de sede, ya que la empresa no funciona en el domicilio declarado de la calle Lavalle.
La investigación judicial, sin embargo, no sólo apunta a investigar el supuesto incumplimiento formal de las normas registrales, sino que busca verificar la consistencia de la información económica que surja de los balances, comparada con la de la facturación y las declaraciones impositivas de la empresa, ante posibles prácticas de lavado de activos, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.
En esa línea, el fiscal federal que interviene en la investigación, Carlos Stornelli, había impulsado la acción y el pedido diversas medidas de prueba, que llevaron a los allanamientos de la sede de la IGJ y del domicilio declarado por Hotesur en la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires, como así a requerirle documentación sobre esa sociedad a la AFIP.
La pesquisa de Bonadio y Stornelli, sin embargo, no es la única en marcha sobre Hotesur. El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart investiga una eventual evasión cuando una firma del empresario Lázaro Báez, Valle Mitre, administró los hoteles presidenciales como el Alto Calafate.
Fuente: La Nación, 22/11/14.
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Tras los allanamientos, el juez avanza con la causa por la empresa de Cristina
Por Nicolás Wiñazki.
Una investigación judicial clave.Claudio Bonadio le tomó declaración a una ex funcionaria de la Inspección General de Justicia. Declaró que ella misma comprobó las irregularidades de la compañía de la Presidenta.
La causa Hotesur acaba de empezar. El juez Claudio Bonadio recién tomó las primeras medidas de prueba, y ya es cuestionado por los dirigentes oficialistas que responden a la principal investigada en el expediente, la presidenta Cristina Kirchner. Más allá de ese embestida de la dirigencia K sobre la Justicia, la pesquisa sigue avanzando.
Ayer declaró la primera testigo, Silvina Martínez, ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia, supo Clarín en base a fuentes judiciales.
En los próximos días, el juez y el fiscal Carlos Stornelli terminarán el análisis de la documentación que se recolectó en los allanamientos y operativos que se hicieron, el jueves, en la sede registrada de Hotesur; en la AFIP y en la IGJ.
La causa Hotesur busca determinar si esa empresa hotelera de la Presidenta funciona de modo irregular gracias a protección que podría recibir desde los organismos gubernamentales encargados de controlarla.
La sociedad Hotesur es dueña del hotel más grande de los Kirchner, el Alto Calafate.
Hasta fines del año pasado, ese negocio era administrado por el socio de la Presidenta, Lázaro Báez, investigado en causas de lavado de dinero en Suiza, Uruguay y la Argentina.
Gracias a los allanamientos que fueron cuestionados por los funcionarios K, la Justicia pudo comprobar que Hotesur no funciona en el domicilio que registró como sede ante la IGJ, la calle Lavalle 975, piso cuarto departamento cinco. Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con oficinas vacías y en alquiler.
Esa era una de las irregularidades sobre la empresa K que fueron difundidas por el programa PPT, de Jorge Lanata, y también por Clarín: Hotesur no solo no funciona donde registró su sede, sino que además adeuda la presentación de sus últimos balances; no actualizó la renovación de sus autoridades y ni siquiera pagó las tasas de los impuestos de la IGJ.
Sobre esas cuestiones declaró ayer la primera testigo del caso, Silvina Martínez.
Fue convocada en su calidad de ex directora del registro de sociedades comerciales de la IGJ; y como especialista en derecho empresarial.
Según pudo saber Clarín en base a fuentes del caso, Martínez enumeró en el juzgado de Bonadío las obligaciones que deben cumplir las sociedades comerciales con la IGJ; y también aportó información sobre el tema respecto a Hotesur.
Martínez declaró que, según su información y experiencia de una década en la IGJ, esa empresa de los Kirchner incumplía con todas las normas que suele tomar ese organismo para analizar si el funcionamiento de una sociedad comercial se desarrolla dentro del marco legal.
La testigo aseguró que Hotesur presentó ante la IGJ una declaración jurada sobre la actualización de sus datos, pero lo hizo fuera del plazo establecido por el organismo: el vencimiento de ese trámite fue noviembre del 2011, pero la firma lo registró en abril del 2012 y con una sede en la que no funciona, la de la calle Lavalle.
Martínez también le contó al juez que había podido comprobar en la web de la IGJ que Hotesur tampoco había pagado las tasas que le debía al organismo: gracias al análisis de documentación sobre ese punto, la testigo contó que la empresa de los Kirchner debía la presentación de sus últimos balances contables.
La conclusión de Martínez fue sintética y contundente: «La IGJ debería haber cancelado la sociedad por su inactividad». Este caso acaba de empezar.
En un lapidario informe, la UIF dejó a Máximo contra las cuerdas
La unidad antilavado halló millonarias «transferencias sin justificación» y depósitos «sin sustento».
Por Lucía Salinas.
Un informe de la UIF puso bajo sospecha los movimientos bancarios de Los Sauces SA. Foto Archivo. .
Un “entramado societario y bancario” fue la definición que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) utilizó al momento realizar el informe N° 0100/2016, un documento clave en la causa Los Sauces SA por la que Cristina Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo serán indagados elos primeros días de marzo. Los principales delitos de los que sospechas el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo son el lavado de activos y el cohecho. Los movimientos bancarios de la inmobiliaria incluyen desde transferencias «sin justificación» por $ 50 millones firmadas por el diputado nacional, depósitos en efectivo “sin sustento”, extracciones por $ 3,9 millones sin «documentación respaldatoria», señala el informe.
Los Kirchner y una red de movimientos bancarios bajo sospecha. .
Es una red de cuentas, bancos y operaciones que tienen como principal firmante y responsable a Máximo Kirchner que el 6 de marzo, por primera vez, declarará en una causa y lo hará ante el juez Bonadio. Su grado de responsabilidad como administrador de Los Sauces SA y a su vez, de la cuenta “Sucesión Néstor Kirchner”, lo complica ante la Justicia. Según detectó la UIF, la Sucesión y la inmobiliaria tuvieron movimientos bancarios «sin justificación» y ambas recibieron depósitos en cheques de Lázaro Báez y Cristóbal López por $ 25 millones desde 2009 a 2015.
La documentación oficial concluyó que existió un “entramado societario y bancario” que incluye a Cristina, Máximo, Florencia y Néstor Kirchner -en su momento- y que continuó con la Sucesión que administra el líder de La Cámpora. Los fondos que se movieron “podrían proceder de los ilícitos investigados” no sólo en Los Sauces SA, sino también en Hotesur SA (causa por lavado de dinero), menciona el informe.
Los 4,6 millones de dolares secuestrados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner.
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En primer lugar, el organismo antilavado señala que hay una evolución de los movimientos de las cuentas que pertenecen a la inmobiliaria que fueron transferidos a las cuentas que Florencia Kirchner tiene en el Banco Galicia ( U$S 4.664.000 y U$S 1.032.144 y $ 53.280). “Previo paso por cuentas de otros socios y de la Sucesión Néstor Kirchner”. Respecto al hijo de Cristina, se indicó que realizó «la mayoría de las transferencias”.
Como administrador de Los Sauces SA y de la Sucesión NK, Máximo Kirchner realizó distintas transferencias emitidas y recibidas entre ellas, “sin justificación alguna”. De esto, seguramente, el diputado nacional deberá dar explicaciones ante el Juez.
Máximo Kirchner realizó la mayoría de las operaciones bancarias sospechadas por la UIF. .
Máximo Kirchner movió desde la cuenta de la Sucesión K $ 10.366.914 y $ 3.250.00 entre 2014 y 2015, a una cuenta de Los Sauces SA. También, calificados de “llamativos” se registraron depósitos en efectivo por $ 4 millones “y un débito realizado mediante cheque de $ 3.959.000”. La UIF señaló que se desconoce “cuáles es el origen y/o a la actividad que generó” dicho dinero, pero además que esta extracción de dinero se hizo “sin el comprobante que respalda al mismo”.
Entre las transferencias realizadas por el diputado por Santa Cruz, hubo una de casi $ 4 millones de una cuenta a otra de Los Sauces SA (una abierta en el banco Santa Cruz y la segunda en el Nación). “Nada de esto tiene justificación”, reitera el informe.
El juez Claudio Bonadio pidió la indagatoria de Cristina Kirchner y sus hijos. .
Los movimientos bajo investigación incluyen transferencias de Los Sauces SA a la cuenta de la Sucesión y de esta última por $ 32.270.000 a una cuenta que tienen en cotitularidad la ex Presidenta con sus dos hijos en el Banco Nación (N° 4331412615), que a su vez, recibió otro giro por $ 14.390.000. De esta cuenta familiar, la UIF detectó que los Kirchner movieron $ 80 millones a otra que tienen de forma conjunta en el Banco Galicia, con un dato: $ 55 millones finalizaron en la cuenta en dólares de Florencia, dinero que se encuentra embargado por la Justicia.
La Justicia sospecha no sólo de estos movimientos de dinero como una manera de «eludir los embargos judiciales», sino también del origen del dinero que figura en las cuentas de la inmobiliaria que tuvo dos inquilinos privilegiados: Báez y López (fueron el 86 % de la facturación), tal como reveló Clarín. «En las cuentas hubo más dinero del que cobraban en concpeto de alquiler a dos empresarios beneficiados por obra pública», indicó una fuente judicial.
A las sospechas se suman una serie de plazos fijos a nombre de Néstor Kirchner, en el Banco Santa Cruz, y que tras su fallecimiento integraron la sucesión. Según los análisis realizados por la UIF la tasa de interés “fue por lo menos 500% superior a la del mercado”. Sólo entre 2008 y 2009 los plazos fijos de Kirchner obtuvieron intereses de $ 3.648.558 y U$S 1.162.601.
Una jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación de octubre de 2008 salvó a Cristina Kirchner de estar hoy presa. Siete años antes, en 2001, el también ex presidente Carlos Menem fue preso por los mismos delitos por los que ayer procesaron a la viuda de Kirchner: asociación ilícita y administración fraudulenta.
La decisión del juez Julián Ercolini, justificada y explicada a lo largo de casi 800 páginas, significa en los hechos la más grave impugnación moral y penal que se haya hecho contra la ex presidenta. El magistrado explica con un enorme despliegue de argumentos cómo el matrimonio Kirchner decidió enriquecerse con la obra pública desde 2003; es decir, desde el instante mismo en que asumió el poder de la Nación.
Los montos que les embargó (10.000 millones de pesos a Cristina Kirchner, a Julio De Vido, a Lázaro Báez y a José López) son demostrativos también del volumen del dinero robado a través de maniobras que ejecutaban tanto Vialidad Nacional como Vialidad de Santa Cruz. Basta un solo ejemplo para mostrar el tamaño de la maniobra: Báez creó la empresa constructora en 2003 (antes era empleado de banco) y recibió en obras públicas en Santa Cruz tanto dinero como el que le tocó a la provincia de Buenos Aires o como el que recibieron 11 provincias juntas. De Vido y López fueron los principales operadores de esa maniobra que estafó al Estado en nombre de los Kirchner.
Los argumentos de Ercolini servirán, además, para probar el delito de lavado de dinero contra Lázaro Báez, en manos del juez federal Sebastián Casanello. También aportarán documentación a la investigación sobre lavado que habría perpetrado Cristina Kirchner y que se ventila en las causas Los Sauces y Hotesur, empresas y hoteles de la familia Kirchner donde Báez contrataba habitaciones o departamentos que nunca usaba. Hotesur está en el despacho del mismo juez Ercolini. El expediente de Los Sauces lo investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. Justicia Legítima no anda cerca de ahí.
En síntesis, la sentencia de Ercolini abre un amplio abanico de complicaciones judiciales para la ex presidenta. La asociación ilícita es un delito grave que tiene penas de más de cinco años de cárcel. La primera denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner y De Vido, entre varios más, fue de Elisa Carrió, en 2008. Ercolini decidió sobre una denuncia de Vialidad Nacional presentada ya durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque el fiscal Gerardo Pollicita había pedido que fuera anexada a la vieja acusación de Carrió porque son muy parecidas. De hecho, Ercolini nombró varias veces a Carrió en los argumentos de su resolución de ayer.
Lo que sucedió en 2008, y que liberó de la cárcel (por ahora) a Cristina, es que la Cámara de Casación Penal estableció que la prisión preventiva sólo puede aplicarse en dos casos: cuando un acusado está en condiciones, si se encuentra en libertad, de obstaculizar el proceso judicial o cuando actuó con contumacia (intentó fugarse, por ejemplo). La prisión sólo cabe, según esa jurisprudencia, cuando existe una condena firme y definitiva; es decir, después de un juicio oral y sus posteriores apelaciones.
Báez está preso porque tiene recursos suficientes como para fugarse y porque, además, se subió a un avión sin plan de vuelo. En cambio, Cristina se enoja con los jueces, los insulta o los recusa, pero siempre está quince minutos antes en las audiencias cuando la citan en los tribunales. Al haber perdido el poder, perdió también la posibilidad de entorpecer la investigación judicial. De hecho, los jueces señalan que ahora pueden avanzar en la investigación de la corrupciónporque el Estado les envía en el acto los documentos y las pruebas que solicitan. Sea como sea, lo cierto es que aquella resolución de la Cámara de Casación de hace ocho años fue tomada como jurisprudencia definitiva por los jueces penales de primera instancia. Es lo que ayer salvó a Cristina de las rejas.
Ercolini aporta un dato muy llamativo entre sus múltiples y variadas argumentaciones: Báez era el único empresario de obras públicas del país al que el Estado no le debía ni un peso el 11 de diciembre de 2015, un día después de que asumió Mauricio Macri. El juez desmorona también el pretexto de Cristina de que las obras públicas pasaron por licitaciones y que se las administró en la provincia de Santa Cruz, lejos de su poder en el gobierno nacional. Santa Cruz no queda lejos para ningún Kirchner y las licitaciones fueron amañadas. El juez llama varias veces «la encartada» a la ex presidenta (ese apelativo debe dolerle más que la sentencia) y desliza, prudente, que Báez es «al menos su socio comercial», según las pruebas que recolectó. La clave está en el precavido «al menos», porque deja la puerta abierta, sin decirlo, a que el papel real de Báez sea el de testaferro.
La radiografía de Ercolini, que tiene un sesgo y un destino puramente judicial, es también la descripción de una hipocresía. Cuando dice que Cristina «actuó de forma delictual» y que administró los bienes del Estado en provecho propio, refuta de manera contundente el relato kirchnerista. ¿En qué covacha de la historia queda el discurso del progresismo latinoamericano cuando lo que vemos es una voracidad sin límites para enriquecer a una dinastía gobernante? ¿A qué se reducen las menciones de los Kirchner a los pobres y a los trabajadores cuando gran parte de los recursos del Estado se distribuyeron entre funcionarios y empresarios amigos? Sólo la ceguera del fanatismo puede ignorar las pruebas inscriptas en la resolución de Ercolini. No se puede ignorar, de todos modos, que el fanatismo cristinista existe y que ése fue, tal vez, el único éxito político de la ex presidenta.
La decisión de Ercolini, que seguramente será apelada, tiene también connotaciones políticas y electorales, más allá de la voluntad del juez. Cristina se encamina hacia un juicio oral que probablemente la condene a la cárcel. Antes de llegar a esa instancia judicial (y antes de que exista una sentencia firme y definitiva), ocurrirán en el país las elecciones de agosto y octubre del próximo año. Es probable que Cristina opte entonces por una candidatura a legisladora para cubrirse de fueros parlamentarios. Ya tiene el argumento: varios de sus diputados de La Cámpora concluirán su mandato el año próximo y le piden que ella encabece una lista bonaerense para ampliarles su vida parlamentaria.
Corresponde, entonces, preguntarse qué sentido tienen los fueros de los legisladores. El diputado de Pro Waldo Wolff presentó hace ya varios meses un proyecto para modificar la ley de fueros; según la propuesta de Wolff, ningún legislador tendría fueros por delitos cometidos antes de haber asumido en el Parlamento. Es el caso de Cristina. De Vido ya tiene fueros y los tendrá hasta 2019; sus delitos son también previos a su condición de legislador. Podría profundizarse aún más el proyecto de Wolff para que ley les quite los fueros a los delitos penales. Lo que la política no debería hacer, después de leer el extenso escrito de Ercolini, es permitir que los «encartados» recorran, tranquilos, un irremediable y seguro camino de impunidad.
Se concretó la jugada K en la Casación, aunque ratifican la audiencia por Nisman
El futuro de la denuncia contra Cristina por el encubrimiento del atentado. A instancias del presidente del tribunal, el kirchnerista Alejandro Slokar, y con los votos de todos los camaristas desplazaron a los jueces Hornos y Borinsky de la sala I. Sin embargo seguirían a cargo de ese caso.
Por Claudio Savoia.
El edificio de los tribunales federales de la calle Comodoro Py, en cuyo primer piso funciona la Cámara de Casación, durante el operativo de seguridad que el 25 noviembre pasado se desplegó por la llegada de Cristina Kirchner.
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La montaña rusa de maniobras y emociones en la que se deslizan los nueve jueces de la Cámara de Casación Penal -envueltos en una vergonzosa guerra interna- tuvo esta mañana un nuevo giro: tras la sorpresiva convocatoria a un acuerdo general para elegir las autoridades del tribunal y de cada una de las cuatro salas que lo integran, que el presidente de la Casación Alejandro Slokar convocó de ayer para hoy, esta mañana a las 10 la sala de acuerdos estaba desierta. Pero una hora y media después, pese a que había audiencias programadas, el acuerdo se hizo igual. Y la anunciada maniobra K se concretó: con el voto de todos los camaristas excepto los de ellos dos, los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky fueron desplazados de sus subrogancias (suplencias) en la sala I, que tiene en sus manos la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina Kirchner y otras causas calientes por corrupción, como Hotesur, Los Sauces y dólar futuro. Como parte de la negociación política, sus lugares serán ocupados por Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci, quien también fue votada como presidenta de la Casación para el 2017. En un comunicado, la Cámara comunicó que las audiencias programadas consolidan la integración de las salas y no podría haber cambios, en clara alusión al caso Nisman.
Pese al escándalo desatado ayer por la jugada de Slokar -contradiciendo la orden que él mismo había dispuesto y que fuentes de su despacho compartieron la semana pasada con este diario- la polémica maniobra se concretó puntillosamente según lo anticipado por Clarín: aunque Gemignani debía ser el próximo presidente del tibunal, se excusó por «motivos académicos», que sin embargo no le impidieron aceptar nuevas subrogaciones para el año próximo. Un dato clave: el camarista está investigado por el juez Rodolfo Canicoba Corral -de grandes servicios al kirchnerismo- por haber detenido a una funcionaria de la Casación que no cumplió una orden suya. La marcha de ese expediente preocupa mucho al juez.
El explosivo plenario de esta mañana alimenta todas las especulaciones sobre supuestas negociaciones entre bambalinas de las que habrían participado varios de los camaristas. Según pudo saber este diario, además de la zigzagueante conducta de Gemignani, la doctora Catucci aceptó subrogar en la sala I en reemplazo de Hornos, pese a que los presidentes siempre subrogan en las salas que ellos integran. La jueza integra la sala III, pero ahora sus colegas la votaron para sumarse a la I, donde entonces tampoco será «juez natural» en las causas que entienda.
Bajo un clima de máxima tensión, Slokar dirigió el acuerdo general con mano de hierro, y secundado por los votos de Catucci, Gemignani, Riggi, Figueroa, Pedro David y Angela Ledesma, presentó un informe sobre el plazo en el que cada uno de los jueces viene cubriendo subrogancias. Esa estadística es encabezada con comodidad por Hornos y Borinsky, lo que explicaría que sus colegas ya no quieran darles más tiempo. Según supo este diario, los jueces desplazados habrían pedido entonces que se incorporara también una estadística cualitativa respecto a la cantidad de causas y temas resueltos, que también puntean por lejos. ¿La respuesta? No. Tampoco se permitió a los disidentes incorporar sus reservas y argumentos al acta final. Asunto terminado.
Tras la última batalla, digna de la popular serie Game of Thrones, la sala I del tribunal quedará igual hasta el 31 de diciembre, y desde entonces Hornos y Borinsky serán reemplazados por Catucci y Riggi. En un comunicado que el tribunal acaba de difundir, «se ratifica el consolidado criterio vigente en punto a que el tribunal integrado al momento de fijar la audiencia de informes debe resolver el recurso atinente a esa convocatoria, cualquiera fuese la subsiguiente composición». El párrafo intentaría despejar las dudas respecto a un cambio de fecha para la cita, como el que ya solicitó el fiscal Javier De Luca. En el Consejo de la Magistratura le aseguran a Clarín que, pase lo que pase, Hornos y Borinsky seguirán entendiendo en la decisión por abrir o no la denuncia de Nisman contra Cristina. Habría que ver.
Un alto funcionario de ese organismo recordó que la comisión de Selección del Consejo «puede estar de acuerdo o no» con la lista de subrogancias que le envían las cámaras para cubrir entre sus jueces los lugares vacantes. «Hay una discusión sobre el régimen legal vigente después de que se declaró inconstitucional la ley que impulsó el kirchnerismo para cubrir las vacancias. Para mí, por ejemplo, no hay ninguna ley vigente, y es el Consejo quien debe resolver en cada caso». Fuentes de la Magistratura también confirmaron a este diario que se están reuniendo los antecedentes y se está analizando la vigencia o no de una resolución de la Casación de 2011, en la que la Cámara estableció su propio sistema de subrogaciones.
Por lo pronto, ambos magistrados ya no van a intervenir en otros expedientes hirvientes contra el kirchnerismo: Los Sauces, Hotesur y dólar futuro son sólo tres de los más taquilleros.
Siguen rechinando los sables en los atildados despachos de magistrados y funcionarios judiciales.
La insolvencia es un estado de cesación de pagos del deudor sin que sea necesaria la declaración judicial en concurso o quiebra. Es una acción para disminuir, por medio del fraude, el patrimonio para no cumplir con las obligaciones tributarias y previsionales (…) La figura es la provocación de la insolvencia, pero el dolo aparece cuando ella se provoca al tomar conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial para cobrar las obligaciones tributarias y previsionales, las que no se pagan por ese obrar. (…) El «momento de conocimiento de iniciación» será: a) en los procedimiento administrativos, con el acta que notifica la iniciación de verificación; b) en las ejecuciones fiscales, en la oportunidad de la emisión de boleta de deuda; y c) en los juicios ordinarios, con el traslado de la demanda si no hay una actuación anterior verificable como cartas documento o intimaciones fehacientes.
(Fuente: GIULIANI FONROUGE, Carlos M. y NAVARRINE, Susana C., Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Ed. Lexis Nexis, 9na. Ed., Buenos Aires, 2005 p. 893).
Para analizar: ¿Constituye este caso -abajo detallado- una insolvencia fraudulenta?
Cristina cedió bienes a sus hijos tres días después de su procesamiento
Lo hizo tres días después de que fue procesada en la causa del dólar futuro; las propiedades quedaron a nombre de Máximo y Florencia.
Por Mariela Arias y Maia Jastreblansky.
Cristina Kirchner cedió inmuebles a sus hijos en medio de la tormenta judicial.
Ocurrió tres días después de su primer procesamiento y un mes y medio antes de que todos sus bienes quedaran inhibidos. El lunes 16 de mayo pasado, Cristina Kirchner cedió a sus hijos inmuebles que formaban parte de su patrimonio. Lo hizo en medio de sus visitas a Buenos Aires y cuando el frente judicial en su contra avanzaba sin pausa. Así surge de por lo menos tres informes de dominio del registro oficial de Santa Cruz a los que accedió LA NACION.
La ex presidenta mencionó la cesión de bienes a Máximo y Florencia Kirchner en uno de los descargos que hizo este año a través de Facebook. «El 50% de los activos financieros, los bienes muebles y los inmuebles que me correspondieran en concepto de bienes gananciales en la sucesión de Néstor Carlos Kirchner fueron cedidos legítima y legalmente a mis hijos, dentro del expediente sucesorio», dijo.
Hace unos días, la diputada Margarita Stolbizer presentó un escrito en la Justicia en el que acusó a la ex presidenta de «insolvencia fraudulenta», es decir, de desprenderse de sus activos para preservar su patrimonio de medidas judiciales. Ahora se conoce la fecha en la que, por lo menos tres de esas propiedades fueron registradas a nombre de los hijos: fue en la tercera semana de mayo, mientras Cristina apelaba el procesamiento que había ordenado el juez Claudio Bonadio en la causa del dólar futuro. Los documentos a los que accedió LA NACION también muestran que hubo inconsistencias en las declaraciones juradas de los Kirchner: hay inmuebles que fueron declarados como propiedad de Néstor, pero que siempre estuvieron a nombre de Cristina
La información surgió luego de que LA NACION accedió a la nomenclatura catastral de inmuebles de los Kirchner y solicitó información al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz. Este organismo dio como respuesta informes de dominio sobre tres terrenos.
El primero de los informes está referido a un predio de 4,4 hectáreas en El Calafate (de nominación catastral «fracción CLIX») que los Kirchner compraron en 2007 por $ 264.638, es decir, a $ 6 el metro cuadrado. En el Registro de la Propiedad Inmueble el primer asiento de esa propiedad indica que el lote fue adquirido a nombre de Cristina Kirchner, a pesar de que en las declaraciones juradas siempre fue declarado como de Néstor (y desde 2011, como «herencia»). El asiento N° 2 es el de mayo de este año: allí se registra el 50% del lote a nombre de Máximo y el otro 50%, a nombre de Florencia. Y se agrega: «Inscripción de inmueble por adjudicación en sucesión: autos caratulados Kirchner Néstor Carlos s/ sucesión».
El segundo de los documentos es sobre una parcela de 1,8 hectáreas, la «manzana 192 B», también en El Calafate. En este caso es Néstor Kirchner quien figura como comprador inicial, en 2007. Lo adquirió por $ 136.935, es decir, a $ 7,5 el metro cuadrado, el valor fiscal de la tierra en Santa Cruz en aquel momento. Fue parte de la compra de más de 200.000 metros cuadrados que los Kirchner realizaron en la década pasada.
En este inmueble, Cristina nunca llegó a figurar como titular en el Registro de la Propiedad: el primer asiento es de 2007 y el siguiente es recién de mayo de este año, cuando fue anotado a nombre de los dos ex hijos presidenciales en partes iguales.
El último informe de dominio es sobre un predio de 3,6 hectáreas que fue inscripto a nombre de Cristina Kirchner en febrero de 2007, cuando aún era primera dama. El último asiento se registró el 16 de mayo de 2016, cuando se inscribe la titularidad de predio a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.
Se trata de la «quinta 10 A», adquirida a 150.000 pesos. Sobre ese lote fue ampliado el hotel boutique Los Sauces, un complejo que mantiene la fachada típica de casa de campo patagónica, aunque en su interior guarda una decoración temática y refinada y suites distribuidas en cuidados jardines internos.
En este último caso, de nuevo aparece una contradicción con las declaraciones juradas: a la Oficina Anticorrupción el ex matrimonio presidencial le informó que la «quinta 10 A» pertenecía a Néstor Kirchner y no a su esposa, como figura en los registros oficiales.
La herencia
Según se desprende de los documentos oficiales a los que accedió LA NACION, Cristina nunca llegó a registrar el 50% de esos inmuebles en los seis años que transcurrieron desde la muerte del ex presidente. Abogados consultados por este medio explicaron que en todas las sucesiones, cuando los bienes de uno u otro cónyuge son gananciales (es decir, adquiridos durante el matrimonio), los jueces ordenan inscribirlos «en la proporción que marca la ley». Esta composición significa un 50% para el cónyuge superviviente y el otro 50% para los hijos en partes iguales.
Con estos porcentajes, de hecho, fue que Cristina informó los bienes heredados en sus declaraciones juradas a partir de 2011. También Máximo declaró un 25% de los activos que eran de su padre en sus presentaciones como diputado nacional. Los documentos muestran, sin embargo, que nunca llegaron a ser inscriptos de este modo ante el Registro de la Propiedad Inmueble.
Según fuentes especializadas, los Kirchner pudieron haber realizado este año un «adelanto de herencia» y un «acuerdo privado de partición de bienes», con lo que quedaron las propiedades en titularidad de los hijos. La inscripción oficial fue realizada pasados más de cinco años de la muerte del ex mandatario y a pocas semanas de que se dispuso la inhibición de bienes de Cristina Kirchner.
Alerta en la Justicia
La cesión de inmuebles no fue el único movimiento que hizo Cristina Kirchner este año. También le transfirió el dinero de sus plazos fijos a Florencia Kirchner. Son los US$ 5,6 millones que fueron encontrados en una caja de seguridad y en una caja de ahorro en el Banco Galicia y que quedaron embargados por el juez Julián Ercolini en la causa Hotesur.
Cristina reconoció que dolarizó esos fondos y se los cedió a su hija a principios de año. Pero la Justicia ya advirtió que esto puede significar un intento de la ex presidenta de insolventarse.
El fiscal Gerardo Pollicita, que interviene en Hotesur, alertó en ese entonces acerca de presuntas pruebas que mostrarían que la ex presidenta quiso sustraer los fondos del control de la Justicia y que, para eso, se los traspasó a su heredera. «Resulta determinante la fecha de apertura de las cajas de seguridad a nombre de Florencia Kirchner -3 de marzo de 2016-, esto es sólo cuatro días hábiles posteriores a que su madre fuera convocada por el juez Bonadio a prestar declaración indagatoria en la causa dólar futuro», dijo en su resolución el fiscal.
Ahora se conoce que el desprendimiento de bienes inmuebles fue sólo tres días después de su procesamiento.
Más problemas para Cristina: la denuncian por asociación ilícita en otras dos causas
La ruta del dinero K. Lo hará mañana Stolbizer, en una ampliación de las denuncias por Hotesur y Los Sauces. En ambos casos la ex Presidenta ya es investigada, pero no bajo esa figura que prevé hasta 10 años de prisión.
Cristina Kirchner, en abril tras declarar en los Tribunales de Comodoro Py por la causa de dólar futuro.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será denunciada mañana como supuesta responsable de una «asociación ilícita» formada para delinquir con la obra pública durante su gobierno.
La ampliación de denuncia, a la que accedió Télam, será presentada por la diputada Margarita Stolbizer a través de su abogada, Silvia Martínez, en las causas Hotesur y Los Sauces, que investigan los jueces Julián Ercolini y Claudio Bonadio.
La diputada Margarita Stolbizer, denunciante.
«Desde el año 2003 y en el período que corresponde a las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, diferentes funcionarios públicos (inclusive los presidentes mencionados) y empresarios privados claramente identificados por sus vínculos personales con aquellos, conformaron una asociación ilícita vinculada a la obra publica», sostiene Stolbizer en el texto.
En una denuncia previa, que viene desde 2008 y tiene el juez Julián Ercolini, Cristina ya había sido denunciada y es investigada bajo esa figura (asociación ilícita). Ahora la suma en dos causas más.
«Existía una organización interna con roles y deberes determinados cuyos jefes o cabeza de la banda era la familia Kirchner», advierte Stolbizer en el texto.
Existía una organización interna con roles y deberes determinados cuyos jefes o cabeza de la banda era la familia Kirchner», dice la presentación.
Y consideró que «el responsable principal de esa organización (ya que no sólo se unieron para cometer delito, sino que efectivamente los cometieron) fue hasta el año 2010 Néstor Kirchner y con posterioridad Cristina Fernández de Kirchner»
Una vez que Stolbizer presente la ampliación en ambos juzgados, los magistrados darán vista a la fiscalía para que determine si corresponde ampliar las investigaciones e imputar a la ex Presidenta y los demás mencionados por este delito, que prevé hasta 10 años de prisión.
Para Stolbizer, «todos los miembros conocían y querían formar parte de la asociación ilícita que aquí se denuncia. Su única finalidad era cometer delitos. No había determinación en la cantidad de delitos que se iban a consumar».
Todos los miembros conocían y querían formar parte de la asociación ilícita (…). Su única finalidad era cometer delitos. No había determinación en la cantidad de delitos que se iban a consumar», indica otro párrafo del escrito.
Esta ampliación se sumará a causas que ya tramitan Ercolini y Bonadio por supuesto lavado de activos en las empresas de la familia Kirchner «Los Sauces» y «Hotesur», pero que no incluían hasta el momento la figura de asociación ilícita.
Para las denunciantes, desde 2010 la ex Presidenta fue responsable de ese delito cometido para lograr otros como «malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y lavado de dinero».
Además, se incluirá en la denuncia a los ya imputados en las causas penales (la propia Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, por «Los Sauces»; y Cristina, Báez y Romina Mercado, por «Hotesur»); al detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y a Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y al ex administrador de Vialidad Nacional, Nélson Periotti.
«Sin perjuicio de la determinación de otros niveles de participación que han tenido otros funcionarios como Ricardo Echegaray, que también son materia de investigación judicial penal», agrega la presentación.
Stolbizer, que es querellante en ambas causas, detalló que la asociación ilícita se consumó para delinquir con la obra pública en el kirchnerismo.
«La mayor inversión en obra pública se destinó a la provincia de Santa Cruz y el 80% de esas obras las ganó el empresario Lázaro Báez, hoy procesado por lavado de dinero e investigado por varios otros delitos», recordó.
Y también con el rol que tuvo José López, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismohoy preso en la cárcel de Ezeiza, por los casi 9 millones de dólares que intentó arrojar en la madrugada del martes 21 de junio último dentro de un convento en General Rodríguez.
Se generó una ingeniería de facturas apócrifas (…), se simuló una serie de contratos de alquiler de inmuebles y de hoteles a fin de blanquear el dinero que se llevaban los jefes y miembros de la asociación», sigue la acusación.
Para la denunciante, José López hacía que Báez cobrase por obras en primer lugar, cuando no había certificaciones y en muchos casos no se realizaban.
«La relación entre el empresario y el funcionario, ambos presos en el mismo penal, era muy estrecha. Los adelantos de obra eran el mecanismo predilecto de Báez y López para poder justificar millonarios desembolsos a empresas cercanas al kirchnerismo», indica.
«Claramente existía un acuerdo previo entre los miembros de esta asociación ilícita», agrega el texto.
«Se generó una ingeniería de facturas apócrifas a fin de dotar de una apariencia de legalidad al dinero ‘extra’, se simuló una serie de contratos de alquiler de inmuebles y de hoteles a fin de ‘blanquear’ el dinero que se llevaban los jefes y miembros de la asociación», concluye la denuncia.
El dinero insignificante, innecesario, terminará condenando la corrupción. Los hoteles de Cristina Kirchner en El Calafate compraban una docena de medialunas por día cuando declaraban tener todas las habitaciones ocupadas. ¿Qué clase de hoteles eran esos que se ufanaban de tener cuatro estrellas y sus tarifas en dólares? Amado Boudou falsificó recibos de hoteles en París para quedarse con una parte de los viáticos. «El ministro de Economía de un país no puede dedicarse a falsificar facturas por unos miserables miles de euros», declaró a LA NACION, estupefacto, el empleado del hotel parisiense Bel Ami luego de comprobar que los recibos de Boudou eran falsos. Hoteles y facturas mentirosos parecen ser una debilidad de las dos personas que estuvieron hasta hace cinco meses en la cima de la República, la entonces presidenta y su vicepresidente.
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Ricardo Echegaray era en su gobierno el poderoso jefe de la agencia impositiva. Ayer tuvo su primera cita ante el juez Sebastián Casanello, en una declaración indagatoria (por lo general, previa al procesamiento) por la investigación de la ruta del dinero K. Casanello investiga si Echegaray benefició a Lázaro Báez durante su gestión al frente de la AFIP. En otra investigación, Echegaray es investigado por haber autorizado que el empresario Cristóbal López demorara el pago de 8000 millones de pesos en impuestos a las naftas, que es una retención en nombre del Estado. También Echegaray está siendo investigado por los beneficios impositivos que le otorgó a la empresa Ciccone cuando ésta ya estaba en manos de los amigos de Boudou. Boudou no era entonces, cuando sucedieron las tropelías de los hoteles y las de Ciccone (la empresa argentina con más capacidad para fabricar billetes), lo que es ahora, un exiliado del peronismo y hasta del kirchnerismo. Era el funcionario consentido de la persona más poderosa, Cristina Kirchner.
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La ex presidenta tiene problemas políticos, en el peronismo sobre todo, porque nadie ignora que sus cuestiones con la Justicia se agravarán irremediablemente. Su situación está, por ahora, en manos de dos jueces, Claudio Bonadio y Julián Ercolini. La investigación de Casanello no ha llegado todavía a ella y se limita al supuesto lavado de dinero por parte de Báez. Podría llegar a Cristina, pero eso sucedería en una etapa posterior, si se comprobara que el dinero de Báez no se puede justificar sin la complicidad de los pagos del Estado.
Bonadio la persigue judicialmente por dos causas: la venta de dólar futuro cuando su gobierno ya no tenía futuro y el presunto lavado de dinero en la empresa Los Sauces. Por el primer caso ya la procesó. Los Sauces es una empresa dueña de ocho edificios en la Capital, El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén, que eran alquilados exclusivamente a Lázaro Báez y Cristóbal López. ¿Los alquilaban realmente o hacían como que los alquilaban? La pregunta surge de una comprobación: esa empresa pasó de no tener actividades a que sus socios retiraran adelantos de dividendos por 20 millones de pesos en apenas dos años. En el momento de esas increíbles ganancias los socios eran Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia, aunque ésta se sumó al paquete accionario sólo como heredera de las acciones de su padre. Máximo, en cambio, tenía el 10 por ciento de las acciones cuando sus padres eran los dueños del 90 por ciento restante. Por eso, el fiscal Carlos Rívolo imputó ante Bonadio a Cristina y Máximo Kirchner por cohecho (coimas) y no a Florencia.
Ercolini tiene la causa Hotesur, que es otro caso de lavado de dinero, pero esta vez en hoteles de la familia Kirchner. La investigación de Hotesur llevó al primer juez que tuvo el caso, Bonadio, a espectaculares allanamientos en El Calafate cuando Cristina era todavía presidenta. Bonadio se hizo acompañar por la Policía Metropolitana, autorizada especialmente por el entonces opositor Mauricio Macri. Cristina no se enteró de los allanamientos hasta que Bonadio aterrizó en El Calafate. La entonces presidenta, que no sabía hacia dónde iba Bonadio, ordenó que la Gendarmería impidiera a sangre y fuego el acceso a su residencia del juez y la policía. Bonadio no iba a su casa, sino a sus hoteles. La sala de la Cámara Federal cuestionada por kirchnerista (la que integran los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler) apartó luego a Bonadio de la causa Hotesur.
Ercolini tiene también la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. El fiscal Germán Moldes, que fue el último fiscal que pidió que se investigara la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner, acaba de reclamar que se reabra la denuncia del fiscal muerto. «Si se supone que Nisman fue víctima de un crimen, y por eso el caso de su muerte pasó a la justicia federal, corresponde reabrir su denuncia para investigar incluso si en esa acusación hay huellas de los posibles asesinos», dijo. Moldes afirmó que él cree que Nisman fue asesinado. El caso Nisman podría estallar en los pies de Cristina Kirchner, si se reabriera la denuncia del fiscal muerto o si se comprobara que no se suicidó.
Como se ve, hay varios casos de lavado de dinero (Hotesur, Los Sauces, los bienes de Báez) y distintos jueces. Cristina Kirchner ha pedido que las causas de Hotesur y Los Sauces se concentren en las manos del juez Ercolini. Para ella, cualquier otro juez es mejor que Bonadio. Sin embargo, la mayoría de los jueces federales sostiene dos ideas. Una: todas las causas por lavado terminarán unificándose en una sola. La otra: es mejor que sea más tarde que más temprano. La posibilidad de crear una megacausa por lavado de dinero conlleva el riesgo de que el trabajo sea de un tamaño desmesurado para un solo juez. La idea que prevalece es que cada juez vaya avanzando con su investigación y la termine. Al final, con todas las investigaciones concluidas, todas las causas deberán unificarse.
Ese criterio quedó expuesto por la sala descalificada de la Cámara Federal cuando ordenó que la causa Hotesur saliera del juzgado de Daniel Rafecas y fuera al de Ercolini porque éste tiene una vieja causa por asociación ilícita contra Cristina Kirchner, presentada por Elisa Carrió. Los dos jueces cuestionados, Ballestero y Freiler, votaron para la unificación de causas. El voto disidente fue el de Eduardo Farah, juez titular de la sala prestigiosa de la Cámara Federal, que la integran también Martín Irurzún y Horacio Cattani. Farah es juez subrogante en la otra sala, la que no tiene prestigio ni respeto. Farah expresó con su voto la opinión mayoritaria de la Justicia, que promueve que cada juez haga su investigación por ahora, contra la opinión de los que le hicieron más favores al kirchnerismo, que proponen la unificación de las causas para que todo naufrague en un océano de papeles.
A pesar de lo que parece, la situación de Boudou podría estar más comprometida (o, tal vez, más concluida) que la de Cristina Kirchner. La acumulación de causas es un hecho evidente. Salvo en los casos de los recibos truchos de hoteles, en todas las otras causas (Ciccone, el contrato con el gobierno de Formosa, la adulteración de compra de autos) actuó la misma banda de amigos. La suerte parece estar echada para Boudou y su situación terminará de resolverla el juez Ariel Lijo, que lo procesó por el caso Ciccone cuando Cristina amenazaba con destruir al juez que se animara a procesar a su vice. Lijo cuenta ahora con la confianza de la sala prestigiosa de la Cámara Federal, ha sido un consejero oportuno de Casanello cuando éste decidió detener a Báez y allanar sus propiedades, y tiene el respaldo de la Corte Suprema.
Las grandes causas de Boudou se complementaron con las causas por pequeñeces, que, sin embargo, no son pequeñas por el enorme peso de su simbología. El abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia penal contra el ex vicepresidente por las facturas falsas del hotel de París. La denuncia cayó en el juzgado de Bonadio. Boudou no tiene suerte. Cristina está tratando también de soltarse de las manos de Bonadio. Ya no puede protegerlo. El destino de Boudou se encoge dramáticamente.
Fue el debut de la abogada exitosa. Y el sueño de Claudio Bonadio: logró ser el primer juez en procesar a Cristina Kirchner. Mejor dicho, a Cristina Elisabet Fernández, como la llamó a lo largo de su pronunciamiento.
Bonadio dispuso esa medida el viernes pasado, en la causa que se abrió por el enorme caudal de recursos que el Banco Central destinó a evitar una devaluación, mediante generosísimos contratos de futuros. Es el más técnico de los expedientes que involucran a la ex presidenta. Y el de mayor significación política. Por su contenido y por sus consecuencias.
Bonadio calculó que el kirchnerismo dilapidó $ 77.325.739.330 para mantener barato el dólar. O, dicho de otro modo, para que el retraso cambiario le estallara al sucesor. El juez interpretó que el titular del Central Alejandro Vanoli y el resto del directorio defraudaron al Estado. Si bien no montaron una estafa, incurrieron en un abuso de autoridad, al malgastar los recursos que se les habían confiado. Y explica por qué los funcionarios eran conscientes del daño que causaban.
Bonadio procesó a Vanoli y a los directores que lo acompañaron. Pero también a la señora de Kirchner y a Axel Kicillof. No es un detalle. El cargo más interesante, y el de mayor alcance, es haber eliminado cualquier límite formal a sus decisiones. Bonadio analiza las disposiciones que fueron corroyendo la institucionalidad monetaria y cambiaria. Desde la supresión de la autonomía del Banco Central hasta la selección de funcionarios por su lealtad a una facción, más que por su calidad profesional.
El fallo sienta un precedente tan saludable como riesgoso: cualquier líder que, valiéndose de un poder excepcional conquistado en las urnas, modele las instituciones a su antojo para tomar medidas imprudentes está expuesto a una sanción penal.
Los voceros de Cristina Kirchner equiparan las investigaciones contra ella con el impeachment contra Dilma Rousseff. Les parece obvio que están siendo dirigidos por Barack Obama. El desasosiego nubla la inteligencia. Porque lo que sucedió la semana pasada en Buenos Aires es muy distinto de lo que ocurrió en Brasilia. Rousseff fue removida por un juicio político. No penal.
Quienes votaron en su contra aclararon que no evaluaban un caso de corrupción, sino decisiones administrativas irregulares. En concreto: haber usado la banca pública para financiar un déficit exacerbado. Los defensores de la señora de Kirchner podrían esgrimir que los errores de su jefa no son judiciables y que, por lo tanto, tendrían que haber sido examinados, como en Brasil, por el Congreso. No por un juez penal. No se les ocurrió.
Más allá de su consistencia jurídica, el fallo del viernes es relevante para el juego del poder. Hay una curiosa simetría: el principal promotor de la causa fue Alfonso Prat-Gay, cuando no sabía que reemplazaría a Kicillof. Se abre también una incógnita. ¿Qué efectos tendrá el pronunciamiento sobre la actual administración del Central? Entre los procesados hay tres directores designados por la señora de Kirchner: Pedro Biscay, Germán Feldman y Juan Cuattromo. ¿Pedirá el kirchnerismo su remoción? Fue lo que hizo Néstor Kirchner cuando, en agosto de 2008, el entonces director Ricardo Branda fue procesado en la causa de las coimas del Senado, de la que, al final, salió absuelto. Hay una diferencia: a los cuatro amigos de Kicillof se los sancionó por hechos cometidos como directores. Nadie querrá abrir este debate. Podría arrastrar a Federico Sturzenegger, procesado por el «megacanje».
Aunque siga danzando frente a Comodoro Py, para Cristina Kirchner el esmeril judicial es demasiado pernicioso. Está deteriorando su propia base electoral. La consultora Isonomía estudió esa caída en el segmento de los que no toleran a Macri. En enero, su imagen positiva allí era del 79%; en marzo, del 75%, y en abril, del 68%. Al mismo tiempo fue subiendo la imagen negativa. ¿Adónde van los desencantados? Misterio.
El procesamiento dispuesto por Bonadio tuvo, además, otra peculiaridad. La señora de Kirchner no aparece rodeada de testaferros ni socios comerciales, como Lázaro Báez o Cristóbal López. La escoltan Kicillof y sus delegados en el Banco Central. La juventud maravillosa del siglo XXI.
Varios directores del Central pretenden que hoy la Cámara de Casación aparte a Bonadio. Para el kirchnerismo es el demonio de Comodoro Py. Es una percepción comprensible en gente mal acostumbrada: en octubre de 2011 el mismo juez sobreseyó a los secretarios privados del matrimonio Kirchner, acusados de un enriquecimiento sideral. El fiscal era Guillermo Marijuan, otro despiadado. Pero que aquella vez no apeló. Dos días antes la ex presidenta había triunfado con el 54% de los votos.
Bonadio espera a la señora de Kirchner en otro expediente: el de la sociedad Los Sauces. Ella también prefiere otro juez. Hernán Ercolini, por ejemplo, que acaba de recibir de Daniel Rafecas la causa Hotesur, de la que había sido desplazado Bonadio. Rafecas tuvo el caso nueve meses, durante los cuales no movió un papel, a pesar de la insistencia del fiscal Carlos Stornelli. En ambas causas, Los Sauces y Hotesur, se investiga si el cobro de alquileres correspondió al pago de sobornos.
Para aclararlo, haría falta que Sebastián Casanello investigue cómo se formó la incalculable fortuna de Lázaro Báez. Si fue, como le dijo Leonardo Fariña, con los sobreprecios de licitaciones amañadas. Pero Casanello sigue encapsulando a Báez en un caso de lavado de dinero muy extraño: el dinero sería blanco.
En tribunales adjudican esa posición de Casanello a sus compromisos con el kirchnerismo. Esa interpretación ahora se alimenta con una versión muy inquietante. Dos personas que visitaron a Báez en la cárcel en los últimos diez días aseguran que le escucharon detallar tres reuniones en Olivos, de las que participaron él, Cristina Kirchner, «Wado» de Pedro, el ex secretario de Justicia Julián Álvarez y Casanello. En una de ellas Báez fue acompañado por su hijo Martín. Habrían sido en agosto, septiembre y noviembre de 2015. Uno de los visitantes de Báez comentó: «Lázaro dice que hay un mozo de la residencia que tal vez recuerde que, la última vez, el juez pidió un cortado en jarrito». Quizá Macri averigüe entre sus mozos. Casanello lo molesta: Panamá Papers, gestiones de Angelici, Time Warp. LA NACION quiso comunicarse ayer con el magistrado para saber su opinión. Pero no obtuvo respuesta.
Según las mismas fuentes, Casanello prometió en la última entrevista firmar el sobreseimiento de Báez. Pero la difusión de los videos de La Rosadita con Martín Báez contando plata se lo habría impedido.La aparición de esas imágenes desata controversias. ¿Las lanzó Federico Elaskar o las tenía Antonio Stiuso? ¿Negoció Stiuso con el kirchnerismo esas grabaciones antes de irse de la ex Side? Elaskar y Stiuso tienen un amigo en común: Carlos Molinari, el ex candidato a vicegobernador de Mario Ishii y proveedor de obras públicas en la gestión de Eduardo Duhalde.
No son los únicos enigmas que administra Casanello. El abogado y colaborador de Báez, Jorge Chueco, dejó en el hotel de Iguazú donde fue capturado una carta dirigida a una tal «Querida», en la que, insinuando que se quitaría la vida, celebra que el juez y el fiscal ya no seguirán recibiendo una fortuna para demorar una condena. El texto obligó a abrir un expediente en el juzgado de María Servini de Cubría. Chueco negó lo que había escrito. Y se quejó de que le revisaran la correspondencia.
Ironías de la historia: tal vez Chueco reciba esta semana la visita de su antiguo socio Gustavo Cinosi, uno de los hombres de negocios más cercanos a Carlos Zannini. Cinosi es el titular del Sheraton Pilar, donde celebró su inolvidable boda el juez Ariel Lijo. Cinosi llega a Buenos Aires como organizador de un curso de la OEA sobre lavado de dinero para jueces federales. Cuánto que aprender…
Algunos funcionarios de Comodoro Py juran haber visto una reunión entre Casanello, el camarista Eduardo Freiler y el secretario y operador inmobiliario Jorge Pratto, hace diez días. El juez habría confesado a su padrino Freiler que en la causa Báez carece de indicios contra Cristina Kirchner. Los diputados kirchneristas pidieron, en cambio, que se impute a Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, quien en varias licitaciones estuvo asociado a Báez. Curioso suicidio el de Héctor Recalde y sus compañeros: admiten que los Kirchner promovieron la corrupción con la obra pública.
Esa falta de autoestima es más llamativa porque uno de los que piden investigar a Calcaterra es Julio De Vido, que repartía los negocios. Como Kicillof, De Vido es el otro flanco dañado de Cristina Kirchner. Bonadio lo procesó la semana pasada por la tragedia de Once. En un primer momento, después de una gestión de Alfredo «Freddy» Lijo, lo había protegido. «Freddy» es el hermano de Ariel Lijo, un magistrado que ganó poder desde que su secretario, Juan Tomás Rodríguez Ponte, se encarga de las intervenciones judiciales de teléfonos y correos electrónicos. «Freddy», su hermano, ha sido el principal gestor judicial de De Vido. Pero el día del procesamiento prefirió estar en Miami.
Este Lijo es el esposo de María Carla Lago, la socia de Freiler en una financiera. Freiler fue sobreseído por Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Ramiro González, en una causa por su fabuloso enriquecimiento. El denunciante, Ricardo Monner Sans, pidió que se anule la absolución. Alegó que Martínez de Giorgi está casado con una secretaria de la Cámara de Freiler. Y que González -que ahora enfrenta una delicadísima denuncia familiar- es profesor en la cátedra del acusado. El reclamo cayó en manos de Servini de Cubría, quien lo remitió a la Cámara Federal para sorteo. El de Freiler es un caso incómodo. Ningún juez quiere condenar a un superior.
Sobre esas cuestiones declaró ayer la primera testigo del caso, Silvina Martínez.
