Demanda millonaria por la expropiación de YPF
abril 10, 2015
Un fondo buitre inició una demanda millonaria contra la Argentina por la expropiación de YPF
Burford Capital compró el juicio que encabezan dos empresas en liquidación que había utilizado la familia Eskenazi para adquirir el 25%; la demanda también alcanza a la petrolera
Por Juan Pablo De Santis.
A través de dos empresas residuales de la familia Eskenazi, el fondo buitre Burford Capital inició una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra YPF y la República Argentina por la expropiación de la mayoría de acciones de la petrolera.
La demanda fue presentada el 8 de abril pasado, una semana antes del tercer aniversario de anuncio de proyecto de ley de nacionalización de YPF, y reclama un resarcimiento económico alegando que durante el proceso de expropiación se violaron las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.
Todavía no fue establecido un monto solicitado, pero se presume multimillonario, dado que las acciones en cuestión habían sido adquiridas hace siete años por una cifra superior a los 3300 millones de dólares.
En los papeles, la acción legal fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF SA.
Aunque en la práctica, el litigio es financiado y conducido por Burford Capital, el fondo que «compró el juicio» con el único fin de litigar contra la Argentina. Esta empresa es una de las más importantes de Estados Unidos que invierte en la industria del litigio corporativo, tal como se lo conoce en la jerga, y tiene una cartera valuada en U$S 500 millones.
El texto del planteo jurídico al que accedió LA NACION reclama un resarcimiento económico porque al momento de llevarse a cabo la expropiación el Gobierno argentino no lanzó una oferta pública de adquisición sobre las acciones a un precio predeterminado para retomar el control de la firma, tal como lo establecían «los estatutos de YPF» y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993.
Así los litigantes afirman que fueron violados sus derechos como inversores. «Pero Argentina e YPF intencionalmente y de mala fe rompieron esas promesas», dice el texto de la presentación judicial alegando que «el resultados de violar el requisitos de oferta de compra y otras conductas ilícitas fueron devastadoras para Petersen y otros accionistas de YPF».
Por su parte, el Grupo Petersen Argentina -de la familia Eskenazi y con sede en Buenos Aires- afirmó a este medio a través de un comunicado que sus accionistas nada tienen que ver con la presentación de esta denuncia, sino que es producto del proceso de liquidación de estas dos empresas con las que habían comprado su participación en YPF y que está observado por la Justicia de España.
«Estamos al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior», reafirmaron.
ANTECENDETE. Tras la salida de Marsans de Aerolíneas Argentina, el fondo Burford Capital compró los derechos del litigio que el grupo español inició contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
LA RUTA DE LA DEMANDA
Tras haber acordado su ingreso a YPF con el Gobierno argentino y Repsol, el grupo empresario de la familia Eskenazi constituyó en Madrid (España) un arquitectura legal para comprar las acciones de la petrolera: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, ambas sociedades anónimas unipersonales que oficiaron de cascarón legal. A su vez estas dos estaban integradas por Petersen Energía PTY Ltda, con sede en Australia.
En 2008, los Eskenazi compraron el 14,4% de YPF a Repsol y en 2011 ejercieron una opción de compra hasta alzarse con un cuarto de la propiedad de la firma. En una maniobra poco común, la compra se materializó vía un préstamos de Repsol y otros cinco que fueron concedidos por los bancos Itaú, Credit Suisse, Citibank, Standard Bank y BNP Paribas.
Los créditos serían repagados con utilidades que los nuevos accionistas cobrarían en la compañía. Por entonces, Sebastián Eskenazi fue nombrado CEO.
Ahora bien, 16 abril de 2012 la presidenta Cristina Kirchner anunció el proyecto de ley de expropiación del 51% de acciones de YPF en manos de Repsol, que se sancionó el 3 de mayo. Los Eskenazi no pudieron repagar los préstamos, el pool de acreedores ejecutó las garantías y se quedó con las acciones que estos poseían en la petrolera.
EL PROCESO EN ESPAÑA
Al haber quedado vaciadas de activos, las legalmente españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía se acogieron a la ley de bancarrota -un proceso similar a lo que localmente se conoce como concurso de acreedores- y un juez competente debió intervenir en la liquidación de las sociedades.
«Las dos firmas en liquidación actuando bajo la autoridad de una Corte Española competente y con el interés de atender las deudas de ambas empresas iniciaron una demanda multimillonaria contra YPF y la Argentina por la pérdida del 25% de su participación en YPF», informó a través de un comunicado de prensa en Londres la agencia Neustria Partners, representates de prensa de los litigantes.
Cristina Kirchner le dice No a los «Fondos buitre»
«En el contexto que se presenta el fondo Burford Capital que salió a buscar el único activo, por llamarlo de algún modo, que le quedaba a estas dos empresas cáscara en liquidación con las que se compraron acciones de YPF. La estrategia es clara, adquiere los derechos del juicio por una pequeña suma y luego litiga», explicó a LA NACION un abogado societarista de un importante estudio porteño con conocimiento de la demanda, pero que requirió no divulgar su nombre.
YPF SA fue consultada por este medio, pero no brindó comentarios al respecto.
Texto completo de la demanda
Fuente: La Nación, 10/04/15.
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Cristina Kirchner y los fondos buitre
octubre 17, 2014
Vanoli reconoció que se les pagará a los fondos buitre
Por Marcelo Bonelli.
El titular del Banco Central, ante inversores de Wall Street, admitió que el Gobierno cumplirá con el fallo del juez Griesa, aunque buscará un modo “elegante” para informarlo al país.
En su salsa. Alejandro Vanoli en el Central, con banqueros argentinos, el lunes 6./ EFE
Alejandro Vanoli confirmó que la Argentina pagará el juicio a Paul Singer, pero dijo que la Casa Rosada buscará un mecanismo para mantener el relato de confrontación y evitar “que parezca que nos hemos rendido a los fondos buitre.” El titular del Banco Central afirmó en secreto frente a banqueros internacionales: “El gobierno de Cristina está dispuesto a avanzar y resolver el problema de los holdouts.” Así, contradijo en privado el relato público de la Casa Rosada y transmitió su preocupación por la debilidad del frente externo.
También adelantó que Axel Kicillof utilizará reservas del BCRA hasta fin de año por unos 2.700 millones de dólares: “Las reservas –señaló– van a terminar en diciembre en unos 25.000 millones. Las vamos a utilizar para evitar expectativas de devaluación.” Pero comunicó a los centros financieros que Argentina quiere endeudarse en el 2015, para intentar fortalecer la caja del Central.
Vanoli admitió que el Ministerio de Economía ya “le comunicó a través de terceros el deseo de negociar con los holdouts.” Pero insistió en que el Gobierno lo intentará disfrazar y disimular, para no afectar el relato político de la Presidenta y evitar quedar en público sometidos a los fondos buitre.
La confesión de Vanoli se produjo frente a una veintena de testigos, todos miembros influyentes de Wall Street y de los fondos de inversión más importantes de EE.UU.
La reunión fue organizada por el banco de inversión más representativo de los Estados Unidos: el JP Morgan. El encuentro fue reservado y oficialmente se comunicó que fue para hablar de inversiones.
Pero Clarín confirmó que el titular del Banco Central ventiló ante los financistas confidencias de política económica y definiciones sensibles sobre el futuro uso de las reservas por parte del Gobierno argentino.
La reunión tuvo lugar durante la última semana, en Washington. Fue organizada por Joyce Chang, la influyente jefa de Research Internacional del JP Morgan. También asistió Vladimir Werning quien se encargó de tomar nota de las confesiones de Vanoli. Ese “memo” fue girado después a los participantes del encuentro bajo el rotulo “información confidencial y privilegiada.” Vanoli intentó seducir a los financistas y en repetidas ocasiones les confió que el gobierno de Cristina intentará salir al mercado internacional luego de pagarles a los buitres. En todo momento dijo que habrá arreglo con los holdouts, pero que se intentará encubrir la concesión que finalmente el Gobierno hará. Para eso confesó que “ustedes tienen que tener en cuenta que hay que buscar una solución política a fin de llegar a una solución elegante para Argentina.” Después dijo que el objetivo es que “intervenga el gobierno de los EE.UU., para que empuje a los fondos buitre a negociar de la forma más discreta.” Y ratificó: “Queremos una emisión de bonos en dólares para resolver problemas de los holdouts sin que parezca que nos hemos rendido ante ellos.” El sincericidio de Vanoli refleja el pensamiento íntimo del Gobierno, que es la contracara del relato de Cristina.
Por eso generó el primer cortocircuito con Axel Kicillof. Al ministro le molestó la transparencia y el protagonismo del jefe del BCRA con los banqueros externos, y fue con el cuento a Cristina.
Kicillof también tuvo un encuentro similar, donde avaló la estrategia que contó Vanoli.
Pero utilizó un relato más distante y frío con los banqueros. Los financistas igual se fueron de ambos encuentros con muchas dudas.
La credibilidad de Kicillof y Vanoli es inexistente en Washington y saben que el acuerdo con los buitres sólo puede surgir por una necesidad extrema del Gobierno: un peligroso enflaquecimiento de las reservas.
Un informe secreto y técnico del Banco Central refleja un panorama inquietante: del total de reservas declaradas, sólo 16.560 millones de dólares no estarían comprometidas, y de ese total sólo 4.000 serían en divisas reales. Así el verdadero poder de fuego de la Casa Rosada para enfrentar una corrida cambiaria es limitado. Peor aún: Cristina debe enfrentar vencimientos hasta el final de su mandato por la friolera de 9.766 millones de dólares. Las cuentas no cierran y explican las urgencias de Vanoli.
Kicillof quiere un acuerdo, pero tiene un plan alternativo: utilizar las reservas para pagar y dejar las arcas exhaustas para el próximo gobierno.
La información trascendió ayer en Manhattan, donde explotó una noticia que afecta las inversiones futuras: el miércoles, la Corte del Estado de Nueva York decidió embargar las acciones de una empresa petrolera argentina que envuelve en denuncias de corrupción al propio Banco Mundial. Se trata –como ya adelantó Clarín – de la petrolera Chañares y la firma denunciada es Medanitos, del empresario Emilio Carosio, de sólidos vínculos con el ministro Julio De Vido.
Ayer, la Corporación Financiera Internacional trató la maniobra, porque hay directores de la CFI comprometidos en la acción que habría afectado al fondo LAIG. La CFI se asoció con Medanitos y participó de la anomalía, cuando Guido Forcieri era el director argentino en el Banco Mundial. Aquí hay una denuncia penal y cuatro allanamientos.
Se investiga la conducta de unos cuantos funcionarios kirchneristas en el escándalo: la actitud laxa de la Comisión Nacional de Valores, la participación de Planificación y la del gobierno de Mendoza.
El tema arde y provocó un informe reservado de los ex secretarios de Energía para varios candidatos presidenciales. Según ese paper, existe un problema serio que atraviesa todas las decisiones petroleras del Gobierno: la corrupción.
Fuente: Clarín, 17/10/14.
