Argentina: ¿Hacia la estatización del comercio de granos?

junio 11, 2011 · Imprimir este artículo

Persecución de exportadores

Las inusuales sanciones a empresas que exportan granos anticiparían otro burdo intervencionismo estatal

 

En lugar de facilitar las exportaciones, como aconseja la reducción del superávit de la balanza de comercio del país, que tanto preocupa al Gobierno y a todos en general, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se empeña en complicar aún más la venta de granos, el principal renglón del comercio de las ventas al exterior.

Además de las restricciones que sufren las exportaciones de trigo y maíz, estableciendo cuotas de exportación, ahora se da de baja o suspende a una gran cantidad de empresas del Registro Fiscal de Operaciones de Granos. En los meses que corren, desde el principio del año, sufrieron el embate 6.000 operadores, proceso que va adquiriendo velocidad al punto de haber sumado 1.600 en la última semana.

El motivo aducido en el caso de las suspensiones serían faltas menores, no así en los casos de bajas en los que se supone una evasión fiscal. Las consecuencias para las empresas sancionadas son varias e importantes. Por el lado del impuesto a las ganancias, la retención correspondiente crece del dos al 15 por ciento, mientras que por el lado del transporte se restringe la emisión de cartas de porte, afectando el sistema de acopio sustentado a través de compras directas de los exportadores a los productores.

A ello se le suma la duración de la medida oficial según se trate de una suspensión que puede durar de 30 a 60 días, siempre que el interesado se entere de la suspensión, dado que la repartición actuante no se encarga de darle aviso de la medida.

Cuando se da de baja a una empresa, su reposición dura un año, salvo que, si se recurre a ella, la Justicia falle en favor del interesado. Varias de las exclusiones del registro tienen nombre propio, como la de la empresa del senador Carlos Reutemann y la de Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, a quien prontamente se le restituyó la inscripción.

Uno de los grandes exportadores, la empresa Bunge, fue acusada de evasión fiscal y dada de baja, medida recurrida ante la Justicia. Otras grandes exportadoras de larga tradición en la materia han sido suspendidas.

¿Qué se pretende con esta escalada de medidas punitivas que no registra antecedentes, como si recién se descubrieran faltas que ni la actual administración ni otras anteriores detectaron? No se requiere gran suspicacia para ver un nuevo ataque al agro y sus eslabones de la cadena que le sigue hasta la exportación.

Tampoco se necesita ser muy perspicaz para descubrir el deseo oficial de crear un ámbito de evasión fiscal que facilite una transformación hacia una nueva forma de intervención estatal en el comercio exterior, reviviendo el oprobioso pasado. Por de pronto, la voz oficial ya ha mencionado el propósito de asignar a dos empresas cooperativas el 30 por ciento de las exportaciones de granos que, de concretarse, introduciría una cuña en la competencia del sector.

Volviendo al inicio, no se entiende la rústica metodología destinada a sostener la salud de la balanza comercial cuando al mismo tiempo se acomete contra los mayores aportantes de activos comerciales.
Fuente: Editorial del diario La Nación, 11/06/11.
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Uno de los hostigadores del campo es el sospechado titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

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