El transcurso de sólo un día bastó para que el Gobierno tuviera que reacomodar su relato en defensa de los estrechos lazos comerciales entre la Presidenta y el pseudoempresario santacruceño Lázaro Báez. Nada garantiza que la versión actual sea la última, pero por lo menos ésta se aproxima más a lo ya revelado por una documentada investigación publicada por LA NACION en diciembre del año pasado.

El titular de la AFIP [Ricardo Echegaray] sostuvo que Cristina Kirchner no es socia del empresario, pero al día siguiente tuvo que aclarar que si bien no son socios «técnicamente», los dos mantienen «vínculos comerciales». «Técnicamente no hay sociedad constituida», agregó.

En efecto, son numerosísimos, serios, graves y concordantes los vínculos comerciales entre la Presidenta y este oscuro empresario de la construcción que se convirtió en magnate durante los gobiernos de los Kirchner, y que empezó a crecer en Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner.

De ahí que existan sólidos y antiguos vínculos hoteleros, financieros, comerciales y personales entre la Presidenta, su hijo y Báez. La sociedad a la que nos referimos quizá no lo sea en lo técnico, pero puede denominársela así por lo habitual y lo estrecho de aquellos lazos económicos.

A ello se suma la activa y muchas veces ilegal protección que Báez y sus empresas reciben de los organismos de control estatales e incluso de parte de nuestra Justicia, siempre lenta cuando se trata de presuntos casos de corrupción que comprometen a los gobernantes de turno o a sus allegados.

Otro punto en común entre este grotesco personaje y los Kirchner es la dificultad para justificar su exponencial enriquecimiento. Basta recordar las dudas e inconsistencias que jalonaron las declaraciones juradas del matrimonio presidencial y el cierre abrupto e irregular por parte del juez federal Norberto Oyarbide de una causa en la que investigaba a Néstor Kirchner por enriquecimiento ilícito. La falta total de transparencia ha sido una constante en los negocios de los Kirchner y Báez. De ahí las fundadas sospechas acerca de si la reforma del Código Procesal Penal no esconde también mecanismos que en la práctica contribuirán al fracaso de las investigaciones de futuros casos de corrupción.

Estos son solo algunos de los vínculos comerciales hasta hoy conocidos:

• Una firma de Báez, Valle Mitre SA, se hizo cargo de la administración de los hoteles de los Kirchner, y allí alquiló más de 1100 habitaciones por mes, durante años, en el Alto Calafate, Santa Cruz. Curiosamente, esos cuartos no fueron ocupados, pese al costo millonario que representó para la empresa de Báez, traducido en ganancias para los Kirchner. En diciembre pasado, luego de que este diario lo publicó, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, lo confirmó y tuvo el caradurismo de hablar de un «negocio entre privados».
• Desde hace años, la Presidenta y el citado pseudoempresario comparten como copropietarios en El Calafate un condominio sobre un terreno de 87.000 metros cuadrados.
• Báez edificó un complejo de diez departamentos en la calle Mitre, de Río Gallegos, mediante un fideicomiso, junto con Néstor Kirchner. Así lo informó el ex presidente en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
• Hay dos grupos de departamentos de Báez en la capital santacruceña, uno de ellos en un terreno de los Kirchner. El empresario alquiló -a valores superiores a los del mercado- esos departamentos para que se alojaran varios gerentes de sus empresas, con cheques que emitió a nombre del ex presidente.
• Báez adquirió a los Kirchner por lo menos nueve departamentos, casas y terrenos en apenas un año, que terminaron en poder de la empresa de Báez, Austral Construcciones. La firma constructora Epelco se encargó de adquirir la casa de los Kirchner en el centro de Río Gallegos.
• Este diario publicó que Austral Construcciones, de Báez, utilizó facturas apócrifas por decenas de millones de pesos.

Como prácticamente no hay una semana sin que aparezcan otros datos que comprometen aún más a Báez, se supo también que Ernesto Clarens, financista de Báez, controlaría una cuenta en un banco suizo que se habría usado para recibir giros de «clientes no determinados».

Es fácil advertir en esta somera enunciación que si bien no ha aparecido aún una sociedad «técnica» entre Báez y la Presidenta, existe, sí, una suerte de sociedad de hecho que podría explicar otros misterios, como la firme, constante y descarada protección que el empresario recibió y recibe de organismos de control, como la Unidad de Información Financiera (UIF). Esta unidad, cuya función debería ser la lucha contra el lavado de dinero, durante dos años y medio omitió denunciar ante la Justicia a dos empresas de Báez reportadas por «actividades sospechosas», pese a que registraban serias anomalías societarias. Se trata de la ya mencionada Austral Construcciones SA y la petrolera Epsur. Para colmo, el titular de la UIF, José Sbattella, afirmó públicamente respecto de Báez, como si fuera su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».

Por su parte, los fiscales kirchneristas Carlos Gonella y Omar Orsi están acusados en una causa que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi del delito de prevaricato, por no haber acusado en su momento a Báez de lavado de dinero. A su vez, la diputada Margarita Stolbizer pidió a la Justicia que envíe la documentación requerida por el Ministerio Público Fiscal suizo relativa a la investigación sobre Báez en aquel país por presunto lavado de 22 millones de dólares. Durante el kirchnerismo, la Cancillería se ha caracterizado por trabar estos pedidos de colaboración.

Ante estos datos, no es de extrañar que la justicia uruguaya investigue al empresario con mucho más empeño que su par argentina y que los llamados fondos buitre iniciaran una investigación internacional para averiguar hasta dónde llegan, en realidad, los vínculos comerciales entre el empresario y la primera mandataria. La diputada Elisa Carrió, con argumentos muy atendibles, sostuvo que esos vínculos consistirían en que Báez es testaferro de los Kirchner. Los fondos buitre parecen compartir esas sospechas y procuran probarlas. En esa tarea ponen mucho más empeño que la justicia argentina.

Hay algo que está fuera de toda duda: las sospechas no se basan en que un hombre de origen humilde como Báez se haya enriquecido, pues sobran casos similares. Las sospechas se basan en que lo haya hecho tan rápido y a partir exclusivamente de negocios con el Estado desde que Néstor Kirchner alcanzó la gobernación de Santa Cruz en adelante. También resulta llamativa la variedad de rubros que eligió para sus inversiones: la actividad petrolera, los medios de difusión, la actividad inmobiliaria, el campo y la construcción, actividad ésta que ejerce casi en forma monopólica en Santa Cruz.

El tema Báez constituye un grave problema para un gobierno en retirada, mucho más que el de Amado Boudou. Es de esperar que la Justicia avance en sus investigaciones y que en el futuro no se vea obligada a pedirles información a los fondos buitre.

Fuente: La Nación, 30/10/14.

El fiscal antilavado Carlos Gonella y su segundo Omar Orsi vieron agravados ayer sus problemas con la Justicia y quedaron a las puertas del juicio oral y público. La Cámara Federal confirmó sus procesamientos, por actuar en contra de la ley al dejar fuera de una investigación por lavado de dinero al empresario kirchnerista Lázaro Báez y su familia.

Los jueces de la Sala II del tribunal, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, entendieron que el fiscal federal y su colaborador cometieron el supuesto delito de prevaricato, al no incluir a Báez y quedarse sólo con una acusación inicial contra Federico Elaskar y Leonardo Fariña, los «financistas» que acusaron al empresario.

Ambos fueron procesados por lavado de dinero por el juez federal Sebastián Casanello, que indagó a Báez por ese delito, pero aún no resolvió si lo procesa o no.

Esta causa se inició con el programa de TV Periodismo para todos del 14 de abril de 2013, cuando puso en el aire testimonios de Fariña y Elaskar, que dijeron que sacaron del país unos 60 millones de euros de Báez y los blanquearon. Luego se desdijeron. A raíz de ese programa, se abrió una causa, que recayó en la fiscalía de Guillermo Marijuan. El fiscal estaba de licencia y lo reemplazaba Ramiro González. Gonella y Orsi colaboraron.

En un primer dictamen, en el que ambos participaron, dejaron fuera de la investigación a Báez y su familia. Ambos fueron denunciados y procesados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Los camaristas rechazaron la apelación del defensor oficial de ambos imputados, Martín Hermida, y confirmó embargos de $ 75.000 sobre los bienes de Gonella y Orsi.

Para los jueces, «resulta llamativo» que no hayan propuesto «la producción de ni siquiera una sola prueba» que podría llegar a rozar a Báez y a su círculo en Austral Construcciones SA, la empresa santacruceña beneficiada con obras públicas.

Añadieron: «También llama la atención que pese a tratarse de un proceso en el que se investiga el delito de lavado de divisas y más allá de esa irrupción, la Procuraduría especializada en la materia no haya vuelto a efectuar en esa causa otra presentación relevante en las cuestiones técnicas que hacen a su materia de actuación».

Gonella y Orsi, que pertenecen a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, fueron procesados por no haber imputado al empresario Báez en un requerimiento por supuesto lavado de dinero. Los camaristas criticaron la actuación de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos). Dijeron que no realizó un análisis de los reportes de operaciones sospechosas que pesaban sobre Fariña y Elaskar y que los reunió y sólo los pasó al juzgado, sin un análisis crítico sobre su significado y contenido.

«El requerimiento fiscal que se incorporó a la causa no recogió con la amplitud debida los hechos revelados en las denuncias que generaron las actuaciones, sino que impulsaron una instrucción acotada sobre la base de reportes de operaciones sospechosas introducidos a la causa y sobre los que, en su mayoría, no se contaba con una conclusión asertiva por parte de los organismos de investigación especializados, como la UIF y Procelac».

Además dijeron que la incorporación a la causa sólo de estos reportes de operaciones sospechosas de Fariña y Elaskar «permitió encontrar una justificación para direccionar de modo limitado la investigación», con el argumento de que se apoyaba en los reportes, dejando de lado el contenido de las denuncias basadas en lo que había ocurrido en el programa de televisión.

Cuando el fiscal Marijuan regresó de vacaciones, amplió el requerimiento de instrucción para que abarcara a Báez y a su hijo Martín, que en la denuncia original aparecen como constituyendo sociedades en Panamá para transferir dinero a cuentas en el extranjero.

Una investigación del fiscal José María Campagnoli determinó que existieron movimientos de unos 60 millones de euros que salieron del país y se utilizaron para comprar bonos del Estado argentino, los que fueron vendidos y el dinero, depositado en las cuentas de Austral Construcciones en la sucursal del Banco Nación de Plaza de Mayo.

Estas constancias están incorporadas a la causa de Casanello que indagó a Báez porque Fariña dijo primero -y luego se desdijo- que compró en su nombre una estancia por cinco millones de dólares en Mendoza.

Gonella es uno de los fiscales más allegados a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien lo designó al frente de la Procelac y defendió su rol en el organismo, a pesar de que el Senado le dio acuerdo como fiscal federal de Formosa. En un discurso en diciembre último, la presidenta Cristina Kirchner había elogiado a los fiscales por sus investigaciones contra la venta de dólares y operaciones de contado con liqui, consideradas luego legales por la Justicia.-

Carlos Gonella. Fiscal antilavado

Es uno de los más cercanos a la procuradora Gils Carbó y favorito de la presidenta Cristina Kirchner. Integra Justicia Legítima. Se sumó al control del sistema cambiario.

Fuente: La Nación, 16/04/15.

Curazao, la pequeña isla del Caribe, es un mar de tesoros para los negocios de Lázaro Báez. Pero también de dolores de cabeza.

La operatoria que le permitió al empresario patagónico engordar el patrimonio de Austral Construcciones con $ 254 millones, cash, durante uno de los peores momentos financieros de la constructora fue aún más oscura de lo que ya se sabe. Incluyó dos sociedades inactivas en esa isla de las Antillas Holandesas, y la participación off shore de dos argentinos y un uruguayo que ya no pueden contar lo que saben: los tres murieron meses antes de que los últimos billetes entraran a las cuentas de la constructora, según reconstruyó LA NACIÓN sobre la base de testimonios y documentos confidenciales.

Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.

Los primeros datos sobre la polémica operatoria ya las reveló este diario en mayo de 2013 y en enero pasado: Austral Construcciones detalló en su balance de 2011 que recibió $ 254 millones como indemnización por un supuesto proyecto inmobiliario que se frustró en Belice, del que se iba a encargar una sociedad de Curazao, J+J Holding, a través de un fideicomiso creado en Uruguay. Sin embargo, la firma de Curazao se encuentra inactiva desde 1989 y el fideicomiso jamás se registró ante las autoridades uruguayas, como impone la ley local.

¿Cuál fue el sentido de esa operación? Eso es lo que ahora investiga la Justicia, que intenta determinar si el proyecto realmente existió (y Báez invirtió millones en el Caribe) o si se trata de un dibujo con el que el empresario inventó una justificación para el reingreso, ya blanco, de $ 254 millones en la Argentina.

Nuevos documentos y testimonios que obtuvo LA NACIÓN exponen, por lo pronto, más puntos oscuros de ese ingreso de fondos. En teoría, Báez se interesó en un proyecto inmobiliario para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, una pequeña isla frente a las costas de Belice, en el mar Caribe.

Ese proyecto -con una inversión global estimada en US$ 1000 millones- quedó en manos de dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV. Pero para el Registro Público de Comercio de la isla, ambas sociedades se encuentran inactivas, según confirmaron sus autoridades a LA NACIÓN.

Aun así, un contador uruguayo se movió durante años como «apoderado» de J+J Holding, sobre la base de un instrumento librado en 1984. Se llamaba José Luis Balbi Dall ‘Orto y murió a fines de 2011.

En tanto, el rostro visible para la segunda firma inactiva de Curazao, Nederlandsche Fisheries, fue el de Norberto Floreal Rivera, un argentino con domicilio en Villa Dominico, partido de Avellaneda, que también murió hace unos años, a poco de superar las seis décadas, según confirmó su hermana.

Poco antes de morir, Dall’ Orto y Rivera constituyeron en Montevideo el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009). Pero no lo registraron ante el Banco Central (BCU) de ese país y redactaron varias cláusulas llamativas. Entre otras, que «todas las registraciones contables» del fideicomiso se llevarían «en un libro contable separado» y que «el mismo podrá estar o no registrado ante la autoridad de aplicación». Esto es, una carta blanca a la eventual manipulación de todos sus números.

En ese mismo instrumento de creación del FITA, fechado en junio de 2009, Dall’ Orto y Rivera dieron otro paso: designaron «representante legal» del fideicomiso a Gastón Lemoine, otro argentino de 41 años que ese mes se había recibido de abogado.

Dos meses después, en agosto de 2009, Dall’ Orto dio otro paso. Sumó al fideicomiso a otra sociedad off shore. Esta vez, una panameña, Benasque Invest Inc., que a su vez sería la que aportaría el «predio» para el proyecto inmobiliario: «una isla denominada Caye Chapel Island».

Al igual que en las firmas J+J Holding y Nederlandsche Fisheries, los nombres de los verdaderos dueños de Benasque Invest jamás aparecen. Sólo se movió su apoderado, José Alberto Capparelli, otro argentino con domicilio en Avellaneda. Fue socio de Rivera en un par de firmas locales y, al igual que éste y Dall’ Orto, también murió ya.

Para entonces, y al menos en los papeles, J+J Holding lideraría el fideicomiso, Nederlandsche Fisheries aportaría US$ 100 millones «en Bonos Euronotas Serie III, emitidos por la Cámara Internacional de Comercio del Mercosur», una ignota entidad a la que aluden como Cidecomer, y Benasque Invest sumaría «la isla».

Para noviembre de 2009, Austral Construcciones se sumó al proyecto. Firmó dos documentos con el nuevo representante de J+J Holding, Lemoine; se comprometió a invertir US$ 100 millones, y entregó en el acto un pagaré por la décima parte de ese monto: US$ 10 millones, según firmó el apoderado de la constructora de Báez, Andrés Soria, y consta en las copias que obtuvo LA NACIÓN.

Apenas cinco meses y medio después, sin embargo, el proyecto quedó trunco, según notificó Lemoine en nombre de J+J Holding. Liquidarían el fideicomiso porque la panameña Benasque Invest había «incumplido con la obligación». Es decir, no entregó la isla.

Más dudas y fondos frescos

A partir de allí, Lemoine y un lugarteniente de Báez en Austral Construcciones, Claudio Bustos, se cruzaron varias intimaciones. Pero todas carecen de un acuse de recibido, o sellos o timbrados que den una fecha cierta, según surge de las copias que obtuvo LA NACIÓN.

Esas notas muestran algo más. En teoría el intercambio se dirigió al domicilio legal de J+J Holding (Pietermaai 16, Willemstad, Curazao), pero la sociedad lleva años fuera de allí, según verificó LA NACIÓN. En verdad, nada se firmó fuera del microcentro de Buenos Aires o, como máximo, Colonia y Montevideo, según los testimonios que recibió este diario.

Aun así, la firma inactiva de Curazao y Austral Construcciones terminaron con un arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (Ianca), como lo estipulaba el contrato del fideicomiso ante una controversia. Y con la firma de su presidente, Miguel Ángel Martín, se le dio la razón a la constructora de Báez.

Sin chistar, J+J Holding comenzó entonces a inyectar fondos cada mes en la cuenta de Austral Construcciones en el Banco Nación, hasta llegar a los $ 254 millones, aunque la empresa de Báez pidió casi sobre el final, en junio de 2012, que US$ 1,5 millones se girara a otro lado: una cuenta de Kitwe Park International Corporation de Panamá.

Para entonces, la muerte ya había golpeado sobre el grupo de sociedades off shore. Pero Báez alcanzó la meta: inyectar fondos frescos desde el exterior en Austral Construcciones.

Paso a paso de una operación dudosa

En 2009, Lázaro Báez se sumó a un proyecto inmobiliario en una isla frente a Belice, en el Caribe, que preveía una inversión de US$ 1000 millones. Pero sostuvo que el proyecto fracasó y que fue indemnizado con $ 254 millones

1. Participan dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV; sin embargo, ambas sociedades se encuentran inactivas y sus apoderados ya murieron

2. Ambas sociedades constituyeron en Uruguay el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009), con el argentino Gastón Lemoine como «representante legal»

3. Al proyecto se suma otra sociedad off shore en Panamá, Benasque Invest Inc., cuyos verdaderos dueños jamás aparecen; sólo se conoció a un apoderado, también fallecido

4. En noviembre de 2009, Austral Construcciones se suma al proyecto para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, frente a Belice

5. A mediados de 2010, el proyecto quedó trunco y se dispone la liquidación del fideicomiso

6. J+J Holding y Austral Construcciones inician un proceso de arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (Ianca)

7. Entre 2011 y 2012, J+J Holding indemniza a Austral Construcciones con $ 254 millones que transfiere a una cuenta en el Banco Nación, de la Argentina

8. En junio de 2012, Austral Construcciones pide que la última cuota, por US$ 1,5 millones, se gire a una cuenta de Kitwe Park International Corporation de Panamá.

Fuente: La Nación, 23/03/15.