En el primer piso del Instituto de Políticas Públicas, en estos días una suerte de búnker montado para fiscalizar y detectar las irregularidades en las elecciones de esta provincia, los dirigentes radicales se pisan entre sí para mostrar los casos que vienen encontrando. La mesa 2200, de Monteagudo: en la planilla de control de los fiscales figura con 42 votos, en el telegrama con cero. La 143, en pleno centro de la Capital, también cero: para los fiscales 162 y en la categoría de intendente el acta marca 140. La mesa 1614, en Villa Quinteros, para los radicales José Cano tiene 99 votos y Juan Manzur 181, para el escrutinio provisorio 63 para el Acuerdo por el Bicentenario y 219 para Frente para la Victoria. En la 2896 de San Pedro de Colalao registran 85 votos, en el acta aparece con cero, con esa misma cantidad para el Partido Laborista de la Independencia. En este caso y en otros atribuyen la maniobra al presidente de mesa: “Hizo el cambio y falsificó la firma de los fiscales”. Aseguran que por el momento reúnen 280 irregularidades con esas tres modalidades: actas sin ningún voto para Cano, el traspaso directo para otros candidatos o la resta para el radical y la suma para Manzur.

“Hemos asistido a un sistema pergeñado para adulterar la voluntad de los electores. Nace en la metodología casi imposible de controlar, continúa con la designación de presidentes de mesa adictos al oficialismo y con el despliegue y repliegue de urnas del Correo Argentino, con contratados de La Cámpora”, aseguró a este diario José Azcárate, dirigente de Cano e impulsor de la denuncia.

El candidato a gobernador radical pidió la nulidad de la elección y una nueva votación para la categoría de gobernador y presentará en las próximas horas una denuncia penal por presunta asociación ilícita por la adulteración de documentación electoral. “Vamos a aportar la documentación. Hubo un modelo sistemático para bajar los votos de nuestra fórmula, que podemos comprobar”, insistió Jorge Mendía, apoderado y coordinador de la recopilación de inconsistencias entre las 3.601 mesas del comicio.

Cano viajó a Buenos Aires y admitió la dificultad de descontar la diferencia de casi 14 puntos en el escrutinio provisorio. Más optimistas, sus dirigentes creen que con las 641 mesas que quedaron directamente para el definitivo, las 280 en las que detectaron irregularidades –con la percepción de que serán más– y las 42 urnas incendiadas “la distancia será mínima”.

Las urnas con las fajas violentadas o sin firmas podrán ser impugnadas en el escrutinio definitivo. Pero otras maniobras no podrán revertirse ni siquiera con la apertura de las urnas, como ocurrió con las personas que llegaron a votar y encontraron que ya había sido emitido su sufragio. En ese contexto, el voto cadena y el robo de boletas, casi quedaron como picardías.