¿Destruyen pruebas en la Casa Rosada?

marzo 22, 2015

Se quemaron los datos de ingresos y egresos a la Casa Rosada

Por Ignacio Ortelli

Sugestivo incendio. Ocurrió después de que Nisman denunció a la Presidenta por la AMIA y dijo que algunas escuchas podrían haber ocurrido en la Casa de Gobierno.

Gobierno. Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, admitió que hubo un incendio que destruyó los registros de ingresos y egresos de la Rosada. Pero asegura que hay resguardo. / Gustavo Ortiz

Gobierno. Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, admitió que hubo un incendio que destruyó los registros de ingresos y egresos de la Rosada. Pero asegura que hay resguardo.

El sábado 21 de febrero, días antes que ardiera el Ministerio de Defensa, hubo otro incendio, aunque no trascendió públicamente. Ocurrió en Casa Rosada, en el subsuelo, contiguo al Salón de los Pintores y Pinturas Argentinas del Bicentenario y afectó al sistema digital de ingresos y egresos. Según diversas fuentes de Gobierno, por el siniestro, controlado a tiempo por los bomberos, se perdió buena parte del historial de personas que visitaron la casa.

No es el caso del registro de acceso de la Presidenta, ministros, secretarios y eventuales invitados oficiales, que se da por la explanada que desemboca en la Avenida Rivadavia, ya que queda debidamente anotado en forma escrita. En cambio, habría afectado el detalle de funcionarios de menor rango y otras personas que ingresan por la puerta de Balcarce 24, previo registro con su DNI. «Se borró casi toda la base de datos. La mayoría de los que ingresaron después del incendio son personas ‘nuevas’ para el sistema. No hay registros», confió una de las fuentes consultadas por este diario. Otra voz, al tanto del hecho, apuntó que el incendio fue «importante» y que «se afectaron muchos registros».

incendio intencional 01Nadie se anima a arriesgar que se trató de un incidente intencional. Aunque tampoco a descartarlo. Más en un momento en el que el Gobierno presiona para que la Sala I de la Cámara Federal penal porteña desestime la apelación del fiscal Germán Moldes y cierre la investigación, iniciada originalmente por una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios, por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

¿Cuál es el vínculo entre los ingresos a Casa Rosada y la denuncia de Nisman? Entre sus fundamentos, el fiscal sostuvo que el dirigente K Luis D’Elía ofició de nexo entre el Gobierno e Irán. Y se apoyó, entre otras pruebas, en escuchas en las que el ex piquetero dialoga con Jorge Alejandro Khalil, considerado por Nisman como representante de Irán en la Argentina.

Precisamente, en una de las grabaciones, D’Elía llama a Khalil, le dice que está «en Casa de Gobierno» y que tiene «un mensaje urgente del Gobierno argentino para pasar allá, antes de mañana» y acuerdan un encuentro. La escucha es clave: corresponde al 25 de septiembre de 2013, día previo a que el canciller Héctor Timerman se reuniera en la Asamblea de la ONU con su par iraní, Javad Zarif Kohnsari. Cita en la que, según contó Timerman, Irán se comprometió «a cumplir con todo lo que acordó» al firmar el Memorándum.También, aunque luego se retractó y dijo no conocer la Casa Rosada, el líder de Quebracho Fernando Esteche, otro de los apuntados en la denuncia de Nisman como integrante del plan de encubrimiento trazado por el Gobierno, admitió que «en jefatura de Gabinete» conoció a Ramón Allan Héctor Bogado, otro de los eslabones de la red señalada por Nisman.

Clarín consultó sobre el tema al jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien admitió el incendio, aunque minimizó su impacto. «Fue por una sobrecarga en cables viejos, que por supuesto ya ordenamos cambiar. Puede ser que haya afectado alguna parte del sistema pero me confirmaron que hay backup de todo. No se perdió ningún tipo de información», aseguró. ¿Por qué, entonces, el Gobierno no lo dio a conocer? El funcionario se anticipó a la pregunta y explicó: «Como fue controlado y no se perdió nada, nos pareció que fue algo menor».

Por la decisión del juez Daniel Rafecas, el 26 de febrero, de desestimar la denuncia de Nisman y no avanzar en la investigación, una copia original de ese registro no está en la Justicia. Acaso hubiera servido para contrastarlo con las escuchas y, desactivar o no, parte del argumento del fiscal. Según Aníbal F., queda el backup.

Fuente: Clarín, 22/03/15.
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Delito de incendio

El Título VII del Código Penal Argentino referido a los “Delitos contra la seguridad pública”, trata en el Capítulo Primero del “Incendio y otros estragos”.

Debemos entender la palabra incendio como causar un fuego grande para hacer arder aquello que no estaba destinado a ello, causando un peligro público. El artículo 186 del Código Penal Argentino, reprime junto al autor del incendio, al que cause explosión o inundación, en el inciso primero, castigándolos con prisión o reclusión de entre 3 y 10 años, si provocaren peligro común para los bienes. Por lo tanto, reiteramos, el delito se configura no por causar el incendio sino por el hecho de provocar un peligro común a los bienes, escapando ya la acción del fuego de la posibilidad de detenerlo por parte de su autor. En su redacción actual el artículo suprimió la referencia al peligro a las personas por estar ahora comprendido el caso, en los agravantes del inciso 4º.Delito de incendio

El inciso segundo del mismo artículo prevé la misma pena para el que causare ya sea un incendio o destruyera por cualquier otro medio (la referencia específica al incendio es bastante inútil pues cualquier medio empleado para con fin destructivo es de igual efecto a los fines de la configuración del delito) cereales, cosechados o no, plantaciones de árboles con frutos o ya cosechados, ganados, leña, o carbón de leña destinado a la comercialización y forrajes.

El inciso 3º eleva la pena máxima a 15 años cuando el peligro exponga a un archivo público, museo, biblioteca, astillero, arsenal, fábrica de pólvora, parque de artillería o pirotecnia militar.

Esta misma pena del inciso 3º, aplica el inciso 4º, cuando se ponga en peligro la vida de una persona. Este peligro de muerte debe darse como delito preterintencional del delito de incendio y otros estragos. El fin del incendio debe ser crear un peligro común pues si el fin del incendio fuera el homicidio caería el hecho en la figura del homicidio agravado del artículo 80 inciso 5. Estarían excluidos casos como el del bombero como víctima, que por su profesión debe exponerse a esta situación de peligro.

El inciso 5º eleva la pena a reclusión o prisión de 8 a 20 años, si a causa inmediata del hecho falleciera una persona. La causa debe ser inmediata.

El artículo 187 se refiere al estrago doloso; el 188 primer párrafo, reprime a quien inutilice o destruya obras para contener inundaciones u otros desastres, y pusiera en situación de peligro, con prisión de 1 a 6 años. En el segundo párrafo se aplica la misma pena a quien impida extinguir un incendio u otras obras de defensa contra desastres, sustrayendo, ocultando o inutilizando, instrumentos, materiales u otros medios que tuvieran por objeto la extinción del incendio o la defensa aludida.

El artículo 189 castiga el incendio o estragos culposos, atenuando la pena a la prisión entre un mes y un año. Esta pena se eleva hasta 5 años si el delincuente culpable ocasionare la muerte de una persona o la pusiera en peligro de muerte.

 

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Fue intencional el incendio de Iron Mountain

febrero 28, 2015

La Justicia confirmó que fue intencional el incendio en el depósito de Iron Mountain

Por Mauricio Giambartolomei.

El peritaje de la Policía Federal concluyó que se utilizó un material combustible; en el hecho de febrero de 2014 murieron diez personas.

Iron Mountain isotipoEl hallazgo de sustancias combustibles, dispositivos, restos de conductores y transformadores de energía fueron concluyentes para que los peritos de la Policía Federal determinaran que el incendio en el depósito de Iron Mountain en Barracas fue intencional. Un año después de la tragedia en la que murieron ocho bomberos y dos rescatistas sepultados bajo los escombros de las paredes que se derrumbaron, la Justicia confirmó las sospechas que se instalaron los días posteriores al 5 de febrero de 2014.

Así se lo informó a LA NACION la fiscal que investiga la causa, Marcela Sánchez, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 37. «Se determinó que hubo varios focos de incendio y que se utilizó un material acelerante para dar inicio al fuego», explicó la fiscal, sin brindar mayores detalles.

Sánchez, como esperaba, recibió el informe elaborado por los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina antes de que finalice el mes. En el peritaje también participaron los especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que trabajaron entre toneladas de escombros, hierros y papeles quemados depositados en un playón de la Policía Federal.

En las próximas semanas la funcionaria espera la conclusión de otro peritaje que encargó a los expertos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para completar los estudios sobre los restos e incorporar los resultados a la causa, en la que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 18, a cargo del juez Pablo Ormaechea. Sin embargo, los primeros resultados fueron convincentes.

«Los peritos concluyeron que el fuego comenzó entre los depósitos siete y ocho, aproximadamente a siete metros de la línea de edificación de la calle Benito Quinquela Martín. Se encontraron rastros de sustancias combustibles y se estableció que el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados al efecto, ya que también se encontraron restos de conductores y transformadores de energía que no se correspondían con partes de equipos del lugar», dice el informe difundido por el Ministerio Público Fiscal.

Cuatro días después de la mañana trágica del 5 de febrero de 2014, con el recuerdo fresco de la despedida de los bomberos y rescatistas fallecidos, se supo que no habían funcionado los aspersores ubicados dentro del depósito que debían rociar y apagar las llamas. Además, quedó demostrado que las bombas no tenían la suficiente presión para enviar agua y que los depósitos estaban a la mitad de su capacidad. Con esos elementos fue cobrando fuerza la hipótesis del sabotaje o incendio intencional.

Ahora deberán esperarse los estudios a cargo de la UTN para que los resultados de los peritajes sean incorporados a la causa, que avanza sin querellantes. Antes de cumplirse el primer aniversario de la tragedia, como había informado LA NACION, los familiares de las diez víctimas llegaron a un acuerdo económico con Iron Mountain y desistieron de sus querellas.

Sin embargo, con las conclusiones de la División Siniestros de la Policía Federal el escenario es distinto. «Estamos pensando en hacer una presentación penal. Si coincide el peritaje de la UTN, ahí tomaremos la decisión de involucrarnos», adelantó Sergio Velázquez, secretario general del cuartel Vuelta de Rocha, al que pertenecían dos de los fallecidos: Sebastián Campos y Facundo Ambrosi, que permaneció internado durante diez días y luego murió.

Las otras ocho víctimas son Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez y Matías Monticelli, pertenecientes a la Policía Federal; y los rescatistas de Defensa Civil, José Méndez y Pedro Barícola.

«Nos entristece e indigna haber tomado conocimiento de que la presunta causa de esta tragedia es un incendio intencional, un acto cruel y sin sentido cometido sin la más mínima preocupación por la seguridad de nuestra sociedad», expresó Iron Mountain en un comunicado.

Antes de la tragedia de Barracas la multinacional había sufrido otros incendios. En 1997 ardieron tres depósitos de Iron Mountain en Nueva Jersey (Estados Unidos) y en 2006 se incendiaron los de Londres (Inglaterra) y Ottawa (Canadá).

La última inspección que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) realizó en el depósito de la calle Azara 1245 fue en julio de 2012. En ese momento cumplía con la normativa para funcionar. Pero durante 2013 no había sido inspeccionado.

Barracas, la peor tragedia de los bomberos

Incendio

El 5 de febrero del año pasado ardieron las naves 7 y 8 del depósito de la multinacional Iron Mountain. La alarma se disparó a las 8 de la mañana y dos empleados de la empresa dieron aviso al 911, que movilizó distintas dotaciones de bomberos y de la Prefectura Naval Argentina

Derrumbe

Cuando avanzaban por la calle Jovellanos desde la esquina de Quinquela Martín, un grupo de bomberos y rescatistas quedó debajo de los escombros de las paredes que se derrumbaron. Nueve personas murieron en el lugar y un bombero falleció días después.

Clientes

Según un informe de la Procelac de mayo de 2014, en los depósitos siniestrados había información de 43 empresas, muchas de las cuales estaban vinculadas con 29 investigaciones en curso. Los bancos Patagonia y HSBC, La Caja Seguros, Jumbo y Cervecería y Maltería Quilmes fueron los que más documentación perdieron.

Fuente: La Nación, 28/02/15.

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