El caso del negligente juez Axel López

No se acallan las polémicas desde que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación resolvió que el juez Axel López no era culpable de mal desempeño de sus funciones por haber concedido la libertad condicional a Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por ser culpable de cuatro violaciones. Durante su libertad condicional, otorgada en 2012, Cabeza asesinó en la provincia de Chaco a Tatiana Kolodziej, de 33 años, durante un intento de violación.

Uno de los defensores de López, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, sostuvo que Cabeza había gozado de 144 salidas de fin de semana, contaba en su favor con los informes del servicio penitenciario y, agregó, «en el momento en que el juez López tomó la decisión, la norma vigente era el artículo 13 del Código Penal, que decía que correspondía la libertad provisional. López no hizo más que aplicar la ley, no tenía razones para lo contrario».

En cambio, se alzaron con fuerza duras críticas a la labor de López, como las del padre de la joven asesinada y las de las Madres del Dolor. Y las de buena parte de la opinión pública.

Lo cierto es que para tres integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, el juez López resolvió de acuerdo con lo que marca la ley y actuó correctamente al liberar a Cabeza. Los otros tres miembros del jury votaron por removerlo, pero para hacerlo se necesitaban cinco de los seis votos.

De todos modos, la votación dividida habla de las dudas que ha dejado el proceder del magistrado en un caso que, por desgracia, suele repetirse con demasiada frecuencia. Hay jueces que otorgan la libertad condicional a condenados que salen para cometer el mismo delito por el que fueron a prisión. Muchos de esos magistrados se escudan en que están obligados por la ley.

El caso de López, sin embargo, ha causado indignación, pues el magistrado reconoció no haber leído por completo el expediente antes de adoptar su trágica decisión. Había, además, un informe del médico forense Ramiro Isla, quien sostuvo que Cabeza posee una «personalidad anormal que se caracteriza por no tener noción de la importancia de las normas sociales, como son las leyes y los derechos individuales.»

Existía, por lo tanto, una seria advertencia acerca de los rasgos de la personalidad del detenido y del peligro que esos rasgos representaban para la sociedad si era liberado. El argumento de las 144 salidas de fin de semana que se le otorgaron a Cabeza sin que cometiera delito alguno jamás pudo resultar decisivo y determinante para el otorgamiento de la libertad condicional existiendo el alarmante informe del forense Isla.

En todo caso, si el juez consideraba que en virtud de ambos elementos contrapuestos requería un mayor esclarecimiento, tendría que haber ordenado un nuevo peritaje psicológico.

Alejandro Fargosi, jurista y ex miembro del Consejo de la Magistratura, sostuvo que la decisión del jurado «es realmente lamentable. La función del juez de ejecución es controlar el debido cumplimiento de una condena para que luego el sujeto pueda reintegrarse a la sociedad y no represente un peligro para terceros. Si el magistrado no lo hace, no está realizando su trabajo. No podemos prometerles justicia a las víctimas de crímenes tan repudiables y luego no garantizar que los culpables cumplan sus condenas».

El de los violadores constituye un caso particularmente especial, no sólo por lo aberrante y cobarde del delito, sino porque buena parte de estos sujetos suelen reincidir. Este dato insoslayable debería obligar a los jueces a extremar los recaudos antes de disponer una libertad condicional.

Por eso, hechos trágicos e irreparables como el desatado a partir de la desacertada decisión de López, que no ha sido la única de este juez, podrían calificarse de mala praxis judicial. Los resultados están a la vista y ante ellos debería cesar toda polémica y todo debate entre garantismo y antigarantismo, pues a Tatiana nadie le devolverá la vida..