La encrucijada de Venezuela

enero 10, 2015 · Imprimir este artículo

La encrucijada venezolana

Editorial de La Nación, 10/01/15.

venezuela-bandera-mapaA lo largo de todos los años en los que el chavismo ha gobernado Venezuela, la democracia de ese país ha sido deformada hasta hacerla irreconocible, recurriendo a maniobras de distracción de toda índole, para tratar de ocultar la enorme gravedad de lo que sucede allí. Todo ha ocurrido sin que esta grave y delicada realidad fuera denunciada con la energía debida por los organismos regionales, intimidados por la prepotencia de Venezuela y de los países denominados “bolivarianos” que la acompañan.

Recientemente la situación se ha deteriorado aún más. El Parlamento venezolano eligió hace pocas semanas a 12 jueces del Tribunal Supremo de Justicia del país por mayoría simple, cuando la Constitución de Venezuela dice, con meridiana claridad, que para ello se requiere contar con los dos tercios de los escaños, mayoría de la que no dispone el oficialismo.

Esos magistrados, así elegidos, integrarán el máximo órgano judicial venezolano por los próximos 12 años, sin contar con la independencia e imparcialidad que, por definición, requiere el desempeño de la función judicial. Por ello, las libertades esenciales y los derechos humanos de los venezolanos quedarán aún más desprotegidos. Incluso ya ahora la detención arbitraria del dirigente opositor Leopoldo López, entre otras cosas, demuestra cómo se ha avanzado en la ilegalidad más allá de toda duda. El grueso de los legisladores de la oposición, cabe apuntar, se negó a votar tamaña violación de la carta magna de su país.

Como era de suponer, tan pronto esos altos magistrados judiciales fueron elegidos, asumieron presurosamente sus funciones, como queriendo consumar sin pérdida de tiempo la inconstitucional maniobra.

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Además, el propio Tribunal Supremo de Justicia eligió a los miembros del Consejo Nacional Electoral, profundizando así la reprobable farsa con la que se ha dejado claramente de lado la Constitución del país caribeño. Para justificarlo, se invocó la existencia de una “omisión legislativa”, atento a que el oficialismo y la oposición no habían logrado acuerdo sobre la cuestión.

Es hora ya de denunciar lo que sucede en Venezuela, cuya democracia está siendo constante y sistemáticamente demolida por la administración de Nicolás Maduro, sin que semejante conducta merezca siquiera un tibio reproche o expresión institucional de preocupación por parte de los organismos regionales encargados de proteger y preservar la democracia en nuestro continente.

Desgraciadamente, Venezuela atraviesa una profunda crisis económica y social, provocada por la incompetencia de la administración actual. Sólo durante el año pasado, Nicolás Maduro creó 55 oficinas tendientes a atacar dificultades económicas y sociales, pero esta semana se ha visto obligado a buscar oxígeno con nuevos préstamos chinos, para paliar la caída del crudo y la recesión local. Este año, además, habrá elecciones parlamentarias en las que el desprestigiado oficialismo podría sufrir una derrota en las urnas que sería muy significativa: según una encuesta de opinión de la consultora internacional Datanalisis, Maduro sólo mantiene un 22% de aceptación, una pérdida de más de 30 puntos desde la muerte del “comandante eterno”.

La defensa sincera de la democracia real es una tarea que debe retomarse con toda urgencia desde los organismos regionales, antes de que no sólo en Venezuela sea demasiado tarde.

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