Axel Kicillof ha demostrado una vez más que es consecuente con sus ideas. Mucho antes de ser designado ministro de Economía, había sentenciado que seguridad jurídica y clima de inversión eran dos «conceptos horribles». Ahora ha vuelto a demonizarlos con dos proyectos de ley avalados por la presidenta Cristina Kirchner y enviados al Congreso al sólo efecto de que la mayoría oficialista convalide hechos consumados o decisiones que ya no tienen vuelta atrás.

Los proyectos de «Pago soberano local» de la deuda externa y de «Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo» (eufemismo para endurecer la anacrónica ley de abastecimiento, de 1974), no solo comparten el común denominador de agregar más incertidumbre al futuro económico y de frenar el ingreso de divisas -ya sea bajo la forma de créditos o inversiones- a una economía anémica de dólares y que apunta a sobreintoxicarse de pesos. Aunque sus objetivos parezcan disímiles, estas leyes se perfilan como complementarias e imprescindibles para el gobierno de CFK en la dura transición hasta fin de 2015.

Con la primera iniciativa, Cristina Kirchner oficializó el incumplimiento de la sentencia del juez Griesa a favor de los «fondos buitre», que la Corte Suprema de los EE.UU. dejó firme el 16 de junio. En rigor, esa decisión ya había sido adoptada a fin de julio, cuando Kicillof ofreció pagarles un monto inferior a la quinta parte de la deuda fijada por el fallo y precipitó el default al abortar cualquier negociación alternativa. Una novedad es que, de ser sancionada, la ley impedirá negociar cualquier pago por un monto superior, ni ahora ni en el futuro con todos los holdouts. Otra es que la Presidenta ni mencionó en su discurso por cadena la cláusula RUFO, cuyo vencimiento a fin de año abría la posibilidad de algún arreglo a comienzos de 2015. Así despejó la mayor incógnita: habrá default por mucho tiempo, aunque el Gobierno se cierre la puerta al financiamiento externo que buscaba conseguir hasta hace escasos tres meses para oxigenar la economía.

Tampoco es seguro que se pueda evitar el default con los tenedores de bonos bajo legislación extranjera (holdins) que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 y ahora no pueden cobrar porque Griesa bloqueó los fondos. Si bien el Gobierno decidió remover al Bank of New York (BoNY) como agente de pago y reemplazarlo por Nación Fideicomisos (u otra entidad que puedan designar los holdins), este atajo es difícil de instrumentar. Lo mismo que el canje «voluntario» de sus títulos, si optan por cambiar el domicilio de pago y someterse a la legislación argentina. Por un lado, se desconoce con qué base de datos podrán cursarse los pagos en tiempo y forma, máxime cuando el 30 de septiembre hay otro vencimiento (por 200 millones de dólares) del bono Par. Por otro, hay fondos de inversión extranjeros que, por estatuto, no pueden cambiar de jurisdicción y otros que no quieren someterse al mayor riesgo argentino. De hecho, también estos cambios implican eludir el fallo de Griesa, que ya en 2012 había previsto neutralizarlos al prohibir a los agentes de pago de jurisdicción neoyorquina colaborar con un eventual canje o cambio de domicilio.

De manera que, si no hubiera una importante adhesión de bonistas, surgirá entre los holdins una segunda generación de holdouts; que podrían convertirse en nuevos «fondos buitre» y, paradójicamente, pondrían en peligro la «reestructuración exitosa» de la deuda que el gobierno de CFK dice defender. No es un buen antecedente que, para sortear el default, se cambien reglas que amenazan con ramificarlo y extenderlo.

Por lo pronto, la movida oficial coloca a la deuda en una dimensión desconocida. Nadie está demasiado seguro de qué podría ocurrir si la Argentina es declarada en desacato por la justicia de los EE.UU. Ni tampoco cuándo podrían gatillarse las cláusulas de «aceleración» y «cross default» incluidas en los contratos para hacer exigible el 100% del capital de los títulos y que hasta hace pocas semanas eran conocidas sólo por especialistas. Lo único previsible son nuevas demandas judiciales para resolver en los próximos años.

Al igual que los mercados, la oposición en el Congreso tomó nota de que estos riesgos recaerán sobre el futuro gobierno. Y al anticipar el voto en contra del proyecto, evitó además quedar encerrada en la dicotomía «Patria o Buitres» con que viene envuelto y que confunde soberanía con discrecionalidad y aislamiento internacional.

Tampoco es creíble que Cristina haya enviado el proyecto porque constitucionalmente le corresponde al Congreso arreglar la deuda pública. Debió hacerlo mucho antes; por lo menos cuando la Corte de los EE.UU. no aceptó la apelación argentina. Hace 30 meses, la actual propuesta de reabrir el canje a los holdouts y depositar los pagos en una cuenta especial en el BCRA, hubiera sido una muestra de voluntad para negociar; hoy, con una sentencia firme en contra, es una muestra de inflexibilidad. Pero tampoco el Congreso fue consultado cuando el Gobierno arregló los pagos con el Club de París, Repsol y el Ciadi, que también significan aumentar la deuda pública. Con la intención oficial de lograr la sanción exprés de la ley en menos de quince días, si hay debates serán sólo testimoniales. La mayoría automática del oficialismo ya funcionó en otras leyes clave para convalidar hechos consumados y votar a libro cerrado. Entre ellas, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA; la reestatización de YPF; la prórroga de la Emergencia Económica o los dibujos numéricos de cada presupuesto nacional.

Ahora, con la perspectiva de un default prolongado y sin acceso al crédito externo, el gobierno de CFK deberá moverse en una economía con escasez de dólares y abundancia de pesos. Sin un plan alternativo, todo indica que su reacción será «profundizar» lo que hizo siempre: seguir subiendo el gasto público y la emisión para sostener el consumo y el nivel de actividad, aunque con peores resultados. Como la inflación y el dólar apuntan más arriba en los próximos meses, se descuenta que profundizará los controles cambiarios (para racionar el uso de dólares) y también los controles de precios (para reprimir la inflación y atenuar la caída del salario real) aunque los costos sigan subiendo.

De ahí que la reforma de la ley de abastecimiento se convierta en una pieza clave de este esquema. No tanto por los resultados, que suelen ser efímeros, como ocurrió en 1974 con el Plan Gelbard, sino porque busca endosarle al sector privado el costo del ajuste de cinturón que elude el sector público. Como también es una decisión tomada la «concesión» oficial a discutir cambios en la letra de algunos artículos es más cosmética que otra cosa. El espíritu de esta ley intervencionista al extremo afecta los derechos de las empresas y frenará aún más las inversiones. Y aunque difícilmente sea convalidada por la Justicia, permitirá entretanto convertirlas en chivos expiatorios de los problemas derivados de los desequilibrios macroeconómicos provocados por el propio Gobierno. Nada que ver con el eslogan de «país en serio» que, prudentemente, fue eliminado hace algunos años de toda la propaganda oficial como si fuera una silenciosa confesión de parte.

Fuente: La Nación, 24/08/14.