Al rechazar la denuncia de Alberto Nisman, el juez Daniel Rafecas alejó a Cristina Kirchner de dos hogueras. No sólo negó que la Presidenta haya encubierto el atentado contra la AMIA. De un modo menos directo, y tal vez involuntario, también la desvinculó de la hipótesis según la cual el Gobierno estuvo detrás de la muerte del fiscal. Sencillo: al dictaminar que la denuncia de Nisman era insostenible, refutó uno de los posibles motivos de su deceso. Porque si las imputaciones eran disparatadas, ¿para qué quitarle la vida?
Las razones de Rafecas para prestar esos servicios pueden ser complejas. Es posible que la más determinante haya sido que, para él, el planteo de Nisman tenía severas inconsistencias. Especialistas prestigiosos con los que este juez suele identificarse -Zaffaroni, Maier, Arslanian, Moreno Ocampo- sostuvieron esa tesis. Subrayaron que Interpol desmintió que Héctor Timerman haya pedido alguna vez el levantamiento de las alertas rojas contra los acusados iraníes. Al revés, informó que en varias oportunidades Timerman aclaró que, contra lo que sostenía el régimen de Ahmadinejad, eso no era materia del acuerdo. También advirtieron que el agente Allan Bogado había sido denunciado por la Secretaría de Inteligencia como falso espía. Y, en la línea de lo que afirmó Antonio Stiuso ante Viviana Fein, descartaron que las conversaciones entre D’Elía, Esteche y Khalil involucraran a funcionarios del Gobierno.
Quiere decir que, para Rafecas, las imputaciones de Nisman carecían de valor penal. Apenas tendrían, llegado el caso, algún mérito historiográfico. Es curioso que para sostener ese argumento también él haya plagado su escrito de consideraciones políticas y confesiones personales. En este aspecto, Rafecas imita y supera a Nisman. El juez sostiene, por ejemplo, que la señora de Kirchner no podría ser cómplice de los iraníes porque es «una figura política que a lo largo de veinte años de trayectoria ha sido consecuente en la búsqueda de proveer verdad y justicia». La excusa es casi tan insólita como afirmar que Timerman está libre de culpa por ser judío. Una condición que para el rabino Sergio Bergman, por ejemplo, en vez de impedir, agravaría el comportamiento atribuido al canciller por Nisman.
Si se hicieran pasar esas manifestaciones de obsecuencia por la lupa con que el filólogo Aníbal Fernández analizó la denuncia de Nisman, se podría concluir que también a Rafecas le escribieron el dictamen. Es lo que sugiere la orden de habilitar una feria cuya finalización había ocurrido 26 días atrás. Es decir, cuando el magistrado estaba de vacaciones. Con otra curiosidad: como demostró en esta causa María Servini de Cubría, no es frecuente que se interrumpa la feria para dictar una absolución. Trivialidades. Para Rafecas son trivialidades. Ayer aclaró que trabajó en soledad y sin presiones.
Hay otros rasgos inesperados en el fallo. En una serie de reflexiones encabezadas con la frase «en lo personal?», el juez necesita recordar su lucha contra el antisemitismo, que iguala a la de Nisman. Después aprovecha el expediente para enviar sus condolencias a la familia del colega muerto.
Los esfuerzos que hace allí Rafecas por salvar la imagen de Nisman contribuyen a una confusión. Nisman fue el denunciante, no el fiscal del caso. El encargado de la acusación es Gerardo Pollicita. Es a él a quien el juez debe refutar. En otras palabras: aun cuando su presentación fuera un exabrupto político, no había por qué pedir a Nisman una fundamentación exhaustiva del crimen que estaba describiendo. Tampoco Pollicita la ofreció: apenas pidió que se estudie la acusación a la luz de nuevas pruebas.
Es curioso que, entre los muchos caminos que tenía, Rafecas se haya negado a abrir la investigación. Podría haberse excusado de intervenir en el caso. Tenía un motivo razonable: en 2011, en la Hebraica, afirmó que «Irán financia organizaciones antisemitas» y que «D’Elía no es ajeno». A propósito: ¿no es raro que D’Elía no haya aprovechado este antecedente para recusarlo?
Rafecas también podría haber delegado la pesquisa en el fiscal, como hizo cuando tuvo que juzgar a Amado Boudou en el caso Ciccone. Pero prefirió cortar de cuajo toda sospecha. Ahora corresponde a la Cámara Federal evaluar si esa opción fue la correcta. Si los camaristas no lo hacen, se notará más la brecha que existe en Tribunales. Para ponerlo en términos de Cristina Kirchner: en el golpe judicial comienzan a aparecer «rebeldes» y «leales».
Sin embargo, en un fuero como el federal penal de la Capital, en el que buena parte de las decisiones se explican por factores ajenos a los expedientes, conviene recordar el contexto en el que Rafecas decidió sobre la Presidenta. El dato más obvio es que tuvo que resolver la situación de una imputada que está en condiciones de sacarlo de la Justicia desde el Consejo de la Magistratura. Un detalle que, según él, no lo incomodó. Aun cuando allí esté acusado por cerrar una causa en la que se denunciaban subsidios arbitrarios a productores cinematográficos que beneficiaron a su hermano. Entre otros cargos.
También hay que consignar que Rafecas protagoniza un feroz enfrentamiento con los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, de estrecha relación con Stiuso, el espía en quien abrevaba Nisman. Esa enemistad nació en los albores del kirchnerismo, cuando Rafecas vapuleó a Fernando de la Rúa y, sobre todo, al ex jefe de la Secretaría de Inteligencia (SI) Fernando de Santibañes en el juicio por las coimas del Senado. Esa embestida era avalada por Alberto Fernández, uno de los promotores del ingreso de Rafecas en la Justicia. Richarte y Pirota, que eran colaboradores de Santibañes en la SI, terminaron siendo sus abogados.
Durante el proceso ocurrió un hecho extravagante. En una audiencia con el juez, uno de los senadores acusados le explicó: «Doctor, sobre nosotros se dicen infamias. Igual que sobre usted, que está acusado de cobrar 600.000 dólares por dar prisión domiciliaria a dos narcotraficantes serbios». Cayó el telón.
Un larguísimo pasaje de la absolución a De la Rúa y Santibañes condenó la conducta de Rafecas en aquel procedimiento. A raíz de esas críticas se abrió una causa contra él en el juzgado de Luis Rodríguez. Es el magistrado al que recurrieron Stiuso y Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, para denunciar amenazas.
Otra consecuencia de aquel caso es que algunos radicales se la tienen jurada a Rafecas. Bastaría que coincidieran con el kirchnerismo en el Consejo para que el juez quede desplazado.
Para cerrar el círculo hay que mencionar que Richarte y Pirota fueron los abogados de Boudou delante de Rafecas. El encono con ellos volvería coherentes dos actuaciones en apariencia contradictorias: la persecución a Boudou y el perdón a la Presidenta.
El entorno de la decisión que favoreció a la Presidenta vuelve a advertir sobre un fenómeno inquietante que se verifica en la Justicia en su relación con la política: la culpabilidad y la inocencia no siempre dependen de las pruebas. La mayoría de las veces son el resultado de una azarosa guerra de facciones. Pero Rafecas dice que ése no es su caso.
