Argentina – Consigna K: Vamos por todo

marzo 24, 2011 · Imprimir este artículo

Editorial del diario La Nación, 24/03/11.

«Vamos por todo»

Una consigna kirchnerista descubre otra peligrosa metodología basada en persecuciones ideológicas

 

Al cumplirse hoy un nuevo aniversario del golpe militar de 1976, es menester recordar y condenar aquel sombrío proceso autoritario, además de hacer votos para que renovemos nuestro compromiso con las instituciones republicanas y con la reconciliación de todos los argentinos.

Del mismo modo, es imprescindible recordar que cuando la memoria y las lecciones de nuestro trágico pasado no son asumidas con una visión integral, sólo se logra retroalimentar viejos odios y rencores. Si aquella memoria es empleada como una mera manera de obtener venganza y prolongar los conflictos, la necesaria reconciliación estará cada vez más lejos.

Desde hace algunos meses comenzó a exteriorizarse una nueva y peligrosa iniciativa impulsada por ciertos sectores del oficialismo: la de ampliar caprichosamente el concepto de delitos aberrantes a situaciones absolutamente ajenas a las previstas en los tratados internacionales, para así crear una nueva categoría de delitos de lesa humanidad «económica». Para ello, han promovido varias causas judiciales y hasta se constituyó una Comisión Especial a la que nos referimos en nuestro editorial del 8 de enero pasado, con el fin de investigar una supuesta apropiación de empresas mediante la utilización de la represión militar.

El objetivo de esta nueva ofensiva es claro. Se trata de hostigar a empresas o grupos económicos considerados opositores, sea para suprimirlos o someterlos, o para forzar su venta, en condiciones atractivas, a los conocidos empresarios amigos del Gobierno, o simplemente generar una nueva industria de reclamos indemnizatorios.

El caso piloto es el de Papel Prensa. Con el objetivo de eliminar o controlar a los dos medios gráficos aún independientes más importantes del país (La Nacion y Clarín), el Poder Ejecutivo desplegó una importante ofensiva mediática y judicial para intentar asociar -sin fundamento alguno- la compra de Papel Prensa por los citados medios y La Razón con la detención ilegal de la familia Graiver por el gobierno militar, con motivo de sus operaciones de financiamiento a la organización terrorista Montoneros. Las pruebas que fueron acumulándose en el expediente judicial han confirmado, sin embargo, que la venta de Papel Prensa ocurrió antes de dicha detención y que ella se debió exclusivamente a la necesidad de la familia Graiver de obtener recursos económicos para enfrentar la crisis de solvencia que se produjo después del accidente en el que muriera David Graiver.

Sectores del Gobierno intentan ahora un plan mucho más ambicioso y audaz. Se trata de intentar vincular directamente con la represión de las organizaciones terroristas que asolaron al país en los años setenta, a una larga lista de empresas que, según las diferentes publicaciones y presentaciones, incluye a compañías de la talla de Mercedes Benz, Ford, General Motors, Ledesma, Acindar, La Gaceta, Las Marías, Deutz, Good Year y muchas otras. Los voceros de dichos sectores hablan de unas 600 empresas. El patrón o denominador común es que casi todas esas empresas y su personal, como fue asimismo el caso de muchas otras, sufrieron en su momento algún tipo de atentado, secuestro u ocupación por parte de los grupos terroristas ERP y Montoneros. Ahora se pretende acusar a estas empresas y sus dirigentes de «complicidad con la represión».

Cabe apuntar, en primer lugar, que la mayoría de las acciones militares y policiales que pudieron haber tenido lugar en esas empresas se produjeron durante el gobierno constitucional de Isabel Perón; por el simple hecho de que los ataques y copamientos a las empresas se realizaron generalmente antes del 24 de marzo de 1976. En segundo lugar, es absurdo y sospechoso pretender asociar o culpar a las empresas y a sus directivos de haber realizado acciones militares y policiales, y mucho más por los ilícitos que hubieran podido eventualmente cometerse en el contexto de la lucha antiterrorista. Las empresas eran, en rigor, víctimas inocentes de los ataques terroristas y obviamente no tenían ninguna capacidad para decidir ni ejecutar acciones de contrainsurgencia que eran resorte exclusivo del Estado. Es aún más absurdo pretender encuadrar estas acciones como presuntas «apropiaciones» de empresas, cuando en los casos mencionados sus dueños no fueron privados de su control o propiedad.

Desde el punto de vista jurídico, se pretende forzar el concepto de delitos de lesa humanidad mucho más allá de lo que consagran los tratados internacionales y de la finalidad que inspira la creación originaria de este tipo de delitos.

Los crímenes de lesa humanidad se hallan definidos y tipificados en el Estatuto de Roma, un tratado internacional al que adhirió la Argentina por ley en 2000 y que fue ratificado en el orden nacional por otra ley en 2007. El Estatuto de Roma considera a aquellos crímenes como los «más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto», y que por su gravedad y sistematicidad- trascienden a las víctimas individuales, pues agravian a la humanidad toda como género. Nuestra legislación coherentemente los ha incorporado específicamente al derecho interno sólo a partir de 2007. Esto es, con mucha posterioridad a los presuntos «hechos delictivos» que ahora se pretende «volver» a investigar. De lo contrario, se afectaría gravemente un principio básico del derecho penal: el de la garantía de irretroactividad de la ley penal.

Es cierto que respecto de episodios que tuvieron motivaciones raciales, políticas o religiosas, la Corte Suprema se apartó del artículo 18 de la Constitución y sostuvo que, para esos casos, la costumbre internacional permitiría obviar el principio de la ley previa y el de la irretroactividad de la ley penal, posición que algunos impugnan, no sin argumentos.

Sin embargo, ni siquiera esa tesis de la Corte podría ser aplicada cuando las presuntas motivaciones fuesen de índole económica, pues no existe ninguna norma ni ningún precedente nacional o internacional que reprima como crímenes de lesa humanidad a delitos con motivación económica, como serían las pretendidas apropiaciones de empresas.

Este nuevo intento revanchista de sectores kirchneristas presenta serios riesgos para la sociedad. En particular, por la tremenda debilidad de nuestras instituciones y por la frecuente utilización que realiza el Gobierno de algunos jueces federales penales, sea valiéndose de la amenaza de juicio político o de otros medios o intimidaciones.

Un caso paradigmático es el del juez Norberto Oyarbide. Lo acontecido en tiempo reciente sugiere que tiene una especie de extraño «imán» para atraer a su juzgado a los casos políticamente sensibles o que interesan al Gobierno. Los resultados de esto son también conocidos: se cerró en tiempo récord la causa en la que se investigaba el enriquecimiento económico abrupto del ex presidente Néstor Kirchner, y se persiguió o se detuvo a opositores o personas que están siendo puntualmente demonizadas por el gobierno, como los casos de Mauricio Macri con las «escuchas» telefónicas, del ex ministro de Economía José Martínez de Hoz en la causa «Gutheim» o, más recientemente, del sindicalista Gerónimo Venegas.

Lo que torna particularmente peligroso este nuevo plan del Gobierno no es sólo la debilidad de nuestras instituciones y la posibilidad real de que se vuelva a usar a la Justicia con fines espurios. Igualmente preocupante es la tendencia marcada de vastos sectores empresarios y de la sociedad civil en general de mantenerse ajenos y expectantes ante los constantes atropellos del Gobierno con la única expectativa de no ser ellos mismos atacados. La experiencia a nivel mundial enseña que, tarde o temprano, esta clase de persecuciones perversas alcanza a todos. Es, por otra parte, lo que dicen, abierta y desembozadamente, quienes activan esta nueva campaña revanchista: «Esta vez, vamos por todo».
Fuente: La Nación, 24/03/11.

 

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