Brasil preserva su democracia

Dilma Rousseff habla a sus seguidores en Brasilia.

La última década ha sido difícil para la democracia en América Latina, pero el país más grande de la región parece estar emergiendo con sus instituciones políticas intactas. El Senado de Brasil votó el miércoles la remoción de la presidenta Dilma Rousseff, culminando así un juicio político sobrio y respetuoso de la ley.

En abril, la Cámara Baja de Brasil había destituido a la reelecta presidenta, del Partido de los Trabajadores, acusándola de haber autorizado gastos públicos sin la aprobación del Congreso y de haber utilizado una contabilidad engañosa para ocultar préstamos ilegales de bancos estatales. Esto puede no sonar como los “altos crímenes y delitos” requeridos por la Constitución de EE.UU. para realizar un juicio político a un presidente.

Sin embargo, las leyes que Rousseff violó fueron aprobadas después de que el endeudamiento del gobierno con fondos de bancos estatales y el gasto deficitario llevaran a Brasil a la hiperinflación de la década de los 80 y principios de los 90. Los brasileños toman estas leyes en serio, y millones de estadounidenses probablemente se preguntarán por qué no pueden acusar a los políticos de Washington por delitos fiscales similares.

Rousseff pidió un informe presupuestario de expertos no partidistas. El reporte de 224 páginas, presentado en junio, concluyó que Rousseff había violado las leyes de presupuesto y por poco la culpa personalmente de los préstamos de los bancos estatales. El presidente del Supremo Tribunal, quien fuera nominado por el predecesor de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, y quien se inclina políticamente a la izquierda, presidió el juicio.

El proceso de tres semanas fue televisado desde la mañana hasta la noche. El lunes, Rousseff dispuso de tiempo ilimitado para defenderse. La suspendida mandataria dijo que las acusaciones fueron políticas y que su destitución sería antidemocrática. El juicio a un líder elegido democráticamente es inherentemente político, pero el proceso en este caso ha sido riguroso y transparente.

Rousseff también tenía el peso de ser impopular, pero eso es el resultado de su propia mala gestión económica, vinculada a su vez con las acusaciones en su contra. La economía ha estado en una recesión prolongada. Alberto Ramos, de Goldman Sachs, dice que el PIB per cápita se contrajo 9,7% desde el segundo trimestre de 2014, una pérdida acumulativa de riqueza mayor que la sufrida durante lo que los brasileños llaman la “década perdida” de los 80. La inflación anual en julio fue de 8,7%.

Los populistas le echan la culpa a la caída de los precios del petróleo, pero las exportaciones de bienes de Brasil, incluido el crudo, fueron sólo 10,5% del PIB en 2014. El verdadero problema es el programa izquierdista de política fiscal, la laxa política monetaria, el aumento del proteccionismo, un complejo sistema tributario y un enorme estado regulador. Cuando la economía se derrumbó, Rousseff violó las leyes de presupuesto para salvar su presidencia.

La mandataria también fue perjudicada por los escándalos de corrupción, incluyendo las acusaciones contra Lula da Silva. Rousseff agravó el problema cuando trató de incorporar al ex presidente a su gobierno para protegerlo de acciones judiciales.

Al final, el Senado votó 61-20 para condenarla, y la mayoría de tres cuartas partes del cuerpo legislativo sugiere algo parecido a un consenso nacional para destituirla. El vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que ocupó transitoriamente la presidencia durante el juicio, terminará el mandato de Rousseff, que se extiende hasta 2018. Si Temer es prudente, va a aprovechar este momento de estabilidad institucional para llevar nuevamente al país en la dirección económica correcta.

Fuente: The Wall Street Journal, 01/09/16. Editorial.

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Dilma, Temer y Mauricio

También una peripecia argentina

Por Carlos Pagni.

La destitución de Dilma fue la noticia más anticipada de los últimos meses en América latina. Aun así cobija un impacto impresionante. No sólo entre los brasileños. Para la Argentina, es un capítulo de la peripecia nacional. Por un lado, porque una de las variables que condicionan al gobierno de Macri es la economía de Brasil.

Por otro, porque las denuncias del Partido de los Trabajadores (PT) sobre la perpetración de un golpe blando ya fue adoptada por Cristina Kirchner para frasear sus problemas judiciales.

El desplazamiento de Dilma cumplió con todos los requisitos del ritual institucional. Michel Temer, su vicepresidente y sucesor, puso en juego su reconocida pericia para moverse en el Congreso: consiguió la adhesión de tres cuartos del Senado. Le alcanzaba con dos tercios. El proceso fue supervisado por el Supremo Tribunal Federal, una corte integrada por 11 ministros, nueve de los cuales fueron designados por los gobiernos del PT.

El impeachment se debió a que la presidenta adulteró la contabilidad fiscal. Sin embargo, hubo dos factores del contexto que aceleraron la caída. La operación Lava Jato, que desnudó el impresionante circuito de dinero negro montado por el oficialismo en Petrobras, y una crisis económica cuya solución parecía imposible por la poquísima confianza que inspiraba Dilma.

El aspecto más importante de la consolidación de Temer si se la observa desde la Argentina es su impacto sobre la economía. Los expertos calculan que por lo menos 0,5% de la caída del PBI local se explica por la recesión brasileña. Desde 2001 las exportaciones argentinas a Brasil se redujeron a la mitad. Un fenómeno dramático si se tiene en cuenta que el 60% de las manufacturas que venden en el exterior las empresas argentinas, además de ser consumidas por brasileños, son diseñadas para ellos. En el caso de los productos regionales esa proporción se acerca al 70%.

Los analistas interpretan que el reemplazo de Dilma por Temer coincide con el final de ese deterioro. El real dejó de devaluarse y, al revés, recuperó fuerza. Desde comienzos de año la paridad con el dólar pasó de 4 reales a 3,20. La inflación, que había llegado al 11%, se va a estabilizar en 7,5%. El mineral de hierro, que es la principal commodity que exporta Brasil, está recobrando su valor. La actividad industrial, desestacionalizada, creció 4% desde el piso de la recesión. Por eso los especialistas apuestan a que este año la retracción del PBI no superará el 3% y a que el año que viene crecerá el 5%. La identidad de quienes lideran la política económica no es indiferente. El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, es respetadísimo por los mercados desde que presidió el Banco Central, con Luiz Lula da Silva. Y el actual jefe del Central, Ilan Goldfajn, ex economista jefe de Itaú y socio de Arminio Fraga en el fondo Gávea, es uno de los profesionales más prestigiosos de la región.

A estas buenas noticias económicas Macri debe agregar un discreto triunfo político. Desde la primera hora él apoyó a Temer, sobre todo por su estrecha vinculación con los líderes del PSDB, Fernando Henrique Cardoso y Aécio Neves. Rivales de Dilma en la campaña, ellos son hoy aliados indispensables para Temer. El PT hizo poco para romper ese idilio. Dilma se negó a recibir a Macri antes de que triunfara. Y Lula se sumergió en el conurbano bonaerense para hacer proselitismo a favor de Daniel Scioli. Habría que ver si no colaboró con su derrota: para ese entonces el ex presidente brasileño ya andaba manchado con petróleo.

La solidaridad de Macri con Temer y sus aliados fue operativa. Un ejemplo: antes de recibir a Barack Obama en la Casa Rosada, dialogó con Cardoso para conocer en detalle los argumentos del impeachment y explicarlos a su huésped. Por eso apenas asumió la presidencia interina, Temer envió a su canciller, José Serra, a fotografiarse en la Casa Rosada. La Cancillería adoptó una fórmula de la que jamás se movió: «Brasil está tramitando la crisis en el marco de sus instituciones».

Esta posición contrasta con la que adoptaron los gobiernos populistas. Desde que comenzó el juicio político, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador lo censuraron como un golpe. Ayer volvieron a hacerlo, sumándose a la interpretación del PT, cuya mejor presentación corrió por cuenta del senador carioca Lindbergh Farias. Sin embargo, esta vez los socios bolivarianos no lograron, como en un principio, sumar a Ernesto Samper, el secretario general de la Unasur. Un fracaso de Marco Aurelio García y Celso Amorim, cancilleres en la sombra de Dilma. O un triunfo de Serra.

Las acusaciones de golpismo son, en algunos casos, pretextos autocomplacientes. Nicolás Maduro arruinó el argumento, de tanto esgrimirlo ante quienes resisten su insoportable autoritarismo. En la Argentina, Cristina Kirchner utilizó a la depuesta presidenta de Brasil como un escudo humano. Un cariño extraño: había suspendido relaciones con ella desde 2013. Ayer la señora de Kirchner describió lo que sucedió en Brasilia como «una nueva forma de violentar la soberanía popular». Las anteriores asonadas son, de acuerdo con su manera de razonar, conocidas: la derrota del Frente para la Victoria, en noviembre pasado, y las investigaciones judiciales sobre las fechorías cometidas por ella y por su esposo.

La interpretación de la ex presidenta se extiende a su feligresía. Anteayer, los camaristas de Casación Alejandro Slokar y Ana María Figueroa y los fiscales Jorge Auat y Alejandro Alagia, militantes de la asociación kirchnerista Justicia Legítima, fueron recibidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Raúl Zaffaroni para manifestar su preocupación por un colapso de los derechos humanos en la región. Slokar se quejó de que el mercado demande «un poder judicial sumiso». Lo dijo al lado de su colega Figueroa, que ganó celebridad por recibir donaciones del procesado Julio De Vido. Curiosa declaración la de Slokar: pareció un homenaje al juez de Curitiba Sergio Moro, que, además de mandar a prisión a los principales empresarios brasileños, puso en jaque al PT y contribuyó al desplazamiento que Cristina Kirchner denuncia como un golpe.

El estado de alerta del populismo regional insinúa una deplorable regresión. Un regreso a los años en que la izquierda distinguía entre «democracia real» y «democracia formal», según ejerciera el poder ella o sus adversarios. Esta interpretación impide advertir lo que tiene de interesante la crisis brasileña: la presidenta fue desplazada mediante un procedimiento legal inobjetable. Como sucedió con Fernando Collor de Mello, también en Brasil, con Fernando de la Rúa en la Argentina o con Fernando Lugo en Paraguay. La politóloga Ana María Mustapic examinó este fenómeno en un excelente artículo publicado en 2005: «Inestabilidad sin colapso. La renuncia de los presidentes. Argentina en el año 2001». Allí Mustapic explica que estas formas de reemplazo significan un progreso. Son el modo en que los presidencialismos latinoamericanos comenzaron a resolver sus crisis en el marco de la legalidad, renunciando al viejo recurso del golpe militar.

Aunque la legalidad de su administración sea irreprochable, Temer debe fortalecer su legitimidad. Por eso se lo verá hiperactivo en el campo diplomático. Ayer partió hacia la cumbre del G-20 en China, donde tiene previsto entrevistarse con Xi Jinping, con el español Mariano Rajoy y con el italiano Matteo Renzi. Habrá, además, un encuentro con el premier japonés, Shinzo Abe, organizado por André Correa do Lago, el sobresaliente representante de Brasil en Tokio. Temer todavía no se verá con Obama, que guarda un cauteloso silencio sobre la tormenta brasileña. Su secretario de Estado, John Kerry, apenas se entrevistó con Serra durante la inauguración de los olimpíadas. Obama y Temer acaso se entrevisten en tres semanas en la ONU, donde el representante brasileño será Mauro Vieira, el canciller de Dilma.

En la primera semana de octubre, cuando ya esté instalado en Buenos Aires su nuevo embajador, Sergio Danese, Temer visitará a Macri. La genética política de ambos es muy distinta. Al nuevo presidente de Brasil le toca gobernar con quienes, en las elecciones de las que surgió como vice de Dilma, fueron sus rivales. Su poder, además, no surgió de las urnas, sino de un Congreso sobre el que sobrevuela el fantasma del Lava Jato. Más allá de estas diferencias, Macri y Temer enfrentan situaciones familiares. Ambos deben procesar un ajuste económico a través de una alianza parlamentaria en permanente construcción. Y enfrentan a una oposición populista en retirada, con dramáticos contratiempos judiciales. Y, para que no todos sean sinsabores: la Argentina y Brasil inician una fase del ciclo económico que dejará atrás la recesión.

Fuente: La Nación, 01/09/16.

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Impeachment a Dilma Rousseff: La votación en el Senado

Impeachment a Dilma Rousseff: ¿Cómo votarán los senadores?

Tras la aprobación a la apertura de Impeachment a Dilma Rousseff en la cámara de diputados todas las miradas apuntan al senado, donde es necesaria la aprobación por mayoría simple para la continuidad del proceso. Los 81 senadores fueron consultados por la consultora Data Folha. Estos son los resultados de la encuesta:

Fuente: equilibriointernacional.com, 18/04/16.

Brasil: Dilma no tiene condiciones para gobernar

F. H. Cardoso: «Dilma no tiene condiciones para gobernar»

Por Carlos Pagni.

El ex presidente brasileño defendió el impeachment y negó que sea un golpe.

El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso es la voz más escuchada de la oposición a Dilma Rousseff, dentro y fuera de su país. En diálogo telefónico con LA NACION, Cardoso explicó por qué la mandataria debería ser desplazada mediante un impeachment. Y por qué ese proceso no es, como dice el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), un golpe. Admite, no obstante, que la opinión pública tiende a condenar a la presidenta por la corrupción que rodea a Petrobras.

Cardoso propone un itinerario para Brasil en una administración encabezada por el vicepresidente, Michel Temer. Pero acepta que, en su país, no se está derrumbando un gobierno, sino un sistema. Y defiende algunas iniciativas para refundarlo. Una pintura de la gran tormenta brasileña en este diálogo.

-¿Por qué el impeachment no es un golpe?

El impeachment está previsto en la Constitución de Brasil. Hay, además, una ley de 1950 que hace a la reglamentación de cuáles son los casos y cuándo se justifica un impeachment. Cuando se lee la Constitución, uno se da cuenta de que hay muchas formas por las cuales se puede incurrir en lo que llamamos un crimen de responsabilidad. Lo que está en la Cámara de Diputados es un pedido de impeachment que se hizo por tres abogados.

Uno de ellos fue ministro de Justicia en mi período, el otro fue fundador del PT y la otra es profesora de Derecho en la Universidad de San Pablo. Ellos hacen referencia a que, en más de una ocasión, la señora presidenta Rousseff tendría exagerado una toma de recursos para prebendas del gobierno en la caja económica, en la Caja de Ahorros y en otras instituciones financieras. Esto está explícitamente prohibido por la ley de responsabilidad fiscal, que es de 2000.

-Ése el argumento legal. Pero hay un problema de percepción. Es difícil justificar, sobre todo en países donde la contabilidad fiscal suele tomarse muchas licencias, que un gobierno cae por adulterar las cuentas. Además, en el marco del escándalo de Petrobras, la impresión que queda es que a Dilma la echan por corrupta.

-Es verdad que es un tema complejo, que para la calle puede no ser fácil de entender. La razón es la que está planteada en el pedido de impeachment. Es cierto que la percepción común es de corrupción. En el caso específico, no hay acusación contra Dilma Rousseff de corrupción; hay especulaciones que se hacen. Pero en el contexto hay un sentimiento nacional de que la corrupción ha tomado un sentido inusual: no se trata de la corrupción de una persona u otra, de un gobernador o un funcionario que se llevó plata a su bolsillo. No. Aquí se trata de lo que fue calificado en el Supremo Tribunal Federal (STF) como una organización criminal que se constituyó en el Estado para fijar sobreprecios en las licitaciones públicas a fin de garantizar plata que va directamente a los partidos a la hora de financiar elecciones. No se la acusa aún de esto, pero en el Supremo Tribunal Electoral hay otra denuncia al respecto.

-Usted siempre defendió la decencia de Rousseff. ¿Sigue pensando lo mismo?

-Desde el punto de vista individual. Pero desde el punto de vista político, ella ha aceptado cosas que son inaceptables. Fue presidenta del Consejo de Administración de Petrobras durante muchos años; algo debía de haber sabido. Si uno ve el estatuto de Petrobras, el Consejo de Administración y en especial su presidenta tienen responsabilidad total. Además está la controvertida compra de una refinería en Pasadena, cuando ella conducía la empresa. Yo diría que se da un contexto en el que se cree que hay una corrupción de la política misma.

-A propósito de la citación coercitiva de Lula, hubo una carta de varios ex presidentes, algunos amigos suyos, como Felipe González y Ricardo Lagos, alarmados por que haya garantías que no estén custodiadas en Brasil. ¿Qué le parece esa alarma?

-Creo que es una alarma falsa, porque las garantías están custodiadas. He hablado por teléfono con Lagos -no todavía con González- para aclarar; no para pedirle nada, sino para aclarar que el sistema judicial está bajo la norma de la ley. Se pueden hacer apelaciones hasta el Supremo Tribunal de Justicia. Por ejemplo, ese Tribunal aceptó el caso de Lula y se comprometió a investigar qué es lo que le corresponde al juez Sergio Moro y qué corresponde a ese máximo tribunal. O sea, está en pleno funcionamiento el sistema de justicia en Brasil. No hay ningún soslayo, ninguna declaración militar ni ningún jefe de oposición que haya pedido algo fuera de la Constitución.

-¿Cómo sigue gobernando Rousseff si la oposición no consigue los votos para el impeachment?

-Ése es un problema grave. Eso no se sabe. El gobierno está haciendo un esfuerzo enorme para bloquear el impeachment. No está mal que lo haga. Lo que pasa es que si no pasa el impeachment, ¿cómo va ella a gobernar si a lo sumo tendrá una tercera parte de la Cámara y un 68% de la población, según encuestas, que dice que debería cesar en el mando? Son cuestiones muy delicadas. Si por casualidad la Cámara no acepta el impeachment -que tiene derecho a no aceptarlo-, la oposición va a enfocarse en el juicio que está en el Supremo Tribunal Electoral para invalidar la elección anterior por la utilización de recursos financieros procedentes del abuso que se hizo en Petrobras y otras empresas. Y eso incluye al presidente y al vicepresidente.

-¿Podría haber una elección anticipada?

-Ése es el camino más complicado. Puede que pasen al año entrante, y la elección será por la Cámara de Diputados; no es directa. Lo más sencillo es que si la presidente tuviera grandeza, renunciara. Porque ella no tiene condiciones para gobernar. La situación económica va de mal en peor, y en cierto momento habrá que generar un consenso mínimo para saber cómo se recupera Brasil para seguir adelante.

-¿Cómo se consolida un consenso en medio de un proceso judicial que puede arrastrar a cualquier dirigente?

-Si prospera el impeachment, asume el vicepresidente. ¿Cuál es la legitimidad que tiene? La misma que tiene ella. Los votos son iguales, y vota la gente por la fórmula de presidente y vice. Que yo sepa, no hay acusaciones contra el vicepresidente [Michel Temer]. Él tiene condiciones y la obligación de buscar el consenso mínimo. No puede ser sobre la base de frenar las investigaciones porque la ciudadanía no acepta eso. Es necesario buscar gente que no esté comprometida con ese proceso. Hay mucha, por suerte. Un gobierno, para mantenerse en el futuro, tendrá que componerse de personas respetables frente al Congreso y también frente al país. Que la gente se dé cuenta de que por acá hay un camino y podemos marchar. Depende del liderazgo y de gente ejemplar. Si no, los procedimientos judiciales pueden llevar a lo que ocurrió en la Argentina, donde en una semana se sucedieron varios presidentes.

-No es un modelo a seguir, le debo contar?

-No, no. Ni de lejos.

-¿La gran fractura ideológica y política que hay hoy en Brasil puede derivar en desorden público?

-La fractura es grande pero está mal planteada: como si hubiera gente que quiere un golpe y quien quiere una democracia. El ex presidente Lula dijo eso también. Y es un error, llamativo en un líder que proviene de la clase obrera. Ellos realizan esa fractura diciendo que hay golpe cuando no hay golpe. Hay un proceso judicial. ¿Qué voy a decir yo? Hay que tener paciencia.

-Si Rousseff debe retirarse, ¿cuáles tendrían que ser las políticas sociales de un gobierno de Temer?

-Creo que en un país como Brasil, con la pobreza y la desigualdad que hay, el gobierno no puede darse el lujo de no hacer políticas sociales compensatorias. Quien empezó este tipo de políticas fui yo, pero otros también las hicieron. Yo empecé con las famosas «bolsas», becas, que alcanzaron a cinco millones de familias. Sería el último en estar en contra de eso. Creo que eso debe mantenerse; hay que buscar fórmulas. No proviene de ahí la dificultad financiera del país, sino de los que hicieron uso y abuso de los recursos públicos para financiar sectores empresariales amigos del rey, muy cercanos al gobierno. Creo que los programas sociales deben seguir adelante. Lo que falta acá es educación y salud, y hay un desbarajuste fiscal, porque las provincias y municipios están sin recursos. Hubo un despilfarro y una mala redistribución de la renta. No creo que el PT pueda decir que sólo son ellos los que hacen políticas sociales y que la mayoría está en contra.

-Da la impresión de que en Brasil no está cayendo un gobierno, sino un sistema. ¿Es así?

-Así es. Cuando en 2013 fui invitado a integrar la delegación que viajó al funeral de Nelson Mandela, invitado por Rousseff, y estábamos todos los ex presidentes vivos, le dije en el avión que era momento de cambiar el sistema político, que estaba podrido, y que los partidos no tenían la fuerza para hacerlo. Pensé que nosotros, como ex presidentes, y tal vez ella, como presidenta, podríamos juntarnos para cambiar el sistema, porque perdió legitimidad. La gente no cree en él. El tema principal es reconstruir las bases para un sistema partidista eficaz, con un sistema de financiamiento de campañas más transparente. Es muy complicado, pero hay que hacerlo y ganar lo que falta acá: confianza, credibilidad. Los mercados no funcionan, no porque falte capital, recursos humanos, etcétera. Falta credibilidad en las reglas, porque cambian y el gobierno ha exagerado su capacidad de intervenir y cambiarlas a mitad de camino.

-Los procesos en que la gente sale a la calle no siempre desembocan en las soluciones más deseables. ¿Qué capacidad tienen los partidos políticos y sus líderes para hacer esta reforma?

-Creo que el tiempo propiciará las soluciones, y también creo que las circunstancias forman al líder, y lo digo sinceramente. Rousseff no se dio cuenta de que era el momento. Se le escapó de las manos cuando fue reelegida. Podría haber cambiado el camino y no lo hizo, y el nuevo presidente, si no lo hace, no va a terminar funcionando. En lo económico se requiere una convergencia. Usted me preguntó antes si éste es un país en el cual el gobierno tiene un rol importante, y, en consecuencia, por las políticas sociales. El Estado tiene la capacidad de llevar adelante grandes obras de infraestructura y negociar con el capital privado. Necesitamos del capital privado; hay una especie de visión que empieza a prosperar, pero que está perturbada por esta situación, y que lleva a reducir todo a dos términos: impeach-ment o golpe.

-Se escucha a menudo que el operador de la política económica podría ser Henrique Meirelles, que está bien visto por el mercado y que a la vez presidió el Banco Central con el PT. ¿Es posible?

-Meirelles es un hombre respetado, pero Brasil necesita una visión económica, política, una capacidad de cambio y de mirar al país. No sé si él tiene esa capacidad. No quisiera apartarlo, pero seguro se necesita un liderazgo nacional fuerte.

-¿Cómo cree que se ve este proceso desde afuera de Brasil?

-Con cierta confusión; no se entiende muy bien cómo un hombre popular como Lula puede ser llamado a testificar; no se entiende qué pasó con Petrobras para llegar a este escándalo; no se entiende que hay jueces muy activos. Cada uno hace referencia a su propio país y cree que es igual, y no lo es. Pienso que es importante aclarar los puntos y que cada uno pueda tomar partido, pero a sabiendas de lo que está pasando aquí. El gobierno no gobierna: eso es lo que pasa.

-¿Cuál es el punto de apoyo para salir de la crisis?

-Que la sociedad brasileña ha avanzado mucho. Y el aparato del Estado, los jueces, los fiscales, la Policía Federal, el Banco Central han avanzado mucho. Acá existe la libertad de prensa. El jueves pasado, O Globo cubrió todo lo que sucedió en apoyo a Dilma y a Lula. Hay también capas medias que están muy motivadas y son activas a través de las redes; eso nadie lo controla y es la sociedad misma que está manifestándose. Esos grados de emancipación cívica que hemos alcanzado en Brasil son un ancla que permite pasar este momento y llegar mañana a un puerto más seguro.

Fuente: La Nación, 03/04/16.

Brasil al borde del precipicio económico

Por John Lyons.

Brasileños leen ofertas de trabajo colocadas en un poste en una calle de São Paulo. El desempleo en el país llega a 9,4%.

SÃO PAULO — La crisis económica de Brasil es tan grave como la política.

La mayor economía de América Latina parece dirigirse a una de las peores recesiones de su historia. Se estancó en 2014, se contrajo 3,8% en 2015 y puede sufrir un repliegue similar en 2016. El desempleo subió a 9,5% y los salarios cayeron 2,4%, según las cifras más recientes, y se prevé un deterioro de ambos indicadores. Uno de cada cinco jóvenes brasileños está sin trabajo y el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs advierte que el país corre el riesgo de caer en una depresión.

La delicada salud de la economía sirve como telón de fondo de la crisis política. La presidenta Dilma Rousseff, cuya popularidad está por los suelos, enfrenta un proceso de destitución en el Congreso en medio de un creciente escándalo de corrupción ligado a la petrolera de control estatal Petróleo Brasileiro SA, o Petrobras.

La situación absorbe tal cantidad de energía del gobierno y el Congreso que la recesión económica no ha recibido la atención que merece, dicen observadores.

“La gravedad de la situación es la siguiente: tenemos el tipo de problemas en el que si no se hace nada, las cosas definitivamente empeorarán”, asevera Marcos Lisboa, ex funcionario del Ministerio de Hacienda que preside la escuela de negocios Insper, en São Paulo. “Muy pronto podríamos estar hablando de la solvencia del gobierno federal”.

Brasil combatió la crisis financiera mundial de 2008 con políticas de estímulo fiscal y trata de inyectar dinero a la economía para apuntalar la demanda. El gobierno de Rousseff anunció en enero un paquete de créditos subsidiados de bancos estatales, como el BNDES, por unos US$20.000 millones para impulsar la agricultura y las obras de infraestructura.

En esta ocasión, sin embargo, el gobierno tiene un margen de maniobra más reducido para financiar medidas de estímulo. La recaudación tributaria está disminuyendo y el Ministerio de Planificación reveló la semana pasada que el gobierno necesita recortar sus gastos en unos US$5.900 millones para cumplir su meta fiscal. El ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, le pidió al Congreso que relajara tal objetivo para permitir un déficit más alto en 2016.

Algunos inversionistas señalan que políticas de estímulo como el otorgamiento de préstamos baratos por parte de los bancos estatales no produce grandes beneficios a largo plazo, puesto que generan déficits y los fondos van a parar a proyectos que arrojan pérdidas, como la construcción de represas y refinerías.

Desde el 17 de marzo, la bolsa de São Paulo y el real han repuntado debido a la creencia de que la presidenta será destituida debido a acusaciones de que utilizó trucos contables para ocultar la verdadera dimensión del déficit fiscal.

“El sólo librarse de algo muy negativo empezará a mejorar la situación y luego veremos qué viene después”, manifiesta Leonardo Monoli, socio de Jive Investments, una firma de gestión de fondos de São Paulo que administra unos US$200 millones, principalmente en deuda en problemas.

Rousseff ha negado cualquier irregularidad y describió la ofensiva para destituirla como un intento de golpe de estado de los grupos conservadores que detestan el énfasis de su gobierno en los pobres. En sus discursos, la mandataria ha atribuido la crisis económica a las vicisitudes de la economía global y ha señalado que la situación sería peor a no ser por las medidas de estímulo y los programas sociales.

Durante buena parte del último siglo, Brasil ha oscilado entre períodos de auges y caídas económicas. Ahora, no obstante, cuenta con al menos dos factores a su favor. Las reservas del banco central son robustas, de alrededor de US$374.000 millones, y la mayor parte de la deuda del gobierno está denominada en reales. Anteriormente, la alta deuda en dólares se volvía difícil de pagar cuando la moneda local se devaluaba, pero tal riesgo ha disminuido.

De todos modos, la deuda sigue siendo un problema. El gobierno federal, las grandes compañías brasileñas y los consumidores aprovecharon el auge de las materias primas para endeudarse. Era una época en que reinaba el optimismo de que una economía rica en recursos naturales como mineral de hierro, petróleo y soya tenía garantizadas altas tasas de crecimiento. Durante los últimos nueve años, la deuda del gobierno se triplicó, a cerca de US$1 billón, según el banco central.

Ahora, llegó la hora de pagar las cuentas. La deuda brasileña equivale a 67% del Producto Interno Bruto. El aumento de la deuda y la recesión han llevado a las calificadoras de riesgo a rebajar la nota de los bonos del país a nivel chatarra y los economistas proyectan que la deuda llegará a 80% del PIB en 2017. Parte del problema es que el déficit fiscal de 10% del PIB es de tal magnitud que el gobierno tiene que endeudarse para financiar los pagos de lo que ya debe.

El problema no sólo atañe al gobierno. La deuda de las empresas se triplicó con creces entre 2002 y 2015 para llegar a cerca de US$290.000 millones, según el Banco de Pagos Internacionales. Varias compañías envueltas en el escándalo de corrupción en torno a Petrobras se han declarado en bancarrota, como la firma de ingeniería Grupo OAS.

Otras empresas que no se han visto involucradas en la investigación tampoco la están pasando muy bien. La siderúrgica Usiminas anunció el 18 de marzo la suspensión del pago de algunos créditos a los bancos. La calificadora de riesgo Standard & Poor’s declaró a la empresa en default.

El grupo de telecomunicaciones Oi SA divulgó la semana pasada una pérdida de US$1.240 millones en el cuarto trimestre, mientras que el servicio de su deuda se triplicó en 2015 respecto del año previo.

Los brasileños con aspiraciones de ascender a la clase media, que ayudaron a impulsar la economía durante el auge de los commodities, ahora tienen problemas para pagar sus tarjetas de crédito. Al final de 2015, alrededor de 54,1 millones de brasileños se habían atrasado en los pagos de cerca de US$60.000 millones en préstamos, según la calificadora de riesgo Serasa Experian.

La contracción y el aumento de la deuda dejan a Brasil en una situación precaria y el ahondamiento de la crisis política dificulta un cambio de rumbo, dicen los expertos.

“La interacción entre la crisis política y los resultados económicos se refuerza mutuamente”, asevera Samar Maziad, analista sénior de Moody’s Investors Service que sigue a Brasil.

Fuente: The Wall Street Journal, 27/03/16.

Brasil luego de las manifestaciones

Análisis del escenario político en Brasil luego de las manifestaciones

Por Santiago Pérez.

Río de Janeiro – Brasil vivió un fin de semana de intensidad política. Las calles fueron durante el día domingo testigos de manifestaciones que movilizaron a más de un millón de personas a nivel nacional. A diferencia de lo sucedido en junio de 2013, cuando se diera inicio a este proceso de protestas, ahora el impulsor de los manifestantes no fue el descontento general producto de la situación del transporte, la salud o la educación pública. En esta oportunidad las miradas apuntaron directamente al recientemente electo gobierno del Partido de los Trabajadores. Los múltiples escándalos de corrupción que alcanzan al ejecutivo, sumados al empeoramiento de la situación económica fueron sin dudas los disparadores. Se vieron pancartas y se escucharon cánticos pidiendo la salida de la Presidente y solicitando un «impeachment» para la Jefa de Estado. El grito de “Fora Dilma” se hizo sentir.

¿Cómo pudo suceder un acontecimiento de semejante envergadura a solo meses del triunfo electoral de Rousseff? La respuesta es la fragmentación política que vive hoy el mayor país de América Latina. La ajustada victoria de la actual mandataria en segunda vuelta (51,6% de Dilma contra 48,6% de Aécio) auguraban un escenario de estas características. Fueron principalmente los sectores medios y altos los que hicieron sentir su presencia en las calles, posiblemente los mismos que apoyaron al PSDB en las generales de 2014. Por otro lado, las clases populares se mantienen aún más fieles al gobierno. Así están planteadas las cosas.

El domingo por la noche, una vez terminadas mas manifestaciones, los ministros otorgaron una conferencia de prensa donde se analizaron los sucesos. La respuesta fue un “cacerolazo” (panelaço) inmediato en las principales capitales del país, situación se que repitió el lunes en el mismo horario.

La fragmentación por la que atraviesa Brasil pudo ser claramente corroborada por los acontecimientos del día viernes. Dos días antes de las protestas se registraron movilizaciones en apoyo a Dilma Roussef, las cuales intentaban amortiguar el impacto de los hechos que sucederían horas después. Menores en volumen a las del domingo y organizadas básicamente por sindicatos y sectores estudiantiles, los militantes “petistas” se pronunciaron en favor de la democracia y en defensa del cumplimento del mandato constitucional de la Presidente. A pesar de ser una movilización pro gobierno, los asistentes no dejaron de marcar su descontento con los escándalos de corrupción y el con el actual rumbo económico. Es decir, no fueron solo rosas para el Palacio do Planalto.

¿Es realmente posible una salida anticipada del gobierno de Dilma? Por el momento pareciera difícil. El proceso de Impeachment (juicio político) es complejo y se compone de factores legales y políticos, los cuales deben alienarse. En primer lugar, debería comprobarse la participación directa de Rousseff en hechos de corrupción. Aún confirmándose esto, serían necesarios los votos de 2/3 del parlamento. Dentro de la actual coyuntura es difícil que la Presidente no consiga el apoyo de un tercio de los legisladores para bloquear el proceso.

Restan todavía 4 años de mandato y Dilma no la tendrá fácil. Será sin dudas el período más complejo para el PT desde su llegada al poder el 1 de enero de 2003. ¿Volverá la economía a la senda del crecimiento? ¿Se desacelerará la inflación? ¿Como será el desenlace de los escándalos de corrupción que se encuentran en pleno proceso de investigación? Solo con las respuestas a estas preguntas será posible prever el escenario político de lo que resta del mandato.

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