El orden del día ya está organizado. Si no aparece alguna resistencia inesperada, hoy el Banco Central aprobará la venta del banco Finansur, de la familia Sánchez Córdova, a Cristóbal López. Así, el empresario kirchnerista se termina de instalar en el negocio financiero. Es una incursión controvertida. Existen innumerables prevenciones de alcance internacional para que quienes administran juegos de azar, como López, no controlen también bancos, por las facilidades que esa superposición ofrece para el lavado de dinero.
Para consumar estas apropiaciones, el oficialismo demuestra una urgencia casi tan llamativa como la que exhibe para colonizar los tribunales y controlar la Corte. Son procesos complementarios. La vertiginosa acumulación patrimonial que se verificó durante los últimos doce años debe contar con seguro de impunidad.
López ingresó a Finansur en 2012, cuando adquirió el 70% de las acciones, a pesar de que una norma del Banco Central, que data de los años 80, prohíbe vender sin autorización más del 20% de una entidad financiera. Además de Jorge Sánchez Córdova y su familia, también se deshicieron de sus acciones Marcelo Figueiras y Jorge Demaría. Figueiras es el dueño de laboratorios Richmond, que, como López, tiene vinculaciones estrechísimas con el kirchnerismo, en especial con Amado Boudou.
Si hoy se aprueba el cambio de dueños, el socio mayoritario de Finansur sería López, a través de Indalo SA. Sánchez Córdova conservaría el 26% de las acciones y es posible que siga administrando el banco; Demaría quedaría con 4%. No habría que descartar que los socios minoritarios cedan el resto de sus tenencias a López.
La aprobación de esta venta estuvo demorada por varias razones. La más importante es que algunos directores del Central se han resistido a entregar un banco a un empresario de casinos. Tienen razón. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda que no se autorice a ejercer la actividad bancaria a quienes administran juegos de azar. Esa advertencia fue más explícita en el caso de la Argentina: el negocio de las apuestas es el primero al que el GAFI pretende excluir, por tratarse de una actividad de riesgo para el blanqueo de activos procedentes del terrorismo, el narcotráfico o la corrupción.
Un hecho providencial despejó esa renuencia a desobedecer el consejo del GAFI. El miércoles de la semana pasada, Axel Kicillof promovió como directores del Central a tres de sus discípulos: Mariano Beltrami, Alejandro Formento y Bárbara Domatto Conti. Así, el ministro logró dominar la mayoría del directorio. Esos tres jóvenes, que todavía no obtuvieron el acuerdo del Senado, estrenarían el cargo entregando el banco a López. Un homenaje ideológico a su gurú: ahora que tiene su propia fuente de crédito, Cristóbal podrá dejar de financiarse con la AFIP, como ha venido haciendo. Con Kicillof el Estado siempre gana.
No debería sorprender que en el Central sean distraídos con las recomendaciones regulatorias. El encargado de esos detalles es Hugo Carlos Álvarez, a quien Martín Redrado nombró síndico. Álvarez es el contador de Osvaldo Sanfelice, quien fue socio de Cristóbal López en Talares de Posadas, y también su empleado en Álcalis de la Patagonia. Sanfelice es un nudo central en el entramado de negocios de la familia Kirchner. Socio de Máximo en la célebre inmobiliaria de Río Gallegos, fue también director de Hotesur y ocupó durante años una oficina en la petrolera de Cristóbal, Oil M&S. Allí lo había destacado Néstor Kirchner para asegurarse de que López y su mano derecha, Fabián De Souza, no le retacearan información.
Es comprensible que, para el escalafón kirchnerista, quien lleva la contabilidad de un jerarca como Sanfelice merezca la sindicatura del Central. Por si le faltaban antecedentes, Álvarez es socio de Víctor Manzanares, el contador de Néstor y Cristina Kirchner, en cuyo peritaje se basó el juez Norberto Oyarbide para sobreseer al matrimonio del delito de enriquecimiento ilícito. Hay que entender estas designaciones: son una nueva forma de declarar que la pretendida independencia del Central respecto del Poder Ejecutivo -o, en este caso, de la familia de su titular- es una rémora del neoliberalismo.
La demora en la aprobación del cambio de manos de Finansur no se debe sólo a la tímida resistencia de algunos directores. Fue el propio López quien pidió que se pusiera en pausa el trámite cuando su incursión empresarial en los Estados Unidos presentó algunos percances. El rey de las tragamonedas, Federico Achával y Ricardo Benedicto se asociaron en Florida a Dania Entertainment Center (DEC) para administrar la sala de juegos Dania Casino & Jai Alai. Al frente de DEC figuraban Harris Friedman, Louis Birdman, Bart Seidler y Eval Levy, quienes pertenecen a una red de testaferros profesionales investigados por la justicia y el periodismo.
Apenas comenzó a explotar ese casino norteamericano, López debió cerrarlo, acusado de evasión impositiva. Y, al descubrirse la red de testaferros, tuvo que comprar su parte a Friedman y sus amigos y transferirla a otra empresa de juegos de Miami. Si estos avatares hubieran encontrado a López como accionista de un banco, se hubiera configurado un caso de lavado de dinero en los Estados Unidos. Por eso él solicitó al Gobierno que detuviera la asignación de Finansur. Aun así, todavía queda por aclarar la denuncia de los holdouts: ¿a quién pertenece la sociedad Val de Loire, radicada en Delaware, que Achával reconoció como socia del hipódromo de Palermo?
Con la intención de evitar este tipo de preguntas, López rodeó a sus empresas de un anillo defensivo integrado por C5N, Radio 10, Ámbito Financiero y Minuto Uno, entre otros medios. Ahora se prepara para adquirir, a través de la firma Telepiú, la licencia de uno de los canales de Televisión Codificada Aérea que concursa la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).
También en este rubro López compite con prerrogativas inusuales: a instancias de su titular, Martín Sabbatella, pero con la negativa de los directores de la oposición, Marcelo Stubrin y Gerardo Milman, la Afsca asignó a López o a quien le compre esa frecuencia -por si debe deshacerse de ella para adecuarse a la ley de medios- 35 puntos de ventaja en el concurso.
López ha delegado el manejo de sus empresas periodísticas en De Souza, el mismo ejecutivo que administraba Oil M&S, bajo la mirada de «Bochi» Sanfelice. Es habitual que, cuando le plantean dificultades por esa área de negocios, Cristóbal se excuse: «No traigan problemas, porque todo esto se maneja desde Olivos.. Yo sólo atajo penales». El pretexto coincide con un dato: De Souza debe realizar visitas periódicas a la residencia presidencial para rendir cuentas de la marcha de su «monopolio».
Es muy entendible que un equipo político que armó esta arquitectura de negocios esté desvelado por el comportamiento de la Justicia cuando la Presidenta se haya alejado del poder. En los tribunales se realizan gestiones vertiginosas para cerrar expedientes inquietantes. La última demostración la ofreció el juez Luis Rodríguez, quien cerró la investigación de Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini, sospechoso de encubrimiento por haber pedido a Oyarbide que no allanara la financiera Propyme. Ayer en los tribunales federales se informaba que el fiscal Ramiro González era sometido a un durísimo acoso oficial para que no apele esta medida.
La expresión más elocuente de este avance kirchnerista sobre el Poder Judicial es el intento de ocupar la Corte antes de dejar la Casa Rosada. La diputada María del Carmen Bianchi formuló una solicitud insólita: que se pongan en consideración de la Comisión de Juicio Político «los rumores» sobre que el ministro Carlos Fayt no podría ejercer su cargo por razones de salud.
Para perfeccionar el método, Aníbal Fernández exigió ayer que Fayt demuestre su idoneidad hablando con el periodismo a primera hora. Es curioso: mientras proponía esa extravagancia, Fernández reprochó a su colega Sergio Massa no saber nada de leyes. El jefe de Gabinete sigue disimulando que ha cursado la carrera de Derecho. A pesar de que todas las mañanas hace lo que le pidió a Fayt.
Fernández reconoció, además, que el Gobierno pretende agrandar la Corte para negociar con la oposición una nueva integración. Hace 24 días, él mismo había dicho que «prima facie hay que descartar la ampliación» del tribunal. Pero ayer aconsejó que en poco tiempo debe estar compuesto por nueve jueces. Fue una irreverencia: quien decidió que sólo debía tener cinco miembros es Cristina Kirchner. Para ratificar sus condiciones de jurista, Fernández dijo «sentir» cuál debía ser el nuevo formato. Se ve que por la vía de ese sentimiento entró a su «secunda facie».
Lázaro Báez y sus empresas, en posición privilegiada
Por Mariela Arias.
Lázaro Báez. Foto: Archivo
RÍO GALLEGOS – Desde 2003 hasta hoy, el Estado nacional invirtió en Santa Cruz miles de millones en obra pública. Sobre esos fondos, el empresario hoy investigado por presunto lavado de dinero, Lázaro Báez, y sus empresas constructoras se llevaron el mayor porcentaje.
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, las inversiones que beneficiaron a la provincia estuvieron enfocadas en obras viales, en especial en el asfalto, y obras sobre las rutas nacionales 40 y 3, el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y la usina termoeléctrica; equipamientos en infraestructura urbana y la extensión del sistema interconectado nacional desde Puerto Madryn, en Chubut, hacia Santa Cruz.
Los gobernadores que sucedieron a Kirchner en la provincia recibieron, además, $ 1560 millones para obras de gas natural; $ 646 millones para gastos en recursos hídricos y saneamiento; $ 443 millones para viviendas; $ 180 millones para generación eléctrica; $ 87 millones para escuelas y universidades, y $ 258 millones para la segunda etapa del puerto de Caleta Paula, según informes oficiales publicados en la página del Ministerio de Planificación Federal, entre 2003 y 2013.
Las enormes extensiones de la provincia y la baja densidad poblacional -recién en el Censo de 2010 se logró superar 1 habitante por km2- explican la necesidad de obras de gran envergadura para llevar los servicios básicos. Sólo 16 municipios y cinco comisiones de fomento pueblan la provincia y se encuentran dispersos a cientos de kilómetros entre sí.
En material vial, en la última década, el asfalto de la ruta nacional 40 fue la vedette de la provincia: además de comunicar las localidades cordilleranas promete convertirse en un futuro corredor turístico. Sin embargo, la obra aún no está concluida: están pendientes más de 150 km entre Gobernador Gregores y Tres Lagos.
Según informes publicados por este diario, hubo tramos que alcanzaron 3 millones de pesos el kilómetro. En tanto, la ruta nacional 3, la columna vertebral costera que garantiza la comunicación del país desde Buenos Aires hacia el Sur, fue remozada, arreglada y asfaltada en varios de sus tramos, y se han realizado autovías de ingreso en las ciudades de Río Gallegos y la demorada autovía que unirá dos provincias, entre las ciudades de Caleta Olivia-Radatilly, que vinculará Santa Cruz con Chubut.
Sin embargo, la obra pública nunca estuvo exenta de críticas en la provincia. La Unión Cívica Radical ha presentado pedidos de informes en materia de obra pública, entre los que sobresalen el realizado por la diputada Estela Maris Bubola, que denunció que desde 2007 se gastaron más de $ 1200 millones para tapar canteras en toda la provincia. Incluso causó cismas políticos: en marzo de 2006, la negativa del ex gobernador Sergio Acevedo de pagar un adelanto financiero del 25% del costo de obra a las empresas constructoras con fondos provinciales, equivalente a 30 millones de dólares, terminó con su renuncia a la gobernación.
Desde 2008, la Nación cambió el circuito de la obra pública en Santa Cruz: los fondos se manejaron en forma directa entre los entes: la licitación, el control y la certificación de la obra los hace la provincia, pero el pago a las empresas se realiza desde los entes nacionales. Desde que en 2013 el empresario Lázaro Báez quedó en el centro de la escena por su presunta participación en una trama de lavado de dinero, la justicia federal instruye aquí una causa por presunto sobreprecio y cartelización en la obra pública a partir de los cuantiosos fondos nacionales que se derivaron hacia la cuna del kirchnerismo.
La causa se inició por una denuncia de la dirigente del ARI-CC Mariana Zuvic, pero ante la imposibilidad de constituirse en querellante no tiene acceso. Según explicaron desde el sector, la causa está por lo menos demorada. Por tratarse de delitos federales la causa alcanzará a los fondos que fueron derivados a la provincia desde la Nación destinados a la obra pública a partir de 2003.
Del análisis posterior también surgirá qué porcentaje de esos fondos quedó en manos de Báez y las empresas vinculadas con él.
Hotesur: una nueva maniobra para apartar al juez Bonadio
En la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hay una causa que investiga hechos similares, y Lázaro Báez –uno de los imputados– quiere que el proceso siga allá.
Alto Calafate. El hotel más grande de la firma Hotesur.
Por Nicolás Pizzi.
El juez Claudio Bonadio sabe que no puede respirar tranquilo. Cuando empezaba a recibir señales positivas desde la Cámara de Casación, donde todavía se libra una batalla por su recusación, se dio cuenta de que hay otra maniobra en danza para apartarlo del caso Hotesur, la investigación que tiene en vilo a la presidenta Cristina Kirchner por sus negocios hoteleros.
El primer indicio lo aportó el empresario kirchnerista Lázaro Báez. El miércoles, a través de sus abogados, se presentó ante Bonadio y le pidió que responda un oficio de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, con competencia sobre el juzgado federal de Río Gallegos.
Ese tribunal había advertido, a mediados de marzo, que hay otra causa radicada en la capital santacruceña donde se investigan hechos similares. “Enviaron una certificación por una posible conexidad pero no dieron datos de la causa”, detalló anoche una fuente judicial, aunque rechazó cualquier especulación sobre el verdadero objetivo del pedido.
Casi al mismo tiempo que comenzaba a desmoronarse la recusación contra Bonadio en la Cámara de Casación, los abogados de Báez se presentaron en su juzgado y le pidieron que conteste, de manera “urgente”, aquel oficio de la Cámara de Comodoro Rivadavia, donde está pendiente un recurso presentado por esa misma defensa en el marco de una denuncia que había realizado el propio Báez.
“Esta parte tiene legítimo interés en que aquel pedido de informes recibido por V.S. sea contestado en forma urgente a fin de que este recurso de apelación quede en condiciones de ser resuelto”, dice el escrito al que accedió Clarín.
El tribunal de Comodoro Rivadavia le pidió a Bonadio que “explicite la razones por las cuales (el expediente Hotesur) se encuentra tramitando” en la ciudad de Buenos Aires. “Tal oficio aún no ha sido contestado por V.S.”, se quejó uno de los abogados de Báez, Gabriel Gandolfo. En Tribunales advirtieron que “la demora tiene que ver con el trámite de la recusación”.
Esta es la segunda presentación del empresario kirchnerista en la causa Hotesur. La primera había sido para designar a sus abogados luego de enterarse “por los medios” de las acusaciones en su contra.
Otro argumento para quitarle la causa a Bonadio sería que las personas investigadas en el caso Hotesur tienen domicilio fiscal en el Sur. De hecho, la empresa que administra el hotel Alto Calafate tiene su domicilio fiscal en avenida Néstor Carlos Kirchner 496, en Río Gallegos, donde también funciona otra de las empresas de Máximo Kirchner. Sin embargo, en Comodoro Py desestimaron ese planteo: “Lo que vale es el domicilio legal de la empresa. Además los contratos se hicieron en esta ciudad”.
Bonadio ya fue recusado por la sobrina de Cristina Kirchner, Romina Mercado, quien objetó su falta de parcialidad y argumentó que el juez tomó la causa como “un elemento de presión” por “su comprometida situación ante el Consejo de la Magistratura”. Pero esa maniobra está por caerse en la Sala I de Casación, donde dos de los jueces, Luis María Cabral y Gustavo Hornos, ya tendrían resuelto votar a favor del magistrado.
Si se confirma ese escenario, el nuevo plan sería trasladar la causa a Río Gallegos, donde la Justicia es más cercana al kirchnerismo.
Báez ya planteó cuestiones de competencia en otras causas. Cuando estalló el escándalo de la “ruta del dinero K”, logró que la jueza federal de Río Gallegos, Andrea Askenazi Vera, archivara una denuncia por la supuesta tenencia de armas. En cambio, fracasó al intentar llevar al Sur la investigación principal derivada del programa Periodismo Para Todos (PPT).
Confirman el procesamiento de un fiscal que benefició a Báez
Por Hernán Cappiello.
El fiscal antilavado Carlos Gonella y su segundo Omar Orsi vieron agravados ayer sus problemas con la Justicia y quedaron a las puertas del juicio oral y público. La Cámara Federal confirmó sus procesamientos, por actuar en contra de la ley al dejar fuera de una investigación por lavado de dinero al empresario kirchnerista Lázaro Báez y su familia.
Los jueces de la Sala II del tribunal, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, entendieron que el fiscal federal y su colaborador cometieron el supuesto delito de prevaricato, al no incluir a Báez y quedarse sólo con una acusación inicial contra Federico Elaskar y Leonardo Fariña, los «financistas» que acusaron al empresario.
Ambos fueron procesados por lavado de dinero por el juez federal Sebastián Casanello, que indagó a Báez por ese delito, pero aún no resolvió si lo procesa o no.
Esta causa se inició con el programa de TV Periodismo para todos del 14 de abril de 2013, cuando puso en el aire testimonios de Fariña y Elaskar, que dijeron que sacaron del país unos 60 millones de euros de Báez y los blanquearon. Luego se desdijeron. A raíz de ese programa, se abrió una causa, que recayó en la fiscalía de Guillermo Marijuan. El fiscal estaba de licencia y lo reemplazaba Ramiro González. Gonella y Orsi colaboraron.
En un primer dictamen, en el que ambos participaron, dejaron fuera de la investigación a Báez y su familia. Ambos fueron denunciados y procesados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Los camaristas rechazaron la apelación del defensor oficial de ambos imputados, Martín Hermida, y confirmó embargos de $ 75.000 sobre los bienes de Gonella y Orsi.
Para los jueces, «resulta llamativo» que no hayan propuesto «la producción de ni siquiera una sola prueba» que podría llegar a rozar a Báez y a su círculo en Austral Construcciones SA, la empresa santacruceña beneficiada con obras públicas.
Añadieron: «También llama la atención que pese a tratarse de un proceso en el que se investiga el delito de lavado de divisas y más allá de esa irrupción, la Procuraduría especializada en la materia no haya vuelto a efectuar en esa causa otra presentación relevante en las cuestiones técnicas que hacen a su materia de actuación».
Gonella y Orsi, que pertenecen a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, fueron procesados por no haber imputado al empresario Báez en un requerimiento por supuesto lavado de dinero. Los camaristas criticaron la actuación de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos). Dijeron que no realizó un análisis de los reportes de operaciones sospechosas que pesaban sobre Fariña y Elaskar y que los reunió y sólo los pasó al juzgado, sin un análisis crítico sobre su significado y contenido.
«El requerimiento fiscal que se incorporó a la causa no recogió con la amplitud debida los hechos revelados en las denuncias que generaron las actuaciones, sino que impulsaron una instrucción acotada sobre la base de reportes de operaciones sospechosas introducidos a la causa y sobre los que, en su mayoría, no se contaba con una conclusión asertiva por parte de los organismos de investigación especializados, como la UIF y Procelac».
Además dijeron que la incorporación a la causa sólo de estos reportes de operaciones sospechosas de Fariña y Elaskar «permitió encontrar una justificación para direccionar de modo limitado la investigación», con el argumento de que se apoyaba en los reportes, dejando de lado el contenido de las denuncias basadas en lo que había ocurrido en el programa de televisión.
Cuando el fiscal Marijuan regresó de vacaciones, amplió el requerimiento de instrucción para que abarcara a Báez y a su hijo Martín, que en la denuncia original aparecen como constituyendo sociedades en Panamá para transferir dinero a cuentas en el extranjero.
Una investigación del fiscal José María Campagnoli determinó que existieron movimientos de unos 60 millones de euros que salieron del país y se utilizaron para comprar bonos del Estado argentino, los que fueron vendidos y el dinero, depositado en las cuentas de Austral Construcciones en la sucursal del Banco Nación de Plaza de Mayo.
Estas constancias están incorporadas a la causa de Casanello que indagó a Báez porque Fariña dijo primero -y luego se desdijo- que compró en su nombre una estancia por cinco millones de dólares en Mendoza.
Gonella es uno de los fiscales más allegados a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien lo designó al frente de la Procelac y defendió su rol en el organismo, a pesar de que el Senado le dio acuerdo como fiscal federal de Formosa. En un discurso en diciembre último, la presidenta Cristina Kirchner había elogiado a los fiscales por sus investigaciones contra la venta de dólares y operaciones de contado con liqui, consideradas luego legales por la Justicia.-
Carlos Gonella. Fiscal antilavado
Es uno de los más cercanos a la procuradora Gils Carbó y favorito de la presidenta Cristina Kirchner. Integra Justicia Legítima. Se sumó al control del sistema cambiario.
Personalidades venezolanas podrían estar implicados en caso de lavado de dinero de mafia rusa
Todo arranca de una operación de la Guardia Civil de España que investiga a la mafia rusa en Lloret de Mar, es la llamada “Operación Clotilde”. Piden al juez acceso a escuchas telefónicas y descubren que la mafia rusa está hablando con la Banca Privada de Andorra. Casualmente, en esas conversaciones aparecen tratos de este banco con importantes personalidades venezolanas en presuntos casos de blanqueo de dinero. La Guardia Civil no tiene competencias para intervenir, pues los hechos se producen entre dos países extranjeros, por lo que deciden informar a las autoridades de Estados Unidos que es quien finalmente toma cartas en el asunto.
Fuente: elnacional.com, 10/04/15.
Lloret de Mar es un municipio español de la comarca de la Selva, en la provincia de Gerona, Cataluña y junto al mar, en la Costa Brava. Está dotado de unas playas excelentes de arena granulada. Posee también unas magníficas vistas al castillo en un extremo y al otro el monumento a «La dona Marinera» que representa el sufrimiento de las mujeres esperando la vuelta de sus maridos pescadores.
Ruta del dinero K: el estudio de las empresas fantasma pide ser parte del juicio
Por Ana Baron.
Lázaro Baez y Cristóbal López, empresarios K
Nueva York – Por primera vez, Mossak y Fonsenca el estudio jurídico panameño acusado de ser el mentor de las mas de 123 empresas fantasmas adjudicadas a Cristóbal López y Lázaro Báez en Nevada, envió un escrito al Juez Ferenbach de Nevada en la que pide ser parte del juicio iniciado por los fondos buitres en el marco que de la investigación que están haciendo sobre la Ruta del dinero K y la corrupción en la Argentina.
El juez Ferenback dijo que hay «sospechas razonables» indicando que Mossak y Fonseca le dio instrucciones a Carmen Amunategui de NM Nevada para que registre las 123 empresas en Nevada y que tiene mas información que ella sobre lo que sería un gran esquema de lavado de dinero argentina que incluye no solo Estados Unidos, sino que también Uruguay, Paraguay, las Islas Seychelles, Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
CFK y bolsa de dinero
Varias de las empresas en cuestión están a nombre Aldyne, una empresa basada en las Islas Seychelles. Aldyne tiene relación con la firma Helvetic Services Group, que se quedó con la financiera SGI, conocida como La Rosadita y que pertenecía a Federico Elaskar. En el escrito pidiendo su intervención en el juicio, Mossak y Fonseca afirma que la corte no tiene jurisdicción para actuar en Panamá y que el fallo que impartió autorizando a los fondos buitres a que lo investigue es contraria a ley internacional. El Juez Ferenback ya dictamino que NM Nevada, el estudio de nevada dirigido por Carmen Amunategui que registro las empresas en cuestión en el alter ego (es uno y lo mismo) de Mossak y Fonseca. Es decir, en su fallo Ferenbach ya habilitó a los fondos buitres a pedirle información a Mossak y Fonseca en Panamá a través de Amunategui. Ahora el juez Ferenbach deberá determinar si le da lugar o no a la petición de Mossak Fonseca.
Fuente: Clarín, 01/04/15.
Un estudio panameño daría datos en la causa de lavado en EE.UU
Por Silvia Pisani.
Mossack Fonseca informaría al juez de Nevada sobre las cuentas de Báez y López
WASHINGTON – El caso de la llamada «ruta del dinero K» podría tener un nuevo protagonista en los tribunales norteamericanos del estado de Nevada. Eso si prospera la encendida solicitud que, finalmente, hizo el estudio de abogados panameño al que se sitúa en medio de la trama para que lo «dejen ser parte» en el caso, con la intención de «defenderse» de los «errores» que, a su juicio, cometió el juez en perjuicio suyo y de sus clientes.
Es la primera vez que el estudio de abogados Mossack Fonseca se presenta formalmente ante el juzgado de Cam Farenbach. Lo hace con un escrito en el que señala un cúmulo de errores que, a su juicio, cometió el magistrado de Nevada en la investigación.
Por todo eso el estudio de abogados panameños le pidieron al juez ser «parte» en el proceso, con el «solo objetivo» de defender «su buen nombre y el de sus clientes.
Hace más de un año que el estudio panameño aparece citado en esta trama, en la que se le atribuye haber sido el responsable del registro de un entramado de empresas fantasma que, según la acusación de los fondos buitre, habrían usado los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López para circular dinero oscuro proveniente de la Argentina.
Pero ahora lo que precipitó la reacción del estudio fue la decisión del magistrado de declarar que la firma MF Corporate, con sede en Nevada, es «la misma cosa» (álter ego) que el estudio. La figura abre la puerta para que los fondos buitre demanden judicialmente a la sede panameña con documentación para avanzar en su pesquisa de los activos argentinos. Algo a lo que se oponen de plano.
Pese a que cruza al juez con la afirmación de que «no es» el álter ego de la firma de Nevada, el estudio panameño coquetea ahora con la idea de «colaborar» con la investigación judicial, siempre y cuando se le preserven el secreto y la «confidencialidad» de sus clientes. De ellos afirma no su convicción, sino su «creencia» de que «no tienen nada que ver» con la Argentina.
Buscar activos
La causa de Nevada responde a una figura denominada «Discovery», por la cual se habilita a los acreedores de la Argentina a buscar activos supuestamente escondidos en plazas financieras ajenas a Buenos Aires.
El fondo NML, de Paul Singer, que está inmerso en el conglomerado de los fondos buitre y es uno de los más activos en esta pesquisa, está convencido de haber dado con dinero presuntamente de la corrupción circulado desde la Argentina por un conglomerado de empresas registradas en Nevada, a las que vincula a los citados empresarios allegados a la presidenta Cristina Kirchner desde hace muchos años.
En las últimas semanas el juez Farembach emitió opiniones en las que sumó sospechas sobre los fondos que manejan Cristóbal López y Lázaro Báez.
Lavado de dinero: otra sociedad fantasma ahonda las sospechas sobre Báez
Por Hugo Alconada Mon.
Curazao, la pequeña isla del Caribe, es un mar de tesoros para los negocios de Lázaro Báez. Pero también de dolores de cabeza.
La operatoria que le permitió al empresario patagónico engordar el patrimonio de Austral Construcciones con $ 254 millones, cash, durante uno de los peores momentos financieros de la constructora fue aún más oscura de lo que ya se sabe. Incluyó dos sociedades inactivas en esa isla de las Antillas Holandesas, y la participación off shore de dos argentinos y un uruguayo que ya no pueden contar lo que saben: los tres murieron meses antes de que los últimos billetes entraran a las cuentas de la constructora, según reconstruyó LA NACIÓN sobre la base de testimonios y documentos confidenciales.
Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.
Los primeros datos sobre la polémica operatoria ya las reveló este diario en mayo de 2013 y en enero pasado: Austral Construcciones detalló en su balance de 2011 que recibió $ 254 millones como indemnización por un supuesto proyecto inmobiliario que se frustró en Belice, del que se iba a encargar una sociedad de Curazao, J+J Holding, a través de un fideicomiso creado en Uruguay. Sin embargo, la firma de Curazao se encuentra inactiva desde 1989 y el fideicomiso jamás se registró ante las autoridades uruguayas, como impone la ley local.
¿Cuál fue el sentido de esa operación? Eso es lo que ahora investiga la Justicia, que intenta determinar si el proyecto realmente existió (y Báez invirtió millones en el Caribe) o si se trata de un dibujo con el que el empresario inventó una justificación para el reingreso, ya blanco, de $ 254 millones en la Argentina.
Nuevos documentos y testimonios que obtuvo LA NACIÓN exponen, por lo pronto, más puntos oscuros de ese ingreso de fondos. En teoría, Báez se interesó en un proyecto inmobiliario para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, una pequeña isla frente a las costas de Belice, en el mar Caribe.
Ese proyecto -con una inversión global estimada en US$ 1000 millones- quedó en manos de dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV. Pero para el Registro Público de Comercio de la isla, ambas sociedades se encuentran inactivas, según confirmaron sus autoridades a LA NACIÓN.
Aun así, un contador uruguayo se movió durante años como «apoderado» de J+J Holding, sobre la base de un instrumento librado en 1984. Se llamaba José Luis Balbi Dall ‘Orto y murió a fines de 2011.
En tanto, el rostro visible para la segunda firma inactiva de Curazao, Nederlandsche Fisheries, fue el de Norberto Floreal Rivera, un argentino con domicilio en Villa Dominico, partido de Avellaneda, que también murió hace unos años, a poco de superar las seis décadas, según confirmó su hermana.
Poco antes de morir, Dall’ Orto y Rivera constituyeron en Montevideo el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009). Pero no lo registraron ante el Banco Central (BCU) de ese país y redactaron varias cláusulas llamativas. Entre otras, que «todas las registraciones contables» del fideicomiso se llevarían «en un libro contable separado» y que «el mismo podrá estar o no registrado ante la autoridad de aplicación». Esto es, una carta blanca a la eventual manipulación de todos sus números.
En ese mismo instrumento de creación del FITA, fechado en junio de 2009, Dall’ Orto y Rivera dieron otro paso: designaron «representante legal» del fideicomiso a Gastón Lemoine, otro argentino de 41 años que ese mes se había recibido de abogado.
Dos meses después, en agosto de 2009, Dall’ Orto dio otro paso. Sumó al fideicomiso a otra sociedad off shore. Esta vez, una panameña, Benasque Invest Inc., que a su vez sería la que aportaría el «predio» para el proyecto inmobiliario: «una isla denominada Caye Chapel Island».
Al igual que en las firmas J+J Holding y Nederlandsche Fisheries, los nombres de los verdaderos dueños de Benasque Invest jamás aparecen. Sólo se movió su apoderado, José Alberto Capparelli, otro argentino con domicilio en Avellaneda. Fue socio de Rivera en un par de firmas locales y, al igual que éste y Dall’ Orto, también murió ya.
Para entonces, y al menos en los papeles, J+J Holding lideraría el fideicomiso, Nederlandsche Fisheries aportaría US$ 100 millones «en Bonos Euronotas Serie III, emitidos por la Cámara Internacional de Comercio del Mercosur», una ignota entidad a la que aluden como Cidecomer, y Benasque Invest sumaría «la isla».
Para noviembre de 2009, Austral Construcciones se sumó al proyecto. Firmó dos documentos con el nuevo representante de J+J Holding, Lemoine; se comprometió a invertir US$ 100 millones, y entregó en el acto un pagaré por la décima parte de ese monto: US$ 10 millones, según firmó el apoderado de la constructora de Báez, Andrés Soria, y consta en las copias que obtuvo LA NACIÓN.
Apenas cinco meses y medio después, sin embargo, el proyecto quedó trunco, según notificó Lemoine en nombre de J+J Holding. Liquidarían el fideicomiso porque la panameña Benasque Invest había «incumplido con la obligación». Es decir, no entregó la isla.
Más dudas y fondos frescos
A partir de allí, Lemoine y un lugarteniente de Báez en Austral Construcciones, Claudio Bustos, se cruzaron varias intimaciones. Pero todas carecen de un acuse de recibido, o sellos o timbrados que den una fecha cierta, según surge de las copias que obtuvo LA NACIÓN.
Esas notas muestran algo más. En teoría el intercambio se dirigió al domicilio legal de J+J Holding (Pietermaai 16, Willemstad, Curazao), pero la sociedad lleva años fuera de allí, según verificó LA NACIÓN. En verdad, nada se firmó fuera del microcentro de Buenos Aires o, como máximo, Colonia y Montevideo, según los testimonios que recibió este diario.
Aun así, la firma inactiva de Curazao y Austral Construcciones terminaron con un arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (Ianca), como lo estipulaba el contrato del fideicomiso ante una controversia. Y con la firma de su presidente, Miguel Ángel Martín, se le dio la razón a la constructora de Báez.
Sin chistar, J+J Holding comenzó entonces a inyectar fondos cada mes en la cuenta de Austral Construcciones en el Banco Nación, hasta llegar a los $ 254 millones, aunque la empresa de Báez pidió casi sobre el final, en junio de 2012, que US$ 1,5 millones se girara a otro lado: una cuenta de Kitwe Park International Corporation de Panamá.
Para entonces, la muerte ya había golpeado sobre el grupo de sociedades off shore. Pero Báez alcanzó la meta: inyectar fondos frescos desde el exterior en Austral Construcciones.
Paso a paso de una operación dudosa
En 2009, Lázaro Báez se sumó a un proyecto inmobiliario en una isla frente a Belice, en el Caribe, que preveía una inversión de US$ 1000 millones. Pero sostuvo que el proyecto fracasó y que fue indemnizado con $ 254 millones
1. Participan dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV; sin embargo, ambas sociedades se encuentran inactivas y sus apoderados ya murieron
2. Ambas sociedades constituyeron en Uruguay el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009), con el argentino Gastón Lemoine como «representante legal»
3. Al proyecto se suma otra sociedad off shore en Panamá, Benasque Invest Inc., cuyos verdaderos dueños jamás aparecen; sólo se conoció a un apoderado, también fallecido
4. En noviembre de 2009, Austral Construcciones se suma al proyecto para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, frente a Belice
5. A mediados de 2010, el proyecto quedó trunco y se dispone la liquidación del fideicomiso
6. J+J Holding y Austral Construcciones inician un proceso de arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (Ianca)
7. Entre 2011 y 2012, J+J Holding indemniza a Austral Construcciones con $ 254 millones que transfiere a una cuenta en el Banco Nación, de la Argentina
8. En junio de 2012, Austral Construcciones pide que la última cuota, por US$ 1,5 millones, se gire a una cuenta de Kitwe Park International Corporation de Panamá.
Un socio de Máximo, enlace clave entre Cristina y Cristóbal López
Por Hugo Alconada Mon.
El dueño de todos los secretos inmobiliarios de la familia presidencial Kirchner, Osvaldo Sanfelice, fue el enlace clave para concretar los millonarios contratos de alquiler que unen a la familia Kirchner con el empresario patagónico Cristóbal López, confirmaron a LA NACION fuentes del Grupo Indalo al tanto de la operatoria.
Conocido como «Bochi», Sanfelice es un agente de bienes raíces de 65 años, de Río Gallegos, donde conoció y se convirtió en íntimo amigo del ex presidente Néstor Kirchner. Ya con él en la Casa Rosada, en 2005, se convirtió en socio de Máximo Kirchner en la firma Negocios Inmobiliarios, y en 2008 apareció como socio de López en la firma Talares de Posadas.
López siempre negó ser socio de Sanfelice, aun cuando los documentos así lo consignan. Sostiene que nunca prosperó el proyecto hotelero que evaluaron juntos. Pero el vínculo -Sanfelice también aparece como empleado suyo en la empresa Alcalis de la Patagonia SA- terminó por fructificar en los alquileres de un departamento, una oficina y cinco cocheras que los Kirchner poseen en el complejo Madero Center, de la ciudad de Buenos Aires.
Sólo entre junio de 2014 y enero de este año, López pagó $ 2,8 millones por esos alquileres en Puerto Madero a través de dos de sus empresas, Inversora M&S SA y, otra vez, Alcalis de la Patagonia SA, según reveló LA NACION el domingo pasado. Molesto, el empresario salió al ruedo con una solicitada en la que destacó que la operatoria es legal, y que la nacion y Clarín intentan una «extorsión pública».
Junto al llamado «zar del juego» indicaron a LA NACION, además, que la operatoria comenzó hace dos años «por lo menos». Y que esos contratos con valores pactados en dólares los firmó Máximo Kirchner, por lo que la familia presidencial embolsó varios millones de pesos más por esa operatoria comercial.
Colaboradores de López también confirmaron que Sanfelice -un hombre bajo, de pelo canoso y corto, férreos bigotes más oscuros y andar presuroso- se encargó de ajustar los detalles de esos contratos, así como también de concretar otro alquiler, en Zárate, para la familia del número dos de López en el Grupo Indalo, Fabián de Souza.
Al igual que los Kirchner y López, Sanfelice mostró un notable crecimiento patrimonial durante la última década. Se convirtió, incluso, en el dueño del hotel Waldorf de la calle Paraguay al 400, a sólo nueve cuadras de la Casa Rosada, según consta en registros societarios cuyas copias obtuvo LA NACION.
Antes, y durante casi seis años, figuró como miembro del directorio de Hotesur SA, la sociedad con que los Kirchner controlan el Alto Calafate, hasta su salida, en marzo del año pasado, tras la apertura de dos investigaciones penales sobre esa firma.
Los nombres de quienes lo reemplazaron en Hotesur dan cuenta de su peso junto a los Kirchner. Lo sustituyeron los dos hijos, la hermana y una sobrina de la Presidenta -Máximo y Florencia Kirchner, Gisele Fernández y Romina Mercado- y Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz.
«Bochi», sin embargo, no se alejó demasiado. Sigue como socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios y se le adjudica un rol ejecutivo en la gerenciadora de los hoteles de los Kirchner, Idea SA, aunque no figura en los registros disponibles.
Lo opuesto ocurre en Talares de Posadas, en la que Sanfelice aparece como socio de López, quien no disimula su fastidio cuando la prensa lo recuerda. «Con «Bochi» armamos una sociedad porque me vino con una propuesta inmobiliaria para Posadas, así que armamos la sociedad porque los números cerraban, pero al otro día estábamos escrachados en algún medio diciendo que yo era socio de Sanfelice, que a su vez era socio del hijo de Kirchner», explicó López en la entrevista que concedió a LA NACION en marzo de 2011. «Toda una fábula, una gran mentira. Así que lo llamé y le dije que no íbamos a hacer nada, que el negocio no ameritaba semejante castigo», añadió.
López también considera injusta la repercusión social por la revelación de LA NACION de que le alquila los inmuebles en Madero Center a la familia Kirchner, más un piso en la esquina de las calles Juncal y Uruguay, en Recoleta.
Mediante una solicitada que publicó en su nuevo medio de comunicación, el diario Ámbito Financiero, López expresó: «El Grupo Indalo para realizar sus actividades alquila éstas y muchas otras propiedades tanto en la ciudad de Buenos Aires como en varias provincias del interior del país. Dichos alquileres son necesarios para el desarrollo habitual de su actividad económica, son realizados en condiciones y valores de mercado, y se encuentran debidamente registrados en sus estados contables».
En la solicitada, sin embargo, López jamás identificó a la familia Kirchner o a la Presidenta como los dueños de algunas de las propiedades que alquila en la ciudad de Buenos Aires, ni precisó las fechas ni el total del dinero que hasta ahora desembolsó en rentas. Tampoco aludió a la relación comercial que su hostería El Retorno, en las afueras de Bariloche, mantiene con el Alto Calafate.
Suiza devolvió 120 millones de dólares vinculados a corrupción en el caso Petrobras
Suiza devolvió a Brasil 120 millones de dólares vinculados a la red de corrupción que está siendo investigada entre la empresa petrolera estatal Petrobras y compañías constructoras, informó hoy la prensa local.
El diario Folha de Sao Paulo informó que el procurador general de Suiza, Michael Lauber, quien se encuentra en Brasilia, informó sobre la devolución del dinero a su par brasileño, el jefe de los fiscales Rodrigo Janot.
Lauber reportó que existen también 400 millones de dólares en cuentas suizas que fueron congelados para investigar su origen, siempre tratándose del escándalo de Petrobras que hace un año investiga la justicia brasileña.
Dos exdirectivos de Petrobras, corruptos confesos detenidos por la justicia, relataron la existencia de cuentas en Suiza donde recibían coimas por parte de ejecutivos de empresas constructoras a cambio de beneficios en licitaciones de la petrolera.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República informó que Janot y Lauber destacaron la cooperación para investigar casos de lavado de dinero.
«No toleramos el uso del sistema financiero suizo para el lavado de dinero y la corrupción», dijo Lauber, según el comunicado.
Janot destacó que Brasil firmó el primer acuerdo de extradición con Suiza en 1932 y en 2009 Brasil promulgó el Tratado de Cooperación Jurídica en Materia Penal con la Confederación Suiza, celebrado en Berna, en 2004.
Los negocios entre Cristóbal López y Cristina Kirchner
Editorial del diario La Nación, 20/03/15.
La Presidenta no debería alquilar propiedades propias a un concesionario del Estado por ser ello incompatible con sus deberes de funcionaria.
Las millonarias sumas que empresas de Cristóbal López vienen abonando a la familia de la presidenta de la Nación por el alquiler de dos departamentos, una oficina y cinco cocheras constituyen un nuevo capítulo de una matriz de enriquecimiento de la primera mandataria que debería ser seriamente investigado por la Justicia, en tanto estaríamos ante negocios prohibidos por el Código de Ética de la Función Pública, que podrían resultar violatorios incluso del Código Penal.
De acuerdo con lo informado por LA NACION el último fin de semana, Cristóbal López, empresario patagónico conocido como «el zar del juego» y cabeza del Grupo Indalo, que incluye un creciente conglomerado de compañías vinculadas con los casinos y tragamonedas, el negocio petrolero, la construcción de obras viales e industriales, el sector financiero y los medios de comunicación, mantiene una fluida relación comercial desde hace años con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.
Según la documentación a la que accedió este diario, durante los últimos ocho meses, la jefa del Estado y su familia recibieron, a través de su sociedad Los Sauces SA, al menos 2,8 millones de pesos de las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, entre junio de 2014 y enero último, por el alquiler de un dúplex de 435 metros cuadrados, de una oficina de 608 metros cuadrados y de cinco cocheras, que se encuentran en el edificio Madero Center, en el barrio de Puerto Madero.
CFK y bolsa de dinero mal habido
Además, un tradicional departamento que se encuentra a nombre de la sucesión de Néstor Kirchner, ubicado en el barrio de la Recoleta, también es alquilado a un alto directivo del grupo empresario liderado por López. Por la renta de esa unidad, la familia Kirchner recibió algo más de 200.000 pesos en los últimos ocho meses, a razón de 26.000 pesos de alquiler por mes.
Nada habría de malo en estos negocios si no fuera porque el Código de Ética de la Función Pública prohíbe que un funcionario preste servicios, remunerados o no, a quienes gestionen o exploten concesiones del Estado o sean sus proveedores.
Así, el artículo 23 de este código determina que el funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, al tiempo que debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de sus funciones.
El artículo 26 establece que el funcionario no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad o influencia.
A su vez, el artículo 41 señala que, a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario tampoco puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. No puede, del mismo modo, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean proveedores del Estado.
El Código Penal prevé, en su artículo 265, una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para aquel funcionario público que, directamente o por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. También reprime, en su artículo 266, con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años al funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva.
Los mencionados negocios inmobiliarios entre empresas de Cristóbal López y la familia Kirchner se emparientan con la misma matriz de enriquecimiento a través de la controvertida empresa Hotesur SA, asociada a las misteriosas y millonarias contrataciones de habitaciones de hoteles de Santa Cruz que no terminaban ocupándose, por parte de empresas de Lázaro Báez, entre 2010 y 2011. La familia presidencial está siendo investigada en una causa judicial a cargo del juez Claudio Bonadio por ese hecho.
Hay motivos para presumir en los negocios descriptos un intercambio de favores entre contratistas de obra pública y la familia presidencial bajo la pantalla de servicios de hotelería, en un caso, y de alquileres de propiedades, en el otro.
Esta modalidad tiene otros antecedentes, como cuando, hacia los años 2008 y 2009, el matrimonio Kirchner recibía pagos mensuales de 105.000 a 210.000 dólares por el alquiler de su hotel boutique Los Sauces, en El Calafate. Lo nuevamente curioso es que la sociedad de la que los Kirchner recibían ese dinero era encabezada por Juan Carlos Relats, empresario ya fallecido, que por entonces, además de propietario del Hotel Panamericano, era concesionario de numerosas obras viales y de infraestructura. Ese contrato le permitió a Néstor Kirchner justificar un incremento patrimonial del 158 por ciento en 2008.
Recientemente, Cristóbal López ha acusado desde algunos de sus medios a este diario de «mentir sistemáticamente para extorsionar y desprestigiar». Pese a eso, confirmó que empresas del Grupo Indalo alquilan propiedades a una sociedad integrada por la presidenta de la Nación. Queda claro con qué propósito busca López concentrar medios de comunicación en sus manos. Al igual que en su momento Alfredo Yabrán, cree que el poder es impunidad. Sólo que en la equivocada concepción del zar de las tragamonedas, ésta se puede lograr mediante el control de los medios.
Como poco puede esperarse frente a estas situaciones de organismos de control de la transparencia pública que han sido cooptados por el kirchnerismo, cabe aguardar que tanto la Justicia como el Poder Legislativo investiguen debidamente estas irregularidades que comprometen la ética en la función pública en lo más alto del poder político.
El orden del día ya está organizado. Si no aparece alguna resistencia inesperada, hoy el Banco Central aprobará la venta del banco Finansur, de la familia Sánchez Córdova, a Cristóbal López. Así, el empresario kirchnerista se termina de instalar en el negocio financiero. Es una incursión controvertida. Existen innumerables prevenciones de alcance internacional para que quienes administran juegos de azar, como López, no controlen también bancos, por las facilidades que esa superposición ofrece para el lavado de dinero.
