El caso Fayt develó uno de los proyectos más ambiciosos del cristinismo, pero también reveló hasta dónde está dispuesto a llegar para lograr sus propósitos. Hasta la tortura psicológica de un hombre anciano. Perseguido, acosado y humillado, Fayt, que tiene 97 años, es sometido a niveles excesivos de un estrés inútil. Su vida podría correr peligro. Ayer, el juez Fayt habló por radio, obligado por el Gobierno a demostrar que está vivo, que piensa y puede expresarse. ¿Qué es eso si no un degradante tormento? Con los rasgos habituales de cierto progresismo (la humanidad es bella, pero el ser humano más cercano merece ser maltratado), el cristinismo está dispuesto a remover a Fayt como quien elimina un obstáculo despreciable. Fayt es la llave que mantiene activa la Corte Suprema de Justicia.

Cristina Kirchner ordenó esa operación y ella la monitorea personalmente. ¿Alguna duda? Ninguna después de que Hebe de Bonafini montara su habitual show estalinista de juicios populares, esta vez contra Fayt. Bonafini suele ayudar de esa manera a las soluciones que necesita el kirchnerismo.

También el protagonismo permanente en el caso de Aníbal Fernández o de Carlos Kunkel le pone el sello de autenticidad presidencial a la operación. O la designación de una diputada de La Cámpora, el reservorio del cristinismo más puro, al frente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. No hay dudas: el operativo de acoso y derribo de Fayt está dirigido por la Presidenta.

Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, se equivocó cuando deslizó que estaba dispuesto a renunciar por cansancio moral. Esa debilidad anímica duró pocas horas, hasta que lo hicieron comprender que no podía rendirse ante algunos voceros oficiales. Lorenzetti modificó su decisión luego de una larga conversación con otro juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda. La eventual renuncia de Lorenzetti habría dejado más solo a Fayt, que tiene una especial confianza en el presidente de la Corte. Lorenzetti es el enemigo actual más detestado por el cristinismo, pero el objetivo final es la renuncia de Fayt, no la de Lorenzetti. El presidente de la Corte habría seguido siendo juez del tribunal, aún si hubiera renunciado como titular del cuerpo. Es el integrante más joven de la Corte.

El cristinismo dispara a veces contra el espejo. La mayor objeción que hicieron a Fayt es que habría firmado en su casa el acta del acuerdo que reeligió a Lorenzetti como presidente por tres años más. Es una práctica habitual entre los jueces de la Corte. No obstante, si se aplicara el rígido criterio cristinista al Estado en general, todos los decretos de necesidad y urgencia de Néstor y Cristina Kirchner serían nulos. El artículo 99, inciso «c», de la Constitución, que regula las atribuciones del Poder Ejecutivo, señala que ese poder «no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo».

Por eso, fija también las estrictas condiciones que deben respetarse para los decretos de necesidad y urgencia, posibles sólo en «circunstancias excepcionales». Los decretos de necesidad y urgencia tienen tanto poder como las leyes que sanciona el Congreso. Esos decretos, dice textualmente la Constitución, «serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlo conjuntamente con el jefe de Gabinete». «El jefe de Gabinete personalmente y dentro de los diez días someterá la medida, concluye, a consideración de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso». La Constitución estipula, incluso, los asuntos en los que no podrán usarse esos decretos, como las cuestiones electorales o de partidos políticos. Dice «en acuerdo general» y no «con» el acuerdo general de los ministros. Es decir, en reunión de todo el gabinete. El espíritu de los constituyentes de 1994 fue recrear en el Ejecutivo un debate sobre esos decretos parecido al que son sometidas las leyes en el Congreso. Es la única decisión del Poder Ejecutivo que la Constitución somete al acuerdo general de ministros.

Ninguno de los dos Kirchner reunió jamás al gabinete de ministros, los dos firmaron muchos decretos de necesidad y urgencia, y ningún jefe de Gabinete llevó personalmente esos decretos al Congreso. Los ministros de los Kirchner firmaron, y firman, esos decretos en sus despachos o en sus casas y no saben, la mayoría de las veces, qué están firmando. Es Cristina Kirchner, y no Fayt, la que viola explícitamente la Constitución con la firma de los documentos más importante del Gobierno.

¿Por qué Fayt? Porque es un hombre viejo al que pueden golpear con saña, pero hay otra razón. La renuncia de Fayt dejaría a la Corte con tres miembros de los cinco que la componen: Lorenzetti, Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Todas las decisiones de la Corte deberían ser, en ese caso, por unanimidad. Tres son la mayoría de cinco. No se podría armar una mayoría de dos a uno, por ejemplo, porque el número de la Corte es más amplio que el de tres. Si se fuera Fayt, la Corte quedaría paralizada en los temas en que no hubiera unanimidad o debería convocar como conjueces a presidentes de las Cámaras Federales. Mientras esté Fayt, en cambio, la Corte puede decidir por tres votos a uno. En los pocos casos que se han dado hasta ahora, la mayoría de tres la integra Fayt junto con Lorenzetti y Maqueda. La minoría es el voto de Highton de Nolasco. Esa jueza se ofendió cuando propusieron a Roberto Carlés como miembro del tribunal; no puede concebir que el Gobierno haya pretendido colocar a ese jurista sin antecedentes ni experiencia en el máximo tribunal de justicia del país, que ella integra.

Sin embargo, Highton es una mujer emocionalmente cercana a los intereses del Gobierno. Suele sentir también una identificación de género con la Presidenta, a la que considera una mujer luchadora y sola. Reconquistarla es el propósito siguiente del cristinismo si pudiera derrocar antes a Fayt. En muchos temas altamente sensibles para el Gobierno no pueden descartarse finales de dos a uno en las votaciones de la Corte.

¿Hay temas sensibles por venir? Los hay. La cautelar que protege al Grupo Clarín de las tropelías de Martín Sabbatella, decidida por un juez de primera instancia y ratificada por una Cámara, acaba de ingresar a la Corte. La competencia por la investigación de lavado de dinero en empresas de la familia presidencial podría llegar también a la Corte. Sucedería si la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y la Cámara Federal de la Capital emitieran decisiones contradictorias sobre dónde debe hacerse la investigación, que hoy lleva el juez Claudio Bonadío en la Capital. El caso iría primero a la Cámara de Casación y terminaría irremediablemente en la Corte Suprema, que es la que fija la competencia definitiva de los jueces.

También está en la Corte la decisión de un juez que frenó la designación masiva y arbitraria de fiscales por parte de Alejandra Gils Carbó. El dictamen de ese juez fue respaldado por una Cámara Federal. Casación podría resolver en los próximos días sobre la constitucionalidad del tratado con Irán. Según la información que trasciende, Casación suscribiría la definición de inconstitucional de ese tratado que decidieron un juez de primera instancia y una Cámara Federal. Después de que se expida Casación, el caso caerá en manos de la Corte Suprema. Sería improbable que la Corte modificara tres fallos anteriores que habrían declarado inconstitucional el tratado con Irán. Es improbable, vale aclarar, en una Corte con Fayt como juez.

En varios de esos expedientes, en efecto, puede adelantarse el voto a favor del Gobierno de Highton de Nolasco y el voto contrario de Fayt. Muchos de esos casos podrían resolverse en los próximos meses, antes o después de las elecciones presidenciales.

Sólo observando el papel actual de Fayt en la Corte y los temas que deberá tratar ese tribunal explican la ofensiva contra un magistrado anciano, frágil y lúcido. Un juez vale o no vale por sus sentencias. ¿Qué dictamen de Fayt podría catalogarse de disparatado, desubicado o erróneo? Ninguno. Sucede que la sola presencia de Fayt amenaza con desmontar parte de la panoplia kirchnerista. Pasa sólo eso. Es disparatado, en cambio, que Cristina Kirchner haya hecho redactar un proyecto para ampliar la Corte de cinco a nueve miembros, cuando fue ella la que bajó el número a cinco por respeto a la cantidad histórica de miembros del tribunal. El nuevo proyecto ya está escrito. Es el regreso audaz al menemismo y sus peores prácticas, la hipocresía de criticar lo que se remeda, el descenso de la gloria en alpargatas.