Estanflación: El riesgo menos pensado

El riesgo menos pensado

Por Néstor O. Scibona

 

Más allá de la euforia política que rodeó la sanción a libro cerrado de la ley de expropiación selectiva de YPF, dos ex ministros de Economía de diferentes épocas y pensamiento diametralmente opuesto acaban de coincidir acerca de otro riesgo que podría acechar a la Argentina. Roberto Lavagna y Domingo Cavallo advirtieron, por separado, que ese riesgo es la estanflación; una palabra que no figura en el diccionario castellano, pero que los economistas suelen emplear para definir la combinación entre estancamiento -o bajo crecimiento- productivo y alta inflación.

Hacía tiempo que este concepto no aparecía en el léxico económico local. Con nueve años de crecimiento del PBI a «tasas chinas» (8,5% promedio) -sólo interrumpido por la recesión de 2009, nunca reconocida por el INDEC-, el problema era la crónica inflación de dos dígitos anuales (18/22% promedio), que desde 2007 tampoco es admitida por el Indec.

Ese escenario está cambiando. Ahora el problema es que las «tasas chinas» quedaron atrás y el crecimiento económico se ha venido desacelerando en los últimos meses, sin que por ello la inflación ceda (sino más bien todo lo contrario). Según cálculos del Estudio Broda, el PBI «oficial» subió a una velocidad trimestral anualizada (y desestacionalizada) de 10,7% en la primera mitad de 2011, para reducirse a 3,5% en la segunda y a sólo 2% en el primer trimestre de 2012. A su vez, la consultora Finsoport, que dirige el ex viceministro Jorge Todesca, remarca que en los primeros tres meses de este año la industria manufacturera se expandió a un ritmo promedio de 2,3% (frente a 6,7% en 2011), mientras que la construcción lo hizo al 3,5% (desde 8,9%) debido principalmente al freno en obras públicas, donde se registran atrasos de varios meses en pagos a contratistas.

Estos indicadores corroboran la sensación de muchos sectores empresarios, equivalente a la de automovilistas habituados a andar en ruta con el acelerador a fondo y que, sin frenar, deben adaptarse a velocidades propias de zonas urbanas. También restan sustento al argumento gubernamental de que la inflación es justificable por el alto crecimiento: cuanto menos suba el PBI, más se notarán los efectos distorsivos de una alta tasa inflacionaria (en pesos y en dólares) sobre la oferta y la demanda. Por ahora, nadie parece haber pensado en cómo explicar este riesgo en el «relato» oficial.

Hay múltiples causas que explican la actual desaceleración de la actividad. Mientras antes de las elecciones de 2011 la Argentina vivió una «fiesta» de consumo (impulsada por fuertes aumentos del gasto público, expansión monetaria, salarios formales, crédito a tasas negativas e importaciones récord con un dólar casi «planchado»), paralelamente salieron 21.500 millones de dólares del circuito económico debido a la desconfianza que provocaba esa política. La explosión de consumo y la anemia de capitales coexistieron con una menor demanda laboral en el sector privado; menor cosecha de granos por la sequía y caída en la producción de petróleo y gas, que obligó a importaciones récord de combustibles. En lugar de un plan macroeconómico para restablecer la confianza, Cristina Kirchner recurrió a múltiples controles cambiarios y trabas a las importaciones, que ahora afectan la producción, los costos y la oferta de bienes. Por el lado de la demanda, esto se tradujo en un freno a la inversión (que viene cayendo en los últimos tres trimestres) y en una reorientación selectiva del consumo interno hacia productos masivos. Así, la inflación real no se moderó, sino que volvió a empinarse en marzo y abril (a una tasa anualizada de 25/26%).

En medio de este panorama, la frutilla del postre fue el deterioro de expectativas empresarias generado por la forma de reestatizar YPF que, además, disparó el riesgo país y elevó a 15 y 25% la brecha entre el dólar oficial y sus cotizaciones paralelas, que ya sobrepasan los 5 pesos. Por todo esto, nunca han sido tan dispares como en 2012 los pronósticos privados sobre el crecimiento del PBI. Van desde extremos de 2,5% (Econométrica) hasta 4,2% (Relevamiento de Expectativas de Mercado -REM-, que recoge el Banco Central entre distintas consultoras). Pero este último equivale a menos de la mitad del 8,9% registrado en 2011, aunque varios consultores privados lo ubican incluso casi dos puntos por debajo (7,1%) debido a deficiencias técnicas en la medición del INDEC.

Respuesta automática

Como la economía juega un rol clave para las necesidades políticas de Cristina Kirchner en 2013 (año de elecciones legislativas y en el que podría estar en juego una reforma constitucional), el Gobierno no se quedará de brazos cruzados ante la desaceleración del crecimiento. Por eso la mayoría de los economistas ya descuenta, como respuesta automática, la receta oficial de aplicar «anabólicos» para estimular la demanda. De hecho, el Gobierno postergó sin fecha la quita generalizada de subsidios a las tarifas de transporte y energía, a la vez que abandonó la idea de promover una desindexación de los aumentos salariales, como lo prueba la politizada paritaria «testigo» de la UOM cuya letra chica podría desembocar en un alza de 32% anual. Y si no avanzó hasta ahora en la previsible suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y de las asignaciones familiares, es para no regalarle un rédito político al reclamo de Hugo Moyano, jaqueado al frente de la CGT. Más temprano que tarde también ajustará la Asignación Universal por Hijo -carcomida por la inflación- y podría subir otro escalón el gasto público (que creció 34% interanual en el primer trimestre), con la financiación de la «maquinita» y las reservas del BCRA que pasaron a ser manejadas por la Casa Rosada, tras la reforma en tiempo récord de la Carta Orgánica.

El problema es que cuanto mayor sea la suba del gasto, mayor será la emisión del BCRA. Y si se debilitara la demanda de pesos, ello acarrearía mayores presiones inflacionarias y mayores brechas cambiarias, sin otra contrapartida que un repunte fugaz del PBI en la segunda mitad del año. El economista Miguel Angel Broda sostiene que la política monetaria es cada vez más dependiente de la política fiscal y que, por ejemplo, un incremento adicional de 5 puntos anuales en el gasto público implicaría una emisión extra de 23.000 millones de pesos para financiarlo. También opina que la actual desaceleración de la actividad responde fundamentalmente a limitaciones de oferta, ya que la industria opera casi al límite de su capacidad instalada y que las inversiones para ampliarla no sólo han sido insuficientes, sino que además están frenadas por las trabas a la importación de bienes de capital e insumos.

Con este panorama, evitar un cuadro de estanflación dependería paradójicamente de la «sintonía fina» que aplique el Gobierno con el gasto y la emisión, así como de la mayor o menor rigidez de los controles cambiarios y de importaciones. Si se «pasa de rosca», el riesgo será mayor. La soja a 540 dólares la tonelada es un alivio para estos meses, pero ya no alcanza a resolver los problemas que venían de arrastre, complicados ahora por la proliferación de controles.
Fuente: La Nación, 06/05/12.