Denuncian penalmente a Cristina Kirchner
noviembre 10, 2014
Denuncian penalmente a Cristina por irregularidades en sus hoteles
A LA JUSTICIA.Stolbizer quiere que se investigue a la Presidenta y a algunos de sus funcionarios por el presunto delito de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La diputada Margarita Stolbizer presentó esta mañana una denuncia penal para que la Justicia investigue la presunta comisión de delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Los hechos a los que Stolbizer se refiere surgen del cotejo de información oficial y pública, que involucran de manera directa a la Sra. Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y al Ministro de Justicia Julio Alak, junto con otros funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ).
La denuncia ha quedado radicada en el Juzgado Federal Nº 11 cuyo titular es el Dr. Claudio Bonadio. El Fiscal a cargo será el Dr. Carlos Stornelli.
Según Stolbizer, “del análisis de la Declaración Jurada Patrimonial de la Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, surge como dato por ella misma aportado que es titular de acciones (sin que se mencione en qué cantidad o porcentaje de participación) de la Empresa HOTESUR S.A. Esa participación está valuada en $ 9.367.528.- y reconoce luego una deuda con la misma sociedad sin que se aclaren conceptos o razones de dicho endeudamiento”.
La sociedad Hotesur es la propietaria del hotel Alto Calafate, en Santa Cruz. Para la diputada, existen sospechas de que es un alojamiento “fantasma” que usó el matrimonio presidencial para hacer negocios turbios con el empresario más beneficiado con la obra pública, Lázaro Báez.
Además, indica que dicha sociedad adeuda la presentación en la Inspección General de Justicia (IGJ) de balances desde 2011, no se conocen los activos ni los pasivos de la sociedad anónima ni la conformación societaria actual, como tampoco quiénes integran el directorio en la actualidad, ya que también adeuda la inscripción de sus autoridades.
“Si bien en el Estatuto se determinó que cada tres años se renovaría el directorio, Hotesur SA nunca notificó cambios después del fallecimiento de Néstor Kirchner”, indicó Stolbizer tras su presentación.
Hotesur adeuda presentación de balances, conformación societaria y tasas, ante la Inspección General de Justicia (IGJ) correspondiente a los ejercicios 2011, 2012, 2013. La ley impone que las sociedades deben presentar sus balances en IGJ para que los terceros puedan conocer la realidad de la empresa (Si tiene deudas, cuanto tiene de deudas, cuanto tiene de activos, que negocios hicieron durante el ejercicio, que piensan hacer el ejercicio que viene, que pagaron, etc.)
Para la diputada del GEN, Margarita Stolbizer: La red de protección dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia) llegó hasta la cúspide misma del poder.
“La consecuencia de este incumplimiento por parte de la sociedad de la Presidenta de la Nación y la complicidad de la IGJ, resulta crucial: si la Justicia le requiriere datos sobre Hotesur, la IGJ no posee los balances y el directorio -al menos en su registro formal- sería el de 2008, adeudándose nómina de Directorio 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. La sociedad de la Presidenta no fue sancionada por la IGJ (como si ocurre con otras sociedades); ni siquiera se dio inicio a la ejecución de las tasas adeudadas”, detalló la diputada del GEN.
Fuente: clarin.com, 10//11/14.
Caso Ciccone: el engaño de la IGJ
noviembre 2, 2014
Caso Ciccone: el expediente que rearmó la IGJ tiene datos falsos
Por Nicolás Wiñazki.
La investigación que compromete a Boudou.La Inspección General de Justicia extravió los datos de The Old Fund. En la reconstrucción hay contradicciones.
CFK y Amado Boudou
Los datos se desprenden de documentos oficiales. En abril de 2012, la Inspección General de Justicia (IGJ) avaló la reconstrucción de un expediente perdido de la sociedad The Old Fund, a pesar de que el contenido de esa documentación era irregular. Se trata de la empresa madre del caso Ciccone, vinculada a Amado Boudou, y cuyas ramificaciones comerciales son investigadas por lavado de dinero en nuestro país y en Uruguay.
Clarín accedió a los papeles restaurados de The Old Fund que fueron dados como válidos por el Estado aunque tienen datos anómalos.
Entre la información aceptada como reconstruida por la IGJ se incluyen, por ejemplo, actas de asambleas inscriptas cuatro meses antes de que se hayan realizado; la participación de una empresa extranjera que no se había radicado en el país y que cuando lo hizo se inscribió en un domicilio falso; y hasta la actuación de un gestor con nombre inexistente.
La IGJ es el organismo estatal que justamente tiene como objetivo controlar el registro y el funcionamiento de las sociedades comerciales. [N. del. E.: Hoy en la práctica funciona como un antro de Corrupción.]
El ente está dirigido en la actualidad por Martín Cormack y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al mando de Julio Alak.
El funcionario está imputado en dos causas judiciales en las que se investigan si intentó encubrir a Boudou avalando primero la pérdida y luego la adulteración de los documentos de The Old Fund que estaban bajo resguardo de la IGJ.
El 20 de octubre pasado, Clarín difundió que la Justicia había recolectado pruebas que complicaban a Alak en esta trama.
El ministro aceptó al otro día que el expediente de The Old Fund se había perdido en la IGJ pero aseguró que tras su recuperación todo estaba en regla.
La IGJ, presidida por Martin Cormack, emitió un comunicado en el mismo sentido: afirmó que “la reconstrucción del expediente de The Old Fund cumple todos los requisitos legales”.
Pero de la lectura de esos documentos se deduce lo contrario.
Los papeles originales llenaban veintidós fojas. Los reconstruidos ocupan solo cuatro páginas.
El trámite “perdido” de The Old Fund que se recuperó corresponde, según la nueva versión, a la reforma del estatuto de la empresa y a un aumento de capital de esa firma, operaciones en las que ya estaba involucrada otra sociedad radicada en Uruguay que había entrado como socia en el negocio de Ciccone Calcográfica, llamada Dusbel.
Las primeras irregularidades tienen que ver con una regla básica de la física: los seres humanos no son capaces de viajar en el tiempo.
Ocurre que el acta de directorio del legajo reconstruido de The Old Fund asegura que ese hecho se llevó a cabo “a los 26 días del mes de octubre de 2010…”.
Pero en la misma documentación el abogado que se encargó de esos trámites, Albert Chamorro, declara “bajo juramento” que transcribió lo ocurrido en esa acta “a los 06 días del mes de julio del 2010”, es decir, tres meses y medio antes de cuando supuestamente ocurrieron.
En el mismo legajo “recuperado” de The Old Fund se afirma que la sociedad Dusbel, entre otras cosas, hizo un aporte de capital a The Old Fund de $2.435.370. Si las fechas reconstruidas en esos trámites son ciertas, entonces Dusbel no estaba aun inscripta en el país, por lo que la IGJ debería haber multado a The Old Fund por esta cuestión, cosa que no pasó. Dusbel recién inició los trámites de registración en la Argentina el 11 de abril de 2011.
En el expediente “perdido” y “reconstruido” por la IGJ también se declara que una de las accionistas de The Old Fund es otra sociedad, llamada Tierras International Investment CV.
Ésta última firma, junto con Dusbel, fueron radicadas en domicilios falsos en Longchamps. En donde debería funcionar Tierras International Investments, por ejemplo, vive en realidad un jubilado apodado “Piluso” y de apellido Schneider. Esa irregular fue revelada por el diario La Nación. No por la IGJ.
Fuente: Clarín, 02/11/14.
La Korrupción en el Caso Ciccone
octubre 20, 2014
Caso Ciccone: se complica la situación judicial de Alak
Por Nicolás Wiñazki.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN. La Justicia tiene pruebas de que una oficina que depende del ministro extravió y podría haber adulterado información que comprometía a Boudou.
El ministro de Justicia, Julio Alak, complicado por el caso Ciccone / TELAM
El caso Ciccone complica en la Justicia cada vez a más funcionarios. La jueza María Servini de Cubría instruye una causa que busca determinar si algunas de las máximas autoridades del Estado encubrieron al vicepresidente Amado Boudou al esconder y adulterar los documentos de la sociedad The Old Fund que debía custodiar la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese organismo depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del imputado Julio Alak. Clarín pudo saber que el funcionario quedó comprometido en ese expediente tras la recolección de pruebas y de un testimonio que complican su situación procesal, y también la de uno de los ex jefes de la IGJ.
Boudou está acusado de haber avanzado con su entorno sobre la empresa que imprime billetes para hacer negocios con el Estado.
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia sacó un dictamen en el que le ordena al Gobierno que difunda la información pública sobre The Old Fund que consta en la Inspección General de Justicia. Según confirmaron fuentes de esta trama política y judicial, tanto Servini de Cubría como el juez de la causa madre del caso Ciccone, Ariel Lijo, tienen en su poder un documento revelador que lleva el membrete del Ministerio de Justicia, firmado el 26 de abril, por el entonces titular de la IGJ, Marcelo Mamberti y que fue avalado por Alak.
Se trata de la admisión oficial de que uno de los trámites fundamentales que la sociedad The Old Fund realizó ante la IGJ fue “extraviado” en marzo de 2012, tan sólo un mes después de que el caso Ciccone se difundieran a través de dos medios: Radio Mitre y Clarín.
La resolución número 0000618 de la IGJ da por “reconstruido” ese “trámite”, después de admitir que se había perdido.
La “reconstrucción” de los papeles perdidos de The Old Fund correspondían al momento en que fue registrado el intercambio de dinero realizado entre esa firma y la sociedad Dusbel. Es una acción fundamental para determinar quiénes eran los verdaderos dueños de esas dos empresas que aparecen detrás de la imprenta, investigadas por la Justicia de Argentina y Uruguay por lavado de divisas.
Según consta en el documento interno de la IGJ citado en esta nota, el Ministerio de Justicia dio por “reconstruido” la información de The Old Fund en apenas cuatro fojas. Clarín pudo saber, sin embargo, que tanto Servini como Lijo tienen pruebas que muestran que el original de ese trámite tenía en realidad 22 fojas.
¿Qué pasó con las 18 páginas restantes?
Alak no hizo una denuncia penal al respecto.
La ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, declaró ante Servini que ella misma había denunciado ante Alak la perdida del trámite de The Old Fund en su organismo, y que el ministro no hizo nada al respecto. Al contrario, la despedida fue ella.
Martínez le dijo a Clarín que “los funcionarios que reconstruyeron el trámite de The Old Fund fueron sacándole partes fundamentales para la investigación judicial, que son fácilmente identificables. Si el trámite tenía 22 fojas, su reconstrucción tiene que tener las mismas. Si no, podríamos estar frente al delito de violación de medios de prueba o documentos”.
Alak y Mamberti no piensan igual. La Justicia sigue actuando en el caso.
Fuente: Clarín, 20/10/14.
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Caso Ciccone: defensa homogénea y con Cristina al frente
Por Eduardo Paladini.
La conducta del ministro Alak de proteger a Boudou se repite en todo el Gobierno. Los temores en Justicia.
Ricardo Echegaray; Guillermo Moreno, Juan Manuel Abal Medina, Katya Daura y Mercedes Marcó del Pont; Diego Bossio, Hernán Lorenzino, Carlos Zannini y Julio de Vido; José Sbatella y Julio Alak. No es el equipo mixto de oficialistas para rememorar los partiditos de Kirchner en la Quinta de Olivos. Es la más de una decena de funcionarios que, en algún punto y modo, permitieron que Amado Boudou y sus amigos avanzaran contra la imprenta Ciccone, según la Justicia, para hacer negocios con el Estado; o al menos ayudaron para encubrir partes del caso.
Lo interesante de la lista es que no sólo incluye a funcionarios que ascendieron bajo el ala del ex ministro de Economía, como Daura, la titular de la Casa de la Moneda. También hay enemigos circunstanciales de Boudou, como Echegaray, titular de la AFIP.
En un club verticalista como el de los Kirchner, semejante movida sólo tiene explicación por el impulso o el paraguas de los dueños de la entidad, Néstor y Cristina.
La Presidenta se negó a hablar del caso en público. Pero su rol excedió largamente el aval del silencio. Su jugada maestra fue la estatización Ciccone, paso que contó con el acompañamiento de varios opositores en el Congreso.
Para darle dimensión a la intervención de Alak en la protección de Boudou hay que transportarse en el tiempo. A principios de 2012, cuando se “extravió” el expediente sobre The Old Fund, la estrella de Boudou brillaba como pocas en el Gobierno. Cristina se lo había pegado como compañero de fórmula y, sin reelección mediante, el militante de la UCeDé aparecía como uno de los candidatos naturales para continuar el proyecto progresista. Ese Boudou poderoso es el que protegió Alak. No el solitario que deambula despreciado por el Senado.
Como en varios ministerios, más allá de su lugar formal, Alak no maneja los resortes importantes de Justicia. Lo hace el viceministro camporista Julián Alvarez. Ambos deben estar preocupados por el avance de estas causas paralelas a la troncal del caso Ciccone. Alak, porque más allá de que busque diferenciarse en los modos de sus jóvenes jefes, avaló con su presencia en el cargo lo que ocurría debajo suyo. Nadie lo obligó. Y Alvarez, porque el escándalo de la IGJ salpica a uno de sus hombres clave dentro del organigrama: el subsecretario Ernesto Kreplak.
Fuente: Clarín, 20/10/14.
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