Argentina bajo un Estado Policíaco

En un Estado policíaco

El cepo cambiario está sirviendo al Gobierno de excusa para atacar derechos inalienables de los ciudadanos.

Casi sin respiro, el gobierno nacional suma restricciones a las libertades más básicas de los ciudadanos, como la de poder utilizar el dinero que ganan en aquello que necesitan o les plazca hacer.

Las restricciones a las importaciones fueron los primeros «corralitos» que afectaron y aún afectan tanto a quienes necesitan traer del exterior insumos para producir o de reemplazo y, en los casos más graves y sólo por citar un ejemplo, medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas.

Pero no ha sido ésa la única libertad cercenada. El cepo cambiario en un contexto económico del país en el que nada justifica adoptar este tipo de absurdas restricciones está dejando a numerosas personas sin la posibilidad de adquirir moneda extranjera, no sólo para atesorarla o para especular como quieren mostrar algunas de las voces más recalcitrantes de la épica autoritaria del kirchnerismo, sino para cumplir con compromisos preacordados, cerrar operaciones de compraventa o, como ha pasado esta última semana, para pensar en unas vacaciones fuera del país.

La larga mano confiscatoria del Gobierno se está metiendo en cuestiones básicas de las libertades individuales. Hay jubilados que tienen serios problemas para hacerse de los dólares y de los euros que cobran del exterior. Otros muchos pensionados que viven fuera del país no están pudiendo cobrar sus haberes en moneda extranjera en cajeros automáticos pues, al intentar extraerlos de las cuentas en la Argentina donde la Anses se los deposita, la AFIP les responde que su capacidad económica es insuficiente.

Por empezar, la AFIP ni siquiera debería inmiscuirse en estas cuestiones, pues no es el organismo legalmente autorizado para hacerlo. Por ley, sólo al Banco Central le corresponde fijar la política cambiaria y realizar los controles que hagan falta.

Así, la AFIP se ha arrogado otra facultad que no tiene y ha convertido los controles en una persecución digna de un Estado policíaco. ¿De qué otro modo se puede definir la operatoria a la que hoy se ven sometidas muchísimas personas que necesitan sólo comprar moneda extranjera para o por la razón que fuera? ¿Por qué motivo la AFIP tiene que saber quién es el que sale del país, con quiénes y para qué; cuánto tiempo estará afuera, dónde se alojará y con qué operador turístico realiza la transacción?

¿Por qué negarle a una persona que ha ahorrado toda su vida en pesos para poder viajar al exterior la posibilidad de comprar dólares porque, según las constancias de ese organismo, su sueldo actual no condice con el gasto en el que quiere incurrir?

¿Cómo explican las autoridades que a algunos interesados en viajar la página web de la AFIP les haya contestado que hecha ya una consulta la próxima solicitud les será habilitada sólo dentro de seis meses? ¿No se asemeja peligrosamente éste al gobierno de los Castro, que deniega permisos para salir del país?

¿Cómo se explica que muchas operaciones de comercio exterior las terminen definiendo funcionarios en forma telefónica y según su solo arbitrio?

Por otra parte, la declarada intención gubernamental de pesificar por completo las operaciones del mercado inmobiliario está generando múltiples dudas entre los operadores del rubro y quienes están interesados en comprar o vender. Ya se vislumbra una caída de las transacciones y se prevé que se entablen no pocos juicios orientados a ejecutar a quienes, habiendo hecho pagos en moneda extranjera y habiéndose comprometido a seguir abonando de la misma forma, no pueden cumplir con lo pactado por obra del cepo cambiario.

Además, acusar a los ahorristas de pasarse al dólar en un país en el que las autoridades niegan la existencia de la inflación representa una actitud tan hipócrita como decir que hay que pesificar la economía porque sólo el 11 por ciento de la gente con capacidad de ahorro convierte sus pesos en aquella moneda. ¿No habrá que preguntarse acaso si el 89 por ciento restante no tiene siquiera posibilidades de ahorrar en dólares?

Como se dijo, esta nueva arremetida confiscatoria del Gobierno, ajena a las leyes, es violatoria de derechos constitucionales, y es, además, otra muestra palmaria de lo poco que las actuales autoridades respetan la seguridad jurídica.

Los funcionarios deberían ir tomando nota del malestar social que todas estas groseras medidas están provocando en la población. Los cacerolazos del jueves y viernes pasados no son, como han querido mostrar algunos dirigentes en conversaciones privadas, el malestar de unos pocos ahorristas en dólares. La protesta fue más amplia y abarcó no sólo el derecho de defender los ahorros personales, sean en la moneda que fueren, sino un duro reclamo por seguridad física y jurídica, y por poner fin a la corrupción en el país.

Lo que ha comenzado como un cepo es ahora un disparate cambiario cuyo objetivo sólo aparece supeditado a la necesidad del Kirchnerismo de tener bajo control no sólo al dólar, sino a 40 millones de argentinos, presos del capricho de unos pocos y asfixiados en una maraña de medidas que consagran la más inexplicable desprotección legal a la que se pueda someter a un ciudadano en un Estado democrático.
Fuente: La Nación, 03/06/12. Editorial.