Argentina: Corrupción, política y derechos humanos

La sospechosa justicia veloz

Por Joaquín Morales Solá

Norberto Oyarbide convierte en escándalo todo lo que toca. Esta vez, es cierto, creó un escándalo nuevo sobre un escándalo que ya existía. ¿Por qué también el grave caso que involucra a Sergio Schoklender y a las Madres de Plaza de Mayo recayó en su juzgado? ¿Fue limpio e imparcial el sorteo que lo habilitó a investigar esos supuestos abusos? ¿Existe una manera de que el oficialismo pueda encontrar el juez oportuno en el momento indicado, a pesar de que gran parte de las causas judiciales son sometidas al sistema del azar informático?

Vale la pena plantear una primera conclusión. Es raro, al menos, que todas las causas sensibles para el Gobierno, o potencialmente graves, hayan recaído en los últimos años en el juzgado de Oyarbide. Hay nueve jueces federales de un total de doce, pero ningún otro magistrado del fuero penal federal resulta nunca seleccionado para investigar al oficialismo. Oyarbide es también juez subrogante de otro juzgado vacante. Las posibilidades de Oyarbide de resultar sorteado son mayores, por lo tanto, pero eso no explica que los otros ocho jueces sean siempre ignorados por el supuesto azar del sistema.

El patrimonio del matrimonio Kirchner ; el caso de las escuchas telefónicas que afectan a Mauricio Macri (uno de los enemigos más aborrecidos por el kirchnerismo); la investigación sobre la corrupción del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el escándalo por el manejo de la obra social de los camioneros por parte de Hugo Moyano; el exhorto suizo que pidió información sobre Moyano y sus presuntos socios, y, ahora, la pesquisa sobre los eventuales delitos de lavado de dinero por parte del ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, son sólo algunos de los expedientes que cayeron en manos de Oyarbide, gracias a un juguetón sorteo, aparentemente arbitrario.

Oyarbide nunca defraudó: los Kirchner fueron sobreseídos; Jaime no está preso a pesar de las muchas pruebas en su contra y Moyano no fue ni siquiera citado a indagatoria cuando a otro dirigente sindical, el duhaldista Gerónimo Venegas, el juez mandó detenerlo durante algunos días. Oyarbide procesó a Macri por asociación ilícita con muchas menos evidencias que las que ya existen contra Moyano.

Hay muchos jueces sensibles a los intereses del gobierno, pero ninguno como Oyarbide está dispuesto a cambiar de dirección con el correr de las horas. Este gobierno pide una cosa un día y otra cosa al día siguiente , asegura otro magistrado. Ese ritmo voluble encuentra, sí, pocos jueces dispuestos a seguirlo; el riesgo que corren es el de caer en el mismo desprestigio que ya acosa irremediablemente a Oyarbide.

En la jerga judicial hay un término que se usa para describir el sistema de sorteos: la «puerta de atrás». Según la confesión de varios magistrados, el método consistiría en que una computadora madre, ubicada en una sala distinta de la de los sorteos, digitaría el nombre de los jueces que aparecen luego en la oficina donde se hacen los sorteos.

Si eso fuera cierto, el oficialismo podría manipular los sorteos a través del propio sistema informático y de los funcionarios que se encuentran a cargo de él. En fueros distintos del penal federal circula el testimonio de muchos que aseguran que existen «gestores» para conseguir el sorteo buscado. Un sector del mundo judicial manifiesta desconocer cualquier método de digitación, pero tampoco niega su existencia. Dice no saber, simplemente. Puede explicarse: muchas causas caerían por defectos de origen si esas maniobras se comprobaran.

Un viejo proyecto para crear una base informática unificada está en manos de la Cámara de Casación desde hace mucho tiempo, pero ésta carece siempre de los recursos financieros para concretarla. Ese nuevo sistema informático, invulnerable según los técnicos que tuvieron acceso al proyecto, podría unificar también los sorteos. El problema es que tal proyecto nunca pudo traspasar la frontera hacia su concreción.

La sospecha política y social hacia los sorteos llegó hasta la cima misma del Poder Judicial. Los jueces están preocupados porque sólo la duda sobre la transparencia ya le hace daño a la Justicia , dijeron en despachos cercanos a la Corte Suprema de Justicia. La preocupación llegó a la propia Cámara Federal, instancia superior a los jueces federales; el cuerpo decidiría en los próximos días sacarle a Oyarbide todo el caso (o parte importante de él) sobre Schoklender y las Madres de Plaza de Mayo. La decisión de la Cámara se respaldaría en que otro juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, recibió antes una denuncia de un abogado particular sobre el caso Schoklender. Martínez de Giorgi es, por lo tanto, el juez original de la causa.

Nunca la Justicia fue tan veloz en la Argentina como en la semana que pasó. El lunes último, un abogado pidió ante Martínez de Giorgi la investigación de Schoklender por lavado de dinero. El martes, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, dijo que estaba buscando pruebas contra Schoklender, después de retener el expediente durante un año. El miércoles, Sbattella encontró de pronto las pruebas y las giró con urgencia al fiscal Raúl Pleé. El jueves, Pleé dictaminó que había razones para investigar a Schoklender. Ese mismo día resultó sorteado Oyarbide y otro fiscal, Jorge Di Lello, se hizo cargo de la investigación. En sólo 24 horas, con un ritmo de vértigo, ya existían una causa abierta, dos fiscales y un juez. Oyarbide sobreactuó de inmediato: ordenó allanamientos y les cerró las fronteras del país a los investigados.

¿Alguien no quería que Martínez de Giorgi avanzara con la denuncia que recibió para que el caso quedara en manos de Oyarbide? Es probable. La Cámara Federal desbarataría esa operación devolviendo próximamente todo el caso a Martínez de Giorgi.

La intranquilidad del Gobierno no carece de argumentos: el caso Schoklender podría afectar seriamente a Hebe de Bonafini y al propio Gobierno. La Fundación de las Madres recibió importantes concesiones directas de obras, sin licitación, para la construcción de viviendas por ser una ONG sin fines de lucro. Resulta, sin embargo, que el dinero que giraba el Gobierno iba a parar a manos de una empresa privada, Meldorek, la auténtica contratista, propiedad de Schoklender, según reveló La Nacion. Schoklender mintió públicamente en los últimos días asegurando que él no era dueño de esa empresa. Podrían agregarse, por lo menos, los delitos de fraude al Estado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público para ministros y secretarios de Estado.

Las recientes mentiras de Schoklender cambiaron viejas afirmaciones suyas. ¿De quién es esta empresa? , lo consultó hace algún tiempo un ex funcionario kirchnerista. Mía , le contestó Schoklender. Las viviendas que construye Schoklender son rápidas de edificar, pero muy frágiles, una mezcla de alambres, telgopor y una pátina de cemento. No se puede poner un clavo para colgar una foto , dice alguien que conoció el producto. Schoklender estuvo interesado en tiempos recientes en ampliar sus negocios y venderles esas casas a las petroleras como viviendas sólo transitorias para sus trabajadores.

La Presidenta se alarmó en Roma cuando conoció la noticia de la verdadera propiedad de Meldorek, que Schoklender desmintió hasta horas antes. Fue eso lo que la retuvo en el hotel y le impidió concurrir al acto central de los 150 años de la unidad italiana. Horas después, el Gobierno comenzaba a cambiar su posición. El canciller Héctor Timerman separó a Schoklender de Hebe de Bonafini, pero el ministro del Interior, Florencio Randazzo, lo sepultó. Las Madres pudieron ser defraudadas , disparó contra el contratista oculto. Adiós, Schoklender.

La historia aguarda al kirchnerismo con el reconocimiento por haber promovido la revisión del pasado y con el reproche por haber convertido la noble causa de los derechos humanos en una simple herramienta para la construcción y la destrucción política.
Fuente: La Nación, 05/06/11.

Más información:

Columna de Mariano Grondona, La Nación, 05/06/11.
De Schoclender a Hebe; ¿de Hebe a Cristina?
http://www.lanacion.com.ar/1379053-de-schoklender-a-hebe-de-hebe-a-cristina

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¡Es el sistema, estúpidos!
Por Enrique Szewach

En la Argentina debería conocerse el flujo y destino de los fondos públicos.
La opacidad se hizo evidente en el affaire de Schoklender, pero debería
saberse qué sucede con Aerolíneas, el Fútbol para Todos o los fideicomisos.

El caso Schoklender no hizo más que reiterar un problema sistémico que aqueja a la asignación de recursos públicos en la Argentina de los últimos años (¿décadas?): tales recursos se asignan con discrecionalidad, arbitrariedad, opacidad y falta de control.

Nadie nos ha explicado cuál es la “ventaja competitiva” de una organización de derechos humanos para recibir fondos públicos destinados a construir viviendas sociales. Nadie nos ha informado, oficialmente, las cifras asignadas a dicha organización para ese fin. Nadie nos ha explicado, oficialmente, el destino de esos recursos. La cantidad de viviendas construidas, cuántas en ejecución, el costo individual, y cualquier otro dato de utilidad para sacar conclusiones “objetivas”.

No se trata de demostrar una compleja teoría de la física cuántica o de esclarecer crímenes o atentados terroristas. Se trata, simplemente, en la era de la informática, de presentar una planilla de cálculo en Internet o, si se prefiere algo más primitivo, un informe contable, de no más de una carilla, con los datos. Pero los datos no se presentan. Se hacen declaraciones públicas, discursos de apoyo y/o ataque sobre la integridad o delincuencia de unos u otros, pero la información relevante no se entrega.

Pero este es sólo un caso. Tenemos la misma “ignorancia” en asignaciones de gasto iguales o mayores aún. La maraña de subsidios a la energía, el transporte o a algunos alimentos que superan los 60 mil millones de pesos. Los fideicomisos para distintas obras públicas. Los gastos en la Televisión Pública o en el Fútbol para Todos, o los balances de Aerolíneas Argentinas. Todos son datos “escondidos”, ocultos en informes genéricos –cuando los hay– o en partidas indescifrables que requieren la presencia de un experto o de un grupo de investigaciones al nivel de las mejores series de televisión del género.

Insisto: en la era de la electrónica, los programas de cálculo y la interconexión global, toda información de ingresos y gastos públicos (con excepción de alguna información sensible, vinculada con la defensa nacional y la seguridad) debería estar a disposición del público a uno sólo “clic”.

Resulta curioso que, en muchos casos, las regulaciones obliguen al sector privado a presentar balances, información sobre movimientos bancarios, compras, ventas, gastos y cualquier otro dato vinculado con su evolución económica financiera, mientras la asignación de fondos públicos se maneja sin publicidad, sin reglas, sin control.

Obviamente, como detrás de cada peso del Estado hay dos “privados” (uno que paga y otro que cobra), los intereses en juego para que esta “opacidad” se mantenga son muchos e importantes.

Pero eso sucede en todos los países del mundo, y ello no ha sido obstáculo para que las sociedades verdaderamente democráticas, republicanas y progresistas, sociedades que están a la vanguardia de la calidad de vida global, hayan impuesto normas de convivencia que incluye la transparencia y abundancia de información pública acerca del manejo de los recursos que se administran. La existencia de controles cruzados con vigencia plena de las leyes y de la independencia de la Justicia.

El caso de las Madres de Plaza de Mayo es un caso más entre muchos. Este llama más la atención, por la magnitud representativa de las personas involucradas o por lo mediático y hasta morboso que resulta la presencia de alguno de los personajes mencionados. Pero el problema supera el de unas miles de viviendas sociales construidas, bajo sospecha.

Lo que queda explícito es que la Argentina carece de un sistema que le otorgue a los ciudadanos el control de los actos de gobierno. Un sistema que permita medir, evaluar, comparar, analizar los gastos e inversiones que se realizan. Esa es la razón principal por la cual, pese al espectacular incremento del gasto público en estos últimos años, la calidad de los bienes y servicios que se reciben del Estado (salvo excepciones) ha empeorado.

Si el Gobierno realmente quiere “despegarse” del caso Madres/Schoklender, le bastará con presentar la información respectiva y terminar la discusión.

Corrupción y corruptos hubo y hay en todas partes, en todas las épocas y bajo todos los regímenes. Pero hay mecanismos institucionales que la limitan y mecanismos que la favorecen. En la Argentina la favorecen. Y usted sabe por qué.
Fuente: Perfil, junio de 2011.