David Murcia Guzmán, el “Madoff colombiano”

julio 15, 2011 · Imprimir este artículo

“Madoff colombiano” pagará 9 años de cárcel y el esquema piramidal sigue mutando

Por Fernando Martínez

 

El creador de la pirámide financiera DMG, David Murcia Guzmán, fue condenado a 9 años de prisión por un juez de Nueva York  por lavado de activos y luego será deportado para cumplir condena de 30 años y 8 meses más en Colombia, en donde ha sido sentenciado por el mismo delito.

Según declaraciones ofrecidas al diario bogotano El Tiempo, el abogado de Murcia, Robert Abreu aseguró que  “su cliente terminará pagando una pena efectiva de cinco años después de descontar los 30 meses que lleva preso desde el momento en que fue solicitada su extradición a suelo estadounidense y de una reducción del 15% por buen comportamiento”.

La fiscalía norteamericana acusó a la firma DMG, en marzo de 2009,  de transportar millones de dólares pertenecientes a los carteles de drogas de México. Adicionalmente, Murcia y otros seis procesados fueron acusados de haber invertido millones de dólares procedentes del tráfico de drogas en el sector de los bienes raíces en Estados Unidos, mediante algunas “compañías de responsabilidad limitada”.

El documento de la sentencia explica que la comercializadora DMG blanqueaba capitales a través del Mercado Negro de Cambio de Pesos (BMPE, por sus siglas en inglés). En otoño del 2007 Murcia y su esposa abrieron una cuenta en Merrill Lynch en Estados Unidos a nombre de “Blackstone International Development”. En esa cuenta, ambos aparecían como propietarios de la firma.

El superintendente de Sociedades en Colombia, Luis Guillermo Vélez, afirmó a RCN que el juez de la Corte de New York ratificó también la entrega de unos bienes adicionales de David Murcia para su liquidación, valorados en dos millones de dólares y doce propiedades en diferentes ciudades de EE.UU.

Se inicia un proceso en el cual el agente liquidador recibirá estos bienes, los valorará, los venderá y una vez estén convertidos en efectivo se hará una nueva adjudicación para reparar a cientos de víctimas de DMG.

El efecto Murcia

Detrás de la sentencia de quien ha sido denominado como el “Madoff colombiano”, se cierra un capítulo más de un escándalo que giró en torno a uno de los mecanismos más riesgosos para el lavado de dinero y estafas masivas: una pirámide financiera.

Casi 100 empresas que captaban dinero del público de manera ilegal han sido intervenidas por el gobierno colombiano, en los últimos tres años.

Las intervenciones se registraron a finales del 2008, cuando quebraron pirámides que operaban en varias regiones del país y con ello se generó una gran convulsión social, que incluso afectó la economía de la nación neogranadina.

En medio de ese proceso de intervención, se puso en el ojo del huracán a la corporación DMG Holding, en donde se escondían operaciones de blanqueo de capitales procedente de carteles del narcotráfico, según afirman las sentencias de las autoridades estadounidenses y colombianas.

Se aprobaron regulaciones y leyes “antipiramidales” para poner un muro de contención a una práctica de alto riesgo, que todavía tiene presencia en la región.

Mutación piramidal

Pero a pesar del escándalo, los millones de dólares en pérdidas de centenares de inversores que aún esperan el retorno de su dinero (US$ 7 millones 973 demandados) y las medidas tomadas por el gobierno para contrarrestar nuevas estafas, el mercado de estas estructuras financieras al parecer sigue mutándose.

El delegado de la Superintendencia de Sociedades en Medellín, Luis Fernando Jiménez Álvarez,  advirtió a medios locales que su despacho tiene detectadas tres firmas: “Nos están llegando denuncias de empresas captadoras de dinero y las estamos atacando inmediatamente. Se trata de empresas que usan como fachada la tramitación de créditos y piden dinero para supuestamente hacer un estudio de crédito bancario”, dijo a El Colombiano.

También  aparecen empresas que figuran como intermediarias de corretaje, donde ofrecen una afiliación en efectivo con la promesa de reconocer, al finalizar el mes, un interés atractivo.

¿Cuál era la estructura de negocio?

La corporación DMG Holding S.A  era una mezcla de varias empresas comercializadoras de bienes, que recibían dinero en efectivo por tarjetas prepagadas, con las cuales los inversionistas podían adquirir productos (desde electrónicos y ropas hasta vehículos) en las tiendas pertenecientes a la comercializadora.

Luego de un período de seis meses, los inversionistas recibían un interés de hasta un 150% del dinero que invirtieron en la tarjeta prepagada y, por supuesto, conservan los bienes previamente adquiridos.

Además, las personas recibieron incentivos por cada otro cliente que lleven a la empresa a comprar tarjetas pre pagadas.

Según las investigaciones, se estima que la comercializadora llegó a captar la astronómica cifra de US$ 920 millones.

Dicha corporación tuvo presencia en 7 países, oficinas en 57 ciudades colombianas, 7.000 afiliados, 800 empleados y se estima que millones de clientes en varios países, aunque el sumario de la corte estadounidense indica 400.000.

Alto riesgo

De acuerdo con las tendencias mundiales antilavado este tipo de procedimientos contempla elementos de alto riesgo, como es la comercialización de las tarjetas prepagadas –similares a las tarjetas telefónicas-, las cuales no son respaldadas por ninguna entidad financiera.

El mantener operaciones con grandes cantidades de efectivo ajenas al sistema financiero fue una de las variables cuestionables de DMG.

Un funcionario policial colombiano consultado por Lavadodinero.com,  el cual prefirió mantener el anonimato, aseguró que el grupo encabezado por Murcia adelantaba las operaciones “completamente en efectivo, no guardaban el dinero en el banco, ni usaban cuentas o transferencias. El dinero era movilizado mediante compañías de transporte de valores, tales como Provitec y Transval”.

El sentenciado cuando fue detenido por las autoridades panameñas y extraditado a Colombia para enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito, captación ilegal de dinero y lavado de dinero, aseguró que no es “paramilitar, ni lavador de los narcos, trabajo porque me gusta ayudar a los pobres”.

Colombia y su legislación antipiramidal

Luego de la intervención de DMG y de docenas de empresas captadoras en el país suramericano,  la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia impuso la obligación de reportar operaciones en efectivo y de divisas a 72 empresas relacionadas con los procedimientos conocidos como “pirámides”.

Las captadoras de dinero fueron obligadas a cumplir ciertos procedimientos para documentar la identificación de los clientes, la forma en que fue recibido el dinero y las personas naturales o jurídicas involucradas en la transacción.

En el caso de las divisas, las compañías deberán notificar todo tipo de operaciones de envío de dinero desde y hacia el exterior en la que participen “por cuenta propia, de un cliente, usuario, tercero, proveedor, asociado, contratista, afiliado u otro”.

En resumen, quienes capten dinero ilegalmente podrían recibir penas de prisión entre 10 y 20 años y su no devolución a los afectados es un delito autónomo castigado con 15 años de cárcel y hasta 15 mil salarios mínimos.

Se endurecen las penas no solo para aquellos que capten ilegalmente el dinero sino para los miembros de junta directiva, representantes legales, administradores y empleados de instituciones financieras y de cooperativas que dolosamente omitan reportar transacciones en efectivo.

Fuente: LavadoDinero.com, 15/07/11.

David Murcia Guzmán

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