La amenaza de la Censura Globalista

Desmontando a los “Fact-Chekers” de las redes sociales: ¿Quiénes los financian? Exponiendo el engaño de la falsa “neutralidad” de los censores funcionales al poder

La censura siempre existió y quizá sea tan antigua como la propia humanidad, sin embargo, nunca en el pasado estuvo tan organizada como en la actualidad y todo indica que en el futuro esta situación solo está por empeorar. Con la excusa de combatir las “fake news”, las principales redes sociales, cada vez más concentradas en pocas manos, se han lanzado a una cruzada para censurar toda aquella publicación que discuta las versiones oficiales sobre los temas que interesan al poder de sus accionistas. Cabe recordar que megafondos financieros como BlackRock y Vanguard Group son dueños tanto de Google, Facebook y Twitter, como de buena parte de las principales corporaciones globales.

Youtube, Facebook y Twitter vienen avisando, cada vez con mayor frecuencia, que eliminarán publicaciones, grupos y páginas que cuestionen aquello que se fije como “el consenso”, sea que el mismo lo detemine la OMS o los distintos organismos conocidos como “Fact Checkers”, los que de “neutrales” no tienen nada, dados los intereses de quienes los financian.

Mientras que con el Covid la excusa para la censura masiva de millones de personas que mostraban alguna disidencia fue “la emergencia sanitaria excepcional”, frente a las recientes elecciones presidenciales en EEUU, el motivo cambió: Twitter y Facebook pasaron a eliminar todo aquello que hablara de “fraude” e incluso censuraron la mayoría de las expresiones del propio presidente norteamericano, Donald Trump, impidiendo que no solo sus seguidores sino básicamente cualquier persona pudiera saber qué opinaba el máximo dirigente formal de ese país sobre un tema tan crucial, independientemente de lo que cada uno opine sobre su figura.

En este caso, ¿cuál sería la excusa “excepcionalísima” para esta censura? Ya no una cuestión “sanitaria”, “de vida o muerte”, etc., sino simplemente una cuestión política.

Todo aquello no alineado con la información oficial que interesan a las grandes corporaciones dueñas de las redes es tildado de “falso” y, cuando esto no es posible, se lo cataloga como “dudoso”, “engañoso”, “peligroso” o incluso como “falto de contexto adecuado”. O sea, bajo excusas absolutamente arbitrarias

Cabe entonces preguntarse: ¿Para qué necesita el sistema global de poder semejante nivel de censura, cuando ya cuenta con el 99% de los grandes medios de comunicación para bombardearnos día y noche con sus noticias e ideologías?

Por un lado la emergencia de las redes sociales le permitió al poder global facilitar sus “revoluciones de colores” en muchos países, pero por otro lado le abrió a miles de personas una posibilidad de emitir un mensaje, por fuera del arco mediático tradicional, lo que también puede terminar viralizando contenidos “no convenientes”, dejando expuestas a nivel popular muchas maniobras que de otro modo no habría sido posible.

Para eso aparecieron los “Fact Checkers” simultáneamente y de manera masiva en todos los países, bajo rótulos de supuestas ONG’s y asociaciones periodísticas “neutrales” que combatirían las “fake news”.

Sin embargo, basta con mirar la financiación de muchos de ellos para descubrir que no son otra cosa que una herramienta más del poder global que ya controla a los grandes medios. Buena parte de la información que no resulta conveniente a sus aportantes es tildado de “falso” y, cuando esto no es posible, se lo cataloga como “dudoso”, “engañoso”, “peligroso” o incluso como “falto de contexto adecuado”. O sea, se lo desacredita o elimina bajo excusas absolutamente arbitrarias.

A finales de 2016, en medio de la polémica sobre la propagación de las noticias falsas durante la campaña presidencial en Estados Unidos, Facebook lanzó un proyecto de verificación de lo que se publica en la plataforma. De ello se encargó la formalmente independiente Red Internacional de Verificación de Datos (International Fact-Checking Network, IFCN), cuyos miembros determinan qué publicaciones son fidedignas y cuáles no.

La IFCN es un proyecto del Instituto Poynter para Estudios Mediáticos y fue creado en 2015. En los últimos años, el Instituto Poynter ha obtenido subvenciones de entidades como Google, MacArthur Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, Carnegie Foundation, Open Society Foundations y Omidyar Network, entre otras.

Actualmente, recibe financiación de las siguientes instituciones:

En EE.UU., una de las entidades que lucha contra las ‘fake news’ en Facebook es la plataforma Politifact, perteneciente al propio Instituto Poynter y financiada, entre otras fuentes, desde el conglomerado de medios estadounidense The E.W. Scripps Company, la Fundación Ford, Democracy Fund (de la red de Pierre Omidyar) y Knight Foundation, que organiza programas educativos para periodistas.

Asimismo, el sitio web de La Silla Vacía ofrece abiertamente la información sobre sus patrocinadores extranjeros, entre los cuales se encuentran la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Ford, la Open Society Foundation, la Embajada de los Países Bajos y la Embajada del Reino Unido.

“Para 2018, el 35 % de nuestros recursos vinieron de proyectos de cooperación internacional con las siguientes fundaciones: 14 % de Open Society, 9 % de Embajada de Gran Bretaña, 4 % de Ford, 4 % de Ned, 1 % de Nrgi, 1 % de Prince Claus (premio) y 1 % de USAID”, detallan.

Y actualmente:

La organización más importante que lucha contra la propagación de “noticias falsas” en Facebook es Agence France-Presse (AFP), que recibe un tercio de su financiación del Gobierno francés y el resto de fuentes comerciales. La agencia verifica datos desde Brasil, Canadá, Colombia, México, España, India, Indonesia, Kenia, Nigeria, Polonia, Sudáfrica, Senegal y Pakistán y tiene también una sección que opera en el segmento árabe de internet.

La agencia de noticia francesa señala que su trabajo para Facebook “se inspira” en la experiencia recabada durante el desarrollo del proyecto CrossCheck, que luchó contra las ‘fake news’ contra el expresidente de Francia, Emmanuel Macron, durante la campaña presidencial de 2017. AFP desarrolló este proyecto junto con First Draft, una ONG que, a su vez, “está agradecida” por el apoyo económico a Facebook, Twitter, Google, la Open Society Foundations, Omidyar Network y la Fundación Ford, entre otros.

En España, la situación se repite con Maldito Bulo /Maldita.es que recibe aportes de la Open Society, Google y la International Fact Checking Network:

En el caso de Argentina, “Chequeado.com” ya fue expuesto en 2018 que de “neutral” no tenía nada.

En esta nota de Kontrainfo mostramos quiénes estaban detrás de este organismo.

Chequeado.com está dirigido por Laura Zommer, esposa del ex-intendente de Pilar, Nicolás Ducoté y es financiado por el interés claramente sectorial del poder empresario más concentrado: recibe apoyos de la Embajada de los EEUU, de la Embajada Británica, del empresario energético Marcelo Mindlin y de uno de los mayores terratenientes de nuestro país, Eduardo Elsztain, estos últimos a su vez miembros del Council of the Americas, entidad fundada por David Rockefeller.

También financian a este “fact checker” corporaciones cercanas a la Embajada de los EEUU como: Arcos Dorados (McDonalds), Coca Cola, DirectTV, Dow, Exxon Mobil, Microsoft.

En 2017 además de estos aportantes aparecen:
-National Endowment for Democracy (una organización norteamericana siempre sospechada de ser una pantalla de la CIA).
-Open Society Foundations del magnate financiero George Soros.

En 2016, aparece como aportantes:

-Embajada Británica.
-Ford Foundation (otra fundación sospechada de ser pantalla de la CIA).
-NED.
-Open Society Foundations
-Barrick Gold.
-HSBC.
-Shell Argentina

Si se analiza la tendencia, todo indica que el mundo hacia el que nos dirigimos requiere una censura cada vez más importante.

El mundo hacia el que las élites nos quieren llevar no aceptará más disidentes que la propia disidencia controlada que ellas perversamente diseñen.

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Fuente: kontrainfo.com, 14/11/20

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Buenos Aires: Censura en internet

¿Qué hay detrás del proyecto que busca bloquear Internet ante contravenciones en la Ciudad?

Si se sanciona la ley en la Legislatura, podrían bloquear o denegar el servicio de Internet cuando se realicen conductas ilícitas utilizando ese medio; asociaciones y expertos en derechos civiles la consideran una afrenta a la libertad de expresión.

En la Legislatura de Buenos Aires se está por tratar un proyecto de ley que permite a los fiscales tomar medidas precautorias, de clausura o suspensión sobre sitios web y aplicaciones. Incluso evitar que quienes cometieron el ilícito puedan acceder a Internet. Por ahora, y ante el rechazo de numerosos actores y organizaciones, que lo consideran una afrenta a la libertad de expresión, el proyecto podría tener modificaciones e incluso podría hasta quedar en el olvido.

En rigor, el Proyecto de Ley 2298/16 lleva la firma del diputado Daniel Presti (PRO) y de Claudio Palmeyro (del Sindical Peronista). Pero en realidad partió de un pedido hecho por Luis Cevasco, Fiscal General de la Ciudad. Y ya atravesó la Comisión de Justicia de la Legislatura (que preside Presti). Desde quienes impulsan el proyecto, el objetivo es bloquear sitios de Internet que puedan ser utilizados para discriminación, para pornografía infantil o para grooming. Cevasco agrega aquellos que ofrecen la opción de juego online, donde «se lava dinero e impuestos» (algo que ocurrió con Bwin en distintos momentos).

Algunas voces en la Legislatura sostienen también que Palmeyro, presidente de la comisión de Tránsito y Transporte, también apunta al bloqueo definitivo de Uber a partir de esta ley (después de un intento fallido con un pedido de la fiscalía al Ente Nacional de Comunicaciones). «El problema que tenemos es que a través de Internet se cometen varios delitos y contravenciones», agrega el Fiscal General, quien asegura que «de ninguna manera» el proyecto es «un acto de censura» porque solo lo podrían aplicar «en caso que haya una contravención que esté investigándose».

El proyecto es una modificación al Artículo 18, del Capítulo IV «Prevención», de la Ley N12 del procedimiento contravencional. Allí se deja por sentado la «Suspensión o Bloqueo del servicio de internet. En caso de conductas que sean realizadas mediante la utilización de la red global de difusión de información «internet» o cualquier otro medio de comunicación, se podrá ordenar a las empresas prestatarias del servicio de «internet» bloquear, o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate en forma parcial o total según la conducta ilícita sea generada dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o produzca sus consecuencias dentro de ésta».

En la redacción no queda claro si la medida suspendería o bloquearía el acceso a Internet de quien causó una contravención o bien anularía la posibilidad de acceder a un servicio a través del cual se comete un ilícito (por ejemplo, clausurar preventivamente un sitio de reventa de entradas), y esa es parte de la polémica. Pero sí especifica que se podrá ordenar a las empresas prestatarias (los proveedores del servicio) que ejecuten estas acciones por pedido de un fiscal. El proyecto destaca que «se hace necesaria la incorporación de herramientas orientadas a una gestión judicial y administrativa ágil y eficaz».

Bloquear, ¿es posible?

A nivel técnico es posible restringir el acceso a un sitio mediante el bloqueo de IP (su dirección real), aunque el bloqueo sería algo mucho más complejo. Por ejemplo: muchas veces estos sitios comparten una misma dirección IP con otros sitios que están bajo un mismo servidor. Por lo cual, al bloquear una dirección IP caerían otras páginas en la misma medida. También se puede intentar restringir un sitio en un determinado país, pero eso no invalida que un usuario pueda acceder «enmascarando» su ubicación real para saltear las barreras.

Son apenas dos ejemplos de lo dificultoso que sería de implementar esta medida sin eficacia y, además, afectando a terceros en algunos casos. «Hay una imposibilidad técnica desde una jurisdicción local de bloquear una página solo para la Ciudad de Buenos Aires. Se podría hacer pero lo debería realizar un fiscal o un juez federal, sino el bloqueo no tendría aplicación», agrega Agustín Garzón, gerente del Enacom, quien a la vez cree debería hacerse en casos «muy excepcionales». Aunque desconoce cómo hacerlo técnicamente, Cevasco cree que igual se deben bloquear esas páginas. «La opción nunca es que se siga cometiendo un delito».

La libertad de expresión, en riesgo

«No podemos dejar de advertirle a la sociedad el enorme peligro que esto representa para las garantías previstas en la Constitución Nacional que resguardan el sistema democrático y las libertades individuales», escribieron en conjunto numerosas organizaciones como Access Now, Centro de Tecnología y Sociedad – Universidad de San Andrés, el Centro de Estudios para la Libertad de Expresión (Universidad de Palermo), la Fundación Vía Libre y el académico Martín Becerra, entre otros.

En el comunicado, explican que «Internet es un medio de expresión que ha permitido el acceso a la información, el intercambio de opiniones, la adquisición de conocimiento y el desarrollo económico de los individuos como casi ningún otro en la historia». Y que este proyecto «pone en serio riesgo esta herramienta al permitir que autoridades administrativas -entre ellas la fuerza policial- pueda censurar contenido para prevenir contravenciones locales. También otorga este poder a auxiliares de la justicia y a fiscales, generando masivas oportunidades para la fragmentación de Internet».

Para Gonzalo Navarro, Director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) el proyecto «entraña la potencialidad de generar gravísimas consecuencias respecto al normal desarrollo de Internet en Argentina, mediante el otorgamiento de una atribución amplia, genérica y de connotaciones ambiguas a la autoridad administrativa y a los fiscales, sin que exista la mediación de una orden judicial al respecto, propiciando de esta manera el establecimiento de condiciones de censura administrativa sobre la libre circulación de contenido en Internet.», expresó.

Por su parte, Javier Pallero, analista de políticas públicas en Access Now, creó un petitorio en la plataforma Change.org titulado «No al proyecto de censura de Internet en Argentina» donde más de 17 mil personas ya se sumaron en su oposición al proyecto.

Cevasco, por su parte, no le ve objeciones al proyecto. «Le veo límites. Está vinculado a una contravención que está tipificada en la Ley. El segundo límite es que lo analiza un juez inmediatamente».

La regulación de Internet, el trasfondo

El año pasado, otro proyecto que finalmente no prosperó apuntaba a a la regulación de los foristas por parte de los medios de comunicación, para evitar contenidos racistas. Los medios podían ser sancionados ante comentarios de terceros en sus plataformas, y la iniciativa estaba firmada por Remo Carloto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés Larroque. En 2011, el diputado Federico Pinedo propuso responsabilizar a las empresas que brindan servicios de Internet por el contenido de las webs que aloja, cuando éstas violen normas legales o derechos de terceros, como así también, a aquellas páginas que ofrezcan enlaces a otros sitios que también incumplen la ley. El proyecto contemplaba dar de baja la web en cuestión con sólo una carta documento y no con un fallo judicial. Finalmente tampoco prosperó.

Fuente: La Nación, 31/08/16.

Ver: Proyecto K: Censura en internet

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Proyecto K: Censura en internet

Fuente: Clarín, 21/07/15.

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Censura en Internet

La censura en internet comprende diversos procedimientos implementados por los estados u otros grupos no estatales con la finalidad de controlar o suprimir determinados contenidos en internet.

En particular se ve afectada la difusión de noticias y opiniones; en algunos países, también las páginas web con contenidos eróticos o religiosos. En este sentido, la censura de Internet no se diferencia sustancialmente de la censura de otros medios de comunicación masiva.

En los últimos años se ha incrementado el control de la información que circula a través de Internet, sobre todo ante el ‘boom’ de las redes sociales.

Muchos países incluso tienen leyes que establecen límites para la publicación y difusión de contenido; en algunos lugares se puede terminar en la cárcel o se puede bloquear un sitio porque lo que contiene no es del agrado del gobierno en turno. Sin embargo, varios datos apuntan a que no sólo los regímenes represivos desconfían de la capacidad de autorregulación de Internet; algunos Estados democráticos también suelen recurrir a ciertas restricciones en el ciberespacio o a una censura encubierta. El Gobierno estadounidense no está ajeno a esta práctica que pone en tela de juicio su papel como garante de la libertad.

Dada la respuesta positiva en el uso de las redes como un medio más de comunicación masiva, empezaron a crear más tipos de censura más allá de controlar contenidos sexuales. Los gobiernos de diferentes países detectaron las redes sociales como medios de filtrado de información, de aquí que ahora, por ejemplo, en México, haya una significativa revuelta por la ley para controlar los medios de comunicación a través de Internet». Aunque sabemos que la censura al periodismo siempre ha existido, la libertad de expresión también se ha visto perjudicada por los intereses de las organizaciones gubernamentales.

En México se hizo una propuesta de leyes secundarias a la «Reforma en Telecomunicaciones». Por la cual, se cree que existe un riesgo de que se controlen los contenidos en Internet.

El Presidente de la República Enrique Peña Nieto, y los coordinadores de los diputados del PAN, PRI, PRD y Verde Ecologista enviaron de manera conjunta a la Cámara Baja, la Iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones. Ésta promete fomentar la competencia en televisión abierta y restringida, radio, telefonía fija y móvil, servicio de datos y telecomunicaciones en general asegurando la competencia efectiva en los segmentos.

Esto implica que el gobierno de México y los concesionarios de Telecomunicaciones pueden obtener tu información personal así como tu localización geográfica por medio de las redes sociales en el momento que deseen.

Razones para la censura de Internet.

Muchos gobiernos tienen problemas con el hecho de que solo hay un Internet Global técnicamente sin bordes geográficos o políticos, no hay diferencia si un sitio web está hospedado en el propio país o al otro lado del mundo – una realidad muchas veces encantadora para los usuarios de Internet y alarmante para los estados.

La censura en Internet, inspirada por la esperanza de re-imponer las distinciones geográficas, puede ocurrir por muchas razones.

• Razones políticas. Gobiernos que quieren censurar puntos de vista y opiniones contrarias a las políticas de dicho gobierno incluyendo temas como derechos humanos y religiones.

• Razones sociales. Gobiernos que desean censurar páginas web relacionadas con pornografía, juegos, alcohol, drogas, y otros asuntos que pueden ser ofensivos a la población.

• Razones de seguridad nacional. Gobiernos que desean bloquear contenido relacionado con movimientos disidentes, y cualquier cosa que amenace la seguridad nacional.

Con el propósito de asegurarse de que el control de la información es efectivo, los gobiernos pueden filtrar las herramientas que permiten a las personas sortear la censura a Internet.

En el caso extremo, los gobiernos pueden negarse a proporcionar servicio de Internet al público, como en Corea del Norte, o pueden cortar Internet durante periodos de protesta pública, como sucedió en Nepal en 2005, y en Egipto y Libia en 2011.

Véase también:

• Declaración de independencia del ciberespacio
• Anti-copyright
• Ciberactivismo
• Derecho informático
• Derechos digitales
• Filtro de contenido
• WikiLeaks
• Censura de Internet en la República Popular China

Bibliografía

• Reporters Without Borders: Internet Enemies. (PDF; 767 kB) 12. März 2009.
• Ronald J. Deibert: Everyone’s Guide to By-Passing Internet Censorship: For Citizens Worldwide. (PDF, 31 S.), The Citizen Lab, Munk Centre for International Studies, University of Toronto, September 2007.
• Ronald J. Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, Jonathan Zittrain (Hrsg.): Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering. Cambridge 2008, ISBN 978-0-262-54196-1.
• Ansgar Koreng: Zensur im Internet. Der verfassungsrechtliche Schutz der digitalen Massenkommunikation. Baden-Baden 2010, ISBN 978-3-8329-5465-9.
• Stefan Scholz: Internet-Politik in Deutschland. Vom Mythos der Unregulierbarkeit. Münster 2004, ISBN 3-8258-7698-5.
• Rainer Strzolka: Das Internet als Weltbibliothek. Suchmaschinen und ihre Bedeutung für den Wissenserwerb. Berlin 2008, ISBN 978-3-940862-00-6.
• Yulia Timofeeva: Censorship in cyberspace: new regulatory strategies in the digital age on the example of freedom of expression. Baden-Baden 2006, ISBN 3-8329-2142-7.
• Matthias W. Zehnder: Gefahr aus dem Cyberspace? Das Internet zwischen Zensur und Freiheit. Basel/Boston/Berlin 1998, ISBN 3-7643-5784-3.
• Christian Zelger: Zensur im Internet. Eine Argumentationsanalyse auf Grundlage des Naturrechts und der Menschenrechte. Berlin 1999, ISBN 3-89700-063-6.
• Montenegro Jose Luis: «México entre la censura periodística y el poder político» Revista Newsweek Mexico 2014

 

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