A las siete y media de la mañana del 13 de julio, la Presidenta de la República se despertó escuchando una noticia única en toda su era de poder. El juez Claudio Bonadio, que investigaba si sus empresas se usaron para cometer delitos financieros, había enviado un equipo de su juzgado a buscar pruebas directamente a las sedes de sus principales compañías en Santa Cruz, incluida la inmobiliaria en la que trabaja su hijo, Máximo. Los operativos se realizaron con éxito variable. Solo un día después, el 14 de julio, por presión oficial acatada en tiempo récord por los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler –según relataron fuentes judiciales-, Bonadio fue apartado del caso. La Presidenta tenía sus razones para arriesgarse a pagar el costo de semejante operación judicial. Clarín accedió en exclusiva a parte de las pruebas que recolectó Bonadio en Santa Cruz. Las comprometen a ella, a su hijo, y otros empresarios K, como Lázaro Báez.

Entre la documentación que secuestró Bonadio se incluyen computadoras con datos del hotel Alto Calafate; contratos de ese negocio con Aerolíneas Argentinas; información financiero sobre ese emprendimiento turístico K, y de otro más, Los Sauces; entre otras muchos indicios que podrían incluir irregularidades impositivas cometidas por ella misma. Bonadio no pudo ver material que mandó a secuestrar a Santa Cruz.

El caso lo maneja ahora el juez Daniel Rafecas. Este último magistrado validó las pruebas que logró juntar su colega en Río Gallegos y El Calafate.

Los Kirchner intentará de ahora en más dilatar el avance de esa causa, e incluso buscarán que pase a investigarse por un juez más amigable con juzgado en Santa Cruz.

La familia presidencial es representada en el expediente Hotesur por la abogada Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, sobrina de Cristina, prima de Máximo, y hermana de Natalia Mercado, la fiscal de El Calafate.

Según pudo saber Clarín, la fiscal Mercado protagonizó una escena muy gráfica sobre cómo vivió su familia aquella mañana del 13 julio, la de los allanamientos sorpresivos sobre sus empresas.

Natalia Mercado, por ejemplo, mezcló su rol de autoridad judicial de El Calafate con el de sobrina la Presidenta. Clarín pudo saber por fuentes del caso que cuando las autoridades judiciales allanaron el hotel K llamado Los Sauces, allí se encontraron con la fiscal Mercado, que intentó frenarlos. En el expediente Hotesur consta que hizo un llamado telefónico, y después dijo en voz alta: “Secuestran y no dejan copia”, como dando una orden. Las autoridades del juzgado de Bonadio le hicieron notar su accionar equivocado de acuerdo a las normas jurídicas y Mercado se fue.

La familia presidencial había entrado en tal estado de nervios que Cristina había ordenado vallar con agentes de Gendarmería la casa que tiene en El Calafate. Temía que la allanen.

Clarín pudo reconstruir que solo del Hotel Los Sauces la Justicia se llevó copias de seis computadoras. Recolectó toda la información sobre la ocupación de pasajeros desde el 2009 a la fecha.

En el hotel Alto Calafate, por ejemplo, las fuentes judiciales le aseguraron a Clarín que se juntaron pruebas sobre contratos Aerolíneas Argentinas; información financiera y documentos sobre pasajeros que según los registros durmieron ahí en el 2015.
Según contaron a este diario fuentes de la Justicia, y también de la política, el entorno de la Presidenta intentó frenar por al menos dos horas los allanamientos de Bonadio.

Durante ese tiempo “muerto”, personas que manejaban que están a nombre de socios de los K, se estacionaron en la Negocios Inmobiliarios S.A, la oficina donde trabaja Máximo, y se llevaron a las apuradas cajas con papeles. Hay una filmación de esa escena tragicómica.

Bonadio había ordenado que se debía buscar en esa oficina documentación de varias empresas que tiene su sede en ese domicilio: Hotesur, BMC, Idea S.A y Negocios Inmobiliarios S.A. Cuando la gente del juzgado entró al lugar, estaba todo revuelto, e incluso había bolsos con fajos de billetes, reveló el programa PPT.

Clarín pudo saber que la Justicia se llevó de allí recibos de supuesto intercambio de dinero entre los Kirchner y Austral Construcciones, de Lázaro Báez, correspondientes a algunos meses finales del año pasado. También recolectaron información que vincula a Cristina con un socio de su hijo, Osvaldo Sanfelice.

La causa Hotesur, investiga su la familia presidencial usó sus empresas para lavar dinero. Eso, entre otras cosas.
En su carátula lleva este nombre: “Fernández de Kirchner y otros S/ Abuso de Autoridad”.