Yo crecí en una familia que compartía esas aspiraciones, y no me percaté, sino hasta hace poco tiempo, de que una parte importante de la sociedad ya no las comparte, ya que considera que el acceso a un empleo público es la mejor manera de mejorar su posición económica y social. Mi “despertar” ocurrió cuando me enteré de que un familiar desempleado no había aceptado un trabajo en el sector privado a la espera de uno en el sector público, al que consideraba más estable y rentable.

Mi formación de economista me lleva a plantearme cuán sustentable es este cambio de aspiraciones.

Todos los países cuentan con una administración pública que se encarga de la provisión de los que se denominan “bienes públicos”. Estos bienes son mejor provistos en forma colectiva y su uso por un individuo no priva el acceso a otros. Un ejemplo típico son los gastos en defensa.

La financiación de estos gastos no surge del cobro de un precio por su uso (como sucede con los bienes privados que se transan en los mercados) sino de una imposición financiera (impuestos), de modo que nadie puede argumentar que no lo paga porque no los utiliza. Es decir que estos gastos son financiados mediante el pago de tributos derivados de los ingresos de otras actividades productivas realizadas por el sector privado.

La interrelación entre el sector público y privado de una economía impone el desafío de que trabajen coordinados para alcanzar un necesario equilibrio entre ellos. Un exceso de gasto público y de tributación llevará a la quiebra de las actividades privadas que lo financian, y un gasto público insuficiente no permitiría un proceso de desarrollo balanceado y sustentable.

Un tema completamente distinto es el de la provisión de bienes y servicios que no tienen las características de “públicos” y sobre los que existe un debate ideológico sobre quién debe proveerlos, que muchas veces deja de lado una discusión más profunda sobre quién tiene la capacidad de hacerlo más eficientemente.

Este tema dominó la política mundial durante gran parte del siglo XX, para casi desaparecer luego de la caída del muro de Berlín, aunque dejó sus secuelas en las estructuras económicas de muchos países. La participación del empleo público en la fuerza laboral es una forma tradicional de medir el peso relativo del sector público.
La proporción de empleados públicos en la fuerza laboral varía significativamente entre países. Los datos publicados por la OCDE muestran que en el año 2005 la participación del empleo público en Argentina era del 12,7%, comparado con el 29% en Noruega y 5% en Japón y en Corea; sin embargo, el empleo público en Argentina creció en forma significativa desde entonces, y en la actualidad representa cerca del 20% del empleo total.

Quienes defienden esta expansión argumentan que el Estado creció no sólo en tamaño, sino también en las funciones y servicios que presta, y que de todos modos, su participación en la economía es aún inferior a la de los países nórdicos.

Con respecto al primero de estos puntos, si bien es cierto que se ampliaron las funciones y servicios que presta el Estado Nacional, de ningún modo explica el incremento del empleo público en las provincias y municipios, que ha desplazado al privado y se ha convertido en un “seguro de desempleo” encubierto.

El número de empleados en la Administración Central y en el resto de los organismos que integran el Sector Público Nacional no Financiero representa menos del 10% del empleo público total, y el gasto salarial sólo el 13% del gasto total. Sin embargo, en las provincias, el total combinado del gasto salarial y de las transferencias corrientes a municipios (que se destinan principalmente a cubrir salarios) representa el 68% del gasto total, porcentaje que varía desde un máximo del 87% en Río Negro hasta un mínimo del 53% en Santiago del Estero.

Habría que preguntarse si no es el tamaño exacerbado del sector público lo que termina generando desempleo.

Financiar un mayor gasto público requiere una mayor presión tributaria sobre las actividades privadas, deteriorando su competitividad, y que, en última instancia, afecta a las principales variables económicas y sociales, entre ellas el empleo.

Por otro lado, si bien muchas de las nuevas funciones y servicios podrían ser deseables, cabe preguntarse cuán sustentables serán si desaparecen las actividades privadas que las financian.

Con respecto a la participación del empleo público en los países nórdicos, es necesario recordar que en dichos países el Estado desarrolla actividades productivas pero que, aun así, la participación ha bajado en los últimos años luego de que su tamaño se tornara insostenible.

Al mismo tiempo, la ineficiencia del gasto público en nuestro país genera que una parte importante de la población no sólo financie la provisión de bienes públicos a través de impuestos, sino que, además, deba pagarlos una segunda vez para acceder a ellos en forma privada.

En mi última columna incluí entre los factores profundos que, en mi opinión, explican la decadencia relativa argentina, el uso del empleo público como una forma de ascenso social y la transformación del Estado en un “botín de guerra”.

Quiero dejar muy en claro que esta aseveración no incluye a los miles de empleados públicos que cumplen sus funciones con dedicación y vocación, sino que se refiere a los que usan al empleo público para sus propios fines personales, y que para lograrlo malgastan los recursos públicos.