Compañía de Costa Rica acusada en USA de fraude por U$S 670 millones

enero 24, 2011 · Imprimir este artículo

Compañía de Costa Rica acusada en Estados Unidos de fraude por 670 millones de dólares

 

20/01/11

Washington, 20 ene (EFE).- La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó hoy a la compañía costarricense Provident Capital Indemnity (PCI) del fraude de más de 670 millones de dólares en bonos respaldados por seguros de vida en EEUU y el extranjero La acusación, formulada ante un tribunal del estado de Virginia, contempla cargos contra el presidente de la compañía Minor Vargas Calvo, de 59 años, y Jorge L. Castillo, de 55 años, que actuaba como “supuesto auditor externo”.

Vargas fue arrestado ayer en el aeropuerto JFK de Nueva York y Castillo hoy en Nueva Jersey, informaron medios locales.

“PCI está acusada de engañar a inversores de todo el mundo para que vendiesen más de 670 millones de dólares en bonos de garantía que luego resultaron carecer de valor”, explicó el fiscal Neil H. MacBride.

Vargas, residente en Costa Rica, y Castillo, residente en Newark (Nueva Jersey), en caso de ser condenados, pueden ser condenados a 20 años de cárcel.

Entre 2004 y 2010, la empresa vendió cerca de 670 millones de bonos a empresas inversoras localizadas en Estados Unidos, Holanda, Alemania y Canadá, entre otros países, quienes pagaban intereses anticipados de entre el 6 y el 11 por ciento del valor antes de que PCI emitiese los bonos.

Los acusados supuestamente defraudaron a miles de clientes distorsionando el valor de “bonos de garantía financiera”, que estaban supuestamente respaldados por acuerdos de seguros de vida (acuerdos de vida y viáticos).

Castillo, quien actuaba como auditor externo, garantizaba la validez de las operaciones de PCI de cara a los inversores.

Provident Capital Indemnity “distorsionaba la capacidad de satisfacer sus obligaciones de pagos mediante fingidas auditorías”, señaló en su comunicado la SEC. EFE

Web de la empresa acusada: http://www.providentinsurances.com/

Fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=661124

 

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La Nación. San José, Costa Rica. 20/01/11.

Una firma llena de cuestionamientos

Por Gustavo Jiménez M.

La empresa Provident Capital Indemnity (PCI), presidida por Minor Vargas, enfrentó cuestionamientos de autoridades regulatorias del mercado de valores y está vinculada a casos que terminaron en posibles fraudes.

Una investigación de La Nación, publicada el 8 de octubre de 2009, reveló que PCI tenía prohibición para operar en Texas y California por riesgo de estafa.

“Los demandados (entre ellos PCI y directamente Minor Vargas) están cometiendo fraude en relación con la oferta para la venta de títulos valores (…) La conducta, actos y prácticas de los demandados amenazan con causar daño público inmediato e irreparable”, estableció una nota del Comisionado de Seguros de Texas, divulgada en el 2006.

Por su parte, la Autoridad Reguladora del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) cuestionó, en un documento oficial de 2007, a personas acusadas de fraude, por haber respaldado operaciones con bonos de PCI sin haber reportado a sus clientes el historial de la empresa.

“Desde 1992 Provident ha sido sujeto de acciones regulatorias estatales en California, Florida y Texas (…), en diversos casos involucrando fraude, emisión de seguros sin autorización”, indicó la SEC.

En ese reportaje del 2009, Vargas dijo que los problemas de PCI eran anteriores a su llegada, en 2004, y que él llegó a arreglar los líos.

“A la empresa se le menciona porque otra gente hizo daño antes. Yo llegué a resolver eso”, afirmó en una entrevista con este diario.

Más problemas

La empresa Provident también está vinculada a dos casos que se investigan como fraude en los Estados Unidos.

El primero trascendió en 2007, cuando inversionistas de una compañía llamada Secure Investment Services presentaron una denuncia por presunto timo (PCI no formó parte de la acusación). La empresa de Vargas respaldó con bonos parte de las inversiones. Primero accedió a entregar $65.000, pero después no hizo más pagos; Vargas aseveró que al estudiar las garantías determinaron que no les correspondía hacer más pagos.

Sin embargo, el administrador del caso, Michael Quilling, dijo que PCI era probablemente una “estafa” y que, de ser enjuiciada, no parecía tener activos suficientes para responder.

PCI también respaldó operaciones en otro caso que se juzga como posible fraude a partir del año anterior en Illinois, siempre relacionado con el mercado de reventa de seguros de vida.

En febrero del año pasado Minor Vargas firmó un documento en el que se comprometía, como presidente de PCI, a pagar $10 millones en 12 cuotas de $833.000, desde junio de 2010 hasta mayo de 2011, para honrar un bono que la empresa emitió como garantía.

La Nación publicó el 16 de noviembre que la compañía estaba atrasada en pagos que a ese momento sumaban $2,5 millones, según datos de un abogado oficial del caso. Vargas dijo que tenía el dinero, pero que necesitaba completar un trámite bancario.

 

Minor Vargas Calvo

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Lectura recomendada:  Hernán Arbizu, ex ejecutivo del JP Morgan, preso por defraudación bancaria 

La Nación. San José, Costa Rica. 31/01/11.

PCI servía de gancho para atraer a los inversionistas

Por Juan José Herrera Ch.

La compañía Provident Capital Indemnity (PCI), presidida por Minor Vargas, era uno de los principales ganchos para atraer inversionistas en la presunta estafa relacionada con el mercado de seguros de vida en EE. UU.

Producto de las investigaciones de este caso Vargas está en una prisión del estado de Virginia desde hace casi dos semanas.

La presencia de la reaseguradora PCI en el negocio brindó la sensación de confianza entre los inversionistas afectados, según aparece en declaraciones de cuatro testigos que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) presentó como pruebas contra PCI.

De acuerdo con la acusación, PCI se presentaba con falsos atestados, entre ellos el supuesto respaldo de otras empresas reaseguradoras y la valoración que le otorgó la empresa calificadora de riesgo Dun & Bradstreet.

Empujón final

Según contaron los afectados en sus declaraciones (a las que tiene acceso La Nación) de no haber sido por ese supuesto respaldo de PCI nunca hubieran puesto su dinero en el mercado de seguros de vida.

“En octubre de 2006 invertí $50.000 en el mercado de pólizas de vida, sabiendo que mi inversión sería segura pues estaría respaldada por una empresa reaseguradora, la cual más tarde me enteré sería PCI”, aseguró en su declaración Victoria Cueman, una de las afectadas.

Los inversionistas entregaban su dinero para ser parte en la recompra de un seguro de vida. Cuando moría el dueño original de la póliza, las ganancias se repartirían entre los inversionistas.

La reaseguradora de Vargas lo que hacía era ofrecer a los inversionistas la certeza de obtener su dinero aún cuando la persona a la que compraban la póliza no falleciera en un período estimado. Esto, en teoría, convertía el negocio en una inversión “libre de riesgo”.

En general, la promesa de las empresas que ofrecían estos seguros era que los inversionistas recibirían una ganancia de alrededor de un 42% de su inversión inicial, en un plazo de tres o cuatro años. Sin embargo no obtuvieron el dinero, por lo cual el caso se está juzgando como presunto fraude.

 

 

 

 

 

 

 

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