Citaron a indagatoria a Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero
El juez Casanello le prohibió al empresario salir del país y desprenderse de bienes; sospecha que lavó fondos obtenidos con un fraude fiscal.
Por Paz Rodríguez Niell.
Lázaro Báez. Foto:Archivo
El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria anoche a Lázaro Báez, un empresario muy cercano a los Kirchner, acusado de haber lavado millones de dólares a través de la financiera SGI , conocida como La Rosadita.
Los fondos lavados -de acuerdo con las sospechas del juez- habrían tenido origen en una defraudación impositiva de Báez al Estado. Además de citarlo, Casanello le prohibió salir del país y dispuso una inhibición general sobre sus bienes.
La indagatoria de Báez, ordenada para el 26 de abril, es la última de las medidas de días muy agitados en esta causa. El martes pasado El Trece difundió imágenes de las cámaras de seguridad de SGI que mostraban a Martín Báez, el mayor de los hijos varones de Lázaro, contando pilas de dólares y euros en la financiera (una cueva, según dieron ya por probado los investigadores), junto con el contador de su padre, Daniel Pérez Gadín; el hijo de éste, Sebastián Pérez Gadín, y Fabián Rossi.
Lázaro Báez fue uno de los principales contratistas de obra pública de las tres administraciones kirch.-neristas y colaboró con Cristina Kirchner en sus negocios hoteleros. Las empresas de Báez les pagaron millones por habitaciones de hotel y contratos de consultoría a la ex presidenta y su familia. Hasta ahora, pese a que enfrenta, desde hace años, decenas de causas en distintos juzgados, jamás había sido procesado por sus negocios. La primera vez que Lázaro Báez fue citado a indagatoria fue en este expediente.
La hipótesis de esta causa es que el dinero que se ve en los videos de las cámaras de SGI era de los Báez. Y que Pérez Gadín y Rossi (ex marido de Iliana Calabró y supuesto armador de empresas off shore) fueron los encargados de montar la ingeniería para borrar su origen y esconder su destino.
En las grabaciones hay una secuencia de unos pocos segundos que es clave. «Esto sobró», le dicen a Martín Báez cuando termina un recuento y le dan un billete de 100 dólares, relataron fuentes del caso a LA NACION. Esta frase sólo se entiende si él y su familia eran los dueños del dinero, creen los investigadores.
Pero los videos comprometen a Lázaro Báez, además, porque los actores pertenecen a su entorno. A medida que se corroboraba la identidad de cada nuevo personaje, el círculo se iba cerrando a su alrededor. No sólo estaban su hijo y su contador; también, Walter Zanzot, el presidente de una empresa de vuelos privados ligada a Báez: Top Air, que comparte domicilio legal con otras firmas de su grupo.
Lázaro Báez y el Juez Casanello.
Zanzot también fue llamado a indagatoria con una resolución firmada anoche. Deberá presentarse el 25 de abril. El 22 de ese mismo mes será el turno del tercero de los acusados que Casanello citó ayer: Gustavo Fernández, que era el presidente de SGI y también aparece en los videos. Ellos completan una ronda de indagatorias que ya incluía a Martín Báez, a Rossi y a Daniel y Sebastián Pérez Gadín. Por el momento, ninguno puede salir de la Argentina ni desprenderse de bienes.
Esta causa por lavado de dinero investigaba a Lázaro, su familia, sus colaboradores y sus empresas desde hacía años. Todos estaban imputados y el expediente ya tenía procesados (como Federico Elaskar, dueño original de SGI, y Leonardo Fariña, supuesto testaferro en negocios colaterales de Báez), pero los nuevos videos provocaron una explosión en el caso.
«No es una prueba, es la maniobra en sí misma. El dinero y los personajes. Ahí está», dijo a LA NACION un funcionario judicial. En los casos por lavado rara vez se accede a una prueba semejante. Justamente porque quienes diseñan las estrategias de lavado de dinero se esfuerzan por evitar la trazabilidad de los fondos. Por eso usan plata en efectivo, títulos al portador, empresas off shore; jamás transferencias que puedan dejar huellas. Semejante registro fílmico es insólito.
Casanello mandó revisar en la AFIP los perfiles patrimoniales de todos los involucrados para ver si tenían declarada tamaña liquidez a la fecha de los videos. El resultado difícilmente les dé bien. Las pilas, los bolsos deportivos y el escenario (esta «cueva») indican que era dinero negro. ¿Era, además, el producto de delitos anteriores? El juez sospecha que sí.
Martín Báez, el primero de los Báez que fue citado, compartía los negocios y formaba parte de la conducción de las empresas de su padre. Fue, por ejemplo, quien firmó por Austral Construcciones, nave insignia del grupo Báez, el contrato por el alquier de habitaciones en hoteles de los Kirchner -más una supuesta «consultoría hotelera»-. A cambio, desembolsó 20,5 millones de pesos.
Estas operaciones, así como las obras públicas asignadas a los grupos de Báez fueron el objeto de distintas causas penales en Buenos Aires y Santa Cruz, pero no prosperaron jamás. Ninguno de los jueces que recibió denuncias por sus negocios citó siquiera a Báez.
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Lo que se investiga en la causa de Casanello es «Lavado de Dinero». No una infracción cambiaria ni una evasión. El lavado de dinero es un delito mucho más grave, pero exige que los fondos que se lavan sean de origen ilícito. Hoy, el caso que más podría complicar a Báez y mostrar este presunto origen espurio del dinero está, también, en el juzgado de Casanello. Es la causa que investiga el uso de facturas falsas que hicieron las empresas del grupo Báez.
La hipótesis, en este caso, es que se usaban las facturas para inventar gastos. Así, se estafaba a la AFIP. Con toda una arquitectura detrás no era una mera evasión, sino una verdadera defraudación. Un fraude impositivo.
En la causa de Casanello, que fue impulsada por Margarita Stolbizer, están imputados, además de Báez, el ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, acusado de haber intentado frenar la investigación de la regional de la AFIP de Bahía Blanca, que estaba detrás de la usina de facturas apócrifas. Ese caso, el que investiga a quienes producían y usaban las facturas falsas, se tramita en la justicia de Bahía Blanca. Austral Construcciones es una de las firmas acusadas de haber usado estas facturas para simular gastos inexistentes.
Lázaro Báez ya fue indagado por Casanello. El juez lo citó por su presunta vinculación con la extraña compra de un campo en Mendoza que Leonardo Fariña hizo «en comisión». El propio Fariña dijo que el dinero era de Báez, pero después se desdijo. Esa fue la única vez que el empresario enfrentó a la Justicia desde el lugar de los acusados (terminó en «falta de mérito»). El 26 de abril deberá volver a hacerlo. Ahora, por una investigación que apunta al corazón de su estructura de negocios.
Obra pública, estafa y lavado
El caso que avanza contra Báez investiga una compleja maniobra.
Lázaro Báez
Empresario
El imputado
Fue uno de los principales contratistas de obra pública de la era K. Lo denunciaron en decenas de causas que no prosperaron. Ahora, declarará acusado de haber lavado dinero que evadió estafando al Estado.
Sebastián Casanello
Titular del Juzgado federal 7
El juez
Investiga a Báez, su círculo y otros empresarios por lavado. Procesó a Elaskar y Fariña (los que confesaron por TV y se desdijeron). Con el video de «La Rosadita» ordenó 8 nuevas indagatorias.
Federico Elaskar, con Alejandro Fantino: «Van a ver desfilar a media Casa Rosada en la Rosadita»
El financista que denunció el lavado de dinero en «La Rosadita» se refirió a los videos difundidos estos días; también habló de Lázaro y Martín Báez, de Fabián Rossi, de Cristina y Néstor Kirchner.
Federico Elaskar en Animales Sueltos.
La trama por «La ruta del dinero K» no se detiene. Luego de una semana agitada en la que aparecieron numerosos videos de Martín Báez, Fabián Rossi y Daniel Pérez Gadín junto a su hijo contando millones de dólares en la famosa «La Rosadita» en Puerto Madero, sólo faltaba la palabra de Federico Elaskar, el financista que denunció la maniobra de lavado de dinero en el programa de Jorge Lanata.
En exclusiva con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, Elaskar defendió su postura y apuntó muy fuerte contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Además, dijo que desfiló «media Casa Rosada» por «La Rosadita» y afirmó: «Estoy dispuesto a llevarme a cualquiera, esta gente me cagó la vida».
Las frases más picantes de Federico Elaskar en Animales Sueltos
«Van a ver desfilar a media Casa Rosada ahí adentro. Secretarios, seguro». (en referencia al gobierno kirchnerista)
«La Rosadita era una cueva ultra mega vip. Yo los quiero ver a todos presos».
«La lavadora número es Cristina Kirchner. Lavar dinero es lo mismo que inflar un impuesto. En sus hoteles Cristina decía que tenía ocupada el 80% de su hotel y le ingresaba su propia plata».
«Esto va de Báez para arriba, es para el único lugar que va».
«Lo habrán llamado a Spielberg para montar el escenario de esa bodega en lo de Báez».
«Hay muchos sudando la gota gorda. Perez Gadín y Rossi que van a decir… ¿yo no era?»
«No hay mucha gente entre Báez y Cristina. Néstor y Báez eran amigos».
«Voy a hacer lo imposible para que se esclarezca todo esto. Pero no me voy a inmolar».
«Alguna protección debe tener Báez todavía. El 29/12 había gobierno nuevo, no obstante le dieron falta de mérito».
«Lázaro Báez es el delincuente mas grande de la Argentina».
«Estoy dispuesto a llevarme a cualquiera, esta gente me cagó la vida».
«Me dio asco verlos contar plata como ciudadano. Fue el reflejo de la corrupción del kirchnerismo».
«Yo en SGI armé desde el logo, el color, la alfombra. Había casi 40 cámaras, que grababan interna y externamente. Se podía ver desde cualquier lado. Cuando yo me fui de la empresa empezaron a mandarse estas cagadas.»
«A Fariña lo conocí a través de Molinari porque querían comprarme la financiera. Pero el que vino a cerrar el negocio fue Pérez Gadín que se presentó como la mano derecha de Báez».
«La mía era la única financiera prolija, por eso la querían».
«Apenas vendí empezaron a apretarme mandándome fotos de una persona que yo quería mucho».
«Yo en lo de Lanata aparecí porque no me pagaron nunca nada y no los denuncié, porque, con todo respeto a la familia de Nisman, mirá lo que le pasó a él».
«Rossi es un pelotudo. Generaba empatía porque te traía alguna putita que generaba en el teatro. Yo lo conocí a él por Juan Carlos Calabró, que era cliente mío».
«Esa guita es obvio que no está bien habida. Pero ellos te van a decir que estaban haciendo una operación innmobiliaria, mientras puedan justificar el origen no van a tener problemas».
«Cuando yo dí el testimonio en lo de Lanata, al otro día tenía más diputados dando denunciándome en Comodoro PY que presentes en el Congreso».
«Me arrepiento de haberle dado bola al boludo de Fariña y de haber transado con Perez Gadín para vender mi empresa».
«Si hoy existiera la ley del arrepentido, van todos presos».
«El docor Casanello me tiene procesado por pagar tarjetas de crédito. No es imparcial. A mí tardó una semana en llamarme, a ellos un mes. La justicia argentina no está funcionando».
«Yo estoy con parte médico. A mí me hace muy mal ir a Comodoro Py, no porque me de miedo declarar, sino porque me agarran ataques de pánico. Estoy con tratamiento psiquiátrico».
«Estoy bastante hinchado las pelotas. Tengo muchas ganas de hablar y no puedo».
«Mataron a un fiscal a cinco cuadras de mi casa. House of Cards es un poroto al lado de esto».
«Yo pensé que estaba colaborando con mi declaración en lo de Lanata».
La importancia del Protocolo “Conozca a su Cliente”
Agosto 2015
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“Una implementación débil de la política Conozca su Cliente siempre es el principio de la fragilidad que permite el éxito de los delincuentes”
En medio de un convulsionado clima político avivado por inéditos casos de corrupción pública y activos dentro de la poderosa maquinaria económica brasileña, los oficiales de cumplimiento enfrentan enormes desafíos en el combate de los delitos financieros. A pesar de la complejidad asociada a los programas de prevención, el experto antilavado Horacio Caetano Pereira afirma que muchas veces el éxito de los delincuentes se debe a la inadecuada implementación de un elemento básico: la política Conozca su Cliente.
El experto -quien es uno de los oradores internacionales invitados al XIX Congreso Hemisférico que se celebrará en Panamá del 19 al 21 de agosto- asegura que “no hay prevención sin que exista una supervisión efectiva a partir de la clasificación de los clientes por niveles de riesgo”.
En esta entrevista exclusiva realizada por Lavadodinero.com, Caetano aborda aspectos relacionados a las personas expuestas políticamente (PEP), ofrece valiosas recomendaciones y analiza tendencias asociadas a las riesgosas operaciones de comercio exterior, un área donde tiene una amplia experiencia.
– En Brasil se han presentado recientemente sonados casos de corrupción pública. Algunos de ellos han generado decenas de millones de dólares en dinero ilícito que se han movido por la banca brasileña y mundial durante años. ¿Qué lección de cumplimiento pueden extraer los bancos de estos casos?
Creo que el sistema financiero de una manera general actúa con mucha eficacia en el combate de cualquier ilícito, incluyendo la corrupción, tanto es así que acreditamos que algunas de las investigaciones existentes en Brasil fueron iniciadas a partir de reportes procedentes del sistema financiero, en base a las exigencias de la ley.
Yo creo que una lección es entender que el oficial de cumplimiento y su equipo deben estar capacitados y tener especialistas en productos, y si es posible también con experiencia en áreas específicas de mayor riesgo (comercial y productos), porque solo un equipo capacitado va a detectar situaciones de riesgo.
Los sistemas y herramientas son importantes, pero son las personas quienes parametrizan, crean escenarios y después analizan los casos, sean estos simples, complejos y/o que envuelvan operaciones estructuradas.
Una manera eficiente de capacitar y con amplio retorno para las instituciones son eventos como este XIX Congreso Hemisférico, una referencia regional y mundial que ofrece orientaciones y discusiones de múltiplos expertos de distintos países y autoridades. La participación a estos eventos debería ser extendida a todo el equipo y no solo al oficial de cumplimiento.
– ¿Qué consejos puede dar para manejar las relaciones con las personas expuestas políticamente (PEPs)?
Tenemos muchos ejemplos de buenas prácticas establecidas en distintas jurisdicciones y en este importante Congreso podremos ver muchas de esas prácticas. Particularmente, comprendo que no hay prevención sin que exista una supervisión efectiva a partir de la clasificación de los clientes por niveles de riesgo.
Para este y otros públicos previamente clasificados, es importante que la política Conozca su Cliente sea aplicada de manera continua durante toda la relación y que las operaciones tengan un monitoreo diferenciado, principalmente para los ingresos y retiros en efectivo; sin embargo, los oficiales de cumplimiento más expertos saben que los casos sospechosos con PEPs no ocurren con operativas tradicionales, no vamos ver una persona recibir una maleta de dinero en una caja bancaria, eso es muy difícil y quizás imposible actualmente.
La historia y la práctica nos muestran que en general son operaciones estructuradas, locales y offshore y mayormente a través de testaferros y empresas de pantalla, con el comando de los llamados “operadores”. Por eso, como regla básica, la política Conozca su Cliente y el monitoreo a partir de la clasificación del riesgo son importantes para impedir negocios ilícitos en el sistema financiero global.
– En base al flujo de comercio internacional y a las operaciones sospechosas, ¿qué tipo de operaciones consideras de mayor riesgo?
Creo que a pesar de los innumerables controles existentes en mercado global, hay una tendencia de legitimar dinero sucio a través de operaciones de comercio exterior (COMEX).
En la práctica se observa que basta tener una contraparte en el exterior con un canal bancario en alguna institución con controles deficientes (en general en Asia) para recibir recursos de origen ilícito como pagos anticipados de importación y fletes por mercancía que no es ingresada al país, o sea, que no existe… y el único propósito fue esconder una operación ilícita en negocios aparentemente legítimos de comercio exterior. Actualmente las operaciones de pagos anticipados de importación, la importación general y los fletes son las operaciones de mayor riesgo.
– ¿Cuáles son los errores más comunes que se comenten en los bancos cuando se trata de operaciones de COMEX?
Es difícil apuntar errores, prefiero hablar de mejores prácticas. Las operaciones de COMEX por naturaleza ofrecen mayor riesgo y deben ser clasificadas como tal, y juntamente con otros factores cómo: facturación, actividad, segmentación, coherencia para operar con ese producto, geografía (donde queda la empresa), países, mercancía, etc. Estos son algunos de los factores que pueden elevar el riesgo del cliente y, por consecuencia, la necesidad de intervención del área de ALD/CFT de los bancos. En estos casos una implementación débil de la política Conozca su Cliente siempre es el principio de la fragilidad que permite el éxito de los delincuentes.
– ¿Qué otra recomendación puedes hacer para fortalecer los controles asociados a las operaciones de importaciones/exportaciones?
En general estas operaciones son realizadas a través de empresas de pantalla o fachada, no solo del propio lavador de dinero, sino también de otras empresas que participan en el “esquema”. Algunas compañías involucradas prestan a lavadores de dinero su información corporativa y sus cuentas bancarias y por eso reciben un porcentaje del monto de las transacciones realizadas. Esta práctica es conocida como “alquiler de empresa”. ¿Cómo detectar tal práctica? Ya hablamos de clasificación de clientes por niveles de riesgo y para que esa clasificación dé resultados, esos clientes deben ser analizados por el área de prevención al iniciarse y durante la relación comercial, con plazo de validez para que sea analizado nuevamente.
En estas operaciones es común encontrar que:
– una misma persona hace indicaciones de varias empresas;
– una misma persona hace la cotización junto a la Mesa de Operaciones representando a todos los involucrados;
– son utilizadas varias empresas que comparten la misma dirección;
– empresas de pantalla o fachada (fragilidad y/o connivencia de las áreas comerciales en la aplicación de Conozca su Cliente);
– se reciben valores de origen de la propia empresa a través de otro banco para dificultar la identificación del origen real;
– hay una amplia reciprocidad comercial;
– se efectúan operaciones de comercio exterior sin la nacionalización de la mercancía y mercancía incoherente con la actividad y capacidad económico financiera de la empresa.
En América Latina este acto de corrupción representa un 7 % del Producto Interno Bruto para la región.
Por Víktor Rodríguez.
Los controles de cambios de monedas, los sobornos y el crimen organizado son solo algunos de los factores que propician el lavado de dinero, particularmente, en la región de América Latina.
De acuerdo con un informe de la compañía LexisNexis Risk Solutions, empresa dedicada a soluciones para la gestión de riesgo, cumplimiento y prevención de lavado de dinero, este mal representa un 7 % del Producto Interno Bruto de la zona (400 mil millones de dólares al año).
En específico, la empresa detalla cinco causas principales que redundan en este mal que ataca tanto a empresas públicas como privadas.
♦ Carlos García-Pavia, director de soluciones, prevención de Lavado de Dinero de la empresa, precisó que, en primer lugar, el problema del lavado de dinero responde a la “crisis financiera a nivel mundial”.
“La recesión a partir del 2008 es parte del problema. Los fondos son más restringidos, los trabajos son más escasos y a causa de esto, algunas personas recurren a otros medios (economía informal, actividades ilegales, lavado de dinero) para poder llevar recursos a sus casas”, precisó García-Pavia.
♦ En segundo lugar, señaló los “controles de divisas y la demanda del dólar”, como otro elemento clave en el lavado de dinero. En ese apartado, García-Pavia apuntó que los “controles en el cambio de divisas impuestos por algunos gobiernos de la región, resultan en un mayor uso de efectivo en transacciones financieras, por lo tanto favoreciendo los esquemas de lavado de dinero basado en el intercambio de efectivo en la economía informal”.
♦ El crimen organizado, por su parte, fue el tercer elemento identificado por el experto, pues, según dijo,
“Latinoamérica ha sufrido un incremento en los altos índices de violencia y actividades criminales relacionadas con la delincuencia organizada”.
♦ Finalmente, García-Pavia señaló como el quinto elemento, pero no menos importante, la corrupción.
“El pago de sobornos a funcionarios públicos y personas con posiciones de poder en la iniciativa privada pasa desapercibido para las instituciones financieras debido a prácticas inadecuadas de conocimiento del cliente, lo cual impide establecer los controles de monitoreo de flujos financieros necesarios para esos individuos”, precisó.
Señaló, por ejemplo, que en México la corrupción gubernamental costó al país más de $20 mil millones en el 2014, el equivalente a 15 % de la inversión en el sector público ese año, derivando en un avance de 10 % en el índice de percepción de la corrupción en México que resultó en una pérdida del 2 % del PIB.
“Esto representó en 2014 una pérdida de $22 mil millones de dólares del PIB de México; dinero que bien pudo haber propulsado el crecimiento económico del país de haber sido integrado a la economía”, dijo.
Ante estos vectores del lavado de dinero, la Asociación de Especialistas Certificados en la Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en Ingles) reaccionó aduciendo que con motivo de propiciar un descenso de estas prácticas, la entidad procura fomentar la educación, el intercambio de información y el conocimiento de las mejores prácticas para la prevención de este delito financiero.
“Profesionales en las áreas de Riesgo, Ética y Cumplimiento normativo en todos los segmentos de la industria encuentran en ACAMS (www.acams.org) un sólido apoyo para el adecuado manejo de sus programas de prevención de riesgo y cumplimiento”, declaró la ACAMS.
Bonadio, sobre Hotesur: «Esta investigación no está cerrada»
El juez desplazado de la causa de los hoteles de los Kirchner dijo que “es muy difícil investigar a un presidente en cualquier lugar del mundo».
«Es muy difícil investigar a un presidente en cualquier lugar del mundo», señaló Claudio Bonadio, el desplazado juez de la causa en la que está involucrada Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y el empresario Lázaro Báez.
CFK y bolsa de dinero
El apartado juez federal de la causa Hotesur aseguró en el programa “Código Político” que la investigación por la causa «no está cerrada». En este caso, se investiga a la presidenta Cristina Kirchner y su familia por presunto lavado de dinero en sus emprendimientos hoteleros en el sur del país.
El magistrado recordó además que «hay más involucrados» en la causa.
Bonadio, que fue desplazado por decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, explicó que «los indicios (de la causa Hotesur) indican poco separados, pero sí en conjunto», y remarcó que por eso ordenó una pericia contable, para «comprobar los extremos de la denuncia».
El fiscal Marijuán pidió la indagatoria de Lázaro Báez por Lavado de dinero
Requirió al juez Casanello noventa y seis medidas de prueba sobre el empresario K y su hijo.
Lázaro Báez
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy al juez federal Sebastián Casanello que cite a declaración indagatoria al empresario Lázaro Báez, uno de sus hijos y otras seis personas por supuesto lavado de dinero.
La requisitoria pide las convocatorias a declarar como imputados de Lázaro Báez, Martín Báez, Federico Elaska, Leonardo Fariña, Fabián Rossi, Claudio Bustos, y Marcelo Ramos y Jorge Chueco, directivos de la firma Helvetic.
Además, Marijuan planteó al Casanello que disponga la realización de 96 medidas de prueba, algunas en torno a la compra de dos campos, uno en Mendoza y otro en Uruguay, el depósito de 22 millones de dólares en Suiza, y la repatriación de 33 millones de dólares mediante la venta de bonos.
Todo esto surgió a partir de los informes del programa «Periodismo para Todos» de Jorge Lanata.
El narcotráfico hace tiempo que desembarcó en el mundo del arte. Pasando por Pablo Escobar, Van Gogh tiene el color de la cocaína. En Uruguay las autoridades siguen con atención este fenómeno.
Botero.
¿Se compra arte para lavar dinero? Sí. ¿Cómo hacen? Los galeristas inflan precios para lavar más dinero. ¿Eso ocurre en Uruguay? Las autoridades responden: “no estamos en el mercado de las grandes firmas y las grandes obras”. Los expertos en el control del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas igualmente tienen la mirada puesta en el mercado de las artes. “Lo tenemos como una zona de riesgo”, dicen desde la Secretaría Nacional de Antilavado de Activos. La Dirección General Impositiva ubicó su radar en esta zona. No hay mucha norma ni marco regulador. “Los galeristas y rematadores deben informar sobre las galerías pero nada más que eso”, explica una fuente del sector controlador de lavado.
Las autoridades saben que el mercado uruguayo es muy chico; está lejos de los mercados de los Van Gogh o de los Picasso. En general se admite que “es muy difícil establecer el valor” de una obra de arte. En esa hendija, sostienen, se puede “colar” el lavado. En Uruguay se ubican como tipologías destacadas para el lavado, el sector financiero, el inmobiliario, el fútbol y más abajo el comercio de obras de arte.
En 2010 hubo un episodio en España –el caso Malaya- que permitió detectar una organización que blanqueaba capitales, empleando entre otras artimañas, el comercio de obras de arte. El episodio repercutió en Uruguay porque un galerista fue acusado de vender obras de Torres García en esa operación. El uruguayo acusado en España declaró que les compraba las obras del maestro a sus herederos y las vendía sin facturas y sin declarar las ganancias ante el fisco español. Así vendió 67 obras por US$ 15 millones.
ESCOBAR, BOTERO Y LOS GALERISTAS
En los años ochenta hubo hasta 20 mil obras confiscadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes en Colombia. Ahí se encontraban cuadros de Rubens, dos de ellos pertenecientes al conocido Rasguño (estaban en poder de Luis H. Gómez Bustamante), algunos de Picasso (adquiridos por el capo Pablo Escobar, a quien solían engañar con copias) y muchos boteros.
Virginia Vallejo, ex amante de Escobar, periodista de televisión que no obstante esa relación conservó la credibilidad profesional, publicó información delicada en una columna titulada “Las picardías de Fernando Botero y familia” (http://www.virginiavallejo.com/25.html). En abril de 2012 escribió: “Si hubo alguien que se benefició con el boom de los carteles fue la familia de Fernando Botero; y si hay algo que echó a perder la genialidad de uno de los artistas más importantes del siglo XX fueron, justamente, los millones de sus clientes narcos”. A Botero se le ha imputado vender obra al narco por medio de galeristas, pero él se desmarca rotundamente. Asegura Vallejo: “Luis Fernando Pradilla y Byron López, de la galería El Museo de Bogotá, se inventaron (…) venderles cuadros a los narcos a precios astronómicos. No sólo necesitaban deshacerse de toneladas de cash en Miami, Nueva York, Los Ángeles y Madrid, sino que sus mujeres (…) no podían distinguir entre un cuadro bueno y uno malo, y sólo habían oído hablar de dos pintores: Picasso y (…) Botero”. Un hijo de éste último, ex ministro de Defensa en problemas con la justicia, recibió presuntamente cantidades multimillonarias del crimen organizado en 1994. El pintor declaró haberse distanciado de su hijo cinco años y no tener la culpa de que su obra guste a los traficantes.
El crítico colombiano Oswaldo Agudelo aseguró que en Tijuana, México, el narcotráfico se ha encargado de “inflar” los precios de las obras de arte: “Manda construir mansiones desde Tijuana, Rosarito hasta la Paz… se detona un boom en la adquisición de supuestas obras de arte, (por lo que) los artistas locales han encontrado un nicho perfecto”.
En 2004 artista colombiano Gilberto Terrazas Gaxiola sostuvo que el dinero del narcotráfico provoca el crecimiento en el mercado del arte en Sinaloa y “puede llegar a venderse a precios exorbitantes”. Y se pregunta: “¿Podríamos en la actualidad hablar ya de un concepto llamado ‘narcoarte’?”
EN BRASIL
En 2006, la policía brasileña decide exponer al público 195 obras, decomisadas en 2003, de artistas del modernismo brasileño en el Museo de la República de Brasilia, inaugurado en 2006. Esas obras pertenecían a un grupo internacional de traficantes de droga. La decisión, explicó el perito criminal Sergio Alan López, surge al considerar que “si esas obras quedaran en custodia con la Policía Federal estarían tal vez décadas sin poder ser estudiadas por el público. Los que deben quedar presos son los criminales, nosotros queríamos que fueran expuestas”. Con el decomiso artistas brasileños como Cándido Portinari, Anita Malfatti y Milton Dacosta pueden ser expuestos. Su obra costó muchos millones más de su valor real.
Los temores al lavado de dinero ahuyentan a RBC de América Latina
Por Alistair MacDonald y Rita Trichur en Toronto y Will Connors en Río de Janeiro.
Una sucursal de Royal Bank of Canada. Reuters
Royal Bank of Canada, el mayor banco de Canadá, se está retirando de otrora prometedores negocios en América Latina y el Caribe después de ser arrastrado por la red de las investigaciones globales sobre lavado de dinero.
En los últimos 18 meses, RBC ha cerrado muchas, si no todas, sus oficinas de gestión de activos o banca privada en América Latina, impulsado por el escrutinio de las supuestas actividades de lavado de dinero en algunas de sus cuentas en al menos tres países, según personas familiarizadas con el asunto. El banco también ha cerrado las oficinas de gestión de activos en el Caribe.
La retirada de Argentina, Brasil y Uruguay, que no ha sido detallada en anuncio alguno por parte del banco, se produce después de que un regulador de Estados Unidos consideró que los controles anti-lavado de dinero de RBC no eran satisfactorios, dijeron esas personas.
En noviembre, el banco dijo que estaba en proceso de cerrar sus oficinas de gestión de activos en el Caribe para centrarse en América del Norte, el Reino Unido y Asia. El mes pasado, RBC anunció planes para comprar National City Corp., con sede en Los Ángeles, en una transacción por valor de US$5400 millones, mientras busca reforzar en EE.UU. su negocio de atención a clientes ricos.
RBC dijo en un correo electrónico que actúa dentro de los marcos legales y regulatorios de cada país donde opera. “RBC tiene un sólido historial de cumplimiento de las normativa”, incluyendo anti-lavado de dinero, dijo el comunicado. Los funcionarios del banco se abstuvieron de responder preguntas más detalladas para este artículo.
RBC, el mayor banco de Canadá por capitalización de mercado, tiene en proceso de cierre las tres oficinas en América Latina que figuran en la sección de gestión de activos de su página web, en Santiago de Chile, São Paulo y Montevideo, además de todas sus oficinas en el Caribe.
Aunque RBC no desglosa los ingresos de gestión de activos por regiones, las operaciones internacionales de la división, fuera de Canadá, registraron ingresos de US$2.220 millones en 2014, frente a US$2.170 millones en 2013. Los activos bajo administración de esa división ascendieron a 41.100 millones de dólares canadienses (US$32.300 millones) en el año fiscal 2014.
En 2013, la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC, por sus siglas en inglés), que supervisa a los bancos estadounidenses y a las sucursales de bancos extranjeros en el país, consideró insatisfactorios los controles anti-lavado de dinero de RBC y ordenó al banco con sede en Toronto que rectificara esas falencias, según personas familiarizadas con el asunto.
No está claro por qué la OCC encontró inadecuados los controles de lavado de dinero de RBC. El banco dijo en su comunicado que todas las entidades financieras están sujetas a exámenes “normales” de los reguladores y que, en muchas jurisdicciones, se prohíbe por ley divulgar los hallazgos de la supervisión.
El escrutinio de los reguladores de EE.UU. sobre las medidas contra el lavado de dinero ya ha llevado a varios otros grandes bancos extranjeros, entre ellos los británicos HSBC Holdings PLC y Standard Chartered PLC, a replegarse de algunos mercados en desarrollo. HSBC —que acordó pagar US$1.900 millones en 2012 para resolver denuncias que incluían cargos que no pudo detectar el lavado de ganancias del narcotráfico a través de su filial estadounidense— dijo que se ha retirado de varios países en desarrollo para reducir el riesgo de futuros problemas de cumplimiento de las regulaciones sobre lavado de dinero.
La salida de RBC de América Latina se produce tan sólo dos años después de que el banco resaltara el alto potencial de crecimiento de ese mercado. El banco dijo en su comunicado enviado por correo electrónico que su negocio internacional de gestión de activos “es un pequeño componente del segmento mundial de RBC Wealth Management y no ha cumplido con los criterios de rendimiento durante varios años”.
El riesgo asociado con el potencial lavado de dinero no justifica las ganancias que el banco estaba obteniendo en América Latina y el Caribe, según una persona familiarizada con el asunto.
Muchos bancos globales están dando fuerte impulso al segmento de banca privada porque este ofrece un flujo constante de ingresos por comisiones que es más previsible que los ingresos de banca de inversión. Sin embargo, los riesgos asociados con el lavado de dinero están exponiendo un costado negativo de la gestión de patrimonios.
RBC ha sido involucrado recientemente en un escándalo en Brasil en el que las autoridades alegan que empresas constructoras cobraron en exceso por los contratos con la estatal Petróleo Brasileiro SA y pagaron sobornos a algunos funcionarios de la compañía. Según documentos judiciales vistos por The Wall Street Journal, US$2,4 millones de los supuestos sobornos fueron supuestamente lavados en nombre del ex director de la compañía, Paulo Roberto Costa, a través de una cuenta de RBC en las Islas Caimán.
Petrobras ha dicho que es víctima de la supuesta trama de corrupción y dice que está cooperando plenamente con los investigadores brasileños. Costa llegó a un acuerdo de culpabilidad con los investigadores a cambio de una sentencia menor y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario. Los fiscales brasileños creen que tienen suficiente evidencia preliminar para justificar una investigación de los bancos que proveyeron servicios financieros a los acusados de lavar el dinero procedente de sobornos y comisiones ilegales, dijo una persona familiarizada con el asunto.
Varias otras instituciones financieras extranjeras han sido relacionadas con los acusados en documentos judiciales.
Las autoridades de Argentina han estado investigando el cumplimiento de las regulaciones anti-lavado de dinero por RBC, según una persona familiarizada con el asunto. La presión regulatoria de Argentina fue una de las principales razones para la retirada del banco del negocio de banca privada en la región, dijo esta persona.
En 2008, el Banco Central del Uruguay multó a RBC con US$50.140 por “omisiones” en los controles anti-lavado de dinero, según el sitio web del banco central. La multa fue impuesta después de que un traficante de drogas colombiano transfirió cerca de US$2 millones a través de una cuenta de RBC, según Ricardo Gil Iribarne, quien estaba entonces a cargo de la unidad anti-lavado de dinero del gobierno uruguayo y se fue en 2010. Aunque RBC no fue considerado penalmente responsable, fue multado por no hacer el escrutinio que normalmente deben dedicar a este tipo de transferencias de dinero, dijo Iribarne. “En realidad, había cero controles”, dijo.
RBC cerró su oficina en Montevideo en 2014, según una carta de la entidad envió el banco central. La carta no explicó las razones de la decisión.
Las preocupaciones de RBC sobre los riesgos de lavado de dinero también se han extendido a África y Europa del Este, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto. En una reunión de octubre en la sede de RBC en Toronto, Stuart Rutledge, jefe internacional de gestión de patrimonio, dijo al personal de banca privada que, junto con América Latina, debían evitar atraer a clientes de partes de Europa del Este como Rusia, según una persona presente.
Rutledge no respondió a los mensajes en busca de comentarios.
—Taos Turner, Ben Dummett, Luciana Magalhaes y Ryan Tracy contribuyeron a este artículo.
¿Prevención o Persecución? Consecuencias de la generación y uso descuidado de las listas ALD
Por Alberto Ávila. Publicado originalmente en Enero 2011.
Dentro del mundo de la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo surge un problema grave para los ciudadanos ejemplares: la exposición inadecuada de sus nombres y el castigo que imponen particulares en sus vidas.Existen listas emitidas por Gobiernos que incorporan los nombres de personas y entidades legales que forman parte de investigaciones criminales, todo ello a través de evidencias.A través de estas listas oficiales se prohíbe a los ciudadanos y a empresas financieras el realizar transacciones comerciales u económicas con los que aparecen en ellas.Las listas oficiales o de gobiernos son uno de los elementos utilizados para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Estas listas oficiales no son la preocupación que nos atañe, pues cuando existen imprecisiones sobre la información que contienen o si existen nombres similares, los Estados cuentan con mecanismos mediante los cuales los particulares pueden ver la información que sobre ellos existe, realizar modificaciones u obtener permisos y requerir que se realicen correcciones necesarias cuando estas proceden.
Lo alarmante son los efectos negativos generados por las empresas particulares que colocana diestra y siniestra nombres de personas en sus listas no oficiales. Las llamadas listas no oficiales se integran mediante el “criterio empresarial” de quien puede estar involucrado o vinculado con actividades ilícitas.Las compañías venden estas las listas no oficiales a instituciones financieras y a empresas comerciales que deben cumplir con regulaciones antilavado.Al distribuir su información por todo el mundo, bajo la premisa de: “nosotros tenemos la lista más comprensiva de los que pueden dañarlo y analizamos más fuentes que otros”, estas compañías han incluido el nombre de personas que no han cometido ilícitos y de esta manera han dañado su reputación y derecho al trabajo.La inclusión de un nombre en estas listas se asemeja en sus efectos a una sentencia de culpabilidad o de muerte legal. Quien aparece en estas listas es bloqueado en sus transacciones financieras, comerciales y en algunos casos ni siquiera les es permitido ingresar a países o el ingreso a algunos se torna en complicado.
Cuando las empresas particulares que emiten listas no oficiales cometen un error y lo corrigen, no cuentan con un proceso de comunicación de esta situación con el mismo impacto que en la emisión.
Existen diferencias primordiales entre las listas oficiales y las no oficiales: la información y evidencia que obtienen quienes las crean y los mecanismos establecidos para proteger los derechos humanos que mantienen.Los gobiernos incorporan mecanismos de revisión de datos y corrección de información, estos son el reflejo del derecho de réplica. Las empresas particulares no cuentan conestos mecanismos de protección a los derechos de las personas.
Los integradores de listas pregonan que ellos sólo colocan la información que aparece en miles de periódicos y procedimientos judiciales, adicional a los datos provistos por gobiernos. Lo que no reconocen es el grave peligro que implica el incluir datos que aparecen en diversos diarios o semanarios, es que la fuente de información que estos medios utilizan puede estar documentada de manera pobre o su presentación puede estar manipulada o poco investigada; este riesgo debe estar bien controlado.
En el caso de procesos judiciales se requiere de un conocimiento profundo de los procedimientos legales y de sus múltiples etapas. Adicional a ello, en cualquiera de estos escenarios resulta básico conocer el entorno político existente en el país donde se genera la información. Existen múltiples casos en todo el mundo donde ciertos gobiernos utilizan a los medios publicitarios y al sistema judicial para ejercer presión a grupos opositores: abuso de poder.
Luego entonces los primeros cuestionamientos que surgen son: las empresas que crean las listas, ¿conocen el entorno de la información que revisan y después publican?, ¿tienen mecanismos para detectar desinformación?, ¿cuentan con expertos en el sistema legal y político de donde proviene la información? Si tienen el acceso a esta información, ¿la presentan a los usuarios o la dan a conocer de manera amplia para que se determine la validez y oportunidad de la misma?,¿operan con el personal necesario para procesar miles de fuentes de información de manera útil, confiable y oportuna? La información y los datos presentados a los clientes deben contar con una explicación de su origen y análisis.
Lo anterior resulta primordial debido a que existen gobiernos que llevan a cabo acciones que se encuentran dirigidas a dañar a grupos contrarios a su ideología a través de la manipulación de procesos y de los medios.Se han detectado múltiples casos en los cuales un gobernante o su grupo utilizan su influencia para dañar a terceros. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, creó una estructura de trabajo para destruir la reputación de una persona o grupo de personas y esta metodología se ve resumida en la frase: “una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad”. Por ello es importante detectar este tipo de manipulaciones.Por situaciones como esta la Carta de las Naciones Unidas menciona en su primer artículo a los derechos humanos.
Es un hecho que los conocimientos imprecisos causan daños a las personas en su reputación y actividades económicas, así como a lainstitución financiera que puede estar perdiendo una oportunidad de negocio legítima durante esta época de crisis.
Las listas no oficiales deben ser utilizadas como un elemento adicional en la administración de un riesgo. La realidad es que en la práctica el aparecer en estas listas es una sentencia, una marca que imprimen las empresas a las personas sin que se respete su derecho de audiencia, su derecho de réplica, sus libertades fundamentales.
¿Por el sólo hecho de aparecer en un lista no emitida por un gobierno debemos sancionar o llevar al ostracismo a una persona? ¿Estamos llevando la prevención al nivel de persecución?
Para que las empresas particulares que crean las listas no oficiales operen conforme a derecho deben hacer público el proceso y manejo que dan a los datos de las personas, deben contar con mecanismos que permitan realizarse correcciones y sobre todo deben contar con un proceso de difusión sobre la corrección de los mismos. Todos estos mecanismos deberían generar los efectos de una absolución.
Para lograr este fin es necesario realizar acciones en tres frentes: gobiernos, empresas y particulares.
Los gobiernos deben regular la integración de estas listas no oficiales y exigir la colocación salvaguardas para proteger los derechos humanos,civiles y económicos de las personas.
Las empresas que integran las listas deben continuar con su análisis y oferta de servicios. Para mejorar sus productos deben cumplir con la regulación internacional.Esto lo lograrán incorporando procesos para proteger los derechos fundamentales de los particulares.
Por último, las instituciones financieras deben acotar el valor que otorgan a las coincidencias en las listas dentro de sus análisis de riesgo, es decir, queda en todos nosotros fomentar la protección de los derechos humanos y mantener la integridad del sistema financiero, a través de labores de prevención, no de persecución.
La labor no es sencilla y el balance es delicado, pero el resultado final es meritorio y vale la pena. Todos somos responsables y debemos actuar, no sólo opinar. Las listas no oficiales deben ser reguladas, los derechos humanos respetados y la integridad de las personas mantenida.
Alberto Ávilaes socio director de In Spiritum Group,a través del se brinda consultoría a partidos políticos, instituciones financieras y entidades gubernamentales.Fue el primer latinoamericano miembro del Advisory Board de ACAMS y es expositor frecuente en foros alrededor del mundo. Puede ser contactado [email protected] y en el USA: 1 (786) 486-9914.
El castigo es una represalia estatal contra el transgresor de la ley penal: su expresión produce un coste calculado en el autor de un delito. Siguiendo la tradición de pensamiento inaugurada por Hegel, la doctrina jurídica moderna –destacándose G. Jakobs– ha sabido explicar que la punición no es sólo un hecho que causa un mal al agresor, sino más bien una experiencia que permite reafirmar la confianza de los ciudadanos en el derecho.
Así, la pena permite mantener activas las expectativas de que nuestras relaciones sociales se configuran con recurso a las normas jurídicas.
Sin embargo, para que el castigo sea un registro que permita a los individuos tomar los mandatos normativos como guía para su acción práctica, es necesario que aquél tenga un grado significativo de realización, esto es, que produzca el impacto que ha sido programado de acuerdo a la importancia del injusto.
Puede tomarse como ejemplo lo que sucede en la Argentina con la sanción a los lavadores.
La primera ley en esta materia data de 1989: ella reprimía a quienes encubrían el dinero proveniente de la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes.
La segunda ley es del año 2000. En esta oportunidad no sólo se amplió el alcance de los delitos vinculados al lavado de activos, sino que también se diseñó un mecanismo de prevención y de detección financiera orientado a mejorar su control y represión.
La tercera y actual ley fue sancionada con la perspectiva de mejorar el encuadre normativo de la infracción. De acuerdo a cada modalidad, las penas principales van de seis meses a diez años de prisión y multa, siendo una pena accesoria el decomiso de los bienes.
Si se consideran únicamente los catorce años de vigencia del “sistema antilavado” (2000-14), se puede verificar que se produjeron condenas en cuatro casos. En tres de ellos, las penas de prisión no superaron los tres años y fueron dejadas en suspenso. Sólo en uno de los casos, el circuito de la reacción estatal (prisión efectiva, multa y decomiso de bienes) fue completo; en dos casos, hubo prisión en suspenso y decomiso; y en el restante, prisión en suspenso y multa.
Siendo más precisos, de los trece condenados en el conjunto de estos supuestos, seis no sufrieron la pérdida de libertad anunciada.
Antes de arribar a una conclusión, hay que poner la respuesta penal en contexto. Durante el mismo período de tiempo analizado, la actividad regulatoria fue significativa: en la actualidad, hay más de 30.000 sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de sus clientes; son más de 90.000 los reportes enviados a la Unidad de Información Financiera para su análisis; llegan a casi 7.000 las inspecciones realizadas para verificar el cumplimiento de la ley antilavado.
En ese marco, 18 sujetos obligados, la mayoría bancos, recibieron una multa por parte de la UIF. Estas sanciones pecuniarias, que en su totalidad alcanzan una suma cercana a los 220 millones de pesos, se encuentran en proceso de revisión por parte de la justicia contencioso-administrativa.
Objetivamente, puede verificarse que la presión del sistema antilavado sobre los clientes y el sistema financiero formal no encuentra correlato en el castigo efectivo a los lavadores, particularmente en aquellos que reciclan el dinero de las bandas organizadas.
Considerando que la actual administración impulsa un amplio cambio de la legislación penal de forma y de fondo, es oportuno tener presente que uno de los mayores desafíos de la reforma estructural del sistema penal argentino es acortar la brecha que existe entre pena comunicada y pena efectuada, particularmente frente a la comisión de delitos graves.
Debe examinarse que lo dicho sobre el lavado de activos es extensible a los otros hechos punibles “conexos” al crimen complejo, como la corrupción y el tráfico de influencias: en todos estos casos, las consecuencias para los autores son mínimas.
Diagnóstico de riesgos, decisión estrategia, (nuevo) enlazamiento productivo con el sector privado, criterios de oportunidad para la inteligencia financiera, técnicas especiales de investigación para los fiscales, análisis patrimoniales, especialización y apoyo logístico para los jueces son herramientas que han dado buenos resultados en la experiencia internacional. Además, es necesario el reordenamiento de las reglas de aplicación de las penas.
Los castigos que no se realizan en la realidad concreta se convierten en meras amenazas, esto es, en un puro anuncio intimidatorio que les hace perder su verdadero poder estabilizador.
Dicho esto, queda evidenciado que el problema de la efectividad de la ley penal es un conector clave de la seguridad jurídica con la seguridad política, dos condiciones esenciales para que el desarrollo de nuestra sociedad no sea una nueva utopía demagógica.
— Juan Félix Marteau es abogado. Profesor de Criminología (UBA).
MADRID (ANSA).- Su lucha legal de casi un año para evitar la afrenta de ir a parar detrás de las rejas fue infructuosa. La famosa cantante española Isabel Pantoja ingresó ayer a la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, para cumplir una condena de dos años de prisión por blanqueo de capitales.
Pantoja, de 58 años, entró a la cárcel a primera hora de la mañana con anteojos oscuros, escoltada por la Guardia Civil y acompañada por su hermano Agustín.
La artista llegó a la cárcel, a 20 kilómetros de Sevilla, procedente de su finca La Cantora (Cádiz), donde pasó su última noche en libertad.
La imagen de Pantoja fue captada por decenas de fotógrafos, que desde anteayer estaban apostados a la entrada del centro penitenciario.
La artista había pedido aplazar su ingreso en la cárcel al 15 de diciembre para poder ofrecer sus conciertos previstos para los próximos días, que finalmente tuvo que suspender.
En abril de 2013, la «Reina de la Copla» fue condenada a dos años de prisión en el marco del «Caso Blanqueo», una ramificación de la llamada «Operación Malaya», la causa de corrupción urbanística por la que fue condenado su ex novio Julián Muñoz, que era alcalde de Marbella, la meca de los ricos de España.
La artista apeló el fallo, pero un año después el Tribunal Supremo español ratificó su condena.
Los controles de cambios de monedas, los sobornos y el crimen organizado son solo algunos de los factores que propician el lavado de dinero, particularmente, en la región de América Latina.
