El Lavado de Dinero en Argentina

Lavado de dinero: última oportunidad

Es necesario aunar esfuerzos para alumbrar una nueva norma realmente eficaz en la prevención y el control de los delitos

La semana pasada el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, concurrió a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación con el propósito de informar sobre la grave situación que atraviesa nuestro país en su condición de miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las posibles sanciones que pueden recaer si no se reforma a tiempo el sistema normativo vigente para facilitar las investigaciones y la represión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En efecto, Alak, acompañado por el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, transmitió la preocupación de la presidenta de la Nación por evitar las sanciones por parte del organismo internacional. Al mismo tiempo, el titular de la UIF reseñó la batería de resoluciones dictadas recientemente por el organismo de control para poner a la Argentina en línea con los requerimientos del GAFI y concluyó que las dificultades existentes que impiden avanzar son de orden legal.

El panorama institucional descripto por el ministro fue desalentador: en forma urgente el país debe modificar el régimen penal si no quiere recibir la calificación de país «no cooperante» que lo ponga al borde de la expulsión del organismo. Los extensos argumentos expuestos fueron rechazados por los diputados del arco opositor en virtud de que todas las objeciones y advertencias recibidas por la Argentina se produjeron en los últimos siete años, que coinciden con el gobierno del matrimonio Kirchner.

Así las cosas, la cuestión del lavado de activos recorrió la agenda nacional desde la inclusión en el discurso de la Presidenta al inaugurar las sesiones ordinarias de este período hasta el frustrado paro convocado por la CGT, insólitamente motivado por el requerimiento de información de la justicia suiza sobre las actividades financieras de Hugo Moyano.

Dado que fue durante la era kirchnerista que el GAFI exigió modificaciones a la normativa argentina, es importante destacar la retahíla de sucesos vinculados a esta problemática de envergadura internacional que se produjeron en ambos mandatos y que exhiben una deliberada parsimonia y una sospechosa inexistencia real de controles nacionales en la materia.

En 2004, la AFIP elevó a la UIF un reporte de operación sospechosa (ROS) proveniente de la regional Comodoro Rivadavia sobre las actividades financieras de una empresa minera de capitales canadienses radicada en la provincia de Santa Cruz. La investigación recayó en manos del entonces juez federal Jorge Urso, que la archivó sin más trámite.

Ese mismo año, el secretario de Seguridad Norberto Quantín solicitó a la UIF que se investigaran 30 expedientes sobre la venta de tierras fiscales en las provincias de Formosa y Salta adquiridas con fondos provenientes de paraísos fiscales y sobre los que la Superintendencia de Tierras Fiscales no había ejercido los controles correspondientes. La investigación tampoco prosperó.

En septiembre de 2004, la empresa aérea Southern Winds (SW) transportó a España cuatro maletas con 60 kilos de clorhidrato de cocaína que, despachadas sin pasajeros en el vuelo 6420, fueron etiquetadas con la identificación de «Embajada Argentina en España». Luego de un largo proceso, las condenas impuestas fueron por el delito de contrabando agravado; no hubo sanciones por lavado ni tampoco se brindó mayor información sobre eventuales responsabilidades de la embajada argentina en España.

En agosto de 2007, un vuelo de Enarsa proveniente de Venezuela y con altos funcionarios del Ministerio de Planificación Federal a bordo intentó sin éxito evitar el control aduanero e ingresar al país una valija con más de US$ 800.000. El episodio trascendió a la opinión pública como «la valija de Guido Alejandro Antonini Wilson», quien, en días posteriores, fue mostrado en un video participando en una reunión en la Casa de Gobierno.

En agosto de 2008 se produjo en la localidad bonaerense de General Rodríguez un triple crimen de empresarios vinculados al comercio de la efedrina. La investigación de este delito desnudó los nexos existentes entre un sector del mercado farmacéutico nacional y el poder político, que no se agota en las sociedades vinculadas con las víctimas sino que alcanza a otras droguerías que resultaron importantes financistas de la campaña electoral del kirchnerismo. Los estados patrimoniales de las empresas no justificaban cuantiosos aportes a campaña política alguna, por lo que se trataría de maniobras de blanqueo de dinero ilícito.

En estas causas judiciales se encuentran procesados el ex superintendente de salud Héctor Capaccioli, un director de la Anses y otro de Lotería. La jueza electoral María Servini de Cubría tiene bajo su responsabilidad el control del financiamiento de las campañas electorales y debe resolver estos escandalosos casos. Pero aún no lo ha hecho.

La causa sobre presunto tráfico de medicamentos con etiquetas cambiadas o envases adulterados, que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide contra un grupo de droguerías y farmacias que se dedicaban a comercializar medicamentos de alta complejidad y por la que se encuentran encausados y detenidos varios caciques gremiales y sus esposas.

En octubre de 2008, en los aciagos momentos de conflictos con el campo, el Gobierno estableció fuertes cerrojos para desalentar que los ciudadanos compraran o invirtieran sus ahorros en moneda extranjera; al mismo tiempo la opinión pública era informada de que el marido de la Presidenta había adquirido dos millones de dólares, cuya explicación oficial era la inversión del dinero proveniente de la reventa de tierras fiscales en El Calafate y que poco antes habían sido adquiridas a precio vil.

En los primeros días de este año se descubrió una operación de contrabando de casi mil kilos de cocaína a bordo de un avión argentino con destino a España. Las autoridades nacionales comenzaron por afirmar que la droga fue embarcada en la ciudad de Cabo Verde para terminar aceptando que ésta fue cargada en la ex base de la Fuerza Aérea de Morón después de haber recorrido miles de kilómetros a lo largo de gran parte del país.

Muchas de estas maniobras se ven facilitadas por las injustificadas demoras en la «radarización» para controlar el espacio aéreo argentino y la ineficacia de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), hoy a cargo de Alejandro Granados.

Podríamos seguir enumerando gran cantidad de hechos sucedidos al amparo del relato oficial que exponen todo el cinismo y la corrupción de estos tiempos para nuestra República. Sin embargo, el interés del oficialismo por evitar una condena internacional que califique al país como «no cooperante» en la materia otorga una oportunidad extraordinaria para avanzar en la agenda pendiente.

La oposición debe superar protagonismos, aunar esfuerzos para alumbrar una nueva ley que contenga un régimen penal eficaz para la prevención y persecución de estos delitos y un nuevo organismo de control. Es necesario contar con una UIF dotada de herramientas técnicas y recursos humanos especializados y poner al frente a un funcionario probo e idóneo, que posea honestidad intelectual y valentía personal para desarrollar las tareas encomendadas. Un conductor que evite la manipulación de la información colectada e impida, como ha ocurrido y ocurre actualmente, que ésta sea utilizada perversamente con fines de persecución política o empresaria.

Todos deben realizar un análisis crítico y profesional de la experiencia acaecida y no insistir en fórmulas fracasadas como la conducción colegiada de la UIF, sistema que paralizó las actividades de control y la convirtió en una agencia de viajes a costa del erario. Constituir un organismo técnico como un cuerpo colegiado con cupo femenino es un desatino que sólo revela otro profundo desconocimiento de la experiencia nacional, ya que en las dos primeras oportunidades la UIF fue conducida por mujeres.

La condición de experto en una materia pública, cualquiera sea el ámbito que se trate, proviene del estudio crítico y de la reflexión profesional y responsable sobre las experiencias empíricas. No es igual escribir una tesis universitaria que elaborar una ley que regulará las actividades de amplios sectores económicos y que llegado el caso deberá ser aplicada por los jueces. En esto no hay margen para la superficialidad ni para la ligereza política; es hora de afrontar este gran desafío con la debida responsabilidad cívica antes de que sea demasiado tarde.
Fuente: Editorial del diario La Nación, 05/05/11.

Más información:

https://www.economiapersonal.com.ar/2011/04/18/argentina-denunciaron-al-titular-de-la-uif-por-ocultar-los-giros-k-al-exterior/
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