Impuesto a la Herencia

noviembre 3, 2010 · Imprimir este artículo

  Voracidad Fiscal: Daniel Scioli impulsa la implementación inmediata del Impuesto a la Herencia en la Provincia de Buenos Aires. El tributo contiene graves vicios de nacimiento y amenaza crear problemas en el esquema impositivo argentino.


Con la caja en apuros, en la gobernación bonaerense lo que no faltan son ideas para aumentar la presión fiscal. Ahora avanza la aplicación de un impuesto a la herencia –denominado Impuesto a la Transmisión Gratuita de Activos– que se instrumentará a través de la reglamentación de la ley provincial de educación sancionada en 2007.

El gobierno de Scioli asegura que este impuesto no se aplicará sobre la clase media, porque pesará sobre las herencias o donaciones superiores a $ 3,5 millones, o sea, aproximadamente u$s 1 millón. La alícuota se fijaría entre el 4% y el 6%.

Además de este gravamen, la provincia tiene previsto otras fórmulas para cerrar sus cuentas, entre ellas cobrar una mayor tasa a la transferencia de autos usados (como impuesto a los Sellos, a retener en los registros automotor) y aplicar desde el año entrante el revalúo inmobiliario que se aprobó en 2008. El gobierno reconoce oficialmente que el bache que tiene es de $ 3.500 millones.

El ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía, dijo que está “descartada absolutamente” la posibilidad de emitir cuasimonedas para afrontar la crisis financiera, y que se limitará a desarrollar una política de austeridad que consistirá en pagar los gastos mínimos indispensables y postergar para 2010 la obra pública que aún no ha sido licitada ni adjudicada.

“Los sueldos de este mes están asegurados y, según mi proyección, los sueldos del mes que viene también estarían asegurados, con lo cual no veo un panorama que sea extremadamente difícil, es complejo pero no imposible de resolver”, puntualizó Arlía.

El ministro admitió también que prepara la creación de nuevos impuestos, pero dijo que se busca mantener un criterio de “equidad” que apunta a que paguen más quienes “tengan rentabilidad suficiente”.

“Estamos hablando de un universo muy chiquito, de 1.500, 2.000 contribuyentes”, precisó Arlía, al tiempo que descartó totalmente la emisión de Patacones.

“Hay liquidez financiera suficiente, y además, implicaría un profundo desconocimiento de acuerdos firmados con todas las provincias que prohíben la emisión de cuasimonedas”, enfatizó el funcionario.

Con el impuesto a la herencia es fácil que pase como con la generalización de Ingresos Brutos hace dos años, cuando Scioli hizo punta, y Córdoba y Santa Fe siguieron la iniciativa de Buenos Aires de dejar sin efecto las exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Públicos, del Pacto Federal de 1994, y subir otras alícuotas.

Es que la Ley de Coparticipación Federal estableció que el cobro de un eventual impuesto a la herencia es competencia exclusivamente provincial, con destino específico.

En la provincia se estableció el impuesto a través de la Ley provincial 11.612 de Educación, sancionada en 1995 y ratificado en la nueva ley de 2007.

Ahora, el ministro de Economía, Alejandro Arlía, dejó en manos del titular de ARBA, Carlos Perelmiter, los detalles técnicos de la reglamentación del impuesto a la herencia.

Aunque el cobro del impuesto a la herencia por parte de las provincias es legítimo según la letra de la ley, hoy se superpondrá con el Impuesto sobre los Bienes Personales abonado sobre los mismos patrimonios durante los años de vida del titular. Por este motivo, los contribuyentes podrían plantear en la Justicia la violación del principio de “no confiscatoriedad por suma de tributos”, según los especialistas. La Corte trató este principio en los 90, pero no se pronunció sobre la cuestión de fondo.
Fuente: El Cronista, 03/11/10. 

Según la opinión de expertos tributaristas este nuevo impuesto -que se anuncia recaerá sobre un grupo pequeño de acaudalados ciudadanos-, con el correr del tiempo y gracias al impacto inflacionario terminará afectando a la totalidad de la población y se convertirá en una exacción más por parte de un Estado abusivo y ávido de fondos para financiar sus Gobiernos Populistas.  

 

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