Argentina: Presión contra los Periodistas

septiembre 23, 2011 · Imprimir este artículo

Del fraude patriótico al apriete

Por Fernando Laborda

 

Frente a una demanda judicial absurda, pueden derivarse dos opciones: el rechazo de plano por parte del juez interviniente o requerimientos judiciales tan absurdos como la posición del demandante. Es esto último lo que se ha evidenciado con el oficio enviado por el juez Alejandro Catania a varios diarios, para que suministraran los datos de todos los periodistas que hayan publicado noticias vinculadas a índices inflacionarios de la Argentina desde 2006 hasta hoy.

Tal vez no sea intención del magistrado amedrentar al periodismo con el fin de que el único índice de inflación que se difunda sea el oficial, el del Indec. Pero, probablemente sin quererlo, el juez les esté haciendo un nuevo daño a las instituciones de la República y a la libertad de expresión.

Pocos actos, sin embargo, pueden ser más dañinos que los promovidos por Guillermo Moreno , quien ha buscado generar un estado de intimidación entre las consultoras e institutos privados que realizan estudios sobre la evolución de los precios, en todos los casos más creíbles que los difundidos por el Indec.

Moreno alega que las consultoras agrandan con malicia el aumento del costo de vida con el fin de favorecer a los poseedores de títulos públicos que se indexan por la inflación. Se trata de un argumento absurdo por el hecho de que el índice por el cual se ajustan esos bonos se basa en las estadísticas oficiales del Indec y no en las de consultoras privadas.

El secretario de Comercio, para demandar penalmente a las consultoras, recurrió un artículo de la ley de lealtad comercial, que prohíbe «la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios».

Curiosamente, el mismo argumento podría usarse en contra del Indec, en tanto más de un dirigente kirchnerista se ha jactado de que el falseamiento de las estadísticas de inflación por el Gobierno le ha permitido al país ahorrarse el pago de miles de millones de dólares en intereses variables de la deuda pública. En otras palabras, lo que hace el Indec es una suerte de fraude patriótico, cuyas víctimas son los propios argentinos, dado que los bonos en pesos ajustables por inflación están mayoritariamente en manos locales.

La estrategia del fraude va de la mano del apriete. Ya han caído los economistas privados. ¿Será ahora el turno de los periodistas?
Fuente: La Nación, 23/09/11.
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Piden la lista de periodistas que escriben sobre inflación

Por Hernán Cappiello

 

El juez en lo penal económico Alejandro Catania pidió a siete diarios un listado de los periodistas, con sus números telefónicos y direcciones, que hayan escrito sobre la inflación en los últimos seis años. La medida forma parte de la causa iniciada por una denuncia del secretario de Comercio, Guillermo Moreno , contra una consultora económica por divulgar datos estadísticos sobre la inflación que contradicen las cifras del Indec.

La inusual orden judicial, que alcanza a los diarios LA NACION, Clarín, Ambito Financiero, El Cronista Comercial, BAE y Página 12, provocó una dura reacción de la oposición , que calificó la decisión como una intimidación contra la prensa.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su «grave preocupación y enérgico repudio» por la decisión del juez, que también alcanzó al Congreso. Catania le pidió a la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados la remisión de los informes sobre la inflación estimada por las consultoras privadas, multadas por Moreno, que difunden todos los meses, y el acto administrativo por el cual tomaron la decisión de comunicar ese índice. También les pidió que digan cómo llegan a ese número. La UCR, el peronismo disidente, la Coalición Cívica, Pro y el GEN dijeron que la medida les recordaba a las «listas negras de la dictadura», que buscaba amedrentar a los periodistas.

El pedido del juez se conoció el mismo día en que la titular del FMI, Christine Lagarde, insistió en la necesidad de que la Argentina tenga estadísticas creíbles.

Rechazo de ADEPA y Fopea al pedido de la Justica

El constitucionalista Gregorio Badeni consideró que la medida ordenada por Catania «es una desnaturalización de la función judicial, porque no se advierte qué relación hay entre las publicaciones y el presunto hecho delictivo». Agregó que «es un avance sobre la libertad de prensa, no sólo el pedido a los medios, que puede considerarse intimidatorio, sino la sustanciación de la causa, que penaliza la libertad de expresión».

Moreno, tras embestir contra las consultoras y multarlas por difundir índices inflacionarios, que duplican los del Indec, denunció penalmente a una de ellas, M&S, de Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo. Los acusa de agiotaje, que implica especular mediante la difusión de noticias falsas para hacer subir los precios de los productos, de los títulos públicos o la tasa de interés. Según Moreno, un escenario de alta inflación favorece a los bancos que ganan con mayores márgenes de intermediación y crecimiento de sus carteras de préstamos.

La denuncia recayó en el juzgado de Catania, que se la envió a la fiscal Carolina Robiglio, que pidió medidas previas e impulsó la acción contra Melconian, dijeron a LA NACION fuentes del juzgado. Catania libró oficios con medidas sugeridas por la fiscal y el propio Moreno.

El magistrado pidió a los diarios que informen en cinco días si tienen vínculos comerciales con Melconian y la «nómina, dirección y teléfonos de contacto» de los periodistas que hayan escrito sobre la inflación desde 2006.

En el juzgado dijeron que la medida «no tiene una intención persecutoria», sino que busca tener datos para citar a periodistas como testigos. «La hipótesis de que haya algún periodista imputado, por ahora, es exagerada», dijeron en tribunales.

La ley protege el secreto de la fuente de los periodistas, que a lo sumo pueden ratificar en una declaración el contenido de sus notas, con lo que no quedan claros los motivos de su eventual citación. Lo habitual es que cuando los periodistas son citados lleguen oficios a los diarios o se los cite como a cualquier testigo en el domicilio que figura en el Registro Nacional de las Personas.

También ordenó que la Comisión de Libertad de Expresión diga cómo elaboran el índice de inflación que difunden; que el Banco Central informe las tasas de interés desde 2006 y a cuánto ascendió el spread de los bancos (diferencia entre la tasa de interés pagada por depósitos y la cobrada por préstamos). También solicitó que informe sobre el dólar a futuro desde 2006 y que les pida informes a los bancos sobre si contrataron a Melconian, los contratos y los informes que hubiera realizado.

Los oficios se repiten al Indec, a la Caja de Valores y a la AFIP, así como al FMI. A las oficinas locales del organismo les pide que les diga qué parámetros usan en al confección de sus informes sobre la inflación en la Argentina, si tuvieron en cuenta las estimaciones de las consultora de Melconian y si se reunieron con ella para pedirle informes y opiniones sobre el país. Fuentes del FMI se limitaron a confirmar a LA NACION que recibieron el pedido del juez y que el departamento de asuntos legales lo está analizando.
Fuente: La Nación, 23/09/11.

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