La historia que todos conocemos es fácil de resumir: nombrado por orden de Néstor Kirchner, el fiscal Nisman investigó durante años el mayor atentado sufrido por la Argentina. En paralelo, la Presidenta cambió el criterio de su predecesor, su marido, y, en trámite exprés, firmó e hizo aprobar con la obediencia (in)debida de sus legisladores, un tratado con Irán que fue declarado inconstitucional, donde sacrificaba nuestra soberanía judicial por primera vez en la historia.

En un momento dado, el fiscal Nisman denunció a la Presidenta, a su canciller y a un grupo de parafuncionarios, por encubrimiento a favor de acusados por la masacre de la AMIA, precisamente a través de ese tratado.

A los pocos días el fiscal Nisman apareció muerto de un tiro en la cabeza. Pocos días después, el fiscal Pollicita apoyó la denuncia de Nisman y pidió 46 medidas de prueba. Pero el juez Rafecas desestimó la denuncia sin más trámite, hasta teniendo en cuenta elementos ajenos a la causa inicial, que en definitiva sirvieron de prueba a los imputados: para ellos sí hubo posibilidad de pruebas. Para los fiscales, o sea para todos nosotros, no.

Apeló el fiscal Pollicita y el fiscal Moldes lo acompañó, pese a las presiones brutales que recibió. Incluido el absurdo retiro de su auto oficial.

Ahora la Cámara de Apelaciones, por su Sala I y por el voto de sus miembros Ballestero y Freiler, convalida la desestimación del juez Rafecas e impide que siga o, mejor dicho, que empiece la investigación de un delito que -si existió- involucra a las máximas figuras del Gobierno en un tema de lesa humanidad que costó la vida a 85 argentinos y, acaso, al fiscal Nisman.

Hasta aquí, parece el argumento inicial de una película clase «B», en la que los buenos al final triunfarán. Pero desgraciadamente es nuestra realidad y casi todos tenemos miedo de que el mal triunfe. Esta vez, el mal tendría éxito al impedirse la investigación por formalismos kafkianos sin sentido jurídico ni común.

Todos los fallos merecen respeto, pero eso no implica acatarlos: la decisión de la Cámara Federal es apelable ante la Cámara de Casación e incluso lo que decida esta Cámara puede llegar a la Corte Suprema, dada la monumental gravedad del caso, a través del per saltum.

El fiscal Moldes ya había anticipado que apelaría. Queda saber si el fiscal que tomará el caso lo seguirá y si Casación revocará las lamentables decisiones de 1a y 2a Instancia, que nos niegan a todos los argentinos saber si la denuncia de Nisman, Pollicita y Moldes contra la Presidenta y su grupo tenía fundamento o no.

La denuncia del fiscal Nisman fue ratificada por los fiscales Pollicita y Moldes. El denominador común entre estos tres fiscales ha sido el más básico de una república: no deben impedirse las investigaciones de posibles delitos, sin importar que puedan haber sido cometidos por gobernantes. Incluso si la Cámara de Casación confirmara el fallo de Rafecas y de la Cámara, debería solicitarse a la Corte Suprema que por el instituto del per saltum, intervenga y permita que la investigación se lleve a cabo,

Ojalá que el sistema funcione correctamente y que, de una vez por todas, empecemos a vencer la brutal impunidad que nos aplasta como personas y como país. Es inadmisible que semejante escándalo quede sepultado en un archivo, sin ser investigado. Eso se llama impunidad, y no podemos seguir conviviendo con ella.

—El autor es abogado y fue Consejero de la Magistratura entre 2010 y 2014.

Fuente: La Nación, 31/03/14.

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Alberto Nisman no le dieron ni siquiera la oportunidad de una investigación. Era previsible. La Cámara Federal que le tocó a su denuncia resolvió contra el Gobierno, en los últimos años, sólo en ocasiones muy escasas. La Cámara Federal se divide en dos salas. La Sala 1, que resolvió ayer, más identificada históricamente con los intereses del Gobierno, y la Sala 2, con fama de independiente. La decisión de la Cámara que confirmó la resolución del juez Daniel Rafecas, quien desestimó de plano la denuncia de Nisman, podría explicar hasta la reciente y feroz campaña del oficialismo para difamar al fiscal muerto.

Dicho con palabras más directas: esos jueces que firmaron la sentencia de ayer, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, no hubieran hecho lo mismo pocos días después de la masiva movilización del 18-F. Tuvieron margen para hacerlo, en cambio, después de que el Gobierno lo denunciara a Nisman como un mujeriego compulsivo, un gastador incansable de fondos estatales y un loco desquiciado en el manejo de los asuntos judiciales. Un «sinvergüenza» y un «turro», en fin, según la descripción del infaltable Aníbal Fernández. Ahora se explica por qué se necesitó matar al muerto.

Ayer sucedió de manera más consistente la segunda muerte de Nisman. El caso provocó la división del tribunal, aunque sólo uno de sus tres jueces, Eduardo Farah, promovió revocar la decisión de Rafecas e investigar la denuncia de Nisman. Quedó en minoría. La mayoría se dedicó, más bien, a destruir los testimonios de dos personas muertas, el propio Nisman y el periodista Pepe Eliaschev. A Nisman le reprochan haber denunciado un delito respaldado en meras conjeturas. Dijeron de Eliaschev que cambió en la declaración testimonial lo que había afirmado en una nota en el diario Perfil. Eliaschev fue el primer periodista que informó que existía una negociación secreta entre el gobierno de Cristina Kirchner y el régimen de los ayatollahs iraníes. Ninguno de los dos está, desde ya, en condiciones de replicarle al tribunal. Así, con semejantes tretas, no se necesita ser juez para archivar una denuncia.

Los jueces Ballestero y Freiler, que desestimaron la presentación de Nisman, dieron fundamentalmente dos argumentos. Uno consistió en describir una decisión política, susceptible de críticas y de impugnaciones, pero que en ningún caso configura un delito. El otro argumento señala que, aun si hubiera habido la intención de cometer un delito, no hubo principio de ejecución, requisito necesario para ser condenado por la Justicia. Ambos merecen su refutación.

Si fue una decisión política o un delito es la conclusión a la que debe llegar la Justicia después de un largo proceso. Nadie dijo nunca que el escrito de Nisman sirviera para condenar a alguien o a algunos. Fue la presentación de un fiscal que había trabajado diez años en el caso AMIA y que murió extrañamente cuatro días después de denunciar a la Presidenta y al canciller, entre otros. Una denuncia necesita ser corroborada con pruebas y testimonios. El propio Nisman pidió muchísimas medidas de prueba para sostener su denuncia. El problema es que ningún juez, ni Rafecas ni Ballestero ni Freiler, le dieron la oportunidad de comprobar que sus conclusiones eran ciertas.

Una denuncia sólo necesita ser «verosímil», como lo señaló el juez de la minoría, Farah, y la de Nisman lo es. Merecía, por lo tanto, la oportunidad de ser investigada, que es, en última instancia, lo que pidieron los fiscales Gerardo Pollicita y Germán Moldes. Las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Luis D’Elía, Jorge «Yussuff» Khalil y Fernando Esteche se prestan para cualquier interpretación. Les sirvieron a Freiler y a Ballestero para darle la razón al juez Rafecas, y le sirvieron a Farah para asegurar que Rafecas se equivocó. Son diálogos propios de barrabravas, con más sobreentendidos que claridad. Lo más notable de esas conversaciones es el grado de información con que cuentan esos personajes. Por eso, la denuncia de Nisman es, por ahora, más política que judicial. Desnudó el entramado que se teje en los sótanos oscuros del poder cristinista.

En rigor, la primera responsabilidad por la caída súbita de la denuncia de Nisman le corresponde a Rafecas. Fue ese juez quien abrió el camino para el archivo rápido de la denuncia y quien les dio argumentos a los jueces cercanos al oficialismo. Si Rafecas hubiera abierto una mínima investigación, esa Cámara Federal debería resolver ahora sobre pruebas concretas y no sobre una presunción. O sobre la opinión personal de Rafecas, tal como él lo subrayó varias veces en su resolución. La decisión de Rafecas cavó, incluso, una profunda grieta entre los dirigentes de la comunidad judía, con cuya simpatía el juez cuenta (¿o contaba?).

No es cierto tampoco que no hubo principio de ejecución del supuesto delito, si la intención hubiera existido. El gobierno de Cristina Kirchner agotó todos los recursos que tenía a su alcance para culminar con los requisitos del tratado con Irán. «La aprobación en trámite exprés del acuerdo por parte del Congreso fue el principio de ejecución», dijo ayer un juez federal que nada tiene que ver con este caso. Fue el gobierno de Irán el que demoró la aprobación del pacto por parte de su Parlamento.

Si el acuerdo se hubiera formalizado definitivamente en los dos países, tampoco Interpol habría necesitado de un juez argentino para levantar las circulares rojas para la captura internacional de cinco jerarcas iraníes. Una de las razones de ser de Interpol es la de buscar a las personas cuyo paradero se desconoce. ¿El paradero de quién desconocería la justicia argentina si los acusados hubieran estado en Teherán parloteando con jueces y funcionarios argentinos? El propio tratado dispone, en su artículo 7, que el acuerdo sería notificado a Interpol sin necesidad de que fuera aprobado por los parlamentos de ambos países. ¿Para qué tanta premura si las circulares rojas no eran la prioridad, según la defensa del gobierno argentino?

Los jueces que decidieron ayer no tuvieron en cuenta, ni siquiera, dos hechos destacables que sucedieron después de la denuncia de Nisman. El primero de ellos es la muerte del fiscal, cada vez más alejada del suicidio para su familia y para la mayoría de la opinión pública. Nisman murió por esa denuncia, sea cual haya sido el procedimiento que puso fin a su vida. El segundo hecho fue la denuncia de ex funcionarios venezolanos, según la cual, en el fondo, se negociaba la venta de uranio argentino a Irán. Nisman mencionó en su denuncia «otros acuerdos», pero no precisó mucho más. ¿Se refería, acaso, a supuestos regateos por el uranio? Imposible saberlo si se cierran todas las puertas de una investigación.

No todas las puertas están cerradas. El fiscal general Moldes no necesita anunciar si apelará a la Cámara de Casación. Ya en su presentación ante la Cámara Federal, en la que promovió investigar la denuncia de Nisman, anticipó que se reservaba el derecho de apelar ante la instancia superior. Apelará, sin dudas. Vendrá un sorteo que determinará a qué Sala de esa Cámara le tocará decidir y, de acuerdo con su resultado, se podrá saber si habrá un fallo independiente o no. Algo extraño sucede en la Justicia cuando sus sentencias pueden anticiparse según la simpatía de los jueces. Ésa es otra herencia perversa que dejará la era kirchnerista, que termina.

Fuente: La Nación, 27/03/15.

Eduardo Farah es el camarista federal que votó a favor de que se investigue la denuncia del fiscal federal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchnerque fue desestimada esta tarde por el tribunal de la Sala I de la Cámara, que también integran los magistrados Jorge Ballestero y Eduardo Freiler (quienes votaron para confirmar el rechazo a la presentación judicial).

Los argumentos de Farah para que se abriera una investigación a partir de la denuncia de Nisman por supuesto encubrimiento de responsabilidades en la causa AMIA están desarrollados en el fallo que publicó el Centro de Información Judicial. Allí, el juez rechaza la desestimación del juez Daniel Rafecas. «Verosímil es aquello que tiene apariencia de verdadero, porque es al mismo tiempo posible y congruente, porque respeta una serie de reglas lógicas y de la experiencia y porque tiene un nivel aceptable de coherencia entre los diferentes elementos que lo constituyen. Esto no implica que se trate de una situación real o verdadera, lo verosímil tiene siempre un carácter meramente indiciario, nunca definitivo, a la hora de explicar una cosa», sostiene.

Y continúa: «La hipótesis de la fiscalía, analizada en forma global y no fragmentada, cumple con el requisito mínimo de verosimilitud y es susceptible de ser investigada. Y la omisión de hacerlo no es inocua, ni para un análisis de índole teórico ni para confrontar y evaluar los indicios colectados con carácter previo a la denuncia. [.] Es iniciando la instrucción y dando curso a las medidas de prueba que devienen pertinentes que podrán esclarecerse todos los interrogantes en pie. Negar su apertura no sólo es incorrecto, contraría lo estipulado por la ley (arts. 123, 180 y 193 del CPPN)», clama.

Finalmente, insiste al referirse a las implicancias del caso: «Frente a hechos de significativa gravedad institucional como los de esta causa, es preciso recabar las evidencias del modo más rápido posible, para que sean presentadas y argumentadas en un acto público, como es una sentencia judicial, pronunciada en tiempo y forma procesalmente oportunas. Ya se perdió demasiado tiempo para instruir la causa como correspondía; lamentablemente no parece ilógico suponer que la demora haya incidido negativamente en la eficacia del procedimiento de procura y colección de determinadas pruebas pedidas por la Fiscalía (ej. allanamientos). Es obligatorio e impostergable activarlo decididamente en aras de evitar que ese perjuicio devenga insalvable», declara.

• Quién es Farah. Farah actúa en la Sala I del tribunal, como suplente, y es titular en la Sala II. Llegó de la mano del auditor Javier Fernández. Sus últimos fallos, en consonancia con la ruptura de Fernández con el Gobierno, fueron contra el vicepresidente Amado Boudou y el memorándum firmado con Irán.

Fuente: lanacion.com, 26/03/15.
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El camarista Jorge Ballestero se burló del poder del piquetero Luis D’Elía y del rol de agente secreto del lobbista proiraní Jorge «Yussef» Khalil a la hora de fundar su voto en favor del Gobierno al rechazar la denuncia de Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner.

Al emitir su voto, Ballestero manifiesta sobre la denuncia de Nisman : «Al aproximarse al estudio de la presentación que dio génesis a esta causa, con sus casi trescientas páginas y sus decenas de comunicaciones telefónicas prolijamente encadenadas a un relato que, sin escatimar en adjetivos, exhibe una pulcra redacción, es atendible verse seducido por lo que se enuncia. Pero cuando uno se detiene y avanza en sus detalles, los contornos de lo que se dice ya no son tan nítidos. Como si se tratara de un pase de ilusionista, en casos como este es preciso analizar las cosas más de cerca para poder develar su real entidad».

El rol de los actores

Para el camarista, Nisman no especifica «cuál fue en definitiva la hipótesis ficticia ni cuál el aporte concreto que a su armado hicieron las personas citadas en ella». «Qué valor pueden tener comunicaciones telefónicas en las que los interlocutores, como bien señala el a quo, describen formar parte de un ámbito de acceso de restringido, no proyectando más que el eco de noticias periodísticas o bien una fabulada idea de ser operadores sin poder de convicción», se pregunta el camarista.

Ballestero no menciona en su fallo a la presidenta Cristina Kirchner , al canciller Héctor Timerman y el diputado Andrés «El Cuervo» Larroque , pero manifestó: «Nada resta por señalar respecto de los otros tres imputados cuando ninguna de las escuchas telefónicas los tiene como actores, y cuando ninguna de las probanzas e imputaciones logra demostrar la menor vinculación con los hechos denunciados que, como se dijo, no provenga de los actos oficiales relativos a la negociación, suscripción y aprobación del Memorándum de Entendimiento inconstitucional, mas no criminal».

D’Elía «inverosímil» y Khalil «desorientado»

Ballestero cuestionó que «se aluda como válido operador de este plan de encubrimiento a alguien que, como D’Elía, el mismo denunciante [Nisman] tildó de inverosímil en ocasión de recibirle declaración testimonial».

El camarista sostuvo también que D’Elía es una persona a la que los mismos protagonistas de las escuchas «denigran y desmienten».

«Tenemos a un (Fernando) Esteche [otro de los acusados por Nisman] comentándole a Khalil, nuevamente en referencia a D’Elía … «que no haga el canchero, que no haga el que entra a Casa Rosada…el que menos puede entrar a Casa Rosada es él»», indicó.

Sobre Khalil, el camarista consideró que él mismo se mostró «desorientado» el día que se firmaba el memorándum con Irán.

«En referencia a sí mismo, Khalil recuerda ante un tercero una charla con D’Elía porque este «…quería saber qué pasaba con el memorándum (risas), éste se piensa que yo soy Steven Spielberg, no sé 007…y yo qué sé qué pasa con el memorándum flaco, sé tanto como vos del memorándum le digo»», escribió Ballestero. Y añadió: «A confesión de parte…».

El camarista afirmó que «del mismo modo cuadra que el secreto agente de inteligencia se comunicara vía electrónica con una casilla abierta en el sitio Yahoo con su nombre y apellido, así como que pueda ser hallado en la exclusiva red social ‘Sónico’ y que sus contactos en la Dirección Nacional de Aduanas le hayan valido hoy una denuncia de la Secretaría de Inteligencia, por haber invocado falsamente su pertenencia a ese organismo».

Curazao, la pequeña isla del Caribe, es un mar de tesoros para los negocios de Lázaro Báez. Pero también de dolores de cabeza.

La operatoria que le permitió al empresario patagónico engordar el patrimonio de Austral Construcciones con $ 254 millones, cash, durante uno de los peores momentos financieros de la constructora fue aún más oscura de lo que ya se sabe. Incluyó dos sociedades inactivas en esa isla de las Antillas Holandesas, y la participación off shore de dos argentinos y un uruguayo que ya no pueden contar lo que saben: los tres murieron meses antes de que los últimos billetes entraran a las cuentas de la constructora, según reconstruyó LA NACIÓN sobre la base de testimonios y documentos confidenciales.

Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.

Los primeros datos sobre la polémica operatoria ya las reveló este diario en mayo de 2013 y en enero pasado: Austral Construcciones detalló en su balance de 2011 que recibió $ 254 millones como indemnización por un supuesto proyecto inmobiliario que se frustró en Belice, del que se iba a encargar una sociedad de Curazao, J+J Holding, a través de un fideicomiso creado en Uruguay. Sin embargo, la firma de Curazao se encuentra inactiva desde 1989 y el fideicomiso jamás se registró ante las autoridades uruguayas, como impone la ley local.

¿Cuál fue el sentido de esa operación? Eso es lo que ahora investiga la Justicia, que intenta determinar si el proyecto realmente existió (y Báez invirtió millones en el Caribe) o si se trata de un dibujo con el que el empresario inventó una justificación para el reingreso, ya blanco, de $ 254 millones en la Argentina.

Nuevos documentos y testimonios que obtuvo LA NACIÓN exponen, por lo pronto, más puntos oscuros de ese ingreso de fondos. En teoría, Báez se interesó en un proyecto inmobiliario para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, una pequeña isla frente a las costas de Belice, en el mar Caribe.

Ese proyecto -con una inversión global estimada en US$ 1000 millones- quedó en manos de dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV. Pero para el Registro Público de Comercio de la isla, ambas sociedades se encuentran inactivas, según confirmaron sus autoridades a LA NACIÓN.

Aun así, un contador uruguayo se movió durante años como «apoderado» de J+J Holding, sobre la base de un instrumento librado en 1984. Se llamaba José Luis Balbi Dall ‘Orto y murió a fines de 2011.

En tanto, el rostro visible para la segunda firma inactiva de Curazao, Nederlandsche Fisheries, fue el de Norberto Floreal Rivera, un argentino con domicilio en Villa Dominico, partido de Avellaneda, que también murió hace unos años, a poco de superar las seis décadas, según confirmó su hermana.

Poco antes de morir, Dall’ Orto y Rivera constituyeron en Montevideo el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009). Pero no lo registraron ante el Banco Central (BCU) de ese país y redactaron varias cláusulas llamativas. Entre otras, que «todas las registraciones contables» del fideicomiso se llevarían «en un libro contable separado» y que «el mismo podrá estar o no registrado ante la autoridad de aplicación». Esto es, una carta blanca a la eventual manipulación de todos sus números.

En ese mismo instrumento de creación del FITA, fechado en junio de 2009, Dall’ Orto y Rivera dieron otro paso: designaron «representante legal» del fideicomiso a Gastón Lemoine, otro argentino de 41 años que ese mes se había recibido de abogado.

Dos meses después, en agosto de 2009, Dall’ Orto dio otro paso. Sumó al fideicomiso a otra sociedad off shore. Esta vez, una panameña, Benasque Invest Inc., que a su vez sería la que aportaría el «predio» para el proyecto inmobiliario: «una isla denominada Caye Chapel Island».

Al igual que en las firmas J+J Holding y Nederlandsche Fisheries, los nombres de los verdaderos dueños de Benasque Invest jamás aparecen. Sólo se movió su apoderado, José Alberto Capparelli, otro argentino con domicilio en Avellaneda. Fue socio de Rivera en un par de firmas locales y, al igual que éste y Dall’ Orto, también murió ya.

Para entonces, y al menos en los papeles, J+J Holding lideraría el fideicomiso, Nederlandsche Fisheries aportaría US$ 100 millones «en Bonos Euronotas Serie III, emitidos por la Cámara Internacional de Comercio del Mercosur», una ignota entidad a la que aluden como Cidecomer, y Benasque Invest sumaría «la isla».

Para noviembre de 2009, Austral Construcciones se sumó al proyecto. Firmó dos documentos con el nuevo representante de J+J Holding, Lemoine; se comprometió a invertir US$ 100 millones, y entregó en el acto un pagaré por la décima parte de ese monto: US$ 10 millones, según firmó el apoderado de la constructora de Báez, Andrés Soria, y consta en las copias que obtuvo LA NACIÓN.

Apenas cinco meses y medio después, sin embargo, el proyecto quedó trunco, según notificó Lemoine en nombre de J+J Holding. Liquidarían el fideicomiso porque la panameña Benasque Invest había «incumplido con la obligación». Es decir, no entregó la isla.

Más dudas y fondos frescos

A partir de allí, Lemoine y un lugarteniente de Báez en Austral Construcciones, Claudio Bustos, se cruzaron varias intimaciones. Pero todas carecen de un acuse de recibido, o sellos o timbrados que den una fecha cierta, según surge de las copias que obtuvo LA NACIÓN.

Esas notas muestran algo más. En teoría el intercambio se dirigió al domicilio legal de J+J Holding (Pietermaai 16, Willemstad, Curazao), pero la sociedad lleva años fuera de allí, según verificó LA NACIÓN. En verdad, nada se firmó fuera del microcentro de Buenos Aires o, como máximo, Colonia y Montevideo, según los testimonios que recibió este diario.

Aun así, la firma inactiva de Curazao y Austral Construcciones terminaron con un arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (Ianca), como lo estipulaba el contrato del fideicomiso ante una controversia. Y con la firma de su presidente, Miguel Ángel Martín, se le dio la razón a la constructora de Báez.

Sin chistar, J+J Holding comenzó entonces a inyectar fondos cada mes en la cuenta de Austral Construcciones en el Banco Nación, hasta llegar a los $ 254 millones, aunque la empresa de Báez pidió casi sobre el final, en junio de 2012, que US$ 1,5 millones se girara a otro lado: una cuenta de Kitwe Park International Corporation de Panamá.

Para entonces, la muerte ya había golpeado sobre el grupo de sociedades off shore. Pero Báez alcanzó la meta: inyectar fondos frescos desde el exterior en Austral Construcciones.

Paso a paso de una operación dudosa

En 2009, Lázaro Báez se sumó a un proyecto inmobiliario en una isla frente a Belice, en el Caribe, que preveía una inversión de US$ 1000 millones. Pero sostuvo que el proyecto fracasó y que fue indemnizado con $ 254 millones

1. Participan dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV; sin embargo, ambas sociedades se encuentran inactivas y sus apoderados ya murieron

2. Ambas sociedades constituyeron en Uruguay el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009), con el argentino Gastón Lemoine como «representante legal»

3. Al proyecto se suma otra sociedad off shore en Panamá, Benasque Invest Inc., cuyos verdaderos dueños jamás aparecen; sólo se conoció a un apoderado, también fallecido

4. En noviembre de 2009, Austral Construcciones se suma al proyecto para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, frente a Belice

5. A mediados de 2010, el proyecto quedó trunco y se dispone la liquidación del fideicomiso

6. J+J Holding y Austral Construcciones inician un proceso de arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (Ianca)

7. Entre 2011 y 2012, J+J Holding indemniza a Austral Construcciones con $ 254 millones que transfiere a una cuenta en el Banco Nación, de la Argentina

8. En junio de 2012, Austral Construcciones pide que la última cuota, por US$ 1,5 millones, se gire a una cuenta de Kitwe Park International Corporation de Panamá.

Fuente: La Nación, 23/03/15.

El dueño de todos los secretos inmobiliarios de la familia presidencial Kirchner, Osvaldo Sanfelice, fue el enlace clave para concretar los millonarios contratos de alquiler que unen a la familia Kirchner con el empresario patagónico Cristóbal López, confirmaron a LA NACION fuentes del Grupo Indalo al tanto de la operatoria.

Conocido como «Bochi», Sanfelice es un agente de bienes raíces de 65 años, de Río Gallegos, donde conoció y se convirtió en íntimo amigo del ex presidente Néstor Kirchner. Ya con él en la Casa Rosada, en 2005, se convirtió en socio de Máximo Kirchner en la firma Negocios Inmobiliarios, y en 2008 apareció como socio de López en la firma Talares de Posadas.

López siempre negó ser socio de Sanfelice, aun cuando los documentos así lo consignan. Sostiene que nunca prosperó el proyecto hotelero que evaluaron juntos. Pero el vínculo -Sanfelice también aparece como empleado suyo en la empresa Alcalis de la Patagonia SA- terminó por fructificar en los alquileres de un departamento, una oficina y cinco cocheras que los Kirchner poseen en el complejo Madero Center, de la ciudad de Buenos Aires.

Sólo entre junio de 2014 y enero de este año, López pagó $ 2,8 millones por esos alquileres en Puerto Madero a través de dos de sus empresas, Inversora M&S SA y, otra vez, Alcalis de la Patagonia SA, según reveló LA NACION el domingo pasado. Molesto, el empresario salió al ruedo con una solicitada en la que destacó que la operatoria es legal, y que la nacion y Clarín intentan una «extorsión pública».

Junto al llamado «zar del juego» indicaron a LA NACION, además, que la operatoria comenzó hace dos años «por lo menos». Y que esos contratos con valores pactados en dólares los firmó Máximo Kirchner, por lo que la familia presidencial embolsó varios millones de pesos más por esa operatoria comercial.

Colaboradores de López también confirmaron que Sanfelice -un hombre bajo, de pelo canoso y corto, férreos bigotes más oscuros y andar presuroso- se encargó de ajustar los detalles de esos contratos, así como también de concretar otro alquiler, en Zárate, para la familia del número dos de López en el Grupo Indalo, Fabián de Souza.

Al igual que los Kirchner y López, Sanfelice mostró un notable crecimiento patrimonial durante la última década. Se convirtió, incluso, en el dueño del hotel Waldorf de la calle Paraguay al 400, a sólo nueve cuadras de la Casa Rosada, según consta en registros societarios cuyas copias obtuvo LA NACION.

Antes, y durante casi seis años, figuró como miembro del directorio de Hotesur SA, la sociedad con que los Kirchner controlan el Alto Calafate, hasta su salida, en marzo del año pasado, tras la apertura de dos investigaciones penales sobre esa firma.

Los nombres de quienes lo reemplazaron en Hotesur dan cuenta de su peso junto a los Kirchner. Lo sustituyeron los dos hijos, la hermana y una sobrina de la Presidenta -Máximo y Florencia Kirchner, Gisele Fernández y Romina Mercado- y Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz.

«Bochi», sin embargo, no se alejó demasiado. Sigue como socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios y se le adjudica un rol ejecutivo en la gerenciadora de los hoteles de los Kirchner, Idea SA, aunque no figura en los registros disponibles.

Lo opuesto ocurre en Talares de Posadas, en la que Sanfelice aparece como socio de López, quien no disimula su fastidio cuando la prensa lo recuerda. «Con «Bochi» armamos una sociedad porque me vino con una propuesta inmobiliaria para Posadas, así que armamos la sociedad porque los números cerraban, pero al otro día estábamos escrachados en algún medio diciendo que yo era socio de Sanfelice, que a su vez era socio del hijo de Kirchner», explicó López en la entrevista que concedió a LA NACION en marzo de 2011. «Toda una fábula, una gran mentira. Así que lo llamé y le dije que no íbamos a hacer nada, que el negocio no ameritaba semejante castigo», añadió.

López también considera injusta la repercusión social por la revelación de LA NACION de que le alquila los inmuebles en Madero Center a la familia Kirchner, más un piso en la esquina de las calles Juncal y Uruguay, en Recoleta.

Mediante una solicitada que publicó en su nuevo medio de comunicación, el diario Ámbito Financiero, López expresó: «El Grupo Indalo para realizar sus actividades alquila éstas y muchas otras propiedades tanto en la ciudad de Buenos Aires como en varias provincias del interior del país. Dichos alquileres son necesarios para el desarrollo habitual de su actividad económica, son realizados en condiciones y valores de mercado, y se encuentran debidamente registrados en sus estados contables».

En la solicitada, sin embargo, López jamás identificó a la familia Kirchner o a la Presidenta como los dueños de algunas de las propiedades que alquila en la ciudad de Buenos Aires, ni precisó las fechas ni el total del dinero que hasta ahora desembolsó en rentas. Tampoco aludió a la relación comercial que su hostería El Retorno, en las afueras de Bariloche, mantiene con el Alto Calafate.

Fuente: La Nación, 22/03/15.