Detectan anomalías y desvíos de fondos en Fútbol para Todos
La Auditoría General de la Nación remitirá a la Justicia un informe que revela graves errores y gastos sin respaldo por $ 179 millones entre 2009 y 2012
Por Alejandro Casar González.
El logo de Fútbol Para Todos. Foto: Captura de Pantalla
Por lo menos once anomalías fueron detectadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el programa Fútbol para Todos (FPT) desde sus comienzos, en agosto de 2009, hasta el 31 de diciembre de 2012. Eso es lo que revela un contundente informe del organismo, que permaneció cajoneado durante 177 días y sería aprobado hoy, antes de ser enviado a la Justicia.
El documento cuestiona varias decisiones tomadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) en nombre del contrato de asistencia financiera a los clubes afiliados a la AFA . Entre las primeras anormalidades constatadas figura una diferencia contable entre los $ 2967 millones devengados por el programa y las órdenes de pago libradas por 2788 millones. Los casi 179 millones restantes corresponden a gastos sin respaldo.
Año por año, éstas fueron las irregularidades. En 2009 hubo dos órdenes de pago a la AFA por 90 millones , «cuya remisión fue regularizada por la JGM a requerimiento de la AGN». Y pagos por «fondo rotatorio», una especie de «caja chica», imputados al presupuesto de FPT por $ 290.998. En 2010, pagos del fondo rotatorio por $ 88.985. En 2011, «diferencias de cambio generadas por transferencias realizadas a Torneos y Competencias Internacional que ascendieron a $ 159.200». En 2012, «diferencias de cambio generadas por transferencias realizadas a Torneos y Competencias Internacional que ascendieron a $ 243.040». Y nueve órdenes de pago, por casi $ 88 millones a la Fundación del Automovilismo Deportivo de la República Argentina (Fadra), realizadas «en el marco del acuerdo de transmisión, que se habían omitido entregar en respuesta al pedido original».
Aunque el Gobierno postergó todo lo que pudo el debate sobre el relevamiento, en búsqueda de evitar la difusión de las conclusiones y las observaciones, los seis auditores y el presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy , revisarán hoy el documento y lo aprobarían, sin descartar que sea por unanimidad.
Entre las primeras anormalidades constatadas figura una diferencia contable entre los $ 2967 millones devengados por el programa y las órdenes de pago libradas por 2788 millones. Los casi 179 millones restantes corresponden a gastos sin respaldo.
El mes pasado, la jueza María Servini de Cubría recibió una versión preliminar del trabajo. Fue tras insistir a Despouy que le enviara el informe «en el estado en que estuviera», en el marco de la investigación sobre la ruta del dinero del Fútbol para Todos iniciada en 2014 a raíz de una denuncia de Graciela Ocaña , legisladora porteña por Confianza Pública.
En la causa están imputados tres de los cinco jefes de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner , Aníbal Fernández , Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich . El documento adelantado a Servini de Cubría no incluyó el descargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros. De todas maneras, según pudo reconstruir LA NACION, ninguna de las respuestas del Ejecutivo implicó un cambio rotundo en las observaciones de la AGN. Mucho menos su omisión en las conclusiones finales.
En su apartado de «comentarios y observaciones», el informe es crítico de la génesis del Fútbol para Todos, registrada en agosto de 2009, en un contexto de enormes deudas de los clubes ($ 40 millones con los jugadores; alrededor de $ 700 millones de pasivo en términos globales) y un marco dominado por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La AGN asegura que «el contrato de agosto de 2009 mediante el cual la Jefatura de Gabinete adquirió los derechos de explotación de las imágenes y/o sonidos de los encuentros de los torneos de fútbol realizados por la AFA no fue tramitado conforme las prescripciones del Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado nacional».
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la JGM hizo su descargo sobre este punto ante la AGN: «(…) el contrato adquiere una naturaleza jurídica particular, en consideración a las partes involucradas, el carácter del vínculo y las obligaciones a las cuales se comprometen», se argumentó crípticamente desde la cartera que conduce Aníbal Fernández .
El estudio objeta la indexación anual del acuerdo, sobre la base del aumento del Valor Básico de Referencia (VBR) del abono de cable. Dice la AGN, en el punto 4.1.8 de su informe, que ese método de ajuste «constituye un procedimiento de actualización monetaria o indexatorio no permitido por la ley 23.928».
La JGM defendió la metodología y recordó que en diciembre de 2011, cuando se firmó la primera agenda al convenio original, no aplicó el aumento que correspondía por el incremento del VBR, sino un ajuste menor. Según la evolución del VBR, a la AFA le correspondían $ 949.800.000; percibió $ 825.000.000. De todas maneras, el índice sí es usado como referencia para negociar las actualizaciones del convenio. Que no se respete es otra cuestión.
El estudio refiere que «no obran en las actuaciones donde se tramitó la formalización del contrato, ni antes de la firma ni después, los documentos técnicos demostrativos de la invocada crisis de los clubes ni de la verosimilitud de las millonarias sumas adeudadas por éstos denunciadas por la AFA». Es decir, la Jefatura de Gabinete no aportó ni una sola prueba que revelara que el contexto económico del fútbol argentino en agosto de 2009 fuera tan grave como para ameritar su intervención.
Tampoco hay un solo papel ni estudio de mercado que justifique los $ 600 millones que comenzaron a pagarse como mínimo anual garantizado a la AFA.
La AGN cuestiona a la JGM por haber firmado un contrato con la AFA sin mecanismos de control que acrediten «en forma periódica» el cumplimiento de los compromisos asumidos por los clubes. Y abunda: «Esto no permite al Estado monitorear el resultado de las acciones de saneamiento financiero y reordenamiento administrativo de los clubes y determinar, en su caso, en qué momento esta finalidad se encuentra cumplida». La explicación de la JGM fue que la motivación principal del Gobierno era la transmisión de los partidos en forma gratuita para todos los argentinos. La crisis de los clubes, en todo caso, fue la razón por la que la AFA necesitaba aumentar sus ingresos.
El primer documento que acredita el agujero económico y financiero data del 11 de julio de 2012, cuando el Fútbol para Todos estaba a punto de cumplir tres años. Fue un comunicado oficial de la AFA en el que manifestaba «su profunda preocupación por las deudas, por el altísimo costo de los contratos de los jugadores, así como también por los enormes endeudamientos generados por algunos clubes». El comunicado agregaba: «Lamentamos observar que los cuantiosos fondos distribuidos entre los afiliados no sirvió en la mayoría de los casos para achicar pasivos ni para cancelar contratos suscriptos, sino todo lo contrario: se generó mayor endeudamiento y promesas contractuales en muchos casos impagables». Es decir: a pocos días de que el Fútbol para Todos cumpliera tres años, la AFA blanqueaba que uno de sus principales objetivos, recuperar la fortaleza económica de sus afiliados, no se había cumplido.
El primer documento que acredita el agujero económico y financiero data del 11 de julio de 2012, cuando el Fútbol para Todos estaba a punto de cumplir tres años. Fue un comunicado oficial de la AFA en el que manifestaba ‘su profunda preocupación por las deudas, por el altísimo costo de los contratos de los jugadores, así como también por los enormes endeudamientos generados por algunos clubes’
Al referirse a la retransmisión de los partidos del FPT, la auditoría advierte la ausencia de «una reglamentación que organice la operatoria de suscripción de los acuerdos emitidos por el programa y los canales interesados (…), ni surge cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas de televisión por aire o cable que retransmiten la señal del FPT, así como el proceso de convocatoria y selección de estas empresas».
Entre las características del FPT que llaman la atención hay una que sobresale: no tiene metas presupuestarias. Es decir, su única misión es que los argentinos accedan en forma gratuita a la transmisión de los partidos, sin importar el dinero que se gaste. Ocurre eso pese a que la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en su artículo 34, exige: «(…) todas las jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos». Según concluye la AGN, «ante la ausencia de definición de metas físicas, no resulta posible evaluar la eficiencia de la gestión del programa».
El informe detalla gastos por $188.913.638 que no tienen la orden de compra correspondiente, por lo que no se completaron los pasos para habilitar el pago. Se distribuyen de la siguiente manera:
2009: $ 6.361.000.
2010: $ 13.238.916.
2011: $ 47.263.076.
2012: $ 122.050.646
¿Quiénes fueron los beneficiarios? VTS SA (servicio de generación de imágenes), Farolito International Entertainment (servicios de producción general), Wayson Producciones (servicios de móviles y enlaces), Transvideo SA (servicios de móviles y enlaces), Santa Mónica Argentina SA (derechos de TV), Torneos y Competencias S.A. (realización integral de partidos de la B Nacional y derechos televisivos de la selección), Torneos y Competencias Internacional (derechos de TV por la Copa América 2015, por el Sudamericano Sub 20 de Mendoza 2013, por 32 partidos del Mundial Brasil 2014 y por el Mundial Sub 20 de Turquía, al cual no se clasificó la Argentina), la AFIP (retenciones por Ganancias) y el Banco Nación (compra de divisas para pagos de derechos de TV de partidos internacionales), entre otros.
En el documento, la AGN anticipa dos motivos que llevaron al FPT a afrontar estas cifras bajo la figura del «legítimo abono», término administrativo con el que se conoce el pago de gastos sin orden de compra: 1) La habitualidad en la prestación de servicios de las citadas empresas para desarrollar el cometido del FPT sin cumplir con los procedimientos de contratación pública. 2) «La ausencia de una adecuada planificación de contrataciones y su seguimiento».
Según el trabajo que hoy sería avalado por la AGN, el procedimiento es el siguiente: se inicia un expediente con la o las facturas presentadas por los proveedores en las que el FPT asienta la conformidad del servicio recibido, se giran para la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el dictado de una Resolución de la Jefatura de Gabinete reconociendo el crédito y ordenando su pago». Dice la AGN que «el organismo ha desvirtuado un procedimiento de excepcional aplicación en el ámbito de la administración pública instituyendo un procedimiento usual y alternativo de contratación y pago a prestadores vedado por las normas vigentes».
Ante la acusación, la JGM emitió su descargo sobre los pagos realizados bajo la modalidad de «legítimo abono»: «La urgencia al firmarse el contrato, las circunstancias de los servicios a brindar gratuitamente, y la posterior televisación de la B Nacional (con River) justifican el tipo de procedimiento del legítimo abono». El Poder Ejecutivo aseguró que antes del fin del período auditado (31 de diciembre de 2012) el sistema de compras y contrataciones del programa se había regularizado.
Otro de los procedimientos cuestionados es la ausencia, sin razón aparente, de pauta privada en el programa desde el 27 de febrero de 2010
Otro de los procedimientos cuestionados es la ausencia, sin razón aparente, de pauta privada en el programa desde el 27 de febrero de 2010. Dice el documento: «No se obtuvo evidencia de acto administrativo, órdenes o instrucciones formales de autoridad competente que hayan dispuesto el cese de la comercialización de la publicidad de privados ni de las razones existentes para tal decisión».
El único documento que se refiere al cese de los avisos particulares está redactado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y recuerda que fue «el Comité de Coordinación de Gestión» el que «resolvió emitir en todos los encuentros televisados exclusivamente avisos referidos a la publicidad oficial».
El último aspecto que aborda la investigación es el contrato de publicidad con Iveco, el único sponsor del Fútbol para Todos desde 2010. «No es posible conocer las razones que llevaron a la Jefatura de Gabinete a contratar con Iveco en forma directa y no con otro auspiciante. No están explicitados los motivos por los cuales el organismo aceptó recibir pagos en especie, supuesto no previsto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, cuando el procedimiento normal es el pago en dinero», describe la AGN.
Además, «no está acreditada la necesidad previa de adquirir los vehículos comprometidos por Iveco, los sectores requirentes y el uso a dar a los mismos». A la hora de analizar el precio pagado por la fábrica de camiones, el organismo explica: «No fue posible establecer si guardó correspondencia con el valor de la publicidad para este tipo de contratos de sponsor». De todas formas, la AGN simuló cuánto hubiese tenido que pagar Iveco si hubiera abonado por los minutos en pantalla de acuerdo con el tarifario vigente en 2010. Ese valor hubiera sido de $28.880.000. Los $ 7 millones que abonó la empresa en camiones constituyen un 75,76% menos. Sobre este apartado se manifestó el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández: «Es una publicidad específica, y le sirve al Gobierno porque con una cantidad de dinero acordada consigue más especie que las cosas que podría haber comprado. Normalmente, esos camiones sirven para servicio mucho más que si los hubiesen comprado. Si se los compra, pagaría mucha más plata que la que significa desde el punto de vista de la publicidad», dijo el dirigente quilmeño en La Red.
El documento desliza una crítica para la AFA, a la que acusa de no entregarle comprobante alguno al Poder Ejecutivo por las millonarias transferencias mensuales que recibía. Fue una costumbre hasta abril de 2012. «Los pagos realizados a la AFA desde el inicio de la relación contractual hasta abril de 2012 se realizaron sin la correspondiente emisión de factura por parte de esta asociación. Recién con los pagos realizados a partir de mayo de 2012 la AFA procede a entregar facturas».
El acuerdo que no le iba a costar un peso al Gobierno
Foto: Mauro Alfieri
Con el pago anual garantizado de 600 millones de pesos por parte del Estado, en agosto de 2009 el entonces y hoy de vuelta jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el número 1 de la AFA, Julio Humberto Grondona, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, suscribieron el convenio asociativo del Fútbol para Todos. El acuerdo no le iba a costar un peso al gobierno nacional y contemplaba el pago del 50% del monto de comercalización que excediera la cifra asegurada. Nunca se superó.
Números y decisiones sin explicación
189
Millones excepcionales
Se pagaron bajo la figura de «legítimo abono», es decir, sin la correspondiente orden de compra
7
Millones pagó Iveco
Esa es la cifra que desembolsó en 2010 el único sponsor del FPT. La AGN calculó que el valor de la publicidad de entonces en 28,88 millones
Sin control
La AFA nunca cumplió con las medidas de saneamiento económico de los clubes comprometidas ante el Gobierno, que nunca exigió su puesta en marcha
Sin motivos
La AGN no encontró evidencia de actos administrativos, órdenes o instrucciones de autoridad competente que hayan dispuesto el cese de la comercialización de la publicidad privada ni razones para tal decisión.
Crónica de la destrucción de las estadísticas públicas durante el kirchnerismo.
«Kirchner quiere tu cabeza»
gritó Clyde Trabuchi, entonces directora de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Miraba a una pasmada Graciela Bevacqua, directora de Precios al Consumidor -encargada de calcular inflación en el país- y su subordinada en ese momento. Era la mañana del lunes 29 de enero de 2007 y el final de una secuela cargada de presiones sobre esas mujeres.
Enfurecida por los altos precios de la lechuga, el turismo y las prepagas, el último fin de semana de enero de 2007, la mano derecha del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y flamante “interventora” en el Indec, Beatriz Paglieri, había acordado con varios directores nacionales no difundir el índice que Bevacqua venía calculando. Para la tercera semana de enero ya sumaba 2,1%, una suba intolerable para el inicio de un año de elecciones presidenciales, que ganaría Cristina Kirchner.
1,1%Es lo que subieron los precios en enero de 2007 según el Indec.
Una semana después, la intervención se formalizaba. El decreto 100, del 6 de febrero, desplazó a Bevacqua y nombró a Paglieri a cargo de la Dirección de Precios. Un día antes, luego de forzar a los encargados del Departamento de Informática a manipular un documento público, el Gobierno había difundido el primer dato de inflación falseado: en enero, según el Indec, los precios habían subido sólo 1,1 por ciento.
La intervención oficial del Indec se convirtió en un símbolo de la degradación institucional de la llamada “década ganada”. Pero no sólo significó una sistematización de la mentira del “relato oficial”, sino que avaló diversas prácticas de persecución estatal a empleados que simplemente pensaban diferente.
Francisco Jueguen
Periodista de la sección Economía & Negocios de La Nación
Este trabajo busca contar por qué un gobierno que se proclama “nacional y popular” decidió intervenir un organismo técnico e institucionalizó la mentira como verdad estatal, destruyendo valiosas estadísticas y amedrentando a quienes se oponían. En ese sentido, es además un testimonio de los que sufrieron amenazas o persecuciones y de quienes se animaron a resistir.
Capítulo1
Historia del desembarco
La decisión de intervenir el Indec no tuvo necesidades netamente económicas -como justificó el Gobierno- sino también una clara intencionalidad política. En octubre de 2007, se efectuaban las elecciones presidenciales y Néstor Kirchner buscaba entronizar a su mujer, Cristina Kirchner. Pero el país atravesaba un problema argentino: la inflación.
Lucas Llach
Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
Un año antes de que se interviniera el organismo, Moreno buscó acceso a los datos protegidos por el secreto estadístico. Conocida la lista de comercios relevados por el Indec, el secretario de Comercio Interior sabría sobre qué empresarios presionar para falsear el índice de precios oficial.
Graciela Bevacqua
Ex Directora del IPC
2007Es el año en el que nació el primer índice de inflación de la era Moreno.
Moreno no logró que los técnicos le abrieran el índice. Sin embargo, lejos estuvo de rendirse. Así llegó en 2007 el desembarco físico sobre las estadísticas oficiales. De la mano de Paglieri y la entonces directora de Recursos Humanos del Indec, Ana María Edwin, no sólo se violó el secreto estadístico sino que la falsificación se profundizó con otros mecanismos. Se encomendó a los especialistas informáticos la creación de un “parche” informático que limitara las subas de productos. Por otro lado, los precios de los acuerdos firmados durante 2006 comenzaron a tener más peso en las ponderaciones que los relevados en el mercado por los encuestadores. Bajo este influjo, el 5 de febrero de 2007 nació el primer índice de inflación de la era Moreno.
En un primer momento, el Gobierno justificó la intervención del Indec –nunca la aceptó como tal- como una herramienta para desinflar el peso de la deuda ajustada por el CER, un coeficiente ligado al índice de precios. Según la versión oficial -que nunca tuvo una denuncia en los tribunales- los trabajadores desplazados del organismo estadístico estaban complotados con los acreedores de deuda para hacer subir el dato de inflación y mejorar la rentabilidad de sus bonos. Incluso se llegó a afirmar, sin pruebas contundentes, que se vendía información al mercado.
Otra postura oficial radicó en las supuestas “desprolijidades” en algunos de los procesos de relevamiento de información y en las áreas de cobertura que tenía el viejo índice de precios. Tales cuestionamientos aparecen en los descargos de Moreno y Paglieri en la Justicia.
Ese argumento derivó en las proclamas oficialistas que reclamaban modificaciones metodológicas acordes para estadísticas que dejaran de ser puramente técnicas y sirvieran a la política de un “un gobierno nacional y popular”.
Capítulo2
La metodología de la intervención oficial
Las primeras discusiones dentro del Indec apenas desembarcó la gente de Moreno fueron sobre los elevados aumentos de algunos productos puntuales. En ese sentido, el primer índice se manipuló precariamente. Pero tras el desplazamiento de Bevacqua de la Dirección de Precios comenzó un proceso de falseamiento estadístico más sofisticado que -en un principio- tuvo tres ejes.
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Por último, Moreno logró acceder a los listados de informantes del Indec protegidos legalmente por el secreto estadístico. Varios de los testigos que declararon ante la Justicia dijeron haber visto a personal que respondía a Paglieri, mano derecha de Moreno, fotocopiar los listados secretos y llevarlos en cajas a la oficina del secretario de Comercio Interior. Entonces, los empresarios empezaron a hablar del “precio Moreno”: era el que cambiaban los hombres de negocios en sus comercios cada vez que un encuestador del Indec pasaba. Luego, volvían a poner los originales. Esto, como se explicó al comienzo, manipulaba “externamente” el índice oficial.
El Indec es, en rigor, un gran sistema estadístico. Cada cálculo funciona como un insumo para otro. Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas, primero a los datos de pobreza e indigencia -que se congelaron- y luego también al cálculo del crecimiento -que fue sobrestimado-. Desde diferentes sectores ideológicos afirman que el Indec esconde millones de pobres. Por otro lado, la oposición denuncia que la sobrevaloración del PBI tuvo como consecuencia que el país debiera pagar más deuda por los bonos atados al crecimiento económico.
Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas
El escándalo público que produjo la intervención del Gobierno en el organismo estadístico derivó en que varios senadores de la oposición denunciaran el caso ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que encabezaba Manuel Garrido. Luego de dos meses de relevamiento y de entrevistas con decenas de testigos, el fiscal dictaminó que en el Indec había habido “graves irregularidades”.
A continuación, una guía interactiva para entender las claves de su resolución con la voz del propio fiscal y hoy diputado para explicar cada punto.
Su dictamen fue retomado por el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió medidas al juez Rodolfo Canicoba Corral. Hasta hoy, la causa principal por falseamiento está dormida.
Acceso al dictamen de Stornelli
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Manuel Garrido
Fiscal del caso Indec y Diputado Nacional
Para entender la historia del Indec, es clave visualizar lo que ocurrió en todo 2007, o sea, durante el primer año de la intervención oficial. Durante esa época, se desplazó a los directores más importantes, se reclutó a la llamada “patota” de Moreno en el instituto y se afinó el complejo proceso para falsear todo el sistema estadístico.
La intervención del Indec, camino a la elección de CFK
A pesar de los reclamos de funcionarios de Economía y de las promesas electorales de mayor institucionalidad, a fines de 2007, la recién electa presidenta Cristina Kirchner decidió que nada cambiaría en el Indec: el camino que habían inaugurado su esposo y Moreno seguiría avanzando.
Graciela Bevacqua
Ex Directora del IPC
Capítulo3
La lucha de los trabajadores contra la mentira
La violencia -algo desconocido en el Indec desde su creación en 1968- comenzó a ser moneda corriente desde 2007. La minoritaria Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se opuso a la manipulación de los datos oficiales y a los desplazamientos de trabajadores. Debido a eso chocó contra la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio peronista y mayoritario, que fue el músculo que Moreno usó para su desembarco. La llave para seducirlos fue la entonces directora de RR.HH. del organismo: Ana María Edwin. Su lealtad a Moreno la llevaría a la conducción del Indec.
Las formas de violencia variaron. Muchos fueron desplazados o despedidos, a otros los empujaron a jubilarse y no faltó a quienes despojaran de tareas, su lugar de trabajo o les quitaran montos variables de su salario. A contramano, muchos de los que apoyaron a Moreno fueron beneficiados con mejores cargos.
Marcela Almeida
Ex coordinadora del IPC Nacional
Fueron muchas las oportunidades en que los trabajadores de ATE-Indec se vieron sometidos con violencia frente a la llamada “patota de Moreno”. Fueron golpeados en asambleas en el edificio central del organismo o en el mismo Ministerio de Economía y varias veces sufrieron destrozos en el local que la junta interna tiene en el décimo piso del Indec.
Las protestas por la intervención del Indec se multiplicaron durante el kirchnerismo
La situación de Marcela Almeida fue representativa. La intervención en el Indec la desplazó porque era la coordinadora del IPC Nacional, índice que se usaba para desenmascarar la manipulación del IPC-GBA. Almeida fue primero dejada sin tareas en su trabajo, pero -como su vínculo laboral con el Indec era precario- terminó quedándose un año completo sin cobrar su salario hasta que la Justicia le dio la razón y obligó al Indec a que la repusiera en su cargo con el mismo sueldo. Pero el Indec no cumplió del todo con el fallo judicial.
Marcela Almeida
Ex coordinadora del IPC Nacional
La falsificación de las estadísticas oficiales y la persecución a los trabajadores del Indec que se opusieron a la intervención derivó en el nacimiento de los tradicionales “abrazos” al instituto que organiza todos los meses ATE. La consigna es “¡Fuera la patota del Indec!”. Quienes adhieren a esa consigna creen que el desmantelamiento del organismo -gracias a los desplazamientos y precaria situación laboral- fue lo que logró afianzar la posibilidad de que el Gobierno falsificara las estadísticas.
La consigna de ATE es “¡Fuera la patota del Indec!”
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La historia de lucha de los trabajadores en el Indec se extiende hasta la actualidad. Se trata de una batalla que se extendió ya ocho años con diferentes intensidades y a pesar de que dentro de ATE existen diversas corrientes ideológicas. Sin embargo, a pesar de los embates ejercidos contra ellos, la resistencia aún se mantiene.
Capítulo4
La Argentina sin radar
La economía argentina se quedó sin su faro. Actores económicos, medios de comunicación, sindicatos y académicos, entre otros, comenzaron a buscar nuevas fuentes de información. Y comenzaron a surgir alternativas. Primero, algunos institutos estadísticos provinciales (Mendoza y San Luis, luego la Ciudad de Buenos Aires), después, las consultoras privadas. A pesar de las críticas del Gobierno a los economistas que producían sus propias estadísticas, fue Moreno quien les abrió el negocio de producción de insumos básicos. En tercer lugar, se sumaron algunos centros de estudio como Buenos Aires City (con Graciela Bevacqua a la cabeza) o Cenda, donde Axel Kicillof impulsaba un índice alternativo al oficial.
Los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras
Las consultoras privadas se habían habituado a utilizar los insumos básicos que relevaba el Indec para construir escenarios que luego vendían a sus clientes. La falta de confianza sobre esos insumos provocó que muchos economistas se decidieran a armar nuevos equipos de expertos para salir a tomar sus propios datos.
Para frenar esa tendencia, los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras. El funcionario intentó multarlas pero perdió su batalla en la Justicia.
Jorge Todesca
Economista y director de la consultora Finsoport
La oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos
La consultora Finsoport de Jorge Todesca fue una de las presionadas para que no difundiera sus datos. Todesca, viceministro de Economía en la gestión de Eduardo Duhalde, apeló la multa a la Justicia Contencioso Administrativa. La cámara falló a su favor y revocó la decisión de la Secretaría de Comercio Interior. La multa quedó sin efecto. La situación llevó a varios economistas a impulsar una denuncia por abuso de autoridad contra Moreno que todavía se tramita.
La frágil situación de las consultoras privadas que calculaban un índice alternativo al del Indec tuvo repercusiones políticas. Tras el intento de Moreno de silenciarlas, la oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos con la protección que otorga el Parlamento. Así nació el índice Congreso.
Patricia Bullrich
Diputada nacional
Todos los privados coinciden -incluso también los trabajadores nucleados en ATE- en que el organismo más capacitado para calcular la inflación, el PBI, la pobreza o el desempleo es el Indec. Y, por ende, reconocen las limitaciones de sus mediciones propias. No obstante, reivindican que -en tiempos de falta de información confiable- hayan nacido mediciones alternativas que buscaran ser más realistas que las del Indec.
Jorge Todesca
Economista y director de la consultora Finsoport
La gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina
La inflación no fue el único retoque. Desde mediados de 2007, cuando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue intervenida por el Gobierno, el dato de pobreza e indigencia oficial comenzó también a ser cuestionado. Justamente uno de los insumos más importantes para calcular esos índices era el mismo dato de precios, ya falseado. Los últimos datos de pobreza e indigencia publicados por el Gobierno son de fines de 2013. Fue en ese año cuando, “por problemas de empalme”, la gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina de Cristina Kirchner.
Cynthia Pok
Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec
Recién en 2008, las universidades tomaron un rol más activo frente a la situación que vivía el Indec. Fue gracias a un decreto del entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, que se reunieron varias en el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES). Las casas de estudio presentaron un preciso informe en 2010 en el que decían que el IPC oficial “no era confiable” y en el que reclamaron un “cambio urgente” en el organismo. El entonces ministro de Economía, Amado Boudou, nunca lo recibió.
Sin embargo, gracias a algunos profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre ellos Nicolás Salvatore, nació en marzo de 2009 Buenos Aires City, un centro de estudios que buscaba recrear el IPC-GBA gracias a la experiencia de Bevacqua, primera desplazada del Indec.
Nicolás Salvatore
Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Capítulo5
Las consecuencias de la intervención
Tras el escándalo público que suscitó la intervención del Indec, la desconfianza se expandió a todos los números oficiales. Moreno había tomado un organismo estadístico modelo en América latina y lo había desmantelado parte por parte.
La falsificación de los datos oficiales tuvo múltiples consecuencias. En primer lugar, la Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas y la sociedad dejó de tener acceso información clave para poder interpretar su propia realidad. La manipulación del Indec, por ejemplo, derivó en el ocultamiento y desaparición de millones de pobres.
Sin datos objetivos, todos los contratos quedaron supeditados al capricho de los actores. Cada gremio maneja hoy sus datos de inflación para calcular las demandas salariales en paritarias, para los inquilinos es difícil establecer si es justo o no la suba de un alquiler, de la misma manera que es imposible determinar una fórmula de actualización para el pago por manutención de una madre divorciada y sus hijos, entre otros ejemplos.
Cynthia Pok
Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec
La Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas
La intervención al Indec generó un bache en los datos públicos que se extiende entre 2007 y la actualidad, y que dificulta el trabajo de académicos y universidades. Es un vacío que probablemente nunca se corrija por los juicios que podría provocar.
La intervención al Indec generó un bache en los datos públicos que se extiende entre 2007 y la actualidad, y que dificulta el trabajo de académicos y universidades. Es un vacío que probablemente nunca se corrija por los juicios que podría provocar.
Lucas Llach
Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
2013El Fondo sancionó al país con una moción de censura
También el mundo comenzó a dudar de los datos que producía el Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) empezó a destacar en sus anexos estadísticos las críticas locales que se vertían sobre el índice de precios oficial y el cálculo del PBI. La prestigiosa revista The Economist dejó afuera a la Argentina de su índice mundial sobre competitividad (en febrero 2012 decidió no publicar las estadísticas oficiales de la Argentina y todavía no las publica). Varios organismos de estadísticas a nivel global criticaron a la Argentina. El Gobierno, en busca de nueva deuda, pidió ayuda al FMI, para reformular su índice de inflación, algo que sólo habían hecho países africanos.
En un hecho inédito entre sus socios, el Fondo sancionó al país a comienzos de 2013 con una moción de censura debido a la mala calidad de estadísticas. El organismo advirtió entonces que, de no mejorarse los índices, el país podría ser expulsado. El caso argentino sigue en revisión y aún no tiene un punto final dentro del FMI.
Nicolás Salvatore
Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
La reputación argentina se derrumbó. Una de las principales consecuencias de la falta de credibilidad de las estadísticas fue la retracción de las inversiones en el país, panorama que se agravó luego de la instalación del cepo cambiario y la imposibilidad de repatriar dividendos. Esta situación, sumada a la crisis energética, derivó en una importante escasez de divisas.
El Indec no perdió oportunidad. Según el análisis de varias consultoras privadas -en base a datos propios del Indec- el Gobierno comenzó en 2013 a inflar artificialmente las exportaciones locales en los informes oficiales que producía el mismo organismo estadístico para disimular el cada vez más flaco saldo comercial y la falta de divisas.
La falsificación estadística impulsada por el Gobierno fue “cómplice” además -durante el último año- de la licuación salarial de los trabajadores estatales (especialmente los maestros) y de las jubilaciones. En 2014 -año en el que el kirchnerismo impulsó un ajuste- el organismo estadístico ocultó la primera caída del salario real, incluso a pesar del nacimiento del nuevo índice de inflación elaborado sólo para complacer al FMI.
Capítulo6
El Indec, en la actualidad
En 2014, el Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas. Lanzó el llamado IPC-Nu, un índice de precios a nivel nacional. Si bien en un principio produjo cierta esperanza de cambio, la brecha entre el Indec respecto de las mediciones de los privados y los organismos provinciales volvió expandirse con el pasar del tiempo. Por otro lado, nunca se volvieron a publicar los precios promedio relevados ni la conformación de las nuevas canastas seleccionadas. Según expertos, en los últimos meses de 2014, el Gobierno modificó la metodología de relevamiento con el objetivo de darle más peso en la ponderación al programa oficial Precios Cuidados -acuerdos con las empresas- en la medición. Esto buscó congelar la suba del índice oficial.
2014El Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas
Víctor Becker
Economista de la Universidad de Belgrano y ex-director de Indec
Nadie sabe cuál es la inflación en la Argentina y, como se advirtió anteriormente, el dato de pobreza oficial desapareció completamente. El Gobierno no volvió a publicarlo. Los últimos datos cuestionados fueron, en tanto, los de desempleo. En un país en recesión se destruye empleo pero no sube el desempleo porque las personas -dicen las estadísticas del Indec- se retiran voluntariamente, algo que los expertos en el mercado laboral no avalan. En momentos de corridas cambiarias, baja de reservas y falta de dólares, las dudas se expandieron durante 2015 al informe oficial sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA).
Hay un consenso amplio sobre la necesidad de una transformación en el Indec. Incluso entre algunos sectores del oficialismo se pide en voz baja. Parece claro que, gane quien gane en las elecciones presidenciales de 2015, se avecina un fin de ciclo que simboliza el cierre de la etapa más oscura para las estadísticas públicas.
Línea de tiempo para resumir los principales hechos de la intervención
Créditos:
Producción general: Katherine Nagasawa (Senior at Northwestern University’s Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications) Producción periodistica: Francisco Jueguen Programación interactiva: Cristian Bertelegni, Juan Elosua (becario del programa Knight-Mozilla Opennews), Gastón de la Llana Producción de datos: Marthe Rubio, Gabriela Bouret, Romina Colman Desarrollo Multimedia: Florencia Coelho Cámara y edición de video: Katherine Nagasawa (Senior at Northwestern University’s Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications) Asistente de cámara: Matias Aimar y Sebastián Rodeiro Gráficos interactivos y animaciones: Gastón de la Llana Locución: Tomás Rivas Jefe de realización: Juan López Subjefa de diseño interactivo: Mariana Trigo Viera Editora a cargo: Florencia Fernández Blanco Editor responsable: Gastón Roitberg
Personalidades venezolanas podrían estar implicados en caso de lavado de dinero de mafia rusa
Todo arranca de una operación de la Guardia Civil de España que investiga a la mafia rusa en Lloret de Mar, es la llamada “Operación Clotilde”. Piden al juez acceso a escuchas telefónicas y descubren que la mafia rusa está hablando con la Banca Privada de Andorra. Casualmente, en esas conversaciones aparecen tratos de este banco con importantes personalidades venezolanas en presuntos casos de blanqueo de dinero. La Guardia Civil no tiene competencias para intervenir, pues los hechos se producen entre dos países extranjeros, por lo que deciden informar a las autoridades de Estados Unidos que es quien finalmente toma cartas en el asunto.
Fuente: elnacional.com, 10/04/15.
Lloret de Mar es un municipio español de la comarca de la Selva, en la provincia de Gerona, Cataluña y junto al mar, en la Costa Brava. Está dotado de unas playas excelentes de arena granulada. Posee también unas magníficas vistas al castillo en un extremo y al otro el monumento a «La dona Marinera» que representa el sufrimiento de las mujeres esperando la vuelta de sus maridos pescadores.
Un incendio en Economía destruyó archivos oficiales
SINIESTROS BAJO SOSPECHA. El domingo se quemó el centro de cómputos de la Secretaría de Hacienda. Allí se asienta el detalle de los gastos del Ministerio. Es el cuarto caso de este año en áreas públicas clave.
Por Marcela Pagano.
Balcarce 186. Una de las entradas del Ministerio de Economía. El fuego se focalizó en una oficina del cuarto piso y no dejó rastros visibles desde el exterior. Diego Waldmann.
Un misterioso incendió ocurrió el último fin de semana en el Ministerio de Economía. Con el edificio prácticamente vacío, un centro de cómputos ubicado en el cuarto piso del Palacio de Hacienda comenzó a arder el domingo por la tarde -el único día de la semana en el que no hay empleados trabajando. Se quemó el centro de cómputos de la Secretaría de Hacienda, que contiene las computadoras en las que se archiva el control de gastos del ministerio.
El incendio motivó una denuncia policial y fue admitido a Clarín por voceros y empleados de Economía. Se trata del cuarto incendio de este año en áreas claves del Estado. En febrero, hubo incendios en la Casa Rosada y en el Senado y el mes pasado en el Edificio Libertador (ver más información en página 4).
El Palacio de Hacienda es una de las sedes de Gobierno más grandes y por lo tanto, más difíciles de controlar. Consta de tres edificios distribuidos en una manzana comprendida entre las calles Balcarce, Hipólito Yrigoyen, Paseo Colón y Alsina, donde funcionan también el Ministerio de Industria y el de Planificación.En el cuarto piso reside toda el área operativa de Juan Carlos Pezoa, el titular de la Secretaría de Hacienda. Fue en una pequeña oficina de este piso, aunque lejos del despacho del secretario, ubicada en la Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera hacia la entrada de Balcarce 186, donde ocurrió el siniestro.
Según la versión oficial, lo que motivó el incendio fue un cortocircuito en uno de los aires acondicionados que refrigeraba la sala.
Lo llamativo del caso es que la denuncia fue presentada en la comisaría segunda recién un día después de ocurrido el siniestro por la jefa del área, María Eva Sánchez. Los peritajes para conocer el alcance del daño se extendieron hasta el miércoles por la tarde. Sánchez acudió ayer nuevamente a la dependencia policial para ratificar la denuncia.
Según informaron a Clarín fuentes allegadas al área, se quemaron todas las computadoras que estaban en el salón donde se guardaba el control de gastos de la cartera dependiente de la secretaría que comanda Pezoa. La versión oficial en cambio habla de “un principio de incendio en la sala de testeo de desarrollos informáticos”. Ante la consulta sobre los daños y las pérdidas de información que podría haber acarreado el incendio, desde el Ministerio no pudieron dar precisiones.
Otra rareza del caso es que si bien hubo intervención de bomberos, el alcance de las llamas no se propagó por fuera de la oficina en cuestión. “El centro de cómputos es un cuarto donde no trabaja ningún empleado, son solo computadoras y para evitar que se recaliente la sala debe estar refrigerada permanentemente con aires acondicionados”, explicó a este diario un empleado del área que pidió que se preservara su identidad.
Los domingos el Ministerio de Economía permanece vacío y no hay actividad. Pero siempre quedan los empelados de seguridad a cargo del control de las puertas de acceso. Además, al tratarse de una estructura tan grande (son 13 pisos de altura y dos subsuelos) hay serenos que tienen la obligación de hacer rondas nocturnas para fiscalizar los distintos pisos y hay cámaras de seguridad distribuidas por todos los rincones del edificio.
Pero el mantenimiento del edificio es por lo menos cuestionable, según las quejas frecuentes de algunos empleados. De hecho hace pocos meses también un desperfecto técnico habría motivado otro incendio.
Entre los reclamos gremiales que se escuchan a diario, figura el retraso de un año y medio en las compras de elementos de tecnología necesarios para reacondicionar computadoras y circuitos eléctricos. La falta acondicionamiento en la infraestructura eléctrica motivaron que durante los días de mayor calor se diera contantes cortes de luz en el edificio. De hecho durante el verano los aires acondicionados prácticamente no funcionaron.
Las cañerías de algunos pisos están tan viejas que los baños huelen a cloaca, incluso cuando personal de limpieza los asea. El café del piso 13 tuvo que ser clausurado porque el techo tenía tanta humedad que empezó a caerse.
Un fondo buitre inició una demanda millonaria contra la Argentina por la expropiación de YPF
Burford Capital compró el juicio que encabezan dos empresas en liquidación que había utilizado la familia Eskenazi para adquirir el 25%; la demanda también alcanza a la petrolera
Por Juan Pablo De Santis.
A través de dos empresas residuales de la familia Eskenazi, el fondo buitre Burford Capital inició una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra YPF y la República Argentina por la expropiación de la mayoría de acciones de la petrolera.
La demanda fue presentada el 8 de abril pasado, una semana antes del tercer aniversario de anuncio de proyecto de ley de nacionalización de YPF, y reclama un resarcimiento económico alegando que durante el proceso de expropiación se violaron las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.
Todavía no fue establecido un monto solicitado, pero se presume multimillonario, dado que las acciones en cuestión habían sido adquiridas hace siete años por una cifra superior a los 3300 millones de dólares.
Aunque en la práctica, el litigio es financiado y conducido por Burford Capital, el fondo que «compró el juicio» con el único fin de litigar contra la Argentina. Esta empresa es una de las más importantes de Estados Unidos que invierte en la industria del litigio corporativo, tal como se lo conoce en la jerga, y tiene una cartera valuada en U$S 500 millones.
El texto del planteo jurídico al que accedió LA NACION reclama un resarcimiento económico porque al momento de llevarse a cabo la expropiación el Gobierno argentino no lanzó una oferta pública de adquisición sobre las acciones a un precio predeterminado para retomar el control de la firma, tal como lo establecían «los estatutos de YPF» y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993.
Así los litigantes afirman que fueron violados sus derechos como inversores. «Pero Argentina e YPF intencionalmente y de mala fe rompieron esas promesas», dice el texto de la presentación judicial alegando que «el resultados de violar el requisitos de oferta de compra y otras conductas ilícitas fueron devastadoras para Petersen y otros accionistas de YPF».
Por su parte, el Grupo Petersen Argentina -de la familia Eskenazi y con sede en Buenos Aires- afirmó a este medio a través de un comunicado que sus accionistas nada tienen que ver con la presentación de esta denuncia, sino que es producto del proceso de liquidación de estas dos empresas con las que habían comprado su participación en YPF y que está observado por la Justicia de España.
«Estamos al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior», reafirmaron.
ANTECENDETE. Tras la salida de Marsans de Aerolíneas Argentina, el fondo Burford Capital compró los derechos del litigio que el grupo español inició contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
LA RUTA DE LA DEMANDA
Tras haber acordado su ingreso a YPF con el Gobierno argentino y Repsol, el grupo empresario de la familia Eskenazi constituyó en Madrid (España) un arquitectura legal para comprar las acciones de la petrolera: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, ambas sociedades anónimas unipersonales que oficiaron de cascarón legal. A su vez estas dos estaban integradas por Petersen Energía PTY Ltda, con sede en Australia.
Antonio Brufau, CEO de Repsol, y Enrique Eskenazi, de Grupo Petersen, al finalizar la compra de acciones de YPF el 5 de mayo de 2011. Foto: Archivo
En 2008, los Eskenazi compraron el 14,4% de YPF a Repsol y en 2011 ejercieron una opción de compra hasta alzarse con un cuarto de la propiedad de la firma. En una maniobra poco común, la compra se materializó vía un préstamos de Repsol y otros cinco que fueron concedidos por los bancos Itaú, Credit Suisse, Citibank, Standard Bank y BNP Paribas.
Los créditos serían repagados con utilidades que los nuevos accionistas cobrarían en la compañía. Por entonces, Sebastián Eskenazi fue nombrado CEO.
Al haber quedado vaciadas de activos, las legalmente españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía se acogieron a la ley de bancarrota -un proceso similar a lo que localmente se conoce como concurso de acreedores- y un juez competente debió intervenir en la liquidación de las sociedades.
«Las dos firmas en liquidación actuando bajo la autoridad de una Corte Española competente y con el interés de atender las deudas de ambas empresas iniciaron una demanda multimillonaria contra YPF y la Argentina por la pérdida del 25% de su participación en YPF», informó a través de un comunicado de prensa en Londres la agencia Neustria Partners, representates de prensa de los litigantes.
Cristina Kirchner le dice No a los «Fondos buitre»
«En el contexto que se presenta el fondo Burford Capital que salió a buscar el único activo, por llamarlo de algún modo, que le quedaba a estas dos empresas cáscara en liquidación con las que se compraron acciones de YPF. La estrategia es clara, adquiere los derechos del juicio por una pequeña suma y luego litiga», explicó a LA NACION un abogado societarista de un importante estudio porteño con conocimiento de la demanda, pero que requirió no divulgar su nombre.
YPF SA fue consultada por este medio, pero no brindó comentarios al respecto.
Revelan una norma de 1997 que lo eximió de pagar el impuesto
El titular del GEN bonaerense, Gerardo Milman, denunció que Néstor Kirchner firmó en 1997, cuando era gobernador de Santa Cruz, un decreto que lo eximía de pagar el impuesto a las ganancias. El beneficio se extendía a todo su gabinete, al considerar «no integrantes de la base imponible» remuneraciones adicionales que percibían los agentes de la administración central, mediante el decreto 934/97. «El kirchnerismo es el proyecto más trucho y deshonesto que ha gobernado el país desde el advenimiento de la democracia», dijo Milman.
El decreto firmado por el gobernador Kirchner en 1997. Foto: LA NACION
Szpolski y Garfunkel cierran las revistas Forbes y Lonely Planet
Por Alejandro Alfie.
El ultrakirchnerista Grupo Veintitrés se retira del segmento revistas y deja otros 30 empleados en la calle.
Otra época. Los Brito [otro ultra K], en una de las primeras tapas de la revista ahora cerrada.
Sergio Szpolski le anunció a sus periodistas el cierre de las versiones locales de Forbes y Lonely Planet, dos revistas sobre economía y viajes del Grupo Veintitrés. Y les ofreció «retiros voluntarios» a los 30 empleados de esas revistas.
Esto se suma al cierre de la imprenta de las revistas del grupo, Poligráfica del Plata, cuyos 60 empleados no cobran los sueldos desde mediados de diciembre y están en conflicto porque no aceptaron los «retiros voluntarios» que ofrecieron los empresarios kirchneristas Szpolski y Matías Garfunkel.
La versión local de la revista Forbes fue creada por Grupo Veintitrés en 2011. Tenía una parte de los contenidos que venían desde los Estados Unidos, donde se hacía la producción internacional; mientras que los contenidos locales se hacían en la Argentina. Uno de sus rankings más conocidos es el de las personas más ricas del mundo.
La otra revista que cerró es Lonely Planet, con temas de turismo para viajeros. Es muy conocida la versión española, de donde tomaban la mayoría de sus notas.
El cierre de Forbes y Lonely Planet se enmarca en el abandono del grupo de Szpolski y Garfunkel del segmento de revistas, donde estaba desde hace 11 años, cuando compró Veintitrés, para competir con la revista Noticias, de Editorial Perfil.
Grupo Veintitrés fue uno de los mayores multimedios kirchneristas y el que más publicidad oficial recibió durante esta década. [Traducción: Robo para la corona K]
Pero en los últimos meses cerró y vendió todas sus revistas, para quedarse sólo con los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, junto con la cadena de noticias CN23 y las radios Rock & Pop, Vorterix, América y Splendid.
Szpolski y Garfunkel vendieron la revista Veintitrés al grupo Olmos, dueño de Crónica y ligado a la UOM de Antonio Caló; vendieron el dominical Miradas al Sur al Movimiento Evita; y le cedieron los portales web Diagonales y 24Con a un ex empleado jerárquico. La revista Siete Días, que venía los domingos dentro de Tiempo Argentino, dejaron de imprimirla y pasaron a editarla sólo en digital. A fines del año pasado cerraron también las versiones locales de las revistas Newsweek y Auto Bild.
El Gobierno impulsó a Szpolski y Garfunkel para que compren y creen numerosos medios, con plata de la publicidad oficial. [Traducción: Cientos de millones de dólares robados el Estado Argentino] Ahora, que hay una crisis en el sector de revistas y ya no son importantes para el Gobierno, el Grupo Veintitrés las vende o cierra, dejando a más de 100 personas en la calle. Es que no les está pagando los sueldos a los 60 empleados de la imprenta ni a los 15 de Diagonales. Y habrá que ver qué pasa con los 30 periodistas que trabajaban en Forbes y Lonely Planet, a quienes también les ofrecieron tomar retiros voluntarios.
Ruta del dinero K: el estudio de las empresas fantasma pide ser parte del juicio
Por Ana Baron.
Lázaro Baez y Cristóbal López, empresarios K
Nueva York – Por primera vez, Mossak y Fonsenca el estudio jurídico panameño acusado de ser el mentor de las mas de 123 empresas fantasmas adjudicadas a Cristóbal López y Lázaro Báez en Nevada, envió un escrito al Juez Ferenbach de Nevada en la que pide ser parte del juicio iniciado por los fondos buitres en el marco que de la investigación que están haciendo sobre la Ruta del dinero K y la corrupción en la Argentina.
El juez Ferenback dijo que hay «sospechas razonables» indicando que Mossak y Fonseca le dio instrucciones a Carmen Amunategui de NM Nevada para que registre las 123 empresas en Nevada y que tiene mas información que ella sobre lo que sería un gran esquema de lavado de dinero argentina que incluye no solo Estados Unidos, sino que también Uruguay, Paraguay, las Islas Seychelles, Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
CFK y bolsa de dinero
Varias de las empresas en cuestión están a nombre Aldyne, una empresa basada en las Islas Seychelles. Aldyne tiene relación con la firma Helvetic Services Group, que se quedó con la financiera SGI, conocida como La Rosadita y que pertenecía a Federico Elaskar. En el escrito pidiendo su intervención en el juicio, Mossak y Fonseca afirma que la corte no tiene jurisdicción para actuar en Panamá y que el fallo que impartió autorizando a los fondos buitres a que lo investigue es contraria a ley internacional. El Juez Ferenback ya dictamino que NM Nevada, el estudio de nevada dirigido por Carmen Amunategui que registro las empresas en cuestión en el alter ego (es uno y lo mismo) de Mossak y Fonseca. Es decir, en su fallo Ferenbach ya habilitó a los fondos buitres a pedirle información a Mossak y Fonseca en Panamá a través de Amunategui. Ahora el juez Ferenbach deberá determinar si le da lugar o no a la petición de Mossak Fonseca.
Fuente: Clarín, 01/04/15.
Un estudio panameño daría datos en la causa de lavado en EE.UU
Por Silvia Pisani.
Mossack Fonseca informaría al juez de Nevada sobre las cuentas de Báez y López
WASHINGTON – El caso de la llamada «ruta del dinero K» podría tener un nuevo protagonista en los tribunales norteamericanos del estado de Nevada. Eso si prospera la encendida solicitud que, finalmente, hizo el estudio de abogados panameño al que se sitúa en medio de la trama para que lo «dejen ser parte» en el caso, con la intención de «defenderse» de los «errores» que, a su juicio, cometió el juez en perjuicio suyo y de sus clientes.
Es la primera vez que el estudio de abogados Mossack Fonseca se presenta formalmente ante el juzgado de Cam Farenbach. Lo hace con un escrito en el que señala un cúmulo de errores que, a su juicio, cometió el magistrado de Nevada en la investigación.
Por todo eso el estudio de abogados panameños le pidieron al juez ser «parte» en el proceso, con el «solo objetivo» de defender «su buen nombre y el de sus clientes.
Hace más de un año que el estudio panameño aparece citado en esta trama, en la que se le atribuye haber sido el responsable del registro de un entramado de empresas fantasma que, según la acusación de los fondos buitre, habrían usado los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López para circular dinero oscuro proveniente de la Argentina.
Pero ahora lo que precipitó la reacción del estudio fue la decisión del magistrado de declarar que la firma MF Corporate, con sede en Nevada, es «la misma cosa» (álter ego) que el estudio. La figura abre la puerta para que los fondos buitre demanden judicialmente a la sede panameña con documentación para avanzar en su pesquisa de los activos argentinos. Algo a lo que se oponen de plano.
Pese a que cruza al juez con la afirmación de que «no es» el álter ego de la firma de Nevada, el estudio panameño coquetea ahora con la idea de «colaborar» con la investigación judicial, siempre y cuando se le preserven el secreto y la «confidencialidad» de sus clientes. De ellos afirma no su convicción, sino su «creencia» de que «no tienen nada que ver» con la Argentina.
Buscar activos
La causa de Nevada responde a una figura denominada «Discovery», por la cual se habilita a los acreedores de la Argentina a buscar activos supuestamente escondidos en plazas financieras ajenas a Buenos Aires.
El fondo NML, de Paul Singer, que está inmerso en el conglomerado de los fondos buitre y es uno de los más activos en esta pesquisa, está convencido de haber dado con dinero presuntamente de la corrupción circulado desde la Argentina por un conglomerado de empresas registradas en Nevada, a las que vincula a los citados empresarios allegados a la presidenta Cristina Kirchner desde hace muchos años.
En las últimas semanas el juez Farembach emitió opiniones en las que sumó sospechas sobre los fondos que manejan Cristóbal López y Lázaro Báez.
Lavado de dinero: otra sociedad fantasma ahonda las sospechas sobre Báez
Por Hugo Alconada Mon.
Curazao, la pequeña isla del Caribe, es un mar de tesoros para los negocios de Lázaro Báez. Pero también de dolores de cabeza.
La operatoria que le permitió al empresario patagónico engordar el patrimonio de Austral Construcciones con $ 254 millones, cash, durante uno de los peores momentos financieros de la constructora fue aún más oscura de lo que ya se sabe. Incluyó dos sociedades inactivas en esa isla de las Antillas Holandesas, y la participación off shore de dos argentinos y un uruguayo que ya no pueden contar lo que saben: los tres murieron meses antes de que los últimos billetes entraran a las cuentas de la constructora, según reconstruyó LA NACIÓN sobre la base de testimonios y documentos confidenciales.
Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.
Los primeros datos sobre la polémica operatoria ya las reveló este diario en mayo de 2013 y en enero pasado: Austral Construcciones detalló en su balance de 2011 que recibió $ 254 millones como indemnización por un supuesto proyecto inmobiliario que se frustró en Belice, del que se iba a encargar una sociedad de Curazao, J+J Holding, a través de un fideicomiso creado en Uruguay. Sin embargo, la firma de Curazao se encuentra inactiva desde 1989 y el fideicomiso jamás se registró ante las autoridades uruguayas, como impone la ley local.
¿Cuál fue el sentido de esa operación? Eso es lo que ahora investiga la Justicia, que intenta determinar si el proyecto realmente existió (y Báez invirtió millones en el Caribe) o si se trata de un dibujo con el que el empresario inventó una justificación para el reingreso, ya blanco, de $ 254 millones en la Argentina.
Nuevos documentos y testimonios que obtuvo LA NACIÓN exponen, por lo pronto, más puntos oscuros de ese ingreso de fondos. En teoría, Báez se interesó en un proyecto inmobiliario para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, una pequeña isla frente a las costas de Belice, en el mar Caribe.
Ese proyecto -con una inversión global estimada en US$ 1000 millones- quedó en manos de dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV. Pero para el Registro Público de Comercio de la isla, ambas sociedades se encuentran inactivas, según confirmaron sus autoridades a LA NACIÓN.
Aun así, un contador uruguayo se movió durante años como «apoderado» de J+J Holding, sobre la base de un instrumento librado en 1984. Se llamaba José Luis Balbi Dall ‘Orto y murió a fines de 2011.
En tanto, el rostro visible para la segunda firma inactiva de Curazao, Nederlandsche Fisheries, fue el de Norberto Floreal Rivera, un argentino con domicilio en Villa Dominico, partido de Avellaneda, que también murió hace unos años, a poco de superar las seis décadas, según confirmó su hermana.
Poco antes de morir, Dall’ Orto y Rivera constituyeron en Montevideo el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009). Pero no lo registraron ante el Banco Central (BCU) de ese país y redactaron varias cláusulas llamativas. Entre otras, que «todas las registraciones contables» del fideicomiso se llevarían «en un libro contable separado» y que «el mismo podrá estar o no registrado ante la autoridad de aplicación». Esto es, una carta blanca a la eventual manipulación de todos sus números.
En ese mismo instrumento de creación del FITA, fechado en junio de 2009, Dall’ Orto y Rivera dieron otro paso: designaron «representante legal» del fideicomiso a Gastón Lemoine, otro argentino de 41 años que ese mes se había recibido de abogado.
Dos meses después, en agosto de 2009, Dall’ Orto dio otro paso. Sumó al fideicomiso a otra sociedad off shore. Esta vez, una panameña, Benasque Invest Inc., que a su vez sería la que aportaría el «predio» para el proyecto inmobiliario: «una isla denominada Caye Chapel Island».
Al igual que en las firmas J+J Holding y Nederlandsche Fisheries, los nombres de los verdaderos dueños de Benasque Invest jamás aparecen. Sólo se movió su apoderado, José Alberto Capparelli, otro argentino con domicilio en Avellaneda. Fue socio de Rivera en un par de firmas locales y, al igual que éste y Dall’ Orto, también murió ya.
Para entonces, y al menos en los papeles, J+J Holding lideraría el fideicomiso, Nederlandsche Fisheries aportaría US$ 100 millones «en Bonos Euronotas Serie III, emitidos por la Cámara Internacional de Comercio del Mercosur», una ignota entidad a la que aluden como Cidecomer, y Benasque Invest sumaría «la isla».
Para noviembre de 2009, Austral Construcciones se sumó al proyecto. Firmó dos documentos con el nuevo representante de J+J Holding, Lemoine; se comprometió a invertir US$ 100 millones, y entregó en el acto un pagaré por la décima parte de ese monto: US$ 10 millones, según firmó el apoderado de la constructora de Báez, Andrés Soria, y consta en las copias que obtuvo LA NACIÓN.
Apenas cinco meses y medio después, sin embargo, el proyecto quedó trunco, según notificó Lemoine en nombre de J+J Holding. Liquidarían el fideicomiso porque la panameña Benasque Invest había «incumplido con la obligación». Es decir, no entregó la isla.
Más dudas y fondos frescos
A partir de allí, Lemoine y un lugarteniente de Báez en Austral Construcciones, Claudio Bustos, se cruzaron varias intimaciones. Pero todas carecen de un acuse de recibido, o sellos o timbrados que den una fecha cierta, según surge de las copias que obtuvo LA NACIÓN.
Esas notas muestran algo más. En teoría el intercambio se dirigió al domicilio legal de J+J Holding (Pietermaai 16, Willemstad, Curazao), pero la sociedad lleva años fuera de allí, según verificó LA NACIÓN. En verdad, nada se firmó fuera del microcentro de Buenos Aires o, como máximo, Colonia y Montevideo, según los testimonios que recibió este diario.
Aun así, la firma inactiva de Curazao y Austral Construcciones terminaron con un arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (Ianca), como lo estipulaba el contrato del fideicomiso ante una controversia. Y con la firma de su presidente, Miguel Ángel Martín, se le dio la razón a la constructora de Báez.
Sin chistar, J+J Holding comenzó entonces a inyectar fondos cada mes en la cuenta de Austral Construcciones en el Banco Nación, hasta llegar a los $ 254 millones, aunque la empresa de Báez pidió casi sobre el final, en junio de 2012, que US$ 1,5 millones se girara a otro lado: una cuenta de Kitwe Park International Corporation de Panamá.
Para entonces, la muerte ya había golpeado sobre el grupo de sociedades off shore. Pero Báez alcanzó la meta: inyectar fondos frescos desde el exterior en Austral Construcciones.
Paso a paso de una operación dudosa
En 2009, Lázaro Báez se sumó a un proyecto inmobiliario en una isla frente a Belice, en el Caribe, que preveía una inversión de US$ 1000 millones. Pero sostuvo que el proyecto fracasó y que fue indemnizado con $ 254 millones
1. Participan dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV; sin embargo, ambas sociedades se encuentran inactivas y sus apoderados ya murieron
2. Ambas sociedades constituyeron en Uruguay el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009), con el argentino Gastón Lemoine como «representante legal»
3. Al proyecto se suma otra sociedad off shore en Panamá, Benasque Invest Inc., cuyos verdaderos dueños jamás aparecen; sólo se conoció a un apoderado, también fallecido
4. En noviembre de 2009, Austral Construcciones se suma al proyecto para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, frente a Belice
5. A mediados de 2010, el proyecto quedó trunco y se dispone la liquidación del fideicomiso
6. J+J Holding y Austral Construcciones inician un proceso de arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (Ianca)
7. Entre 2011 y 2012, J+J Holding indemniza a Austral Construcciones con $ 254 millones que transfiere a una cuenta en el Banco Nación, de la Argentina
8. En junio de 2012, Austral Construcciones pide que la última cuota, por US$ 1,5 millones, se gire a una cuenta de Kitwe Park International Corporation de Panamá.
Se quemaron los datos de ingresos y egresos a la Casa Rosada
Por Ignacio Ortelli
Sugestivo incendio. Ocurrió después de que Nisman denunció a la Presidenta por la AMIA y dijo que algunas escuchas podrían haber ocurrido en la Casa de Gobierno.
Gobierno. Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, admitió que hubo un incendio que destruyó los registros de ingresos y egresos de la Rosada. Pero asegura que hay resguardo.
El sábado 21 de febrero, días antes que ardiera el Ministerio de Defensa, hubo otro incendio, aunque no trascendió públicamente. Ocurrió en Casa Rosada, en el subsuelo, contiguo al Salón de los Pintores y Pinturas Argentinas del Bicentenario y afectó al sistema digital de ingresos y egresos. Según diversas fuentes de Gobierno, por el siniestro, controlado a tiempo por los bomberos, se perdió buena parte del historial de personas que visitaron la casa.
No es el caso del registro de acceso de la Presidenta, ministros, secretarios y eventuales invitados oficiales, que se da por la explanada que desemboca en la Avenida Rivadavia, ya que queda debidamente anotado en forma escrita. En cambio, habría afectado el detalle de funcionarios de menor rango y otras personas que ingresan por la puerta de Balcarce 24, previo registro con su DNI. «Se borró casi toda la base de datos. La mayoría de los que ingresaron después del incendio son personas ‘nuevas’ para el sistema. No hay registros», confió una de las fuentes consultadas por este diario. Otra voz, al tanto del hecho, apuntó que el incendio fue «importante» y que «se afectaron muchos registros».
Nadie se anima a arriesgar que se trató de un incidente intencional. Aunque tampoco a descartarlo. Más en un momento en el que el Gobierno presiona para que la Sala I de la Cámara Federal penal porteña desestime la apelación del fiscal Germán Moldes y cierre la investigación, iniciada originalmente por una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios, por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.
¿Cuál es el vínculo entre los ingresos a Casa Rosada y la denuncia de Nisman? Entre sus fundamentos, el fiscal sostuvo que el dirigente K Luis D’Elía ofició de nexo entre el Gobierno e Irán. Y se apoyó, entre otras pruebas, en escuchas en las que el ex piquetero dialoga con Jorge Alejandro Khalil, considerado por Nisman como representante de Irán en la Argentina.
Precisamente, en una de las grabaciones, D’Elía llama a Khalil, le dice que está «en Casa de Gobierno» y que tiene «un mensaje urgente del Gobierno argentino para pasar allá, antes de mañana» y acuerdan un encuentro. La escucha es clave: corresponde al 25 de septiembre de 2013, día previo a que el canciller Héctor Timerman se reuniera en la Asamblea de la ONU con su par iraní, Javad Zarif Kohnsari. Cita en la que, según contó Timerman, Irán se comprometió «a cumplir con todo lo que acordó» al firmar el Memorándum.También, aunque luego se retractó y dijo no conocer la Casa Rosada, el líder de Quebracho Fernando Esteche, otro de los apuntados en la denuncia de Nisman como integrante del plan de encubrimiento trazado por el Gobierno, admitió que «en jefatura de Gabinete» conoció a Ramón Allan Héctor Bogado, otro de los eslabones de la red señalada por Nisman.
Clarín consultó sobre el tema al jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien admitió el incendio, aunque minimizó su impacto. «Fue por una sobrecarga en cables viejos, que por supuesto ya ordenamos cambiar. Puede ser que haya afectado alguna parte del sistema pero me confirmaron que hay backup de todo. No se perdió ningún tipo de información», aseguró. ¿Por qué, entonces, el Gobierno no lo dio a conocer? El funcionario se anticipó a la pregunta y explicó: «Como fue controlado y no se perdió nada, nos pareció que fue algo menor».
Por la decisión del juez Daniel Rafecas, el 26 de febrero, de desestimar la denuncia de Nisman y no avanzar en la investigación, una copia original de ese registro no está en la Justicia. Acaso hubiera servido para contrastarlo con las escuchas y, desactivar o no, parte del argumento del fiscal. Según Aníbal F., queda el backup.
Fuente: Clarín, 22/03/15.
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Delito de incendio
El Título VII del Código Penal Argentino referido a los “Delitos contra la seguridad pública”, trata en el Capítulo Primero del “Incendio y otros estragos”.
Debemos entender la palabra incendio como causar un fuego grande para hacer arder aquello que no estaba destinado a ello, causando un peligro público. El artículo 186 del Código Penal Argentino, reprime junto al autor del incendio, al que cause explosión o inundación, en el inciso primero, castigándolos con prisión o reclusión de entre 3 y 10 años, si provocaren peligro común para los bienes. Por lo tanto, reiteramos, el delito se configura no por causar el incendio sino por el hecho de provocar un peligro común a los bienes, escapando ya la acción del fuego de la posibilidad de detenerlo por parte de su autor. En su redacción actual el artículo suprimió la referencia al peligro a las personas por estar ahora comprendido el caso, en los agravantes del inciso 4º.
El inciso segundo del mismo artículo prevé la misma pena para el que causare ya sea un incendio o destruyera por cualquier otro medio (la referencia específica al incendio es bastante inútil pues cualquier medio empleado para con fin destructivo es de igual efecto a los fines de la configuración del delito) cereales, cosechados o no, plantaciones de árboles con frutos o ya cosechados, ganados, leña, o carbón de leña destinado a la comercialización y forrajes.
El inciso 3º eleva la pena máxima a 15 años cuando el peligro exponga a un archivo público, museo, biblioteca, astillero, arsenal, fábrica de pólvora, parque de artillería o pirotecnia militar.
Esta misma pena del inciso 3º, aplica el inciso 4º, cuando se ponga en peligro la vida de una persona. Este peligro de muerte debe darse como delito preterintencional del delito de incendio y otros estragos. El fin del incendio debe ser crear un peligro común pues si el fin del incendio fuera el homicidio caería el hecho en la figura del homicidio agravado del artículo 80 inciso 5. Estarían excluidos casos como el del bombero como víctima, que por su profesión debe exponerse a esta situación de peligro.
El inciso 5º eleva la pena a reclusión o prisión de 8 a 20 años, si a causa inmediata del hecho falleciera una persona. La causa debe ser inmediata.
El artículo 187 se refiere al estrago doloso; el 188 primer párrafo, reprime a quien inutilice o destruya obras para contener inundaciones u otros desastres, y pusiera en situación de peligro, con prisión de 1 a 6 años. En el segundo párrafo se aplica la misma pena a quien impida extinguir un incendio u otras obras de defensa contra desastres, sustrayendo, ocultando o inutilizando, instrumentos, materiales u otros medios que tuvieran por objeto la extinción del incendio o la defensa aludida.
El artículo 189 castiga el incendio o estragos culposos, atenuando la pena a la prisión entre un mes y un año. Esta pena se eleva hasta 5 años si el delincuente culpable ocasionare la muerte de una persona o la pusiera en peligro de muerte.
