Argentina: Mucho gasto y poco Estado

Mucho gasto y poco Estado
Por Néstor O. Scibona

Tres dramas simultáneos debieron padecer los cientos de miles de habitantes que sufrieron las trágicas inundaciones del 2 de abril: lluvias verdaderamente descomunales; anunciadas y coincidentes con el final de un feriado extralargo cumplido estrictamente en organismos oficiales; más la desfachatez de funcionarios y políticos que buscaron sacar rédito de la situación, hasta que advirtieron que una catástrofe de tal magnitud obliga a tratar a sus damnificados como personas y no como votantes.

Al igual que en las tragedias de Once o Cromagnon, el Estado también podría haber evitado la pérdida de muchas vidas. Claro que sólo si sus distintas jurisdicciones (nacional, provincial y municipal) hubieran cumplido con sus funciones indelegables de planificación, ejecución de obras y control, o, en su defecto, prevención de emergencias.

Las tardías reacciones oficiales demuestran que poco se aprendió después de un año, cuando en vísperas de la Semana Santa de 2012 un furioso temporal de viento y lluvia devastó amplias zonas del conurbano bonaerense. El mismo desamparo de entonces sufrieron ahora miles de vecinos de Buenos Aires y La Plata más algunos partidos cercanos, que sólo pudieron atenuar con una activa solidaridad. El Estado, omnipresente en tantas áreas innecesarias, estuvo otra vez ausente donde sí hacía falta. O llegó demasiado tarde.

Ahora hubo otros agravantes, derivados de un desubicado oportunismo político. Fue patético que medios subsidiados por el gobierno de Cristina Kirchner asociaran inicialmente las imágenes catastróficas con Macri y Scioli mientras ocultaban las de otras zonas, como si el agua hiciera distinciones entre oficialismo y oposición. Nadie reparó, en cambio, que la pauta publicitaria oficial (unos 1900 millones de pesos en 2012) duplicó el monto presupuestado en el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (900 millones) para obras de prevención de inundaciones a nivel nacional. Más irritante resultó para muchos vecinos que extraían el agua de sus casas anegadas, ver por TV -si tenían electricidad- las acusaciones cruzadas entre funcionarios de una y otra jurisdicción, detallando además una asistencia que en los hechos brillaba por su ausencia. Este absurdo se transformó en un búmeran: la opinión pública colocó a todos en una misma bolsa.

El largo fin de semana turístico también aportó su peor cara. Aunque CFK, Macri o Bruera tengan derecho a tomarse un descanso, no dejaron una estructura para emergencias, ni guardias pasivas dispuestas a actuar rápidamente ni, al menos, servicios de atención telefónica para atender reclamos. Nada de eso ocurrió: en la madrugada del diluvio porteño, la línea policial (911) no atendía; la de Defensa Civil (103) respondía con una cinta grabada que sugería esperar y lo mismo ocurría con las distribuidoras eléctricas. Incluso el sitio web de la Policía Metropolitana no incluía un número telefónico al cual recurrir. Mucho más dramática resultó, por supuesto, la fatídica noche en La Plata y sus alrededores, con gente atrapada en casas y autos inundados, donde muchos encontraron la muerte ante la inacción estatal.

Desde una perspectiva más estructural, la mayor contradicción de este drama es que a ese Estado, ausente donde es indispensable, no le han faltado recursos. Más bien todo lo contrario: en los últimos nueve años el gasto público nacional pasó de 21 a 43% del PBI, que además creció significativamente. Lo que faltaron fueron políticas de Estado y planificación con prioridades explícitas, ajenas a las necesidades políticas del oficialismo. Su sustituto fue la distribución discrecional de recursos, sin controles ni rendición de cuentas, a gobernadores e intendentes aliados. En buena medida, esto explicó la creación de casi 2 millones de empleos en el sector público (especialmente provincial y municipal). Incluso, el mismo día en que se difundían las carencias estatales en la atención y seguridad de los inundados, la nacion confirmaba el pase a planta permanente de 5000 contratados en la administración pública nacional, en su mayoría militantes del cristinismo. En cuatro años, el presupuesto de contratos temporarios creció en más de 4.300 millones de pesos (de 2400 millones en 2009 a 6730 millones en 2012).

La «década ganada» proclamada por Cristina Kirchner respondió al criterio de que gobernar es gastar, según una lúcida definición del politólogo Sergio Berenzstein. Pero gastar equivale a despilfarrar recursos si previamente no se trazan objetivos estratégicos y políticas sustentables. De otra manera, las prioridades pasan a ser espasmódicas, según las urgencias de cada momento.

Tuvo que ocurrir la tragedia de Once, con sus 51 muertos, para que el Gobierno se decidiera a invertir más de 500 millones de dólares para renovar a partir de 2014 los desvencijados trenes de las líneas Sarmiento y Mitre. Pero en nueve años gastó mucho más que esa cifra en subsidios, no solo para mantener congeladas las tarifas sino para un mantenimiento que nunca controló.

El ministro Julio De Vido no acusó esta vez a nadie de «bajar la palanca» por los cortes de luz en los barrios inundados. Pero es responsable de llevar a una virtual quiebra a las distribuidoras eléctricas, cuyas tarifas congeladas desde hace más de diez años ya no les dejan margen para invertir ni para pagar salarios. Esto explica la escasez de mantenimiento y de cuadrillas de emergencia para restablecer el servicio. En este contexto, hablar de aplicar multas a las distribuidoras parece una broma de mal gusto; sobre todo cuando tampoco se cumple la ley que obliga al ENRE a cubrir sus cargos por concurso.

Paralelamente, cualquier cifra de inversión pública resulta irrisoria frente a los 18.600 millones de dólares que la Argentina gastó sólo en 2011 y 2012 para importar gas y combustibles, debido a la política energética de fomentar el consumo con precios políticos y desalentar la inversión en hidrocarburos.

Probablemente estas trágicas inundaciones reactiven proyectos postergados en el área metropolitana. No obstante, aunque el gobierno porteño logró el demorado aval nacional para el crédito del Banco Mundial destinado al arroyo Vega (120 millones de dólares), no estará exento del «riesgo argentino» en su tratamiento y aprobación. Pero, además, especialistas hídricos ya recomiendan replantear la política de entubar arroyos debido al cambio del régimen de lluvias en el área metropolitana. La desactualización también abarca al código de planeamiento urbano: en la CABA se aprueba la construcción de cocheras subterráneas en zonas inundables. Y como contraste, por una ordenanza de 1977, no se exige un mínimo en nuevos edificios construidos en barrios sin espacios para estacionar.

Con este cuadro, se confirma la evidencia de que los problemas socioeconómicos de la Argentina se incuban en las épocas de bonanza y se sufren en las de escasez de recursos. El uso a pleno de la «maquinita» del Banco Central sólo los complica con más inflación. Quizás el único consuelo esté en la oportunidad que tienen los gobiernos porteño y bonaerense, así como sus bancos públicos, para que las indemnizaciones y préstamos prometidos a los damnificados puedan medirse en semanas y no en meses o años.

La Nación, 07/04/13.