¿Dónde está la Justicia en Argentina?
junio 12, 2020
Feria judicial: retardo de Justicia y silencio cómplice
Por Julio E. Lalanne.
El derecho humano básico y fundamental de todo ciudadano de acceder a la Justicia para obtener la protección de sus derechos está suspendido en la Argentina desde el 13 de marzo de 2020. Ese día la Corte Suprema decretó una feria judicial extraordinaria que puso al enorme aparato judicial argentino en pausa. Desde entonces, más allá del empeño personal de algunos magistrados que intentan continuar con sus tareas, la Justicia sólo atiende urgencias y la gran mayoría de los juicios están frenados.
El Poder Judicial ejerce una función crucial del Estado, que es dirimir pacíficamente los conflictos entre particulares. Es un servicio por lo menos tan esencial como el periodismo, la seguridad, los bancos o los supermercados. Sin embargo, curiosamente, todos estos servicios se siguen prestando durante la cuarentena y el de Justicia no.
Se puede vender, hornear y repartir empanadas, pero no se pueden hacer valer derechos en los tribunales. Parece absurdo que estén funcionando plenamente talleres mecánicos, ferreterías y otros comercios mientras que el Poder Judicial apenas se activa en formato de emergencia. Cabe preguntarse: ¿cómo se resuelven los conflictos cuando falta el órgano independiente e imparcial especialmente destinado a impartir justicia? La respuesta es simple: en favor del más fuerte, que es quien está en mejores condiciones para hacer prevalecer su interés. Cualquier similitud con la vuelta a las cavernas no es mera coincidencia.
La otra pregunta a responder es la siguiente: ¿a quien beneficia la paralización de los cientos de miles de expedientes judiciales hoy congelados en la Argentina? La respuesta también es sencilla: a la parte demandada en esos juicios que, la mayor parte de las veces, es quien ha incumplido sus obligaciones, violado derechos, trangredido la ley.
La feria judicial extraordinaria es un premio para los incumplidores, los pícaros y los deshonestos. Y, al mismo tiempo, un castigo injusto para sus víctimas, que contemplan azoradas cómo se licúan sus créditos al compás de la descomunal emisión de dinero, quizás indispensable, pero indudablemente perjudicial para quienes esperan, a veces desde hace años -piénsese en los cientos de miles de jubilados, por ejemplo- el cobro de sus legítimas acreencias.
La Corte y el gremio de los judiciales justifican la feria por la situación sanitaria, que obviamente debe ser atendida. Sin embargo, es perfectamente posible reactivar el Poder Judicial a través de mecanismos que impiden el contagio del virus, aplicando soluciones probadas como el teletrabajo, la presentación de escritos en forma electrónica y la producción de prueba por medios informáticos, entre otras herramientas disponibles.
Después de todo, para escribir una sentencia, un auto de apertura a prueba o cualquier otra resolución judicial, no hace falta ni siquiera concurrir a los tribunales. Basta sentarse ante una computadora, tal como lo hacen a diario millones de argentinos en cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dictado el 19 de marzo.
La Constitución Nacional dice que uno de sus fines es “afianzar la justicia”. Dice, además, en el art. 18, que “es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos” y reconoce el derecho a “peticionar a las autoridades”. La Corte Suprema, que debería ser garante y custodio de estos derechos fundamentales, los ha puesto en cuarentena desde hace más de dos meses. Por otra parte, ¿Qué hace el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, representante institucional de los abogados, frente a este escandaloso retardo de justicia? Se mantiene en silencio. Es hora, de que los que teníamos la ingenuidad de esperar sus palabras hagamos escuchar nuestras voces en forma clara: ¡es imperioso reabrir la justicia! .
—Julio E. Lalanne es abogado y profesor universitario (UCA).
Fuente: Clarín, 10/06/20.
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