La Korrupción en el Caso Ciccone
octubre 20, 2014
Caso Ciccone: se complica la situación judicial de Alak
Por Nicolás Wiñazki.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN. La Justicia tiene pruebas de que una oficina que depende del ministro extravió y podría haber adulterado información que comprometía a Boudou.
El ministro de Justicia, Julio Alak, complicado por el caso Ciccone / TELAM
El caso Ciccone complica en la Justicia cada vez a más funcionarios. La jueza María Servini de Cubría instruye una causa que busca determinar si algunas de las máximas autoridades del Estado encubrieron al vicepresidente Amado Boudou al esconder y adulterar los documentos de la sociedad The Old Fund que debía custodiar la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese organismo depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del imputado Julio Alak. Clarín pudo saber que el funcionario quedó comprometido en ese expediente tras la recolección de pruebas y de un testimonio que complican su situación procesal, y también la de uno de los ex jefes de la IGJ.
Boudou está acusado de haber avanzado con su entorno sobre la empresa que imprime billetes para hacer negocios con el Estado.
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia sacó un dictamen en el que le ordena al Gobierno que difunda la información pública sobre The Old Fund que consta en la Inspección General de Justicia. Según confirmaron fuentes de esta trama política y judicial, tanto Servini de Cubría como el juez de la causa madre del caso Ciccone, Ariel Lijo, tienen en su poder un documento revelador que lleva el membrete del Ministerio de Justicia, firmado el 26 de abril, por el entonces titular de la IGJ, Marcelo Mamberti y que fue avalado por Alak.
Se trata de la admisión oficial de que uno de los trámites fundamentales que la sociedad The Old Fund realizó ante la IGJ fue “extraviado” en marzo de 2012, tan sólo un mes después de que el caso Ciccone se difundieran a través de dos medios: Radio Mitre y Clarín.
La resolución número 0000618 de la IGJ da por “reconstruido” ese “trámite”, después de admitir que se había perdido.
La “reconstrucción” de los papeles perdidos de The Old Fund correspondían al momento en que fue registrado el intercambio de dinero realizado entre esa firma y la sociedad Dusbel. Es una acción fundamental para determinar quiénes eran los verdaderos dueños de esas dos empresas que aparecen detrás de la imprenta, investigadas por la Justicia de Argentina y Uruguay por lavado de divisas.
Según consta en el documento interno de la IGJ citado en esta nota, el Ministerio de Justicia dio por “reconstruido” la información de The Old Fund en apenas cuatro fojas. Clarín pudo saber, sin embargo, que tanto Servini como Lijo tienen pruebas que muestran que el original de ese trámite tenía en realidad 22 fojas.
¿Qué pasó con las 18 páginas restantes?
Alak no hizo una denuncia penal al respecto.
La ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, declaró ante Servini que ella misma había denunciado ante Alak la perdida del trámite de The Old Fund en su organismo, y que el ministro no hizo nada al respecto. Al contrario, la despedida fue ella.
Martínez le dijo a Clarín que “los funcionarios que reconstruyeron el trámite de The Old Fund fueron sacándole partes fundamentales para la investigación judicial, que son fácilmente identificables. Si el trámite tenía 22 fojas, su reconstrucción tiene que tener las mismas. Si no, podríamos estar frente al delito de violación de medios de prueba o documentos”.
Alak y Mamberti no piensan igual. La Justicia sigue actuando en el caso.
Fuente: Clarín, 20/10/14.
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Caso Ciccone: defensa homogénea y con Cristina al frente
Por Eduardo Paladini.
La conducta del ministro Alak de proteger a Boudou se repite en todo el Gobierno. Los temores en Justicia.
Ricardo Echegaray; Guillermo Moreno, Juan Manuel Abal Medina, Katya Daura y Mercedes Marcó del Pont; Diego Bossio, Hernán Lorenzino, Carlos Zannini y Julio de Vido; José Sbatella y Julio Alak. No es el equipo mixto de oficialistas para rememorar los partiditos de Kirchner en la Quinta de Olivos. Es la más de una decena de funcionarios que, en algún punto y modo, permitieron que Amado Boudou y sus amigos avanzaran contra la imprenta Ciccone, según la Justicia, para hacer negocios con el Estado; o al menos ayudaron para encubrir partes del caso.
Lo interesante de la lista es que no sólo incluye a funcionarios que ascendieron bajo el ala del ex ministro de Economía, como Daura, la titular de la Casa de la Moneda. También hay enemigos circunstanciales de Boudou, como Echegaray, titular de la AFIP.
En un club verticalista como el de los Kirchner, semejante movida sólo tiene explicación por el impulso o el paraguas de los dueños de la entidad, Néstor y Cristina.
La Presidenta se negó a hablar del caso en público. Pero su rol excedió largamente el aval del silencio. Su jugada maestra fue la estatización Ciccone, paso que contó con el acompañamiento de varios opositores en el Congreso.
Para darle dimensión a la intervención de Alak en la protección de Boudou hay que transportarse en el tiempo. A principios de 2012, cuando se “extravió” el expediente sobre The Old Fund, la estrella de Boudou brillaba como pocas en el Gobierno. Cristina se lo había pegado como compañero de fórmula y, sin reelección mediante, el militante de la UCeDé aparecía como uno de los candidatos naturales para continuar el proyecto progresista. Ese Boudou poderoso es el que protegió Alak. No el solitario que deambula despreciado por el Senado.
Como en varios ministerios, más allá de su lugar formal, Alak no maneja los resortes importantes de Justicia. Lo hace el viceministro camporista Julián Alvarez. Ambos deben estar preocupados por el avance de estas causas paralelas a la troncal del caso Ciccone. Alak, porque más allá de que busque diferenciarse en los modos de sus jóvenes jefes, avaló con su presencia en el cargo lo que ocurría debajo suyo. Nadie lo obligó. Y Alvarez, porque el escándalo de la IGJ salpica a uno de sus hombres clave dentro del organigrama: el subsecretario Ernesto Kreplak.
Fuente: Clarín, 20/10/14.
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