Una sociedad con bajos impuestos es más próspera

Robert Sirico: «Una sociedad con bajos impuestos es más próspera»

Por Roberto Bosca.

Entrevista con el sacerdote de Estados Unidos dedicado a temas económicos.

De visita en la Argentina, Robert Sirico es un sacerdote católico norteamericano fundador del Acton Institute for the Study of Religion and Liberty, donde confluyen la teología y la economía, dos universos muy distintos que no sólo han aparecido tradicionalmente diferenciados o distanciados, sino incluso opuestos. El think tank tiene como misión promover una sociedad libre y virtuosa, caracterizada por la vigencia de los derechos personales y la economía de mercado, en armonía con la fe católica, un guiso que parece indigerible a los ojos de muchos.

El nombre del instituto recuerda al gran historiador inglés lord John Acton (1834-1902) y su misión consiste en poner en diálogo a la religión y a la economía para clarificar la relación entre la fe y la libertad por medio de seminarios e investigaciones. Edita publicaciones como Religion & Libertysobre religión, política, filosofía, economía, literatura y cultura, y el Journal of Markets & Morality, una revista académica dedicada a examinar ideas con un enfoque interdisciplinario que incluye todas esas áreas a menudo disociadas por prejuicios mutuos.

En esta tarea el instituto se propone algo peculiar: animar a los actores del mundo económico a considerar que la fe religiosa no es algo ajeno a los negocios, como si éstos fueran absolutamente autónomos de un marco ético, pero al mismo tiempo (y esto es lo más jugoso) procura brindar una visión más amplia de ese mismo cuadro en el escenario religioso. A menudo se ha satanizado el valor instrumental del dinero como un mal en sí mismo.

– ¿Por qué decidió dedicarse al estudio de la economía y su relación con la ética y la religión?

-A fines de los setenta, mientras vivía en California, me encontraba alejado de la fe e involucrado en una serie de movimientos de izquierda que impulsaban el cambio social. Alguien me dio algunos libros para leer sobre economía, cosa que hice. Esto disparó una reacción en cadena que no sólo supuso el replanteo de mi activismo socialista, sino también mi regreso a la Iglesia Católica, ingresar al seminario y seguir el sacerdocio. Una vez ordenado seguí escribiendo y hablando sobre estos asuntos y fundé un instituto (el Acton Institute) que reúne a investigadores y escritores de distintos credos para debatir sobre este tipo de ideas.

– El instituto es conocido como un think tank conservador.

-Intentamos evitar las etiquetas políticas porque nos interesan más las ideas que la política partidista. Diría que lo que en verdad quería en mis días de activista era lograr una sociedad que fuera justa e inclusiva para aquellos que viven en los márgenes. En mi caso, el cambio no es de objetivo, sino en los medios para acercarnos al fin señalado.

-¿Le gusta que lo definan como un «católico liberal»?

-Creo en un tipo de libertad que supone hacer lo que uno debe hacer. En asuntos de economía, creo que la historia demuestra que cuando una sociedad adopta bajos impuestos y una regulación sencilla se convierte en una sociedad más próspera. Pero esta sociedad siempre va a necesitar un sentido moral de su fin porque a medida que las instituciones políticas de una nación se debilitan, es importante que las instituciones morales (y voluntarias) se hagan más fuertes. Sólo siguiendo este camino puedo imaginar la formación de una sociedad libre y virtuosa.

-Pero la libertad ha sido una palabra bastante mal mirada en muchos ambientes religiosos.

-Es cierto que muchas personas religiosas sospechan de muchos que dicen promover la libertad; pienso que esto depende del tipo de libertad de la que estemos hablando. Lord Acton, de quien hemos tomado el nombre para nuestro instituto lo expresó muy bien cuando dijo que «la verdadera libertad no es una licencia para hacer cualquier cosa que a uno se le ocurra, sino que se trata de la libertad para hacer lo que uno debe hacer». Si la libertad no se encuentra guiada por la verdad entonces es simplemente una potencialidad vacía. Es cierto que la libertad (como libre albedrío) posee la opción potencial para el bien o el mal, pero sin libertad la virtud no resulta posible. Además, aquellos que desean eliminar la libertad suelen ser menos proclives a hacer cumplir la virtud. No se debe olvidar que los políticos no han sido concebidos inmaculados.

-¿Cree que la Iglesia debe estar envuelta en la política? ¿No sería esto clericalismo?

-El clericalismo se produce cuando el clero erróneamente concibe su rol en la sociedad como algo esencialmente político. Debo recordar que no soy miembro de ningún partido político y no albergo ambiciones políticas. Creo que ésta fue la gran amenaza de la Teología de la Liberación. Pero lo que hace que la Iglesia a veces aparezca como una institución política es debido a que ella debe frecuentemente insistir en su enseñanza moral frente a un Estado cada vez más expansivo que controla cada vez más espacios de la sociedad, la economía y que incluso a veces intenta ocupar el lugar de la Iglesia. Los heroicos obispos de Venezuela son un buen ejemplo. En un reciente documento denunciaron el autoritarismo de los chavistas no porque estuvieran a favor de otro partido político, sino porque las personas están sufriendo la brutalidad económica, política y moral de manos del actual régimen.

-¿Qué piensa del capitalismo?

-Creo que en general se trata de una palabra muy pobre y limitada para describir una realidad humana mucho más rica como es la del comercio, los intercambios, el valor y la búsqueda de una mejor y más eficiente asignación de recursos que son escasos. San Juan Pablo II dijo que la palabra preferida para describir la actividad humana libre en la esfera económica era la economía privada, la economía de mercado o simplemente la economía libre. Esto no es ni debe ser un tema ideológico, simplemente se trata de tener la convicción de que la acción voluntaria es preferible a la acción humana, que es fruto de la coerción.

-En cierto imaginario la riqueza es siempre una fuente de corrupción y esta visión fue expresada por el marxismo y hasta por las teologías liberacionistas de los años sesenta y setenta. ¿Cree usted que se mantiene aún hoy esta creencia?

-San Agustín enseñó al respecto la historia en el Evangelio, donde se narra la historia del hombre rico y Lázaro, que Lázaro no fue llevado al seno de Abraham porque fuera pobre, sino porque fue humilde, y el rico no fue enviado a las llamas del infierno porque fuera rico, sino por su soberbia. No hay ninguna duda de que la salvación no se gana o se pierde sobre la base de la situación económica de uno. Se trata de algo mucho más profundo, por lo que no podemos simplemente demonizar al rico o canonizar fácilmente al pobre.

-¿Cómo ve a la Argentina en comparación con su anterior visita al país?

-Para todo el orbe la Argentina adquiere ahora un renovado interés debido a la elección del papa Francisco. Más allá de esto, siempre pensé que la Argentina es un país increíblemente sofisticado, que de algún modo se ha visto perjudicado por líderes políticos autoritarios que han impedido que esta increíblemente bien dotada nación pueda alcanzar su más alto potencial.

Fuente: La Nación, 22/03/15.

 

 

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Argentina: El gobierno del «apriete»

El gobierno del «apriete»

Para cualquier observador de la realidad argentina no resulta fácil comprender la actitud condescendiente de dirigentes empresarios y representantes de entidades de muy diverso tipo frente a políticas gubernamentales que objetivamente los perjudican. La aceptación pasiva llega a los extremos de la obsecuencia cuando se ven obligados a hacer presencia en actos convocados por la Presidenta, en los que quien no acompaña el aplauso puede terminar siendo identificado para un posterior castigo.

No es curioso entonces que las declaraciones públicas de estas personas difieran de sus opiniones en privado. El doble discurso es cosa común. Quien lo practica aduce que tiene la responsabilidad de no dañar a sus entidades o empresas, de las que dependen numerosas familias. Si esa justificación es comprendida, y por general lo es, significa que hay consenso en que cualquier opinión adversa al Gobierno puede ser condenada. No se trata de una presunción teórica, sino que resulta de hechos conocidos que no dejan dudas sobre la relación causa-efecto.

Las amenazas desde el poder a quienes no se sujetaran al designio oficial fue iniciada por Néstor Kirchner cuando era presidente. Desde el atril del Salón Blanco la emprendía casi a diario en discursos improvisados contra supuestos enemigos, a quienes señalaba con nombre y apellido. Le apuntó, por ejemplo, al presidente de la empresa Shell, Juan José Aranguren, por haber desoído un pedido arbitrario sobre precios. La venganza llegó pronta: el empresario debió soportar un boicot hacia sus productos, además de escraches piqueteros impulsados por el propio presidente. Aranguren, cuyas opiniones no fueron silenciadas pese a las amenazas oficiales, debió sufrir en su propia persona 57 causas penales, promovidas principalmente por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Es justamente este funcionario el que más ha contribuido a alinear conductas mediante el miedo.

Su lenguaje procaz e imperativo, basado en la amenaza constante, es la forma que ha hallado para imponer sus deseos, incluso por encima de sus atribuciones formales, haciendo notar el poder delegado del que dispone. Puede aplicar multas y castigos aun por omisión, no autorizando aumentos de precios o importaciones, o invocar la ley de lealtad comercial y hasta la de abastecimiento. Para que esto sea posible el Gobierno ha creado una madeja de regulaciones, aumentando el grado de intervención a niveles inéditos.

El apriete por excelencia es el que se ejerce por medio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya desde los inicios de la gestión kirchnerista, aunque se ha intensificado en los últimos años. Se han conocido muchos casos y seguramente habrá muchos otros que no se han difundido, justamente por temor. El actual director de la AFIP, Ricardo Echegaray, pudo entrenarse en estas lides cuando tuvo a su cargo la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, (Oncca).

Se han multiplicado las inspecciones a personas o empresas luego de que incomodaran al Gobierno. Entre muchos otros, se conocen los casos de Juan Manuel del Potro, quien se negó a visitar a la Presidenta luego de su triunfo en el US Open; también el del economista Roberto Cachanosky por sus opiniones; el del periodista Luis Majul; el de la comisión directiva del club Los Cardos de Tandil, luego de que Echegaray fuera abucheado por sus socios; el del diario Clarín, y el del comedor que recibió a Jorge Lanata en Tucumán.

La confirmación oficial del uso de la AFIP para castigar a opositores la brindó la propia Presidenta por la cadena oficial, cuando dijo que había pedido a Echegaray estudiar el cumplimiento tributario de Rodrigo Saldaña tras haber expresado éste, en una nota periodística, que la actividad inmobiliaria se había enfriado. El castigo al que lo sometieron fue hacer público un incumplimiento que mantenía con el fisco.

Pero no es la AFIP el único ariete. La apropiación del Estado, de sus poderes, instituciones y organismos le ha permitido al Gobierno emplearlos cada vez con más fuerza y arbitrariedad para hostigar, perseguir y atemorizar a todos aquellos que disienten de su angosta visión de la realidad. También son usados para extorsionar y amedrentar la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) la Unidad de Información Financiera (UIF), los fondos estatales y hasta los reiterados discursos de la Presidenta por la cadena oficial.

Esta gravísima desviación de los objetivos de los organismos del Estado conlleva una paralela desnaturalización y alejamiento de sus funciones. Es lo que ha ocurrido con la UIF, órgano encargado de luchar contra el lavado de dinero, que se encuentra a cargo del inexperimentado José Sbattella. Hace menos de un año, la Justicia acusó a las autoridades de la UIF por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario, encubrimiento agravado y violación de secretos, pues sobre 130 pedidos de levantamiento de secreto fiscal requeridos por la unidad, sólo dos casos habrían tenido trámite posterior en la UIF. Se trata, precisamente, de los casos abiertos contra dos altos ejecutivos del Grupo Clarín. En cambio, la UIF habría actuado casi como encubridor en el caso Schoklender-Fundación Madres de Plaza de Mayo al haber cajoneado una denuncia antes de estallar el escándalo.

También se habrían verificado en la UIF otros ocultamientos de reportes de operaciones sospechosas de aliados del Gobierno y la filtración de información contra empresas e individuos enfrentados con el kirchnerismo, lo que llevó al corte de colaboración con su par estadounidense, el FinCen. Por ejemplo, información que la UIF había solicitado a ese organismo norteamericano se quiso emplear por razones políticas contra el dirigente opositor Francisco de Narváez. A su vez, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha actuado en contra de una empresa del grupo Techint y contra Papel Prensa. Al mismo tiempo, esos órganos, a los que debe agregarse la Afsca (ex Comfer), dejan de cumplir su función de control, como también ocurre con la Sigen y la Inspección General de Justicia (IGJ).

En manos del Gobierno, la Policía Federal y la Gendarmería también se han convertido en herramientas de castigo, privando de sus servicios o retaceándolos a distritos que no se han alineado con las autoridades nacionales o cuyos mandatarios han perdido el favor oficial. Así, sin reparar en que se está jugando con la seguridad de la población, en la Capital se ha puesto fin a la tarea de custodia que realizaba la Policía Federal en subtes, hospitales, escuelas y autopistas para castigar a Mauricio Macri, mientras que la Presidenta negó el empleo de la Gendarmería en Santa Cruz durante la última huelga policial, medida que tuvo que rever días después.

Esta perversión en el empleo del Estado va en aumento y la facilita la creciente colonización de las principales áreas, ocupadas, en muchos casos, por militantes de La Cámpora, que se caracterizan más por su obediencia ciega que por su idoneidad o experiencia.

En esencia, se han invertido las cosas. El Estado no se encuentra al servicio de la sociedad, sino de los gobernantes, y éstos, al servicio de su ambición de perpetuidad y más poder. Nada más alejado de la democracia. De continuar estas prácticas, terminaremos viviendo en un Estado Policíaco en el que prevalecerán el temor, el aplauso forzado y la obligatoria ausencia de críticas.

El «apriete» es una manifestación del nulo respeto por los derechos y las libertades individuales y refleja claramente el desprecio por la seguridad jurídica: «Un concepto horrible», según ha dicho públicamente la nueva estrella del poder Axel Kicillof. Este pensamiento y estas actitudes deben llamar la atención sobre la defensa de los principios liminares de nuestra Constitución Nacional, amenazados por un «vamos por todo» que no excluye la supresión de los derechos y garantías individuales, que son la esencia de la república y de la convivencia en paz y libertad.
Fuente: La Nación, 29/07/12. Editorial.

La pérdida de las libertades individuales en Argentina

Gradual y grave reducción de las libertades individuales

 

Resulta evidente que el actual gobierno avanza sin pausa en el cercenamiento de las libertades individuales y que además ese camino responde a una línea ideológica cuyos exponentes ocupan espacios crecientes de poder.

Aunque hay mucha hipocresía en su supuesto idealismo, tanto la Presidenta como quienes la rodean parecen manifestar una gran sensibilidad a formas distintas de pensar. Por ejemplo, esto se está mostrando con la mayor crudeza en la desembozada campaña para debilitar al gobernador Daniel Scioli por el solo hecho de considerarlo ajeno a su ideología y un inaceptable riesgo de sucesión en la presidencia de la Nación. El vicegobernador Gabriel Mariotto, fiel exponente de esos efluvios revolucionarios, fue colocado en esa posición como guardián de la supuesta pureza ideológica de un progresismo patológico. Con los mismos cánones, los jóvenes de La Cámpora se enseñorean cada vez con mayor presencia en ministerios y organismos públicos. Claro está que las ideas revolucionarias no parecen presentar conflicto con las remuneraciones y la acumulación de cargos que gran parte de estos jóvenes se han distribuido. El holgado triunfo electoral de la Presidenta en 2011 dio un fuerte impulso a estos movimientos, y la caída posterior en las encuestas no parece haberlos aplacado. Recuérdense las palabras con sentido premonitorio del hoy diputado oficialista Roberto Feletti: «Ganada la batalla cultural contra los medios, y con un posible triunfo electoral en ciernes, no tenés límites».

La ausencia de límites parece haber quedado confirmada por las más recientes palabras de la Presidenta: «Vamos por todo». La dirección de ese vamos está patentizada en los constantes avances en detrimento de los espacios de decisión del ciudadano común. También se presenta como una amenaza sombría en la intención de reformar la Constitución Nacional para adecuarla al «modelo nacional y popular de la nueva Argentina». No hace falta ser muy perspicaz para entender que el propósito es la modificación de la primera parte de nuestra Constitución, que establece los derechos y garantías individuales. Fue esta primera parte la que hizo posible una Argentina grande y próspera, amante de la libertad. Pero es la Argentina que en la visión kirchnerista mostraba en su primer centenario: no el progreso, sino supuestas injusticias y opresiones.

Hay numerosas evidencias de estas intenciones. Por ejemplo, el escrache y el castigo impositivo a quienes osen criticar al gobierno o simplemente describir la realidad. Esto constituye lisa y llanamente un delito y un atentado contra la libertad de expresión. Igualmente lo es la distribución de la pauta publicitaria según la adhesión de cada medio a la voluntad oficial o a su orientación ideológica. La política del miedo se refleja en la complacencia y en la autocensura de las entidades empresarias cuyos integrantes son sometidos al mandoneo telefónico del secretario de Comercio y a las amenazas de la AFIP. Las trabas discrecionales a las importaciones han llevado a una situación crítica a muchas actividades productivas y comerciales, lo que exige a sus directivos suplicar y entregar su voluntad y capacidad de protesta.

Ha perdido vigencia el principio constitucional de igualdad ante la ley y de que todo aquello que no está prohibido está permitido. Esto es mostrado en grado extremo en los controles sobre la compra y venta de divisas. No está legalmente prohibido ahorrar en dólares e incluso hay cuentas bancarias y depósitos en esa moneda; sin embargo, el Gobierno ha prohibido la venta de dólares del mercado «único y libre», si el motivo es ahorro. Quien quiera viajar al exterior sólo puede acceder legalmente a las divisas que necesite si presenta un formulario que indaga el destino, la duración y el propósito del viaje. A partir de allí debe esperar la aprobación, que no necesariamente es otorgada. Si compra sus dólares no puede hacerlo con dinero efectivo, y si luego no viaja y no los devuelve, puede terminar en la cárcel o ser pesificado para siempre. Si por todos estos inconvenientes no accede al mercado oficial, debe ir entonces al paralelo, que es ilegal y lo coloca en el delito. La sensación de quienes deben pasar por estas circunstancias es que comienzan a cerrarse las puertas de salida del país.

La pesificación forzosa está en la mente autoritaria de nuestro gobierno tal como lo ha declarado. No es otra cosa que imponer el uso de una moneda que ha perdido el atributo esencial de ser reserva de valor. ¿Cómo puede sentirse un ciudadano que quede obligado a ahorrar en pesos con un 25 por ciento anual de inflación o que deba vender su casa contra una moneda que no le asegura adquirir otra debido a su diaria desvalorización? El sentimiento es el de la pérdida de la libertad, para someterse a los dictados de un gobierno que pretende un Estado por sobre el individuo y que con su mala gestión ha sido el culpable de los problemas que intenta resolver a costa de la libertad de los propios ciudadanos.
Fuente: La Nación, 19/07/12. Editorial.