La Argentina amordazada

julio 13, 2012 · Imprimir este artículo

La mordaza, una vergüenza

Por Ricardo Kirschbaum

 

Hay cada vez más fuentes que ruegan, cuando acceden a hablar con el periodismo, que las protejan . Esto es, que se mantenga el contrato de anonimato que se establece entre una fuente de información y el periodismo. Temen represalias por dar información, aun cuando ésta sea de interés público o exprese la situación o el interés de un sector, por usar un ejemplo.

Conservar el anonimato para una fuente, cuando se trata de temas sensibles, es capital, y el periodista tiene el derecho constitucional de proteger sus fuentes ante la intención de quienes, perjudicados por esa información, intentan descubrirlos.

Fuentes anónimas usadas por periodistas de The Washington Post durante el célebre escándalo Watergate dieron las pistas para la investigación que forzó la renuncia del presidente de Estados Unidos , Richard Nixon, para citar el caso más resonante.

En la Argentina, desde 2003, el Gobierno trabaja para segar las fuentes de los periodistas en general y de Clarín, en particular. Ya hemos mencionado muchas veces las trabas y obstáculos para el trabajo de los periodistas que pone el Gobierno, acostumbrado como está a la propaganda y el autoelogio.

Si ya hay una discriminación abierta de los funcionarios del Gobiernos con los periodistas que no considera “amigos”, se agregó la presión directa a quienes manifiestan su opinión en los medios que no están bajo la supervisión del controlador del relato. Cada vez más, por ejemplo, empresarios prefieren que sus críticas homeopáticas se consignen en forma anónima para evitar dificultades.

Ayer publicamos una crónica sobre un seminario de la Unión Industrial en el que todas las opiniones críticas fueron consignadas con la aclaración que los autores de ellas pedían confidencialidad .

La Presidenta (Cristina Kirchner) ayer utilizó la cadena nacional para narrar que, a raíz de una nota en Clarín sobre el impacto del cepo cambiario en el mercado inmobiliario, le había pedido a la AFIP que investigue al autor de esas opiniones. Y que había descubierto que éste no había presentado declaración jurada de Ganancias desde 2007.

La intención de la Presidenta es tan transparente que asusta, porque lo que se busca, está claro, no es que Fulano o Mengano aclaren su situación impositiva sino que callen sus críticas o sus descripciones negativas que las medidas oficiales tienen en los sectores en los que se desempeñan.

Y que lo haya hecho por cadena nacional, como un modo ejemplificador y disciplinario , es aún más grave porque es una amenaza a gran escala para amordazar las críticas.

La libertad de expresión y de opinión son derechos constitucionales que defienden de represalias y sanciones a quienes los utilicen en los medios que les plazca.
Fuente: Clarín, 12/07/12.

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