El Gobierno ya acordó con el 99% de los holdouts

El Gobierno ya cerró con el 99% de los bonistas en default

Sólo le queda pendiente la discusión por unos US$ 800 millones, con cuatro fondos de inversión y un grupo de minoristas, en cuanto a la prescripción de sus bonos.

La Argentina cerró acuerdos con el 99% de los bonistas en default y apenas le queda por acordar una suma cercana a los US$ 800 millones de valor nominal.

Así lo indicaron a LA NACION fuentes oficiales, que precisaron que «lo que queda es la discusión con un grupo de fondos de inversión por la prescripción de sus bonos, que la mayoría de los acreedores aceptó y los devolvió». Se trata de la cláusula de «statute of limitations», que marca la prescripción de esos títulos.

Muchos inversores que aceptaron el acuerdo ofrecido por la Argentina, tuvieron que resignar parte de sus bonos, porque estaban prescriptos. Pero hay una discusión pendiente con cuatro fondos, por un valor nominal de US$ 400 millones: Greylock, Bybrook,Redwood y Attestor.

Una discusión similar se da con algunos bonistas minoristas que todavía no aceptaron la oferta, por otros US$ 400 millones de valor nominal. Si la justicia norteamericana le diera la razón a esos inversores respecto de la vigencia de sus bonos, el Estado les pagaría.

De este modo, el Gobierno resolvió la situación con cerca del 99% de los acreedores que estaban en default desde 2001, pese a las advertencias del kirchnerismo, que indicaba que habría una nueva ola de nuevos juicios por parte de los holdouts que no acordaran.

Además, los fondos buitre ya dieron de baja todos los embargos que habían pedido en contra del país, como parte del acuerdo que alcanzaron con el Gobierno. Solo el fondo NML de Paul Singer tenía embargos por 260 millones de dólares en el exterior.

La quita final alcanzada, según indicó en su momento el secretario de Finanzas, Luis Caputo, fue del 44%, por lo que la compensación recibida por los bonistas en 2016 se acercó mucho a la que recibieron aquellos que ingresaron al canje del 2005.

Fuente: La Nación, 12/05/16.