España: Pensiones 2010
diciembre 1, 2010
Observatorio Caser Pensiones 2010
La incertidumbre ante la reforma de las pensiones impulsa el ahorro para la jubilación en Extremadura
-El porcentaje de ahorradores creció respecto a 2009, de 30% a 38%.
-Sólo el 6% cree que la edad legal de jubilación debería ser a los 67 años.
-El 42% piensa que las pensiones públicas son muy bajas y cree que con ellas pasaría necesidad.
-El 54% piensa que la responsabilidad de garantizar las pensiones es tanto del Estado como de los individuos frente al 40% que cree que es sólo del Estado.
-El 93% de los ahorradores utilizan para hacerlo instrumentos específicos, como los planes de pensiones.
-El porcentaje de ahorradores que esperan aportar lo mismo este año a su sistema privado de ahorro baja del 94% al 78%.
-El 35% piensa que debería ser obligatorio por ley que las empresas aportasen una cantidad de ahorro privado para la jubilación de sus empleados.
El intenso debate político y social que se ha generado en los últimos meses en torno a la inminente reforma del Sistema Público de Pensiones y las dudas cada vez más generalizadas sobre la viabilidad futura de la Seguridad Social ha provocado que se incremente el porcentaje de extremeños que ahorran para su jubilación, según reflejan los últimos datos del Observatorio Caser Pensiones en Extremadura en su segunda edición. Concretamente el porcentaje de ahorradores se ha incrementado en ocho puntos respecto a 2009, pasando 30% al 38%.
En cuanto a las medidas implantadas, o que próximamente va a implantar el Gobierno, así como sobre el Pacto de Toledo, se muestran bien informados, expresando, al igual que en el resto de España, un claro rechazo ante decisiones que han generado polémica, como la congelación de las pensiones o propuestas como el retraso de la edad de jubilación. Sobre este último aspecto, sólo el 6%, el mismo porcentaje que la media nacional, cree que la edad legal de jubilación debería ser a los 67 años.
La percepción sobre el futuro de la Seguridad Social no es positiva, los encuestados sitúan la probabilidad de que el Sistema de Pensiones quiebre en el 6,06 sobre diez, media que en España es de 6,19. Asimismo, se muestran críticos con la cuantía actual de las pensiones públicas, el 42% piensa que son muy bajas y que con ellas pasaría necesidad.
Como medidas alternativas citan aquellas dirigidas al fomento de la natalidad, el incremento de las ventajas fiscales y el aumento de las cotizaciones de las empresas. En este sentido, el 35% piensa que debería ser obligatorio por ley que las empresas aportasen una cantidad de ahorro privado para la jubilación de sus empleados.
Más de la mitad de los extremeños, el 54%, igual que la media nacional, piensa que la responsabilidad de garantizar que las personas mayores dispongan de una pensión digna y suficiente es tanto del Estado como de los individuos.
Tener muchos gastos, principal excusa para no ahorrar
En cuanto a los no ahorradores que, a pesar de todo siguen siendo el 62% de los extremeños, siguen citando como principal excusa para no ahorrar la imposibilidad para hacerlo, aunque esta razón ha bajado del 76% en 2009 al 61% en 2010. También este año ha habido una disminución significativa en el número de encuestados que se considera demasiado mayor para ahorrar pasando del 37% al 24%.
Entre las causas que hacen imposible el ahorro, la que más aumenta es “tener muchos gastos”, que pasa del 53% al 73%. Sin embargo, las razones de índole laboral (situación de desempleo, precariedad, etc.) que eran las más aludidas el año pasado, así lo hacía el 81% este año bajan drásticamente hasta el 67%. La hipoteca sube del 47% al 63%.
El Ahorro privado se resiente
El año pasado, el Observatorio Caser ponía de manifiesto que las personas que sí están preparando un sistema de ahorro privado para su jubilación procuran seguir aportando al mismo, a pesar de la complicada situación económica, lo que demostraba que quienes han asumido un compromiso personal en este sentido son conscientes de la importancia de mantenerlo. En 2010, aunque sigue pudiéndose mantener esta afirmación, hay que reconocer que la crisis también está pasando factura a los ahorradores. Así, el porcentaje de extremeños que esperan aportar lo mismo a su sistema privado de ahorro baja del 83% al 78%.
En cuanto a la edad media en que se empieza a ahorrar en Extremadura baja sustancialmente en relación con 2009 y pasa de los 39,45 años a los 33,74 años, ligeramente inferior a la nacional que es 34,07. Por lo que respecta a la cuantía media anual destinada es de 3.124 euros, frente a la española de 3.350 euros. También la cuantía sube de manera llamativa respecto a l año anterior donde era de 1.886,86 euros. Estos datos están en línea con el aumento de la preocupación y la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones.
Visión pesimista sobre la Seguridad Social
El conocimiento que muestran los extremeños sobre aspectos de la Seguridad Social como la cuantía de las pensiones es alto, el 58% reconoce saber o tener un conocimiento aproximado de dicha cuantía. Asimismo, se muestran muy críticos con la misma, ya que el 42% piensa que las pensiones son muy bajas y cree que con ellas pasaría necesidad, este porcentaje alcanza el 49% en el dato nacional.
Preguntados por la probabilidad de que el Sistema público entre en quiebra, consideran dicha probabilidad de un 6,06 sobre diez, similar a la media nacional. A pesar de ello, y ante la percepción de que la reforma del Sistema es inminente, el porcentaje de extremeños que piensan que la Seguridad Social desaparecerá es sólo del 14%. Eso sí, el porcentaje de los que opinan que, aunque no desaparezca, si reducirá sus pensiones, es del 49%.
Baja aceptación de las medidas propuestas por el Gobierno
La encuesta demuestra que, en general, los extremeños están bien informados sobre las medidas que el Gobierno ha adoptado o piensa hacerlo. Asimismo, el 62% afirma conocer el Pacto de Toledo. En cuanto a la confianza media en que dicho Pacto tenga éxito, se sitúa en el 4,86 sobre diez, muy similar a la española.
Por lo que se refiere al contenido de las medidas se muestran mayoritariamente en desacuerdo con el mismo. La medida más criticada es la congelación de las pensiones, seguida muy de cerca por la posibilidad propuesta de aumentar la edad de jubilación. En un baremo del uno al diez, en el cual el uno significa totalmente en desacuerdo y el diez, totalmente de acuerdo, los extremeños dan a la primera medida citada un 3,16 y a la segunda un 4,02. Respecto al aumento del periodo de cálculo, tema sobre el que se ha hablado pero no se ha tomado ninguna decisión, la aceptación es un poco mayor, un 4,33. Otras medidas no planteadas por el Ejecutivo como por ejemplo, la reducción o eliminación de las pensiones, obtienen un claro rechazo con un 3,29.
Los encuestados se muestran claramente a favor de otras medidas alternativas como dar ventajas fiscales (6,93), impulsar la natalidad (7,09) o incrementar los impuestos o las cotizaciones de las empresas (5,19). Todos estos valores se encuentran en línea con los obtenidos a nivel nacional.
Oposición al incremento de la edad de jubilación
La propuesta del Gobierno de incrementar la edad de jubilación a los 67 años recibe una fuerte oposición. Sólo el 6% de los encuestados consideran dicha edad adecuada. Para la mayoría la edad legal debería fijarse en torno a los 64 años. El 41% piensa que, en profesiones lógicas, debería poder permitirse seguir trabajando si se desea de forma voluntaria y el 34% cree que esta prórroga debería incentivarse.
Responsabilidad compartida
La mayoría de los extremeños, el 55% afirma que la responsabilidad de garantizar que las personas mayores dispongan de una pensión digna y suficiente el día de mañana debe ser compartida entre el Estado y los ciudadanos. Aún así, un alto porcentaje 43% opina que esa responsabilidad es sólo del Estado. Tan sólo un anecdótico 2% cree que el deber es exclusivo de cada individuo.
Asimismo, los encuestados se muestran a favor de una mayor involucración de las empresas en la solución del problema. Un 35% es partidario de que el ahorro que las empresas podrían hacer para la jubilación privada de sus empleados debería ser obligatorio por ley. El 43% señala que debe ser voluntario pero apuesta porque sea más incentivado. Sólo el 22% daría libertad absoluta a las empresas.
Por otra parte, planteada la hipotética posibilidad de que la empresa le subiera un 10% el sueldo y pudiese decidir qué porcentaje recibir en dinero líquido y cuál en aportación a un plan de pensiones, pese a lo que se pueda pensar en un principio en momentos de crisis como el actual, la decisión está muy equilibrada, ya que los encuestados preferirían recibir el 6% en líquido y el 4% como aportación a un plan de pensiones.
Fuente: Caser, 29/11/10. Extremadura, España.
