Argentina: El Gobierno Nacional le roba a la Ciudad de Buenos Aires

El saqueo del Gobierno a la ciudad

Por Ricardo López Murphy

El problema del federalismo fiscal ha sido, en la historia de los países avanzados, un punto crucial para consolidar la institucionalidad, la eficacia y la equidad económica. En la Argentina, la vinculación entre la Nación, las provincias y los gobiernos locales se ha visto vulnerada en el aspecto constitucional al incumplirse lo establecido por la propia Constitución en cuanto al régimen de coparticipación de ingresos federales, y ello ha debilitado la organización institucional de la Nación.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, se verifica una situación particularmente anómala. Es una jurisdicción con aproximadamente el 25% del producto bruto nacional, el 8% de los habitantes y recibe el 1,5% de la coparticipación. Esa discriminación ha llevado a la ciudad de Buenos Aires a una situación de enorme debilidad para enfrentar sus responsabilidades en materia de infraestructura, y para dar una respuesta adecuada a los problemas y demandas de sus habitantes. Una forma de enfrentar ese problema e ir saneando el desquicio institucional que sufrimos por el incumplimiento de la Constitución es comenzar a cumplirla y, entre otras cosas, devolverle a la ciudad de Buenos Aires, como al resto de las provincias, los impuestos directos que hoy cobra el gobierno federal.

Por ejemplo, un caso para comenzar y muy sano de hacer, es devolver a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires la recaudación del impuesto directo a los bienes personales, que por su característica tiene una composición sesgada de bienes registrables y es consistente y coherente con la tributación sobre impuestos inmobiliarios y automotores que están a cargo de las jurisdicciones provinciales, incluida la ciudad de Buenos Aires.

Transferir actividades

Otros aspectos que hacen al orden fiscal y de la relación entre la Nación y las provincias son las transferencias de actividades y de responsabilidades que ha instrumentado el gobierno nacional y que, por su naturaleza, han implantado como responsabilidad de los contribuyentes de la Capital Federal la provisión de los servicios de salud, cuyos dos tercios de los pacientes son ciudadanos que no son de la ciudad autónoma.

El uso de recursos de la ciudad para quienes no son sus contribuyentes obviamente genera un derrame de ingresos de la ciudad a actividades en las cuales no son correspondidos sus ciudadanos y se genera, en consecuencia, una pérdida muy significativa de vinculación y correspondencia entre los tributos y las prestaciones que ofrece el estado local.

Una solución a ese problema, que no era importante en el pasado cuando se trataba de establecimientos nacionales, es implementar un seguro de salud, que es bastante sencillo de hacer en el país debido a la existencia del PAMI, las obras sociales y las prepagas, ya que una gran parte de la población está cubierta. Ese seguro de salud para aquellos que no han podido tener cobertura, en su mayor parte indigentes, permitiría que la ciudad recuperara los costos de sus prestaciones y no someter a sus conciudadanos a una tributación excesiva para prestar servicios a otras provincias. En este tema también está la consideración de los servicios prestados por la Nación en la ciudad de Buenos Aires.

Históricamente, la Nación tuvo a su cargo los servicios de justicia, seguridad, servicio penitenciario, y ello, cargado a la cuenta del estado federal, era una trasferencia encubierta a la ciudad. En realidad, cuando se hacen las comparaciones, se percibe que la quita que se le hace a la ciudad es muchísimo más significativa que los gastos que realiza el estado federal.

Razones constitucionales

La necesidad de asegurar la autonomía de la ciudad, de transferir los servicios de justicia y de seguridad requerirá, naturalmente, la transferencia de recursos del estado federal: primero, por razones de orden constitucional, así lo establece nuestra Carta Magna, pero, por otro lado, por la discriminación preexistente que implica una tasa marginal de tributación para la ciudad de Buenos Aires respecto a sus propios recursos, de algo así como el 97%. No existe ninguna jurisdicción ni ningún lugar del mundo con tan severa discriminación a una ciudad por parte del poder central.

Despilfarro en la ciudad

Quedan, más allá de esta interacción, tareas en común entre la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la Nación, como son, por ejemplo, las cuestiones medioambientales, el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y las obras de infraestructura que abarcan a varias jurisdicciones, como son el sistema de autopistas o la red ferroviaria. Resulta notable que en la elección de la Capital Federal no haya un debate sobre cómo afrontar este tema. Es posible que, sin esclarecer este tema, la ciudad pueda seguir siendo discriminada de manera grosera, como ha ocurrido hasta el presente. Ello es tanto más grave con la explosión de gasto local que ha ocurrido durante la administración actual de la ciudad, de características inauditas en la experiencia histórica.-
El autor fue ministro de Economía y es candidato a jefe de gobierno porteño.
Fuente: La Nación, 26/06/11.