Mauricio Macri pretende ganar «con las botas puestas». Es decir: sin acuerdos, alianzas o entendimientos con Sergio Massa o Francisco De Narváez. «Los que quieren que arreglemos con el resto de la oposición no entienden nada: en política, y en la Argentina hoy, hay que prestar atención no tanto a la oferta como a la demanda», me dijo alguien que participó de la última mesa chica, esta semana, en el domicilio particular del jefe de gobierno de la ciudad. La oferta serían los candidatos, y la demanda, lo que esperan los votantes. ¿Y qué desean los votantes? «Eso es lo único que tenemos claro. Por lo menos, el 60% quiere un cambio y el 40 restante, cierta continuidad.» ¿Un cambio de qué tipo? «Un cambio en el sistema de decisiones. Un cambio en la manera de hacer política.» ¿Y qué significa «cierta continuidad»? «Que no le quiten lo ya conquistado, como la Asignación por Hijo y las paritarias.» Los números que maneja Pro son sorprendentes. «¿Sabías que, ante la primera pregunta abierta de a quién piensa votar para presidente, el 70% todavía responde que no sabe?», me dijo la fuente. ¿Y de dónde salen entonces los números que sostienen que Daniel Scioli alcanzaría el 33%; Macri, casi 30, y Sergio Massa, un poco más de 20?, le pregunté. «Surgen después de la segunda, la tercera y hasta la cuarta pregunta dirigida», me respondió.
La fuente, que integra el gabinete del gobierno porteño, afirma que incluso hasta 48 horas antes de la votación suele haber un 15% que no termina de decidir a quién va a elegir. ¿Es cierto que Scioli se está desmarcando y que Macri se está estancando?, repregunté. «Nosotros lo tenemos empatados en 31%», informó, de manera «oficial». ¿No temen que si las elecciones se polarizan, la mayoría de los votos de Massa vayan al Frente para la Victoria? «No. Creemos que la polarización va a crecer día tras día y que Scioli y Mauricio van a protagonizar una competencia muy reñida.» ¿Hicieron ejercicios de simulación sobre la primera y la segunda vuelta? Responde: «Las PASO van a funcionar como una primera vuelta. En la última proyección que hicimos, tanto Scioli como nosotros podríamos superar, al final, el 40% de los votos. Si esto se confirmara, cualquiera de los dos podría ganar en primera vuelta». ¿Y qué les hace suponer que, en el medio de semejante contexto, Scioli no termine ganándole a Macri por una cabeza o más? «Que hay más gente a favor del cambio que de la continuidad y Mauricio representa más que Scioli esa idea de cambio.» La fuente, muy optimista, repite como un mantra una de las máximas que le adjudican a Jaime Durán Barba. «La ventaja que tenemos es que dependemos de nosotros mismos. Y no tanto de lo que hagan los demás.»
Ése, precisamente, es uno de los puntos discutibles del diagnóstico Pro. Porque parece soslayar el abanico de herramientas que poseen el gobierno nacional y el de la provincia para conseguir votos. «Yo todavía no arranqué. Cuando empiece, van a enterarse de lo que es una campaña a presidente», le dijo Scioli la semana pasada a un integrante de su equipo de comunicación. Tampoco empezó a desplegarse, en toda su magnitud, la maquinaria de anuncios y propaganda nacional. Se espera, entre otras novedades, que las paritarias de los sindicatos más poderosos estén acordadas para la fecha en que se realizarán las PASO. También se aumentarían las jubilaciones, la Asignación por Hijo y se incrementaría el monto al que se les aplicará el impuesto a las ganancias. «El domingo 9 de agosto la gente va a tener mucha más plata en el bolsillo de la que tiene hoy, y eso va a influir en su decisión final», argumentó un hombre que trabaja con Scioli.
Con lo pareja que están las encuestas y con Massa y De Narváez dispuestos a negociar, ¿no sería más beneficioso para Macri anunciar un acuerdo que impida la fuga de dirigentes y de votos desde el Frente Renovador al Frente para la Victoria?, le pregunté al funcionario porteño. «Ustedes, los periodistas, no entienden nada. Trabajan sobre supuestos, y no sobre encuestas y estudios. Mauricio no tiene ningún problema personal con Massa. El problema es que un acercamiento con Sergio o con Francisco enviaría a nuestros potenciales votantes una señal confusa. No nos sumaría. Al contrario. Nos restaría.» Pero, si la oposición va a las PASO dividida, ¿no terminaría ganando el Frente para la Victoria, ya que sumaría, entre Scioli y Florencio Randazzo, poco menos del 40% de los votos? «No. Según nuestros cálculos, nos terminaría favoreciendo. Porque, después de las PASO, no sólo la mayoría de los votos de Massa, sino también los de Margarita Stolbizer se trasladarían a Mauricio en la primera vuelta. O sea: a la oposición la ordenaría la gente, no los acuerdos de cúpulas.» ¿Y qué pasará en la provincia de Buenos Aires, donde los candidatos se eligen en forma directa? «María Eugenia Vidal está cerca de los 20 puntos y las visitas de Mauricio al conurbano la van a dejar cerca de los 30. Además, van a ir juntos en la boleta. Es muy posible que la intención de voto del candidato a presidente termine arrastrando a nuestra candidata a gobernadora.» Para el Frente para la Victoria y también para Massa, la provincia es la madre de todas las batallas. En el distrito más grande del país, el partido del gobierno obtendría más de 35 puntos con Scioli como candidato a presidente y «cualquiera» como postulante a gobernador. «Con cualquiera no: Aníbal Fernández es uno de los dirigentes con más imagen negativa del país», señaló la fuente.
Más les preocupa De Narváez, quien aparece como uno de los más votados «en el mismo lado de la cancha» en el que juegan Macri y María Eugenia Vidal. Macri, quien luego de la reunión de la mesa chica terminó más convencido que nadie de fortalecer la identidad propia y no establecer ningún otro acuerdo electoral, le pidió a Horacio Rodríguez Larreta un esfuerzo «extra» para que intente ganar la Ciudad en primera vuelta, el próximo 5 de julio. «Ése podría ser un golpe muy fuerte para hacer crecer la ola amarilla«, habría dicho Durán Barba.
El ex presidente de Boca ya está metido de lleno en la campaña. Tiene dos ejes discursivos de los que no se apartará. Se presentará como la «tercera vía», el «verdadero cambio», y pedirá que «no tengan miedo» porque él no cambiará nada de lo que considera que se ha hecho bien. Hay quienes le sugirieron que la mejor fórmula sería la que él había pensado antes de las internas porteñas: llevar como vicepresidenta a Gabriela Michetti. Pero Macri está curado de espanto. No se lo piensa ofrecer, de manera oficial, si antes no está seguro de obtener una respuesta positiva.
A Fayt no se le mueve un pelo, son los viejos los ofendidos
Por Enrique Arenz.
Carlos Fayt
Cuando Alfonsín le ofreció a Fayt el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, el prestigioso jurista aceptó, le agradeció y antes de despedirse le pidió: “Por favor, doctor, borre mi teléfono de su agenda porque no lo voy a atender nunca”. Y así lo hizo con todos los presidentes que se sucedieron hasta ahora (si no me equivoco, nueve o diez, algunos transitorios como Rodríguez Saá, otros fugaces, como Caamaño).
Sus fallos fueron siempre justos, equilibrados, racionales y transparentes. Jamás se plegó a mayoría automática alguna y en el salón de acuerdos defendió apasionadamente y con argumentos jurídicos irrebatibles sus disidencias con aquellas mayorías. Nunca funcionario alguno pudo ni siquiera acercársele para presionarlo. Fue siempre independiente, libre e indómito. Y profundamente respetado por sus colegas, discípulos de la Universidad y hombres del Derecho.
Escribió treinta y cinco libros que han estudiado generaciones de abogados, fiscales y jueces. (Leer nota de La Nación del año pasado: “No le debo nada a ningún presidente”). Contó una vez: “Mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires criticaba la reforma constitucional que aprobó Perón en 1949. Los jurados no me quisieron tomar el examen y tuve que escribir otra tesis”.
Un juez así tenía que chocar tarde o temprano con algún presidente autoritario, ignorante y poco respetuoso de las instituciones republicanas, con lo ha sido Néstor Kirchner y lo es, y fue siempre, su viuda y actual presidente. Mientras no lo necesitaron, lo ignoraron, lo soportaron, se bancaron algunos fallos en disidencia, como en el caso de la ley de Medios, pero al irse Zaffaroni y con el fallecimiento de otros dos ministros, Fayt se les hizo imprescindible. Entonces decidieron golpearlo sin consideración ni respeto. “A este viejo lo soplamos un poco y se cae solo”, debieron de pensar los muy ingenuos.
Como no tenían nada de qué acusarlo, decidieron culparlo de ser un viejo. “Casi centenario”, dijo la doctora en un discurso por cadena nacional, “Una momia”, lo calificó Hebe de Bonafini; “Que demuestre su aptitud psicofísica”, lo desafió el ex prófugo del baúl Aníbal Fernández.
Pero de poco les sirvieron estas indignidades. Fayt es un hombre valiente, tenaz que tiene un notable sentido del humor y que luego de su larga vida de jurista y maestro del Derecho está de vuelta de los avatares de la pequeñez humana y la vileza política. Les mandó decir por su abogado, el doctor Rizzo: “Voy a hacer lo que yo quiera, no lo que quiere Aníbal. Si sigo con vida y estoy bien pienso quedarme en la Corte diez años más”. (Tomá pa’ vos, diría Johnny Allon).
Se cuenta además una anécdota genial (aunque su veracidad no está demostrada, pero los mitos también valen para enfrentar la ignominia): cuando Aníbal y otros sujetos de esa ralea que se llama “el proyecto” le sugirieron que saliera a la calle y se hiciera ver para demostrar su capacidad cognitiva, Fayt contestó: “No hay problema, pero con una condición, que la doctora Fernández me muestre primero su título de abogada”.
Él se mata de la risa. No lo van a ablandar ni a asustar con bravuconadas, escraches y otros recursos fascistoides de vuelo tan gallináceo, porque Fayt no tiene cola de paja, no esconde muertos en el placard, jamás tuvo una vida privada indecorosa, vive austeramente y nunca se dedicó a acumular una fortuna, si es que esto último fuera condenable, que no lo es, por supuesto.
No, no es al doctor Fayt a quien este gobierno ofende. Él está demasiado arriba, en la estratósfera moral, para que le lleguen los picotazos de estos pollos en furiosa retirada. A quienes este gobierno inepto y poco inteligente está lastimando injustamente es a todos los viejos de la Argentina, que son millones. ¡Son ellos, nuestros viejos, los que hoy acusan el golpe feroz de este inaudito ultraje a la ancianidad! Y también debiera sentirse lastimado el amigo de Cristina, el papa Francisco, que predica contra la cultura del descarte de los ancianos, y que suele repetir: “Tener un abuelo sabio en casa es lo mejor que le puede pasar a una familia. Aquí lo tenemos a Benedicto, nuestro anciano y sabio consejero que vive con nosotros”.
Si los ancianos de la Argentina tenían sobrados motivos para repudiar a este gobierno, ya sea por las jubilaciones que perciben la mayoría de ellos, inferiores a los salarios de un presidiario, o por los impuestos a las ganancias que les hacen pagar a otros, como si la jubilación fuera una ganancia y no el reintegro de aportes realizados durante una vida, o bien por la escandalosa atención del PAMI, más parecida a una tenebrosa metáfora de la eutanasia que a una institución de atención de la salud para la tercera edad; si ya tenían suficiente con todo eso, ahora han sumado una nueva causa de rechazo y abominación: este gobierno también desprecia a los viejos porque considera que no tienen aptitud psicofísica ni condiciones cognitivas, en una palabra, que no sirven para nada.
Pero esto demuestra que el gobierno no sólo es insensible ante el drama de la ancianidad en la Argentina, sino que ni siquiera tiene la inteligencia de no irritar a los viejos más de lo que ya están, porque su voto también vale, y no hay que olvidar que mientras muchos jóvenes dejan de cumplir su obligación cívica, ellos suelen ir a votar aunque sea con muletas y marcapasos.
Fayt va hoy a la Corte Suprema: “Estoy bien, voy a Tribunales”
LA EMBESTIDA DEL GOBIERNO CONTRA LA CORTE
Salió de su casa y acompañado por su custodia, se presenta hoy en su despacho en medio de la embestida del Gobierno nacional.
Fayt va hoy a la Corte Suprema: “Estoy bien, voy a Tribunales”
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, salió hoy poco antes de las 10 de la mañana y se dirigió hacia su despacho en Talcahuano 550.
En medio de la embestida del Gobierno nacional para que abandone su lugar en el máximo tribunal, Fayt salió de su casa acompañado por su custodia. Sostenido por un bastón, el ministro se mostrará hoy en los tribunales.
A las 11.30 horas está previsto un “desagravio” al integrante de la Corte Suprema convocado por la agrupación “Será Justicia”.
“Estoy bien, voy a Tribunales”, dijo brevemente el ministro del máximo tribunal.
Fuente: Clarin.com – 13/05/15 – 09:50 hs
Mauricio Macri salió en apoyo de Fayt
EMBESTIDA OFICIAL CONTRA LA CORTE
En Twitter, el candidato presidencial del PRO dijo que “no hay democracia posible si no hay respeto a la división de poderes”
Mauricio Macri apoyó a Carlos Fayt (Twitter)
Otros candidatos presidenciales ya habían brindado su apoyo. Sergio Massa, José Manuel De la Sota y Margarita Stolbizer hicieron público ya su apoyo a Fayt. Ahora, se sumó el candidato del PRO.
Hoy, el Gobierno nacional volvió a embestir contra Fayt. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, negó hoy con sarcasmo que haya un hostigamiento por parte del Gobierno hacia el juez decano de la Corte Suprema, Carlos Fayt, al expresar que no han «ido a la casa con una corneta», al tiempo que instó a que ese tribunal vuelva a tener «hombres y mujeres en condiciones de trabajar todos los días».
Además, advirtió que «deberían dejar de torturarlo» sus colegas del máximo tribunal y criticó que a «un hombre de 97 años» se lo someta «todos los días a un tironeo innecesario, de estas características».
Dicen los científicos que a partir de los 14 años de edad las neuronas comienzan a morirse a un ritmo de tres millones y medio por año, y no se reemplazan nunca más.
O sea que un tipo de 97 años, ya ha perdido unos 290 millones de neuronas.
Esta es la cuenta que debe haber hecho el Jefe de Gabinete y reconocido doctor en Neurología Aníbal Fernández, para afirmar que el Juez de la Corte Carlos Fayt, que ya cumplió 97 años, «podría estar incurriendo en mal desempeño como consecuencia de la posible disminución de su capacidad en virtud de su avanzada edad».
Del mismo ateneo participaron la neuróbióloga y jefa del bloque de diputados Juliana Di Tullio y el neurocirujano Carlos Kunkel, famoso porque en sus años mozos, en lugar de usar el bisturí, te trepanaba el marulo con una 9 milímetros.
Para confirmar el diagnóstico, estas eminencias médicas reclamaron que el Juez Fayt salga a la calle y demuestre que está hecho un pibe.
Con el tornillo que hace, apuestan a que el hombre se agarre una pulmonía, se quede seco en la vereda y luego así poder intentar el asalto final a la Corte, que es el único plan que les queda para tratar de zafar del quilombo que se les viene encima. En realidad, antes que tratar de manipular a la Justicia, era más fácil portarse bien en la vida y evitarse problemas, pero… son kirchneristas.
La maniobra no es tan simple. La historia demuestra que estas cosas, al gobierno suelen salirle mal. De los creadores de «tienen 90 días para buscarse otra empresa porque Fibertel no existe más» (Julio De Vido, agosto de 2010) ahora llega un nuevo éxito: «el país necesita una Corte más amplia».
¿Es la eventual falta de lucidez del Doctor Fayt lo que realmente preocupa al gobierno? No lo creo. Si el juez, con sus 97 años, saliera al balcón en calzoncillos con un Fernet en la mano, gritando que Boudou actuó de buena fe, que lo de Hotesur es un pequeño error del contador, que el kirchnerismo nunca cometió abusos de poder, que lo de Irán estuvo fenómeno y que el gobierno no le hizo nada malo a Nisman, nadie lo estaría cuestionando. Pero no es el caso.
El problema es que este Juez se niega a entrar en razones y es muy difícil apretar a un tipo de 97 años. No pudieron ni Milani, ni Stiuso, ni Parrilli, ni ninguna otra figura de la inteligencia kirchnerista. Ni siquiera Orlando Barone.
Además, se sabe que el paso de los años no siempre significa menor capacidad de producción o entendimiento. Al contrario. El gran arquitecto brasileño Oscar Niemeyer trabajó hasta los 102 años (murió a los 104) y nuestro gran Mario Roberto Álvarez lo hizo hasta los 98 años. Mi maestro y jefe Clorindo Testa siguió en su estudio hasta los 91. Si prefieren no hablar de arquitectos, mi querido abogado, consultor y guía Don Bautista Kuyumdjian sigue derrochando sabiduría con sus 95 años, todo un ejemplo de vida. Y no son los únicos.
La edad puede significar poco y nada a la hora de evaluar la integridad y capacidad de una persona. Con una mano en el corazón ¿Quién cree usted que tiene mejores neuronas, Fayt o Capitanich? Para tratar de humillar al juez, el gobierno ha pedido que le hagan un examen psicofísico. Caramba. Qué idea peligrosa. Esta gente siempre metiéndose en problemas. Pedir un psicofísico para ver si un funcionario está apto puede llegar a ser un gravísimo error. ¿Y si la idea prende?Cuánto tiempo tardaría en aparecer un pícaro que diga «vamos a hacerle el psicofísico a Timerman, a ver qué pasa». Una catástrofe.
¿Se imaginan la escena de un tordo interrogando al ministro de Economía? «Dígame Axel, cuántos pobres hay en el país?». Y el tipo contestando, como el mes pasado: «No sé, ni me interesa». Chau Kicillof. Lo declararían no apto ahí mismo. ¿Se imaginan a Moreno cara a cara con el psicólogo? «Discúlpeme Moreno, cuánto es la inflación?» Mucho antes de que el Guille saque el chumbo y conteste 9%, le pondrían un chaleco de fuerza y a otra cosa.
Los resultados podrían ser devastadores. Tal vez, descubriríamos que Boudou todavía tiene muchas neuronas, y en muy buen estado. ¡¡Pero todas a nombre de Vanderfrula!!
Por eso creo que el gobierno no debería fogonear semejante idea. A menos que quieran usar los psicofísicos para chequear reservadamente la estabilidad emocional de alguno de sus propios cuadros. Por ejemplo, el estado mental del tipo que dijo, «Che tengo una idea, ¿y si ponemos de compañero de fórmula de Recalde al militante radical Santoro?». «Dale» dijo otro, y ahí pusieron de candidato a Vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires por el kirchnerismo a un tipo que escribió los siguientes tweets (anoten que no es chiste):
«La diferencia que hay entre Néstor y Cristina es la diferencia que hay entre la bolsa de Miceli y los bolsos de Lázaro» (opus 65, el 31/7/2013).
«Ahora entiendo para que querían avanzar con la justicia los K! Le querían manotear la balanza para pesar la guita q se chorean!!» (opus 48, 15/4/2013).
«Cristina no tiene que morirse para ser billete, lo puede hacer ahora con Bolodou» (opus 26, el 26/7/2012).
Y hay muchos más. El de la Presidenta y Bergoglio, no lo cuento por pudor. ¿Como se justificó el tipo? Dijo que tenía bronca porque estaba celoso de lo bueno que era el kirchnerismo. ¡¡Un genio!!!
Contrariamente a lo que muchos piensan, el psicofísico de los estrategas electorales del FPV demostraría que son muy inteligentes. Pusieron en la fórmula a uno que hace años viene insultado al gobierno. Una idea genial del kirchnerismo porteño: salen a buscar el voto opositor porque con el voto oficialista les fue como el orto.
De todos modos, y como siempre le digo, amigo lector, lo importante no es el psicofísico de los que están sino de los que vienen. Estos ñatos no sólo ya se fueron sino que además no necesitamos ningún estudio para saber cómo tienen la cabeza. Si quieren, pidamos un test para cada uno de los candidatos. Aún así, no estoy seguro de que los resultados sirvan para algo.
Lilita Carrió también es candidata y anda diciendo que la Presidenta quiere llevarse puesta a la Corte, que quieren llenarla de jueces propios, que necesitan tapar sus negociados, que Aníbal es el capo de los narcos, que De Vido y los Kerner son socios y ladrones y, por si faltara algo, que a Nisman lo mandó a matar el gobierno.
Mejor no hagamos psicofísicos. No sea cosa que descubramos que Lilita, de loca, no tiene nada.
El ambicioso plan del Gobierno detrás de la tortura a Fayt
Por Joaquín Morales Solá.
El caso Fayt develó uno de los proyectos más ambiciosos del cristinismo, pero también reveló hasta dónde está dispuesto a llegar para lograr sus propósitos. Hasta la tortura psicológica de un hombre anciano. Perseguido, acosado y humillado, Fayt, que tiene 97 años, es sometido a niveles excesivos de un estrés inútil. Su vida podría correr peligro. Ayer, el juez Fayt habló por radio, obligado por el Gobierno a demostrar que está vivo, que piensa y puede expresarse. ¿Qué es eso si no un degradante tormento? Con los rasgos habituales de cierto progresismo (la humanidad es bella, pero el ser humano más cercano merece ser maltratado), el cristinismo está dispuesto a remover a Fayt como quien elimina un obstáculo despreciable. Fayt es la llave que mantiene activa la Corte Suprema de Justicia.
Cristina Kirchner ordenó esa operación y ella la monitorea personalmente. ¿Alguna duda? Ninguna después de que Hebe de Bonafini montara su habitual show estalinista de juicios populares, esta vez contra Fayt. Bonafini suele ayudar de esa manera a las soluciones que necesita el kirchnerismo.
También el protagonismo permanente en el caso de Aníbal Fernández o de Carlos Kunkel le pone el sello de autenticidad presidencial a la operación. O la designación de una diputada de La Cámpora, el reservorio del cristinismo más puro, al frente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. No hay dudas: el operativo de acoso y derribo de Fayt está dirigido por la Presidenta.
Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, se equivocó cuando deslizó que estaba dispuesto a renunciar por cansancio moral. Esa debilidad anímica duró pocas horas, hasta que lo hicieron comprender que no podía rendirse ante algunos voceros oficiales. Lorenzetti modificó su decisión luego de una larga conversación con otro juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda. La eventual renuncia de Lorenzetti habría dejado más solo a Fayt, que tiene una especial confianza en el presidente de la Corte. Lorenzetti es el enemigo actual más detestado por el cristinismo, pero el objetivo final es la renuncia de Fayt, no la de Lorenzetti. El presidente de la Corte habría seguido siendo juez del tribunal, aún si hubiera renunciado como titular del cuerpo. Es el integrante más joven de la Corte.
El cristinismo dispara a veces contra el espejo. La mayor objeción que hicieron a Fayt es que habría firmado en su casa el acta del acuerdo que reeligió a Lorenzetti como presidente por tres años más. Es una práctica habitual entre los jueces de la Corte. No obstante, si se aplicara el rígido criterio cristinista al Estado en general, todos los decretos de necesidad y urgencia de Néstor y Cristina Kirchner serían nulos. El artículo 99, inciso «c», de la Constitución, que regula las atribuciones del Poder Ejecutivo, señala que ese poder «no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo».
Por eso, fija también las estrictas condiciones que deben respetarse para los decretos de necesidad y urgencia, posibles sólo en «circunstancias excepcionales». Los decretos de necesidad y urgencia tienen tanto poder como las leyes que sanciona el Congreso. Esos decretos, dice textualmente la Constitución, «serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlo conjuntamente con el jefe de Gabinete». «El jefe de Gabinete personalmente y dentro de los diez días someterá la medida, concluye, a consideración de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso». La Constitución estipula, incluso, los asuntos en los que no podrán usarse esos decretos, como las cuestiones electorales o de partidos políticos. Dice «en acuerdo general» y no «con» el acuerdo general de los ministros. Es decir, en reunión de todo el gabinete. El espíritu de los constituyentes de 1994 fue recrear en el Ejecutivo un debate sobre esos decretos parecido al que son sometidas las leyes en el Congreso. Es la única decisión del Poder Ejecutivo que la Constitución somete al acuerdo general de ministros.
Ninguno de los dos Kirchner reunió jamás al gabinete de ministros, los dos firmaron muchos decretos de necesidad y urgencia, y ningún jefe de Gabinete llevó personalmente esos decretos al Congreso. Los ministros de los Kirchner firmaron, y firman, esos decretos en sus despachos o en sus casas y no saben, la mayoría de las veces, qué están firmando. Es Cristina Kirchner, y no Fayt, la que viola explícitamente la Constitución con la firma de los documentos más importante del Gobierno.
¿Por qué Fayt? Porque es un hombre viejo al que pueden golpear con saña, pero hay otra razón. La renuncia de Fayt dejaría a la Corte con tres miembros de los cinco que la componen: Lorenzetti, Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Todas las decisiones de la Corte deberían ser, en ese caso, por unanimidad. Tres son la mayoría de cinco. No se podría armar una mayoría de dos a uno, por ejemplo, porque el número de la Corte es más amplio que el de tres. Si se fuera Fayt, la Corte quedaría paralizada en los temas en que no hubiera unanimidad o debería convocar como conjueces a presidentes de las Cámaras Federales. Mientras esté Fayt, en cambio, la Corte puede decidir por tres votos a uno. En los pocos casos que se han dado hasta ahora, la mayoría de tres la integra Fayt junto con Lorenzetti y Maqueda. La minoría es el voto de Highton de Nolasco. Esa jueza se ofendió cuando propusieron a Roberto Carlés como miembro del tribunal; no puede concebir que el Gobierno haya pretendido colocar a ese jurista sin antecedentes ni experiencia en el máximo tribunal de justicia del país, que ella integra.
Sin embargo, Highton es una mujer emocionalmente cercana a los intereses del Gobierno. Suele sentir también una identificación de género con la Presidenta, a la que considera una mujer luchadora y sola. Reconquistarla es el propósito siguiente del cristinismo si pudiera derrocar antes a Fayt. En muchos temas altamente sensibles para el Gobierno no pueden descartarse finales de dos a uno en las votaciones de la Corte.
¿Hay temas sensibles por venir? Los hay. La cautelar que protege al Grupo Clarín de las tropelías de Martín Sabbatella, decidida por un juez de primera instancia y ratificada por una Cámara, acaba de ingresar a la Corte. La competencia por la investigación de lavado de dinero en empresas de la familia presidencial podría llegar también a la Corte. Sucedería si la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y la Cámara Federal de la Capital emitieran decisiones contradictorias sobre dónde debe hacerse la investigación, que hoy lleva el juez Claudio Bonadío en la Capital. El caso iría primero a la Cámara de Casación y terminaría irremediablemente en la Corte Suprema, que es la que fija la competencia definitiva de los jueces.
También está en la Corte la decisión de un juez que frenó la designación masiva y arbitraria de fiscales por parte de Alejandra Gils Carbó. El dictamen de ese juez fue respaldado por una Cámara Federal. Casación podría resolver en los próximos días sobre la constitucionalidad del tratado con Irán. Según la información que trasciende, Casación suscribiría la definición de inconstitucional de ese tratado que decidieron un juez de primera instancia y una Cámara Federal. Después de que se expida Casación, el caso caerá en manos de la Corte Suprema. Sería improbable que la Corte modificara tres fallos anteriores que habrían declarado inconstitucional el tratado con Irán. Es improbable, vale aclarar, en una Corte con Fayt como juez.
En varios de esos expedientes, en efecto, puede adelantarse el voto a favor del Gobierno de Highton de Nolasco y el voto contrario de Fayt. Muchos de esos casos podrían resolverse en los próximos meses, antes o después de las elecciones presidenciales.
Sólo observando el papel actual de Fayt en la Corte y los temas que deberá tratar ese tribunal explican la ofensiva contra un magistrado anciano, frágil y lúcido. Un juez vale o no vale por sus sentencias. ¿Qué dictamen de Fayt podría catalogarse de disparatado, desubicado o erróneo? Ninguno. Sucede que la sola presencia de Fayt amenaza con desmontar parte de la panoplia kirchnerista. Pasa sólo eso. Es disparatado, en cambio, que Cristina Kirchner haya hecho redactar un proyecto para ampliar la Corte de cinco a nueve miembros, cuando fue ella la que bajó el número a cinco por respeto a la cantidad histórica de miembros del tribunal. El nuevo proyecto ya está escrito. Es el regreso audaz al menemismo y sus peores prácticas, la hipocresía de criticar lo que se remeda, el descenso de la gloria en alpargatas.
La respuesta de Fayt al Gobierno: «Seguiré mientras Dios me de fuerza, vida y plenitud»
El juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, dio una entrevista al programa radial de su abogado Jorge Rizzo y aseguró estár en buenas condiciones de salud.
Carlos Santiago Fayt es un abogado, escritor, político, académico, profesor universitario y juez argentino, ganador del Premio Konex de Brillante.
El juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, señaló encontrarse «bien y trabajando como siempre» y ratificó que «seguirá así mientras Dios le de fuerza, vida y plenitud». La entrevista, que duró tres minutos, había sido grabada.
El Juez agradeció el apoyo que recibió de la sociedad ante las críticas por su avanzada edad para integrar la Corte, en el programa «Gente de derecho», que conduce su abogado Jorge Rizzo, en radio América. El letrado y conductor destacó que el juez de la Corte estaba afectado por un cuadro gripal cuando se realizó la entrevista.
«Soy consciente de todas las manifestaciones de aprecio que he recibido en estos días a través de la prensa, la radio, la televisión, internet. Los comentarios de todos. Tengo información a través de los medios. Me encuentro bien, estoy trabajando como siempre hasta que Dios me de vida», explicó Fayt.
El ministro de la Corte destacó en el reportaje que «todavía tiene un poco de garganta y buena voz», a la vez que propuso al Colegio Público de Abogados que tenga «un programa de televisión propio». «Estoy en contacto con todos los abogados, tengo ese apego», señaló. Y, al hablar sobre su propuesta para un programa televisivo, Fayt señaló que «el abogado tiene que tener una voz que diga que es lo que corresponde a la abogacia, eso hace falta, es muy importante que lo tenga».
Esta semana el kirchnerismo había requerido un informe sobre el estado de salud de Fayt, de 97 años, y sembró dudas sobre su idoneidad para ocupar el cargo. Carlos Kunkel y Aníbal Fernández habían pedido que el juez diera la cara, lo que motivó la respuesta del abogado Rizzo y de la hija de Fayt, quienes aseguraron que el magistrado estaba «lúcido».
Antes, el ex juez de la Corte Adolfo Vázquez había criticado a oficialistas y opositores por hacer política alrededor de la figura del Juez. «Por un lado, tira del abrazo derecho el Gobierno para sacarlo; por otro lado, la oposición tira del brazo izquierdo para que se quede, para que el Gobierno no produzca una nueva vacante; y en el medio está la persona a la que no se la considera. Es una verdadera situación inhumana la que están haciendo con este señor», advirtió.
El orden del día ya está organizado. Si no aparece alguna resistencia inesperada, hoy el Banco Central aprobará la venta del banco Finansur, de la familia Sánchez Córdova, a Cristóbal López. Así, el empresario kirchnerista se termina de instalar en el negocio financiero. Es una incursión controvertida. Existen innumerables prevenciones de alcance internacional para que quienes administran juegos de azar, como López, no controlen también bancos, por las facilidades que esa superposición ofrece para el lavado de dinero.
Para consumar estas apropiaciones, el oficialismo demuestra una urgencia casi tan llamativa como la que exhibe para colonizar los tribunales y controlar la Corte. Son procesos complementarios. La vertiginosa acumulación patrimonial que se verificó durante los últimos doce años debe contar con seguro de impunidad.
López ingresó a Finansur en 2012, cuando adquirió el 70% de las acciones, a pesar de que una norma del Banco Central, que data de los años 80, prohíbe vender sin autorización más del 20% de una entidad financiera. Además de Jorge Sánchez Córdova y su familia, también se deshicieron de sus acciones Marcelo Figueiras y Jorge Demaría. Figueiras es el dueño de laboratorios Richmond, que, como López, tiene vinculaciones estrechísimas con el kirchnerismo, en especial con Amado Boudou.
Si hoy se aprueba el cambio de dueños, el socio mayoritario de Finansur sería López, a través de Indalo SA. Sánchez Córdova conservaría el 26% de las acciones y es posible que siga administrando el banco; Demaría quedaría con 4%. No habría que descartar que los socios minoritarios cedan el resto de sus tenencias a López.
La aprobación de esta venta estuvo demorada por varias razones. La más importante es que algunos directores del Central se han resistido a entregar un banco a un empresario de casinos. Tienen razón. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda que no se autorice a ejercer la actividad bancaria a quienes administran juegos de azar. Esa advertencia fue más explícita en el caso de la Argentina: el negocio de las apuestas es el primero al que el GAFI pretende excluir, por tratarse de una actividad de riesgo para el blanqueo de activos procedentes del terrorismo, el narcotráfico o la corrupción.
Un hecho providencial despejó esa renuencia a desobedecer el consejo del GAFI. El miércoles de la semana pasada, Axel Kicillof promovió como directores del Central a tres de sus discípulos: Mariano Beltrami, Alejandro Formento y Bárbara Domatto Conti. Así, el ministro logró dominar la mayoría del directorio. Esos tres jóvenes, que todavía no obtuvieron el acuerdo del Senado, estrenarían el cargo entregando el banco a López. Un homenaje ideológico a su gurú: ahora que tiene su propia fuente de crédito, Cristóbal podrá dejar de financiarse con la AFIP, como ha venido haciendo. Con Kicillof el Estado siempre gana.
No debería sorprender que en el Central sean distraídos con las recomendaciones regulatorias. El encargado de esos detalles es Hugo Carlos Álvarez, a quien Martín Redrado nombró síndico. Álvarez es el contador de Osvaldo Sanfelice, quien fue socio de Cristóbal López en Talares de Posadas, y también su empleado en Álcalis de la Patagonia. Sanfelice es un nudo central en el entramado de negocios de la familia Kirchner. Socio de Máximo en la célebre inmobiliaria de Río Gallegos, fue también director de Hotesur y ocupó durante años una oficina en la petrolera de Cristóbal, Oil M&S. Allí lo había destacado Néstor Kirchner para asegurarse de que López y su mano derecha, Fabián De Souza, no le retacearan información.
Es comprensible que, para el escalafón kirchnerista, quien lleva la contabilidad de un jerarca como Sanfelice merezca la sindicatura del Central. Por si le faltaban antecedentes, Álvarez es socio de Víctor Manzanares, el contador de Néstor y Cristina Kirchner, en cuyo peritaje se basó el juez Norberto Oyarbide para sobreseer al matrimonio del delito de enriquecimiento ilícito. Hay que entender estas designaciones: son una nueva forma de declarar que la pretendida independencia del Central respecto del Poder Ejecutivo -o, en este caso, de la familia de su titular- es una rémora del neoliberalismo.
La demora en la aprobación del cambio de manos de Finansur no se debe sólo a la tímida resistencia de algunos directores. Fue el propio López quien pidió que se pusiera en pausa el trámite cuando su incursión empresarial en los Estados Unidos presentó algunos percances. El rey de las tragamonedas, Federico Achával y Ricardo Benedicto se asociaron en Florida a Dania Entertainment Center (DEC) para administrar la sala de juegos Dania Casino & Jai Alai. Al frente de DEC figuraban Harris Friedman, Louis Birdman, Bart Seidler y Eval Levy, quienes pertenecen a una red de testaferros profesionales investigados por la justicia y el periodismo.
Apenas comenzó a explotar ese casino norteamericano, López debió cerrarlo, acusado de evasión impositiva. Y, al descubrirse la red de testaferros, tuvo que comprar su parte a Friedman y sus amigos y transferirla a otra empresa de juegos de Miami. Si estos avatares hubieran encontrado a López como accionista de un banco, se hubiera configurado un caso de lavado de dinero en los Estados Unidos. Por eso él solicitó al Gobierno que detuviera la asignación de Finansur. Aun así, todavía queda por aclarar la denuncia de los holdouts: ¿a quién pertenece la sociedad Val de Loire, radicada en Delaware, que Achával reconoció como socia del hipódromo de Palermo?
Con la intención de evitar este tipo de preguntas, López rodeó a sus empresas de un anillo defensivo integrado por C5N, Radio 10, Ámbito Financiero y Minuto Uno, entre otros medios. Ahora se prepara para adquirir, a través de la firma Telepiú, la licencia de uno de los canales de Televisión Codificada Aérea que concursa la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).
También en este rubro López compite con prerrogativas inusuales: a instancias de su titular, Martín Sabbatella, pero con la negativa de los directores de la oposición, Marcelo Stubrin y Gerardo Milman, la Afsca asignó a López o a quien le compre esa frecuencia -por si debe deshacerse de ella para adecuarse a la ley de medios- 35 puntos de ventaja en el concurso.
López ha delegado el manejo de sus empresas periodísticas en De Souza, el mismo ejecutivo que administraba Oil M&S, bajo la mirada de «Bochi» Sanfelice. Es habitual que, cuando le plantean dificultades por esa área de negocios, Cristóbal se excuse: «No traigan problemas, porque todo esto se maneja desde Olivos.. Yo sólo atajo penales». El pretexto coincide con un dato: De Souza debe realizar visitas periódicas a la residencia presidencial para rendir cuentas de la marcha de su «monopolio».
Es muy entendible que un equipo político que armó esta arquitectura de negocios esté desvelado por el comportamiento de la Justicia cuando la Presidenta se haya alejado del poder. En los tribunales se realizan gestiones vertiginosas para cerrar expedientes inquietantes. La última demostración la ofreció el juez Luis Rodríguez, quien cerró la investigación de Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini, sospechoso de encubrimiento por haber pedido a Oyarbide que no allanara la financiera Propyme. Ayer en los tribunales federales se informaba que el fiscal Ramiro González era sometido a un durísimo acoso oficial para que no apele esta medida.
La expresión más elocuente de este avance kirchnerista sobre el Poder Judicial es el intento de ocupar la Corte antes de dejar la Casa Rosada. La diputada María del Carmen Bianchi formuló una solicitud insólita: que se pongan en consideración de la Comisión de Juicio Político «los rumores» sobre que el ministro Carlos Fayt no podría ejercer su cargo por razones de salud.
Para perfeccionar el método, Aníbal Fernández exigió ayer que Fayt demuestre su idoneidad hablando con el periodismo a primera hora. Es curioso: mientras proponía esa extravagancia, Fernández reprochó a su colega Sergio Massa no saber nada de leyes. El jefe de Gabinete sigue disimulando que ha cursado la carrera de Derecho. A pesar de que todas las mañanas hace lo que le pidió a Fayt.
Fernández reconoció, además, que el Gobierno pretende agrandar la Corte para negociar con la oposición una nueva integración. Hace 24 días, él mismo había dicho que «prima facie hay que descartar la ampliación» del tribunal. Pero ayer aconsejó que en poco tiempo debe estar compuesto por nueve jueces. Fue una irreverencia: quien decidió que sólo debía tener cinco miembros es Cristina Kirchner. Para ratificar sus condiciones de jurista, Fernández dijo «sentir» cuál debía ser el nuevo formato. Se ve que por la vía de ese sentimiento entró a su «secunda facie».
Hay un rasgo constitutivo del kirchnerismo: su relación con el tiempo. Como toda variante populista, sacraliza el presente e ignora lo que está por venir. La predilección por el consumo en detrimento del ahorro, o el menosprecio por la inversión en favor del gasto, son sólo algunas manifestaciones de esa escala de valores. Hay un campo, sin embargo, en el que esta regla no se verifica: la política judicial. La prevención frente a lo que pueda ocurrir en los tribunales inspira en Cristina Kirchner una inesperada obsesión frente al mañana. Es una inquietud que desborda la función pública y se infiltra en el terreno familiar. Ella teme que Máximo, su hijo, atraviese alguna desagradable peripecia por las investigaciones sobre la desprolija economía familiar. Es imposible entender la conducta del Gobierno si se deja de lado esta preocupación: su hiperactividad institucional es un intento desesperado por modelar el futuro.
En esta batalla por la seguridad jurídica del propio clan, la Presidenta sufrió anteayer una derrota. En cinco líneas, los ministros de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, rechazaron el recurso extraordinario que había planteado el ex juez Juan José Galeano para que no se reabriera una causa en la que había sido sobreseído por el ex juez Gabriel Cavallo. A Galeano se lo había acusado de pagar 400.000 dólares a Carlos Telleldín, para que modifique una declaración sobre el destino de la camioneta que se habría utilizado para la voladura de la AMIA. Galeano será juzgado de nuevo.
Con su pronunciamiento, la Corte tomó posición en un debate con consecuencias inquietantes. Convalidó la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta o írrita. Esa teoría sostiene que los procesos penales que se declararon concluidos pueden reabrirse si se demuestra que el juez no tuvo voluntad o fue impedido de investigar. En el contexto actual, la discusión abre interrogantes muy concretos. Por ejemplo, ¿la señora de Kirchner podría ser enjuiciada de nuevo por enriquecimiento ilícito? Ella, igual que su esposo, fue absuelta por Norberto Oyarbide de ese delito. Ambos habían sido acusados porque, entre 2003 y 2009, multiplicaron su patrimonio en un 572 por ciento. Sin embargo, Oyarbide cerró la causa con extraordinaria rapidez, considerando la opinión del cuerpo contable de la Corte y de un perito ofrecido por los Kirchner: su propio contador.
El juez Julián Ercolini también había sobreseído a los Kirchner por la misma falta. El fiscal, Eduardo Taiano, no apeló el pronunciamiento porque, según trascendió, habrían secuestrado a su hijo para que no lo hiciera. Hay más ejemplos: Claudio Bonadio sobreseyó a los secretarios privados de la Presidenta, que se enriquecieron más de 60 veces en sólo cinco años. Y el fiscal Guillermo Marijuan no pidió que se revise la sentencia.
Es comprensible que alguien tan acostumbrado a la clemencia como Cristina Kirchner, ante la primera pregunta incómoda, denuncie la formación de un partido judicial. Ayer, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah confirmaron el procesamiento de los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, acusados de proteger a Lázaro Báez, presunto testaferro de la familia presidencial a quien se investiga por la sospecha de lavado de dinero. Gonella y Orsi pertenecen a Justicia Legítima, la agrupación de miembros del Poder Judicial adictos al Poder Ejecutivo.
El cambio de vida de los funcionarios ha sido tan asombroso que modificó su noción de precios y valores. Sin ir más lejos, la señora de Kirchner se vanaglorió anteayer de que la tarjeta Argenta, con la que su gobierno subsidia el consumo popular, incluya a una de las peleterías más lujosas de Buenos Aires, Charles Calfún, de la que ella misma es desde hace años apreciadísima clienta. Estos desatinos estimulan a quienes pretenden que se revisen las fuentes de tanta prosperidad individual. Pero esa aspiración opaca causas más relevantes: ¿podría revertirse en el futuro la decisión del juez Daniel Rafecas, convalidada por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, de no investigar la denuncia por encubrimiento de los criminales de la AMIA, que formuló contra Cristina Kirchner el fiscal Alberto Nisman? Es una incógnita prematura. Hay que esperar a que se pronuncie el fiscal de Casación Javier de Luca, a quien llegará la apelación de su colega Germán Moldes. Según Moldes, la Cámara demoró el envío para que el caso le tocara a De Luca, otro militante de Justicia Legítima. Moldes, y tal vez los camaristas, presumen que De Luca es otro Gonella.
La doctrina de la cosa juzgada írrita ha sido muy debatida en los últimos meses. Una de las razones fue la publicación del libro del penalista Federico Morgenstern, Cosa juzgada fraudulenta. Morgenstern defiende la posibilidad de que se vuelva a tratar un expediente cuando se demuestra que fue cerrado al cabo de un «juicio farsesco».
La sanción del nuevo Código de Procedimientos agitó más la discusión. El kirchnerismo logró que se establezca, en el artículo 5, que sólo se puede revisar una sentencia definitiva si es a favor del condenado. Durante el tratamiento parlamentario de la reforma, Juan Martín Mena, entonces subsecretario de Política Criminal y ahora de la ex SIDE, defendió la cláusula porque «es muy peligroso que los procesos terminados puedan reabrirse». En cambio, el camarista de Casación Mariano Borinsky apuntó que la advertencia es redundante, porque el Código actual ya la garantiza. Según Borinsky, el artículo induce a una mala interpretación: que no pueda juzgarse por segunda vez un caso que fue saldado mediante un fraude. El senador Ernesto Sanz y las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso se alinearon con esta posición.
Los juristas cercanos al Gobierno creen que sólo debería aceptarse el criterio de la cosa juzgada fraudulenta en causas de derechos humanos. Morgenstern los objeta recordando que la Corte Interamericana ordenó que se vuelva a investigar el asesinato del policía Jorge Gutiérrez, que perseguía a los delincuentes de la «aduana paralela». El CELS, una organización kirchnerista, abogó por reabrir la causa, basándose, entre otras razones, en un peritaje de Alejandro Rua, entusiasta defensor de funcionarios.
De cinco a nueve
El riesgo que supone la tesis habilitada por la Corte agrega urgencia a la principal gestión que Carlos Zannini lleva a cabo en estos días: la ampliación del número de miembros de la Corte, de cinco a nueve. Aníbal Fernández dijo que no se estaba considerando esa posibilidad. Hizo bien. La divulgación prematura frustraría la iniciativa.
Zannini pretende abrir la discusión después de octubre, cuando se sepa quién será el próximo presidente. Presume que el nuevo mandatario estará interesado en contar con juristas de confianza en el máximo tribunal. Por lo tanto, convalidaría una ley para cambiar la composición. El segundo paso sería pactar la designación de los nuevos magistrados. Zannini calcula que, presionando más a Carlos Fayt, se podrían poner sobre la mesa seis butacas.
El modo de repartirlas es todavía brumoso. El kirchnerismo pretende dos lugares. El peronismo federal, otros dos. Es un actor clave: Zannini negocia que ese bloque habilite los dos tercios necesarios para las designaciones. Cree que una forma de sumarlo es garantizar a Adolfo Rodríguez Saá una sentencia favorable a San Luis en la querella por la coparticipación. Las otras dos posiciones serían ofrecidas a quien gane las elecciones.
El kirchnerismo no consiguió ayer el número para designar a Roberto Carlés en la Corte. Pero tampoco retiró el pliego. Tal vez pretenda relanzarlo en octubre. Carlés sigue siendo promovido como «el juez del Papa». La caracterización se debe a un malentendido. Este abogado se acercó a Jorge Bergoglio de la mano de una amiga común, la fallecida Alicia Oliveira. Francisco vio con buenos ojos a Carlés. Pero todo cambió cuando advirtió que, como buen discípulo de Raúl Zaffaroni, el abogado estaba a favor de la despenalización del aborto. Pícaros, los kirchneristas insisten: «A Carlés lo mandaron desde Roma».
El verdadero candidato de la Casa Rosada para ocupar la Corte es otro: el propio Zannini. Originalidad cero. En Santa Cruz, este cordobés empezó siendo ministro de Kirchner y, en 1999, fue transferido al Superior Tribunal, donde ejerció la presidencia.
El Gobierno espera que la jugada de Zannini, hoy observada como un asalto a la Justicia para garantizar la impunidad de la Presidenta y su familia, sea vista en octubre como un pacto de gobernabilidad con el luminoso líder que emerja de las urnas.
Siempre habrá otro modo de analizar los hechos. Por ejemplo, el 22 de noviembre de 2006, la entonces senadora Cristina Kirchner se quejó de que el Poder Judicial se hubiera administrado siempre «con un toma y daca». Estaba defendiendo en el recinto de la Cámara alta su proyecto de reducción del número de miembros de la Corte, de 9 a 5. Esa noche prometió: «Se cierra un ciclo para este gobierno y para los que vengan, de cómo se deben manejar las instituciones». En esa época todavía no pensaba en el futuro.
Detectan anomalías y desvíos de fondos en Fútbol para Todos
La Auditoría General de la Nación remitirá a la Justicia un informe que revela graves errores y gastos sin respaldo por $ 179 millones entre 2009 y 2012
Por Alejandro Casar González.
El logo de Fútbol Para Todos. Foto: Captura de Pantalla
Por lo menos once anomalías fueron detectadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el programa Fútbol para Todos (FPT) desde sus comienzos, en agosto de 2009, hasta el 31 de diciembre de 2012. Eso es lo que revela un contundente informe del organismo, que permaneció cajoneado durante 177 días y sería aprobado hoy, antes de ser enviado a la Justicia.
El documento cuestiona varias decisiones tomadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) en nombre del contrato de asistencia financiera a los clubes afiliados a la AFA . Entre las primeras anormalidades constatadas figura una diferencia contable entre los $ 2967 millones devengados por el programa y las órdenes de pago libradas por 2788 millones. Los casi 179 millones restantes corresponden a gastos sin respaldo.
Año por año, éstas fueron las irregularidades. En 2009 hubo dos órdenes de pago a la AFA por 90 millones , «cuya remisión fue regularizada por la JGM a requerimiento de la AGN». Y pagos por «fondo rotatorio», una especie de «caja chica», imputados al presupuesto de FPT por $ 290.998. En 2010, pagos del fondo rotatorio por $ 88.985. En 2011, «diferencias de cambio generadas por transferencias realizadas a Torneos y Competencias Internacional que ascendieron a $ 159.200». En 2012, «diferencias de cambio generadas por transferencias realizadas a Torneos y Competencias Internacional que ascendieron a $ 243.040». Y nueve órdenes de pago, por casi $ 88 millones a la Fundación del Automovilismo Deportivo de la República Argentina (Fadra), realizadas «en el marco del acuerdo de transmisión, que se habían omitido entregar en respuesta al pedido original».
Aunque el Gobierno postergó todo lo que pudo el debate sobre el relevamiento, en búsqueda de evitar la difusión de las conclusiones y las observaciones, los seis auditores y el presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy , revisarán hoy el documento y lo aprobarían, sin descartar que sea por unanimidad.
Entre las primeras anormalidades constatadas figura una diferencia contable entre los $ 2967 millones devengados por el programa y las órdenes de pago libradas por 2788 millones. Los casi 179 millones restantes corresponden a gastos sin respaldo.
El mes pasado, la jueza María Servini de Cubría recibió una versión preliminar del trabajo. Fue tras insistir a Despouy que le enviara el informe «en el estado en que estuviera», en el marco de la investigación sobre la ruta del dinero del Fútbol para Todos iniciada en 2014 a raíz de una denuncia de Graciela Ocaña , legisladora porteña por Confianza Pública.
En la causa están imputados tres de los cinco jefes de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner , Aníbal Fernández , Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich . El documento adelantado a Servini de Cubría no incluyó el descargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros. De todas maneras, según pudo reconstruir LA NACION, ninguna de las respuestas del Ejecutivo implicó un cambio rotundo en las observaciones de la AGN. Mucho menos su omisión en las conclusiones finales.
En su apartado de «comentarios y observaciones», el informe es crítico de la génesis del Fútbol para Todos, registrada en agosto de 2009, en un contexto de enormes deudas de los clubes ($ 40 millones con los jugadores; alrededor de $ 700 millones de pasivo en términos globales) y un marco dominado por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La AGN asegura que «el contrato de agosto de 2009 mediante el cual la Jefatura de Gabinete adquirió los derechos de explotación de las imágenes y/o sonidos de los encuentros de los torneos de fútbol realizados por la AFA no fue tramitado conforme las prescripciones del Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado nacional».
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la JGM hizo su descargo sobre este punto ante la AGN: «(…) el contrato adquiere una naturaleza jurídica particular, en consideración a las partes involucradas, el carácter del vínculo y las obligaciones a las cuales se comprometen», se argumentó crípticamente desde la cartera que conduce Aníbal Fernández .
El estudio objeta la indexación anual del acuerdo, sobre la base del aumento del Valor Básico de Referencia (VBR) del abono de cable. Dice la AGN, en el punto 4.1.8 de su informe, que ese método de ajuste «constituye un procedimiento de actualización monetaria o indexatorio no permitido por la ley 23.928».
La JGM defendió la metodología y recordó que en diciembre de 2011, cuando se firmó la primera agenda al convenio original, no aplicó el aumento que correspondía por el incremento del VBR, sino un ajuste menor. Según la evolución del VBR, a la AFA le correspondían $ 949.800.000; percibió $ 825.000.000. De todas maneras, el índice sí es usado como referencia para negociar las actualizaciones del convenio. Que no se respete es otra cuestión.
El estudio refiere que «no obran en las actuaciones donde se tramitó la formalización del contrato, ni antes de la firma ni después, los documentos técnicos demostrativos de la invocada crisis de los clubes ni de la verosimilitud de las millonarias sumas adeudadas por éstos denunciadas por la AFA». Es decir, la Jefatura de Gabinete no aportó ni una sola prueba que revelara que el contexto económico del fútbol argentino en agosto de 2009 fuera tan grave como para ameritar su intervención.
Tampoco hay un solo papel ni estudio de mercado que justifique los $ 600 millones que comenzaron a pagarse como mínimo anual garantizado a la AFA.
La AGN cuestiona a la JGM por haber firmado un contrato con la AFA sin mecanismos de control que acrediten «en forma periódica» el cumplimiento de los compromisos asumidos por los clubes. Y abunda: «Esto no permite al Estado monitorear el resultado de las acciones de saneamiento financiero y reordenamiento administrativo de los clubes y determinar, en su caso, en qué momento esta finalidad se encuentra cumplida». La explicación de la JGM fue que la motivación principal del Gobierno era la transmisión de los partidos en forma gratuita para todos los argentinos. La crisis de los clubes, en todo caso, fue la razón por la que la AFA necesitaba aumentar sus ingresos.
El primer documento que acredita el agujero económico y financiero data del 11 de julio de 2012, cuando el Fútbol para Todos estaba a punto de cumplir tres años. Fue un comunicado oficial de la AFA en el que manifestaba «su profunda preocupación por las deudas, por el altísimo costo de los contratos de los jugadores, así como también por los enormes endeudamientos generados por algunos clubes». El comunicado agregaba: «Lamentamos observar que los cuantiosos fondos distribuidos entre los afiliados no sirvió en la mayoría de los casos para achicar pasivos ni para cancelar contratos suscriptos, sino todo lo contrario: se generó mayor endeudamiento y promesas contractuales en muchos casos impagables». Es decir: a pocos días de que el Fútbol para Todos cumpliera tres años, la AFA blanqueaba que uno de sus principales objetivos, recuperar la fortaleza económica de sus afiliados, no se había cumplido.
El primer documento que acredita el agujero económico y financiero data del 11 de julio de 2012, cuando el Fútbol para Todos estaba a punto de cumplir tres años. Fue un comunicado oficial de la AFA en el que manifestaba ‘su profunda preocupación por las deudas, por el altísimo costo de los contratos de los jugadores, así como también por los enormes endeudamientos generados por algunos clubes’
Al referirse a la retransmisión de los partidos del FPT, la auditoría advierte la ausencia de «una reglamentación que organice la operatoria de suscripción de los acuerdos emitidos por el programa y los canales interesados (…), ni surge cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas de televisión por aire o cable que retransmiten la señal del FPT, así como el proceso de convocatoria y selección de estas empresas».
Entre las características del FPT que llaman la atención hay una que sobresale: no tiene metas presupuestarias. Es decir, su única misión es que los argentinos accedan en forma gratuita a la transmisión de los partidos, sin importar el dinero que se gaste. Ocurre eso pese a que la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en su artículo 34, exige: «(…) todas las jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos». Según concluye la AGN, «ante la ausencia de definición de metas físicas, no resulta posible evaluar la eficiencia de la gestión del programa».
El informe detalla gastos por $188.913.638 que no tienen la orden de compra correspondiente, por lo que no se completaron los pasos para habilitar el pago. Se distribuyen de la siguiente manera:
2009: $ 6.361.000.
2010: $ 13.238.916.
2011: $ 47.263.076.
2012: $ 122.050.646
¿Quiénes fueron los beneficiarios? VTS SA (servicio de generación de imágenes), Farolito International Entertainment (servicios de producción general), Wayson Producciones (servicios de móviles y enlaces), Transvideo SA (servicios de móviles y enlaces), Santa Mónica Argentina SA (derechos de TV), Torneos y Competencias S.A. (realización integral de partidos de la B Nacional y derechos televisivos de la selección), Torneos y Competencias Internacional (derechos de TV por la Copa América 2015, por el Sudamericano Sub 20 de Mendoza 2013, por 32 partidos del Mundial Brasil 2014 y por el Mundial Sub 20 de Turquía, al cual no se clasificó la Argentina), la AFIP (retenciones por Ganancias) y el Banco Nación (compra de divisas para pagos de derechos de TV de partidos internacionales), entre otros.
En el documento, la AGN anticipa dos motivos que llevaron al FPT a afrontar estas cifras bajo la figura del «legítimo abono», término administrativo con el que se conoce el pago de gastos sin orden de compra: 1) La habitualidad en la prestación de servicios de las citadas empresas para desarrollar el cometido del FPT sin cumplir con los procedimientos de contratación pública. 2) «La ausencia de una adecuada planificación de contrataciones y su seguimiento».
Según el trabajo que hoy sería avalado por la AGN, el procedimiento es el siguiente: se inicia un expediente con la o las facturas presentadas por los proveedores en las que el FPT asienta la conformidad del servicio recibido, se giran para la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el dictado de una Resolución de la Jefatura de Gabinete reconociendo el crédito y ordenando su pago». Dice la AGN que «el organismo ha desvirtuado un procedimiento de excepcional aplicación en el ámbito de la administración pública instituyendo un procedimiento usual y alternativo de contratación y pago a prestadores vedado por las normas vigentes».
Ante la acusación, la JGM emitió su descargo sobre los pagos realizados bajo la modalidad de «legítimo abono»: «La urgencia al firmarse el contrato, las circunstancias de los servicios a brindar gratuitamente, y la posterior televisación de la B Nacional (con River) justifican el tipo de procedimiento del legítimo abono». El Poder Ejecutivo aseguró que antes del fin del período auditado (31 de diciembre de 2012) el sistema de compras y contrataciones del programa se había regularizado.
Otro de los procedimientos cuestionados es la ausencia, sin razón aparente, de pauta privada en el programa desde el 27 de febrero de 2010
Otro de los procedimientos cuestionados es la ausencia, sin razón aparente, de pauta privada en el programa desde el 27 de febrero de 2010. Dice el documento: «No se obtuvo evidencia de acto administrativo, órdenes o instrucciones formales de autoridad competente que hayan dispuesto el cese de la comercialización de la publicidad de privados ni de las razones existentes para tal decisión».
El único documento que se refiere al cese de los avisos particulares está redactado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y recuerda que fue «el Comité de Coordinación de Gestión» el que «resolvió emitir en todos los encuentros televisados exclusivamente avisos referidos a la publicidad oficial».
El último aspecto que aborda la investigación es el contrato de publicidad con Iveco, el único sponsor del Fútbol para Todos desde 2010. «No es posible conocer las razones que llevaron a la Jefatura de Gabinete a contratar con Iveco en forma directa y no con otro auspiciante. No están explicitados los motivos por los cuales el organismo aceptó recibir pagos en especie, supuesto no previsto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, cuando el procedimiento normal es el pago en dinero», describe la AGN.
Además, «no está acreditada la necesidad previa de adquirir los vehículos comprometidos por Iveco, los sectores requirentes y el uso a dar a los mismos». A la hora de analizar el precio pagado por la fábrica de camiones, el organismo explica: «No fue posible establecer si guardó correspondencia con el valor de la publicidad para este tipo de contratos de sponsor». De todas formas, la AGN simuló cuánto hubiese tenido que pagar Iveco si hubiera abonado por los minutos en pantalla de acuerdo con el tarifario vigente en 2010. Ese valor hubiera sido de $28.880.000. Los $ 7 millones que abonó la empresa en camiones constituyen un 75,76% menos. Sobre este apartado se manifestó el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández: «Es una publicidad específica, y le sirve al Gobierno porque con una cantidad de dinero acordada consigue más especie que las cosas que podría haber comprado. Normalmente, esos camiones sirven para servicio mucho más que si los hubiesen comprado. Si se los compra, pagaría mucha más plata que la que significa desde el punto de vista de la publicidad», dijo el dirigente quilmeño en La Red.
El documento desliza una crítica para la AFA, a la que acusa de no entregarle comprobante alguno al Poder Ejecutivo por las millonarias transferencias mensuales que recibía. Fue una costumbre hasta abril de 2012. «Los pagos realizados a la AFA desde el inicio de la relación contractual hasta abril de 2012 se realizaron sin la correspondiente emisión de factura por parte de esta asociación. Recién con los pagos realizados a partir de mayo de 2012 la AFA procede a entregar facturas».
El acuerdo que no le iba a costar un peso al Gobierno
Foto: Mauro Alfieri
Con el pago anual garantizado de 600 millones de pesos por parte del Estado, en agosto de 2009 el entonces y hoy de vuelta jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el número 1 de la AFA, Julio Humberto Grondona, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, suscribieron el convenio asociativo del Fútbol para Todos. El acuerdo no le iba a costar un peso al gobierno nacional y contemplaba el pago del 50% del monto de comercalización que excediera la cifra asegurada. Nunca se superó.
Números y decisiones sin explicación
189
Millones excepcionales
Se pagaron bajo la figura de «legítimo abono», es decir, sin la correspondiente orden de compra
7
Millones pagó Iveco
Esa es la cifra que desembolsó en 2010 el único sponsor del FPT. La AGN calculó que el valor de la publicidad de entonces en 28,88 millones
Sin control
La AFA nunca cumplió con las medidas de saneamiento económico de los clubes comprometidas ante el Gobierno, que nunca exigió su puesta en marcha
Sin motivos
La AGN no encontró evidencia de actos administrativos, órdenes o instrucciones de autoridad competente que hayan dispuesto el cese de la comercialización de la publicidad privada ni razones para tal decisión.
Alberto Nisman no le dieron ni siquiera la oportunidad de una investigación. Era previsible. La Cámara Federal que le tocó a su denuncia resolvió contra el Gobierno, en los últimos años, sólo en ocasiones muy escasas. La Cámara Federal se divide en dos salas. La Sala 1, que resolvió ayer, más identificada históricamente con los intereses del Gobierno, y la Sala 2, con fama de independiente. La decisión de la Cámara que confirmó la resolución del juez Daniel Rafecas, quien desestimó de plano la denuncia de Nisman, podría explicar hasta la reciente y feroz campaña del oficialismo para difamar al fiscal muerto.
Dicho con palabras más directas: esos jueces que firmaron la sentencia de ayer, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, no hubieran hecho lo mismo pocos días después de la masiva movilización del 18-F. Tuvieron margen para hacerlo, en cambio, después de que el Gobierno lo denunciara a Nisman como un mujeriego compulsivo, un gastador incansable de fondos estatales y un loco desquiciado en el manejo de los asuntos judiciales. Un «sinvergüenza» y un «turro», en fin, según la descripción del infaltable Aníbal Fernández. Ahora se explica por qué se necesitó matar al muerto.
Ayer sucedió de manera más consistente la segunda muerte de Nisman. El caso provocó la división del tribunal, aunque sólo uno de sus tres jueces, Eduardo Farah, promovió revocar la decisión de Rafecas e investigar la denuncia de Nisman. Quedó en minoría. La mayoría se dedicó, más bien, a destruir los testimonios de dos personas muertas, el propio Nisman y el periodista Pepe Eliaschev. A Nisman le reprochan haber denunciado un delito respaldado en meras conjeturas. Dijeron de Eliaschev que cambió en la declaración testimonial lo que había afirmado en una nota en el diario Perfil. Eliaschev fue el primer periodista que informó que existía una negociación secreta entre el gobierno de Cristina Kirchner y el régimen de los ayatollahs iraníes. Ninguno de los dos está, desde ya, en condiciones de replicarle al tribunal. Así, con semejantes tretas, no se necesita ser juez para archivar una denuncia.
Los jueces Ballestero y Freiler, que desestimaron la presentación de Nisman, dieron fundamentalmente dos argumentos. Uno consistió en describir una decisión política, susceptible de críticas y de impugnaciones, pero que en ningún caso configura un delito. El otro argumento señala que, aun si hubiera habido la intención de cometer un delito, no hubo principio de ejecución, requisito necesario para ser condenado por la Justicia. Ambos merecen su refutación.
Si fue una decisión política o un delito es la conclusión a la que debe llegar la Justicia después de un largo proceso. Nadie dijo nunca que el escrito de Nisman sirviera para condenar a alguien o a algunos. Fue la presentación de un fiscal que había trabajado diez años en el caso AMIA y que murió extrañamente cuatro días después de denunciar a la Presidenta y al canciller, entre otros. Una denuncia necesita ser corroborada con pruebas y testimonios. El propio Nisman pidió muchísimas medidas de prueba para sostener su denuncia. El problema es que ningún juez, ni Rafecas ni Ballestero ni Freiler, le dieron la oportunidad de comprobar que sus conclusiones eran ciertas.
Una denuncia sólo necesita ser «verosímil», como lo señaló el juez de la minoría, Farah, y la de Nisman lo es. Merecía, por lo tanto, la oportunidad de ser investigada, que es, en última instancia, lo que pidieron los fiscales Gerardo Pollicita y Germán Moldes. Las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Luis D’Elía, Jorge «Yussuff» Khalil y Fernando Esteche se prestan para cualquier interpretación. Les sirvieron a Freiler y a Ballestero para darle la razón al juez Rafecas, y le sirvieron a Farah para asegurar que Rafecas se equivocó. Son diálogos propios de barrabravas, con más sobreentendidos que claridad. Lo más notable de esas conversaciones es el grado de información con que cuentan esos personajes. Por eso, la denuncia de Nisman es, por ahora, más política que judicial. Desnudó el entramado que se teje en los sótanos oscuros del poder cristinista.
En rigor, la primera responsabilidad por la caída súbita de la denuncia de Nisman le corresponde a Rafecas. Fue ese juez quien abrió el camino para el archivo rápido de la denuncia y quien les dio argumentos a los jueces cercanos al oficialismo. Si Rafecas hubiera abierto una mínima investigación, esa Cámara Federal debería resolver ahora sobre pruebas concretas y no sobre una presunción. O sobre la opinión personal de Rafecas, tal como él lo subrayó varias veces en su resolución. La decisión de Rafecas cavó, incluso, una profunda grieta entre los dirigentes de la comunidad judía, con cuya simpatía el juez cuenta (¿o contaba?).
No es cierto tampoco que no hubo principio de ejecución del supuesto delito, si la intención hubiera existido. El gobierno de Cristina Kirchner agotó todos los recursos que tenía a su alcance para culminar con los requisitos del tratado con Irán. «La aprobación en trámite exprés del acuerdo por parte del Congreso fue el principio de ejecución», dijo ayer un juez federal que nada tiene que ver con este caso. Fue el gobierno de Irán el que demoró la aprobación del pacto por parte de su Parlamento.
Si el acuerdo se hubiera formalizado definitivamente en los dos países, tampoco Interpol habría necesitado de un juez argentino para levantar las circulares rojas para la captura internacional de cinco jerarcas iraníes. Una de las razones de ser de Interpol es la de buscar a las personas cuyo paradero se desconoce. ¿El paradero de quién desconocería la justicia argentina si los acusados hubieran estado en Teherán parloteando con jueces y funcionarios argentinos? El propio tratado dispone, en su artículo 7, que el acuerdo sería notificado a Interpol sin necesidad de que fuera aprobado por los parlamentos de ambos países. ¿Para qué tanta premura si las circulares rojas no eran la prioridad, según la defensa del gobierno argentino?
Los jueces que decidieron ayer no tuvieron en cuenta, ni siquiera, dos hechos destacables que sucedieron después de la denuncia de Nisman. El primero de ellos es la muerte del fiscal, cada vez más alejada del suicidio para su familia y para la mayoría de la opinión pública. Nisman murió por esa denuncia, sea cual haya sido el procedimiento que puso fin a su vida. El segundo hecho fue la denuncia de ex funcionarios venezolanos, según la cual, en el fondo, se negociaba la venta de uranio argentino a Irán. Nisman mencionó en su denuncia «otros acuerdos», pero no precisó mucho más. ¿Se refería, acaso, a supuestos regateos por el uranio? Imposible saberlo si se cierran todas las puertas de una investigación.
No todas las puertas están cerradas. El fiscal general Moldes no necesita anunciar si apelará a la Cámara de Casación. Ya en su presentación ante la Cámara Federal, en la que promovió investigar la denuncia de Nisman, anticipó que se reservaba el derecho de apelar ante la instancia superior. Apelará, sin dudas. Vendrá un sorteo que determinará a qué Sala de esa Cámara le tocará decidir y, de acuerdo con su resultado, se podrá saber si habrá un fallo independiente o no. Algo extraño sucede en la Justicia cuando sus sentencias pueden anticiparse según la simpatía de los jueces. Ésa es otra herencia perversa que dejará la era kirchnerista, que termina.
Por eso, fija también las estrictas condiciones que deben respetarse para los decretos de necesidad y urgencia, posibles sólo en «circunstancias excepcionales». Los decretos de necesidad y urgencia tienen tanto poder como las leyes que sanciona el Congreso. Esos decretos, dice textualmente la Constitución, «serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlo conjuntamente con el jefe de Gabinete». «El jefe de Gabinete personalmente y dentro de los diez días someterá la medida, concluye, a consideración de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso». La Constitución estipula, incluso, los asuntos en los que no podrán usarse esos decretos, como las cuestiones electorales o de partidos políticos. Dice «en acuerdo general» y no «con» el acuerdo general de los ministros. Es decir, en reunión de todo el gabinete. El espíritu de los constituyentes de 1994 fue recrear en el Ejecutivo un debate sobre esos decretos parecido al que son sometidas las leyes en el Congreso. Es la única decisión del Poder Ejecutivo que la Constitución somete al acuerdo general de ministros.
