Argentina: Desde 2002 aumentó 67% la cantidad de empleados estatales

Desde 2002 aumentó 67% la nómina de empleados estatales.
Por Paula Urien.

Según un informe de FIEL, hoy trabajan 3,65 millones de personas en los niveles nacional, provincial y municipal; se compensó así el estancamiento del sector privado.

El empleo público aumentó 67 por ciento durante el período 2002-2014, según los últimos datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Según los datos de la entidad, hay más de 3.650.000 personas que trabajan para el Estado.

En esa cifra se incluyen los empleados de los tres niveles de la administración pública (nacional, provincial y municipal) y los de algunas de las empresas estatizadas (por ejemplo, Aerolíneas Argentinas), pero no de aquellas que son privadas pero para operar necesitan abundantes subsidios, como los ferrocarriles o las empresas de transporte, «donde el 80 por ciento de los ingresos, o más, provienen de fondos públicos», dice Juan Luis Bour, economista senior de FIEL.

«Uno de cada 4 asalariados es un empleado público, sin contar la cantidad de monotributistas y autónomos que trabajan para el Estado y otra cantidad de personas que trabajan para empresas que se declaran privadas pero que pertenecen el Estado», coincide Jorge Colina, de Idesa. «Posiblemente el número final esté llegando a un tercio del total de trabajadores.»

«En los últimos 10 años el empleo público aumentó un promedio de entre 6 y 7 por ciento anual», confirma Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). «Éstos son datos comprobados -afirma-, pero ni el propio Estado tiene la cifra exacta. Además, uno de cada tres trabajadores que se incorporan al Estado lo hace de manera informal.»

A mayor velocidad

A partir de 2005, las incorporaciones de empleados estatales aumentaron a un ritmo mayor. «Entre 1995 y 1999 el empleo público promedió 2,08 millones de empleados, y se elevó a 2,18 millones entre 2000 y 2002. A partir de 2003, y más desde 2005, subió fuertemente, para sumar poco más de 3,65 millones de empleados estimados este año. El crecimiento supera el 67 por ciento si se consideran los últimos 12 años (2003-14)», agrega Bour.

Para este año, el economista estima que el empleo público seguirá creciendo en no menos de 86.000 puestos, con una caída del empleo privado de 135.000 ocupaciones. Si además crece el empleo informal en unas 100.000 personas, el empleo privado formal habrá caído en 235.000 puestos.

Víctor Beker, ex director de Estadísticas Económicas del Indec y actual director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, advierte que entre 2007 y 2013 el total del personal registrado en el sector público aumentó 21 por ciento, pero sin contar las diferentes modalidades de contratación que abarcan personal no registrado y que se estima en más de un millón. En el mismo período el empleo privado registrado creció sólo 8,5 por ciento.

«El país parece adoptar el modelo que caracteriza a muchas provincias argentinas, donde una minoría trabaja en alguna actividad privada y el resto de la población depende de ingresos que le proporciona el Estado», comenta Beker.

Sólo la semana pasada, como publicó LA NACIÓN, el Gobierno autorizó el ingreso de 7500 empleados a la planta permanente, un acuerdo de la presidenta Cristina Kirchner con los jefes sindicales de los empleados públicos para que cerraran la paritaria con un alza salarial por debajo del 30 por ciento.

Para tener una idea de la magnitud de las incorporaciones al plantel estatal, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) consigna que en 2011 el sector público creó 82.000 puestos de trabajo trimestralmente. En 2013 fueron 42.000 para los trimestres con información disponible. En esos períodos representaron el 43% del total de empleos creados y ascendieron al 49% en el tercer trimestre.

«El sector público actúa de manera contracíclica en términos de creación de empleo, participando más activamente en el mercado laboral cuando la creación de empleo en el sector privado decae», dice Nadin Argañaraz, del Iaraf.

Tal como consignan en Cippec, los trabajadores estatales van conformando «capas geológicas» dentro de los diferentes organismos, ya que se suman personas para puestos que ya están ocupados y que cuentan con la estabilidad del trabajador estatal, «en contra de la eficiencia del Estado», dice Diéguez.

«Hay un exceso de personal en áreas burocráticas y falta de personal en áreas críticas.»

El empleo privado formal dejó de crecer en 2007. Y en julio de este año, con el inicio de la recesión, la cantidad de despidos se incrementó siete veces con respecto a julio de 2013, según el relevamiento que hace regularmente la consultora Tendencias Económicas. Los despidos afectaron sobre todo a los sectores metalúrgico, clínicas privadas, concesionarios de autos, la industria maderera, fabricación de neumáticos, autopartes, construcción y petroleros. Aumentaron también las suspensiones y la conflictividad.
En problemas

El ahogo financiero es la causa principal de la merma del puestos de trabajo en el sector privado: altos costos laborales y falta de competitividad de los salarios comparados con otros países, alta inflación, falta de financiamiento, menor productividad y dificultad para importar insumos.

Como consecuencia de éste y otros factores, según registra el último informe de Idesa, sobre la base del Monitor Fiscal 2014 del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gasto público como porcentaje del PBI creció del 31% en 2006 al 46% en 2013.

Argañaraz agrega que «de no haber mediado el retiro de unas 450.000 personas de la población económicamente activa (PEA) en el primer trimestre del año (es decir, que no buscaron trabajo), el número de desocupados sería muy superior al registrado. Se trata de desocupados latentes, que no son contabilizados como tales en las encuestas».

En un contexto en el que baja la actividad económica, según Argañaraz, «el aumento permanente en la nómina de empleados públicos probablemente sea la solución por la que el Gobierno continúe inclinándose, aunque no podrá absorber todo el incremento de la PEA urbana (180.000 personas por año que se incorporan al mercado de trabajo) ni hacer frente a subas sostenidas y simultáneas de salarios y de cantidad de empleados»..
Fuente: La Nación, 13/08/14.