Argentina: El dólar oficial es ilegal

octubre 14, 2014

El dólar oficial es el ilegal.

Por Roberto Cachanosky.

Todo sistema autocrático tiende a desvirtuar el sentido de las palabras, las vacía de contenido o les otorga un sentido inverso al que realmente tienen.

Varios funcionarios del gobierno, incluyendo a la presidente, suelen afirmar que el llamado dólar blue es ilegal. Otros, como Vanoli, con más grado de obsecuencia hacia la presidente y flamante presidente del BCRA, un tiempo atrás sostuvo que dar el valor del blue es como “publicar el precio de la cocaína”. Lo curioso es que algún funcionario del gobierno acaba de afirmar que habría que permitir el consumo libre de drogas pero al mismo tiempo informar su precio sería un delito. Un mercado poco transparente el de la droga que proponen funcionarios k. En definitiva, han llegado a tal grado de locura en la defensa de un modelo que se derrumba como castillo de naipes que, a esta altura del partido, pueden llegar a ocurrir las contradicciones más insólitas.

cepo cambiario ilegalAhora bien, más allá del relato oficial que, como todo sistema autocrático, tiende a desvirtuar el sentido de las palabras, las vacía de contenido o les otorga un sentido inverso al que realmente tienen, en rigor es el dólar oficial el ilegal y el blue es el legal, entendiendo por legal aquellos actos que se ajustan al estado de derecho, es decir, a que el Estado uno use el monopolio de la fuerza para violar el derecho de terceros.

La razón por la cual el dólar oficial es el ilegal tiene que ver con la violación al derecho de propiedad por parte del Estado. O, si se prefiere, hay una confiscación de la propiedad privada sin indemnización previa.

En rigor la moneda no es otra cosa que un medio de intercambio. Si bien en sus orígenes la moneda era una mercadería como cualquier otra, al punto que se usaron el oro, la plata, el bronce, el cuero, los granos de café, etc. como medios de intercambio, hoy día la moneda es puro papel moneda.

Pero el punto central es que la moneda vino a facilitar el intercambio reemplazando el trueque. Yo vendo mis servicios de economista por dinero y con ese dinero le compro el pan, la carne, la ropa, etc. a cualquier persona. En el caso del trueque tendría que encontrar a algún panadero que quisiera tomar clases de economía para intercambiar su pan por mis clases de economía.

Como justamente el dinero vino a reemplazar el trueque, se facilitaron y agilizaron las transacciones. Ahora, pensemos un segundo en el trueque e supongamos que 4 toneladas de trigo equivalen 2 cabezas de ganado. Supongamos ahora que un productor local de trigo le cambia a un vecino uruguayo 4 toneladas de trigo por 2 cabezas de ganado. El productor argentino entrega el trigo y recibe las dos cabezas de ganado. El tipo de cambio oficial viene a confiscar parte de esas dos cabezas de ganado. Supongamos que el blue cotiza al doble que el oficial, si no existiera la moneda es como si el estado confiscara el 50% de la carne que recibe el exportador de trigo. Es decir, que el estado se quedara con 1 cabeza de ganado que por derecho le pertenece al productor de trigo.

Si se piensa el tipo de cambio oficial no como una moneda sino como mercaderías que se entregan a cambio de mercaderías, es decir analizamos el tema desde el ángulo del trueque, podemos ver claramente que el estado, sin ley que lo autorice, en forma arbitraria y sin ningún tipo de respaldo jurídico, utiliza el monopolio de la fuerza para confiscarle al productor una parte de su riqueza. Por eso, el dólar oficial es ilegal, porque le permite al estado confiscar sin ley aprobada por el Congreso ni indemnización previa. En otros términos, el dólar oficial es inconstitucional, viola el derecho de propiedad y constituye un robo liso y llano del fruto del trabajo de la gente, con lo cual no pueden interpretarse como políticas económicas erradas, sino que son  un abuso de poder para violar derechos individuales. Sencillamente el tipo de cambio oficial es un delito que comenten las autoridades contra quienes producen.

Para ponerlo de forma más sencilla, cuándo alguien exporta el fruto de su trabajo, ¿los dólares que reciben son del productor o del estado? Claramente que son del productor y el estado solo puede apropiarse de esos dólares actuando como un ladrón, pero amparándose en un simulacro de legalidad que denomina tipo de cambio oficial.

1984 George Orwell 01Por el contrario, la compra venta de dólares blue, que el gobierno denomina ilegal, es totalmente legítima. Quién tiene pesos no comete ningún delito al comprar dólares a un precio diferente al que se le ocurre al gobierno. Lo que pasa es que nos han metido en la cabeza que el estado tiene derecho a fijar el tipo de cambio y que el que no obedece es un delincuente. Una persona produce un bien, le entregan pesos por ese bien que vende y con esos pesos compra dólares. ¿Cuál es el delito? ¿Acaso los pesos que recibe el productor no son la contrapartida del fruto su trabajo? ¿Con qué derecho el estado se mete con el fruto del trabajo de la gente y le prohíbe comprar dólares porque se le da la gana o porque quiere defender el fruto de su trabajo? Por eso decía al comienzo de esta nota que los sistemas autocráticos deliberadamente distorsionan el sentido de las palabras. Lo que constituye un delito, que es lo que hacen los funcionarios públicos, pasa a ser legal en las autocracias, y lo que es legal en una democracia republicana pasa a ser un delito que cometen los ciudadanos.

Esa tergiversación del sentido de las palabras es deliberada. El autócrata tiene que construir un nuevo idioma por el cual todos los ciudadanos pasan a ser sospechosos o delincuentes por actos que son auténticamente legítimos en una democracia republicana. Pero el autócrata, para justificar el abuso en el monopolio de la fuerza que le fue delegado, da vuelta los conceptos para justificar sus actos. [ Ver: George Orwell, 1984 y Argentina 2012 ]
En definitiva, en los sistemas autocráticos o con fuertes tendencias al autoritarismo son los actos de los gobernantes los ilegítimos. Los que constituyen delitos contra las personas, contra su propiedad, su libertad, etc. Y los actos de los ciudadanos que tratan de defenderse de esos delitos del estado, que éste pretende catalogarlos de delitos, son absolutamente legítimos. Tan legítimos que por eso sostengo que el dólar oficial es ilegal y el blue es legal.

Fuente: Economía para Todos, 12/10/14.

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Comentario de Gustavo Ibáñez Padilla:
Más allá de las opiniones y consideraciones sobre si existe o no el “cepo cambiario” y si es o no efectivo, debemos recordar que se trata de una medida absolutamente autoritaria, que cercena las libertades individuales y que es contraria a la Constitución Nacional. Por tal motivo, todos aquellos funcionarios que la propician, la aplican y la fomentan mediante la creación adicional de medidas reglamentarias y resoluciones administrativas incurren en diversos delitos, entre los cuales podemos mencionar el mal desempeño de la función pública y el abuso de autoridad. Que Dios y la Patria se lo demanden.

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La ley de abastecimiento

agosto 19, 2014

La inspiración nazi de la ley de abastecimiento.
Por Roberto Cachanosky.

En nombre de la superioridad moral de un reducido grupo de personas, se lanzan leyes para someter al resto de la población

El destemplado discurso de CFK del jueves pasado es la consecuencia lógica de todo gobierno que, apostando a políticas populistas para concentrar poder absoluto, se encuentra con la inevitable crisis económica que produce descontento en la población y obliga al gobierno a tomar tendencias autoritarias. A ser más autoritario aún. Nada voy a agregar a lo que ya agregaron tantos autores que analizaron este fenómeno de los gobiernos populistas, aunque creo que Hayek, en Camino de Servidumbre, describe perfectamente el derrotero que siguen estos gobiernos. La misma Rebelión de Atlas de Ayn Rand parece escrita para la Argentina actual.

Lo concreto es que estos procesos populistas siempre terminan de la misma manera: con un estallido económico y creciente autoritarismo del gobierno de turno. La diferencia entre los populismos anteriores (salvo el de Perón de sus dos primeras presidencias) y el de los Kirchner, es que ambos, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, le pasaron por encima a los más elementales derechos individuales. Sobrepasaron límites que otros presidentes no estuvieron dispuestos a sobrepasar y, por lo tanto, el tiempo se les acortó más rápido que en esta era kirchnerista.

CFK rasca la ollaPero el proceso es el siguiente. Todo populismo necesita del gasto público para ganar voluntades y tener más votos en las urnas. Esto los lleva a aumentar el gasto público y a tener déficit fiscal. El déficit fiscal más tarde o más temprano es financiando con emisión monetaria que conduce a un proceso inflacionario. Frente al proceso inflacionario el gobierno populista no baja el gasto porque sería contrario a sus necesidades políticas. Sigue con el déficit e intenta frenar la inflación con los típicos controles de precios.

Como la emisión continúa porque el gasto sigue superando los ingresos, el gobierno continúa incrementando el gasto para conformar a los empleados estatales, a los jubilados, a los que reciben subsidios y otros gastos. La inflación empuja el aumento del gasto público en términos nominales. Por supuesto que los impuestos también suben nominalmente, pero normalmente el populismo sube más el gasto que lo que recibe por impuestos. Por eso es populismo, así que el proceso inflacionario continúa su curso y los controles de precios tienen que ser cada vez más agresivos. Es decir, el gobierno es cada vez más autoritario.

Por otro lado, el populismo suele usar el tipo de cambio como ancla contra la inflación, es decir, dejan fijo el tipo de cambio mientras la inflación sigue su curso, con lo cual el tipo de cambio real cae y comienzan a producirse problemas en el sector externo. Se desestimulan las exportaciones y se estimulan las importaciones. En ese punto empiezan los controles a las importaciones y escasean los dólares, mientras el gobierno populista se desespera por no devaluar estableciendo todo tipo de controles de cambio.

Es más, el problema cambiario tiende a agravarse porque la gente, que ya advirtió que la inflación se acelera, se fuga del peso comprando dólares o bienes que les permitan defenderse del impuesto inflacionario. Se amplía la brecha cambiaria entre el dólar oficial, por el que se cursan exportaciones e importaciones, y el dólar marginal, negro o blue, como cada uno quiera llamarlo.

El aumento de la brecha cambiaria hace que aumente la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones, agravando la situación del sector externo.

inconstitucional 01Por otro lado, como nadie quiere tener pesos porque se derriten por minuto en su poder de compra, las empresas prefieren no tener créditos a cobrar en la calle y optan, como corresponde, por sacrificar ventas y retener stocks para no perder su capital de trabajo. La mercadería y los insumos son refugio de valor y una defensa del capital de trabajo frente a la inflación. Por eso es que el gobierno quiere tener una ley que es pura violación de la Constitución Nacional y de los derechos individuales más elementales.

Esa famosa ley de abastecimiento que impulsa el gobierno tiene un claro objetivo. Sabe que los empresarios defienden su capital de trabajo con stocks, ya sea de mercaderías o de insumos. Lo que pretende el gobierno, en este camino hacia la dictadura, es financiar su populismo consumiendo el stock de capital del sector privado. Como el sector privado se va a negar a sacrificar su capital de trabajo, entonces quiere una ley para violar los derechos individuales y el derecho de propiedad. Amenazas de confiscar las mercaderías, meter preso a los empresarios, etc. al más puro estilo fascista, es lo que le queda para forzar una nueva fuente de financiamiento. Esta ley fascista de abastecimiento es una especie de cepo cambiario. El cepo cambiario pretende que la gente no pueda defenderse del deterioro del peso. Pusieron el cepo con la idea de que la gente pague más impuesto inflacionario. Con esta ley de abastecimiento quieren que las empresas no puedan defenderse del impuesto inflacionario y le financie el populismo al gobierno. Quieren obligarlas a vender sus stocks a precios que luego no pueden reponer por la inflación y con eso pierden su stock de capital.

Para eso necesitan ser cada vez más autoritarismo hasta llegar a la dictadura. El solo hecho de que el Estado puede aplicar una multa y que luego la empresa vaya a la justicia a reclamar es un ejemplo de violación del derecho a la defensa. Primero se dicta la sentencia de culpable sin juicio previo y luego que vayan a reclamarle a Magoya. Además las autoridades quedan facultadas para incautar, consignar y vender bienes y servicios sin juicio de expropiación. Esto y el nacionalsocialismo son la misma cosa. Un grupo de gente se cree superior al resto. El nazismo consideraba que había una raza que era superior a otra y había que exterminar y someter al resto. Aquí pasa lo mismo. Un grupo de personas se consideran que son iluminados. Seres superiores, que tienen el derecho de decidir qué hay que producir, cómo, en qué cantidad y a qué precio vender. Es decir, se creen una raza superior que deben mandonear al resto. Es un proyecto de ley de neto corte nazi, fascista y stalinista. El que tiene el monopolio de la fuerza se cree con derecho a violar todos los derechos individuales en nombre de su superioridad moral. Es la historia de las dictaduras.

Veremos hasta dónde llegan con esta ley, porque con ella no van a resolver el problema económico. Esto quiere decir que la gente estará económicamente peor y puede haber conflictividad social. O bien el establecimiento de una dictadura lisa, llana y declarada abiertamente.
Fuente: Economía para Todos, 17/08/14.
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Argentina K: Los falsos argumentos de la Deuda

julio 28, 2014

Holdouts: delirios argumentales del gobierno.
Por Roberto Cachanosky.

Roberto Cachanosky

Roberto Cachanosky

Desde hace aproximadamente un mes venimos hablando de los holdouts, de Griesa, del stay, de la cláusula RUFO y, por supuesto, del default, que por cierto, en nuestra frondosa imaginación, los argentinos le agregamos adjetivos muy extraños al default. Así, uno puede leer default técnico, “algo nuevo” como lo denominó Aldo Ferrer, el ex ministro de economía del gobierno militar de la Revolución Argentina, también hablan de default controlado, acotado y el último adjetivo que leí hasta el momento de escribir estas líneas es default brumoso. Vaya uno a saber si estamos hablando de la deuda o del clima.

Lo cierto es que el tema de los holdouts viene tapando temas muy relevantes y tan o más graves que un eventual default. Así salieron de la tapa de los diarios el tema Boudou, Lazaro Baez, la caída en el nivel de actividad, el aumento de la desocupación, la inflación, la inseguridad, etc. Todos concentrados hablando de un tema jurídico, financiero y económico sin tener la más mínima idea sobre cuáles pueden ser los efectos para la persona común si Argentina cae en default.

El gobierno advirtió este tema, aprovechó el falso nacionalismo que nos suele invadir y salió con los tapones de punta contra Griesa que es un extorsionador de Argentina, contra los holdouts, que para el gobierno son buitres porque quieren cobrar e historias por el estilo. Es decir, de casualidad o haciendo camino al andar, se toparon con que el falso nacionalismo argentino apoya este discurso épico, patotero y agresivo contra los holdouts y Griesa.

Que politizaron el tema de la deuda es clarísimo, lo que me hace pensar que vamos de cabeza al default porque es un buen negocio político, dentro de la declinación que viene teniendo el kirchnerismo. Es algo así como la malvinización de la deuda externa. Tratar de conseguir el apoyo de la población contra el enemigo externo, en este caso el imperio americano con su justicia que extorsiona y los holdouts que no tienen piedad con tal de cobrar.

Veamos, Kicillof dijo que Griesa quiere extorsionar a la Argentina. En rigor Griesa emitió su fallo, que luego fue convalidado por la Cámara y finalmente la Corte Suprema de Justicia no trató el tema y se lo devolvió a Griesa diciéndole que actúe. Es decir, en todo caso no sería Griesa el extorsionador, como dice Kicillof, sino todo el sistema judicial norteamericano. La pregunta es: ¿por qué todo el sistema judicial norteamericano va a querer extorsionar a Argentina? ¿Tan poderosos somos como para que quieran destruirnos?

Segundo punto, Kicillof afirmó que los holdouts quieren &”tirar abajo el proceso de reestructuración&” de deuda encarado por el país en 2005 y 2010, con objeto de &”volver a la dinámica del sobreendeudamiento&” propia del &”neoliberalismo&”. Evidentemente Kicillof parece tener algún tipo de tara con el liberalismo, porque si hay algo que, entre muchas otras cosas, propugna el liberalismo, es la disciplina fiscal. Si hay disciplina fiscal no hay déficit. Si no hay déficit no hay necesidad de endeudamiento. Es más, el liberalismo propugna un bajo gasto público, con un Estado subordinado a defender el derecho a la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Por lo tanto, un bajo nivel de gasto público puede tener fácilmente como contrapartida el equilibrio fiscal y la ausencia de endeudamiento.

Por el contrario, es el populismo autoritario que defiende Kicillof el que lleva al desborde del gasto público, al déficit fiscal y a la necesidad de endeudarse. Sin duda Kicillof hace un discurso de barricada que parece mostrar que sus tan promocionados laureles académicos no son tales, porque nadie seriamente puede decir que el liberalismo impulsa el aumento del gasto público para tener déficit fiscal y, de esa manera, caer en el endeudamiento. Es como decir que el marxismo impulsa las privatizaciones.

Además, en este momento no hay nadie que tenga interés en prestarnos un dólar. Un país con cepo cambiario, fuerte desequilibrio fiscal y un BCRA con patrimonio neto negativo, no es un país que genere, justamente, gran atractivo para los inversores. Nos prestan los dólares y luego no se los dejan retirar. De locos lo que afirma Kicillof.

El riesgo de estar jugando al falso nacionalismo e ir de cabeza a un default, consiste en que los bonos de Argentina caigan en forma notable. Si esos bonos caen y parte de ellos están en el activo de los bancos, el sistema financiero va a tener una fenomenal pérdida patrimonial. Eso puede llevarlo a cortar créditos, por ejemplo los giros en descubierto como ocurrió en otras oportunidades, con lo cual se corta la cadena de pagos y se profundiza el proceso recesivo. Y no descarto una corrida financiera y cambiaria dependiendo del pánico que genere el default.

Al caer el nivel de actividad la recaudación se resiente más, el déficit crece y la emisión del BCRA para financiar al tesoro aumenta generando una aceleración de la inflación y caída del tipo de cambio real. Si la caída de tipo de cambio real se acentúa, el impacto sobre las exportaciones es inevitable. Como los insumos que hay que importar se pagan con los dólares que ingresan por las exportaciones, al ingresar menos dólares de exportaciones se pueden importar menos insumos, por lo tanto la recesión se acentúa junto con la desocupación.

Claro que podría darse el caso que el gobierno vaya a default definitivo y utilice los dólares esos para importar insumos, dejarle unos pocos dólares al próximo gobierno como reservas en el BCRA y un serio problema con la deuda.

Mientras tanto continuará el ajuste por el lado del sector privado mientras sigue la fiesta en el sector público, como puede verse con el gasto que sigue creciendo a tasas anuales del 45%.

La explotación del sector privado por parte de sector público se da hasta el punto de una fuerte discriminación entre los empleados del sector público y los del sector privado. En efecto, los empleados del sector público no pueden ser despedidos salvo que se les inicie un sumario. En cambio, en el sector privado, una empresa, pagando la indemnización correspondiente, puede reducir su planta de personal. Los empleados púbicos pasan a ser algo así como empleados de primera categoría y los del sector privado de segunda categoría.

Agreguemos que todos sabemos que las empresas están reduciendo sus plantas de personal, las horas extras, los turnos, etc. mientras que el sector público no despide a nadie. Por el contrario, aumenta la cantidad de planta permanente como acabamos de enterarnos con el personal del Senado.

Resumiendo, no hay destrozo que el kirchnerismo no haya hecho en estos 11 años y continuará haciendo destrozos en la medida en que le convenga políticamente. Y si ir al default lo beneficia políticamente, lo hará por más que la gente tenga que sufrir una crisis económica como pocas veces hemos visto.
Fuente: Economía para Todos, 27/07/14.

 

Arriba las manos: los impuestos o la vida

julio 2, 2014

Arriba las manos: los impuestos o la vida

Por Roberto Cachanosky

Por esas cosas de la vida se ha impuesto, casi unánimemente, la creencia de que el pago de los impuestos es sagrado. Tributar al fisco, se dice y se cree, es una obligación, cualquiera sea la carga tributaria que se le imponga al contribuyente y cualquiera sea el uso de los recursos que recauda el Estado.

A tal punto se ha llegado, que hace décadas que existe el famoso solve et repete, expresión que significa que si uno no está de acuerdo con lo que le exige el Estado que tiene que pagar de impuestos, primero tiene que pagar y luego iniciar la acción legal correspondiente. Digamos que el ciudadano es culpable hasta que demuestre lo contrario.

En un sistema económico de libertad, la gente obtiene sus ingresos produciendo algún bien o servicio que satisface las necesidades de los consumidores. Esto significa que el ingreso de la gente, bajo un sistema de libertad, no se obtiene coercitivamente, sino por cooperación pacífica entre los miembros de una sociedad que libremente intercambian bienes.

Diferente es el caso del Estado que genera sus ingresos en forma compulsiva. Utiliza el aparato de coerción para quitarle a la gente parte de sus ingresos o patrimonio a los efectos de sostener el aparato estatal.

Si bien hay debates académicos que sobre la posibilidad de financiar al Estado con otros mecanismos que no sean impuestos, vamos a dejar de lado ese punto y aceptemos que la gente está dispuesta a ceder parte de sus ingresos y patrimonio para financiar el aparato estatal.

Pero aquí viene el otro punto. ¿Qué tamaño de aparato estatal? ¿Qué funciones del aparato estatal? ¿Qué calidad de servicios estatales?

La gran diferencia que hay entre el ingreso que libremente genera el sector privado y la forma en que lo hace el Estado, es el uso de la fuerza. Supongamos que una persona vive en un edificio y paga religiosamente las expensas, pero un día se cansa porque el administrador no hace limpiar las áreas comunes, el ascensor no funciona y la escalera no tiene luz. En este caso no existiría el solve et repete. La persona en cuestión puede negarse a pagar las expensas si, a cambio de lo que paga, no le brindan el servicio correspondiente. No ocurre lo mismo con los impuestos.

Diferente es el caso del Estado que no presta servicios básicos como seguridad o justicia e igual exige el pago de los impuestos. En ese caso, estamos ante una situación que Bastiat llamaría “robo legalizado”. En este ejemplo, el Estado, usando el monopolio de la fuerza, se apropia de los ingresos de la población sin otorgarle nada a cambio. Es un simple ladrón, aunque más peligroso que el ladrón común porque frente a este último uno puede llegar a defenderse. En cambio, frente al Estado los ciudadanos no tienen defensa.

Por eso decía antes que es ilógico poner la obligación de pagar impuestos como un dogma de fe. Tal cosa no es cierta. Si el Estado saquea al sector privado o le cobra impuestos sin darle los servicios por los cuales recauda, pierde autoridad moral y legitimidad el cobro de impuestos.

Tampoco es válido el argumento por el cual si una mayoría circunstancial vota a un determinado partido político para que explote a la gente productiva en beneficio de esa mayoría circunstancial. Si una ley viola derechos no tiene legitimidad. Es típico del populismo prometerle a una parte de los votantes una serie de beneficios económicos que los financiará a costa del sector productivo de la sociedad. Nuevamente, el Estado se transforma en un simple ladrón que tiene el monopolio de la fuerza, para que una mayoría viva a costa de una minoría, mientras el político tiene el beneficio electoral. Es como si el sector productivo de la sociedad se enfrentara a un delincuente que le dice: “arriba las manos, la plata o la vida”.

¿Cuál es el sentido del pago de impuestos? En una sociedad libre, la gente está dispuesta a ceder parte de sus ingresos para que el Estado pueda tener los recursos necesarios para defender el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Cualquier otra función que quiera ejercer el Estado más allá de esas funciones rompe el acuerdo entre el contribuyente y el Estado.

Subsidios, los llamados planes sociales y lo que en general se llama Estado de Bienestar no son otra cosa que un robo legalizado por el cual unos viven a costa de otros. Por eso se también se ha impuesto casi como una verdad revelada que el los políticos tienen el monopolio de la benevolencia y la bondad, y el sector privado es mezquino y desinteresado de lo que le ocurra al prójimo. Tal cosa no es cierta. La gente es mucho más solidaria de lo que se dice y el Estado es más corrupto de lo que la gente imagina. La idea de que sin la acción del Estado mucha gente no podría tener apoyo solidario es un invento de los políticos para ganar votos y justificar la expolición del ciudadano común que queda indefenso frente a una mayoría circunstancial.

La combinación del supuesto monopolio de la solidaridad en manos de los políticos es el argumento que lleva a expoliar impositivamente a la población. Justamente esta idea es la que hace que a los políticos inescrupulosos les convenga tener sociedades cada vez más pobres para que la gente dependa del gobierno de turno para poder recibir algún tipo de subsidio. Vivir a costa de los otros vía el saqueo del Estado. Si esa persona, en forma individual, le robara a otro para su beneficio, sería un delito. Si lo hace el Estado escudado en una ley ilegítima, es robo legalizado, pero se lo presenta como la acción de un Estado moderno que atiende las necesidades de los más humildes, cuando los más humildes son justamente humildes porque no se han creado las condiciones institucionales necesarias para atraer inversiones, crear puestos de trabajo con mayor productividad y, de esta manera, eliminar la pobreza y la desocupación.

Esta idea de que el Estado tiene derecho a cobrar siempre los impuestos y de sumergir deliberadamente a la gente en la pobreza para crear clientelismo político, transforma el sistema tributario en violatorio de los derechos individuales, no solo por la carga tributaria, sino porque el Estado se arroga el derecho de exigirle al contribuyente que le proporcione información privadísima para fiscalizarlo. Esa información, en una sociedad libre, solo podría ser pedida por un juez y con causa justificada.

Para dar un ejemplo, durante 1995 el representante norteamericano Jack Kemp presidió la Comisión Nacional de Crecimiento Económico y Reforma Impositiva. Luego de siete meses de trabajo, la Comisión informó que el Internal Revenue Service (IRS) había estimado que las empresas debían destinar 3.400 millones de horas hombre para atender todo el papelerío requerido por el organismo recaudador, en tanto que las personas físicas debían destinar a la misma tarea 1.700 horas. Multiplique el lector el salario promedio por la cantidad de horas y descubrirá los miles de millones de dólares despilfarrados en tareas burocráticas que tiene que atender el contribuyente sin generar ningún tipo de riqueza que mejore la calidad de vida de la gente. Es un sistema de destrucción de riqueza.

En otra parte del informe de Kemp se afirma que: “Los vastos poderes conferidos al IRS son vistos cada vez como más violaciones a la intimidad y libertad de las personas. Dos veces más grande que la CIA y cinco veces el tamaño del FBI, el IRS controla más información sobre los ciudadanos norteamericanos que cualquier otra agencia. Sin ninguna orden judicial tiene derecho a investigar la propiedad y los documentos financieros de los ciudadanos norteamericanos. Pueden secuestrar la propiedad sin juicio previo”.

En otro trabajo de la Heritage Foundation, Daniel Mitchel analiza el sistema tributario norteamericano y sostiene que: “El código federal de impuestos norteamericano es una desgracia. Sus 10.000 páginas de leyes y regulaciones minan la fortaleza de la economía norteamericana al castigar el trabajo, el ahorro, la inversión y el riesgo empresarial. Más de siete veces más grande que la Biblia, las 5.500.000 de palabras han creado una pesadilla de complejidades que desafía la inteligencia del, inclusive, más versado experto en impuestos”.

Lo anterior muestra que no es casualidad que en cada debate por la presidencia el tema impositivo sea uno de los tópicos importantes entre republicanos y demócratas. Y eso que el pueblo norteamericano es muy celoso de la propiedad privada y los derechos individuales, algo que se ha ido perdiendo luego del ataque a las Torres Gemelas, cuando el Estado, en nombre de la defensa nacional, ha ido avanzando sobre los derechos individuales.

Antiguamente, los monarcas aumentaban los impuestos para financiar sus guerras de conquistas. Hoy, muchos países aumentan los impuestos en nombre del financiamiento de los “planes sociales” que no son otra cosa que sistemas de sometimiento del electorado para que dependa del favor del puntero o político de turno y viva a costa de los que producen.

Lo concreto es que los Estados se han transformado en verdaderos monstruos que devoran la riqueza que genera el sector privado y para eso tienen que recaudar cada vez más. Y para recaudar más necesitan violar los derechos individuales hasta niveles propios de las monarquías absolutistas más brutales de la historia, con lo cual el Estado ha dejado de cumplir con su función de defender el derecho a la vida, la propiedad y la libertad para convertirse en el verdadero enemigo de los ciudadanos y su libertad.

Como se ha dicho en alguna oportunidad: el Estado no es la solución a los problemas de pobreza y crecimiento, sino la causa de los mismos, con el agravante de que, además, ha comenzado a violar los derechos individuales para satisfacer su voracidad fiscal.
Fuente: Economía para todos, 09/09/12.
www.economiaparatodos.com.ar

Argentina camino a La Rebelión de Atlas

marzo 17, 2014

Argentina camino a La Rebelión de Atlas
Por Roberto Cachanosky

¿Qué producía Moreno o qué produce Kicillof o el secretario de Comercio Costa como para estar mandoneando a quienes producen?

Quien haya leído La Rebelión de Atlas de Ayn Rand sabe que Argentina va en camino a tener un final similar al de la obra de la escritora rusa americana de continuar por esta ruta.

En primer lugar, la famosa frase del libro del diálogo en que Francisco d’Anconia dice: “Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegido contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.”

¿Qué producía Moreno o qué produce Kicillof o el secretario de Comercio Costa como para estar autorizando a quienes producen, un aumento de precios, una importación de insumos o el abastecimiento de determinado producto?

¿Cuántos escándalos de corrupción se denuncian a diario por tráfico de influencias, con funcionarios que multiplican sus patrimonios en forma exponencial y nada ocurre?

¿Acaso no hay un intento de modificar la legislación para que los delitos de corrupción prescriban? ¿No se está buscando la impunidad?

La maraña de leyes, regulaciones y prohibiciones no están hechas para proteger a la sociedad sino todo lo contrario. Lo que se busca es que el cumplimiento de todas las regulaciones, prohibiciones, etc. sea imposible para que la gente honrada pase a ser delincuentes y los delincuentes sean los que, supuestamente, vienen a imponer la justicia.

Conozco mucha gente que ha estudiado, se ha preparado. Hizo sus masters, conoce idiomas y no encuentra trabaja y va penando por la vida tratando de sobrevivir como pueda, mientras que un ex chofer se transforma en millonario y un empleado de banco lo mismo.

El populismo se caracteriza por quitarles a unos, en nombre de la justicia social, para darles a otros. Hábilmente los políticos han impuesto la idea de que ellos tienen el monopolio de la solidaridad y que el resto de los ciudadanos son incapaces de ser solidarios con sus semejantes. La estrategia ha consistido en convencer a la gente que la riqueza de unos es causa de la pobreza de otros. Claro que quienes declaman este slogan suelen tener verdaderas fortunas personales generalmente conseguidas ilegalmente.

A pesar del discurso populista, está clarísimo que la gente es mucho más solidaria que los políticos. Siempre que ha habido casos de catástrofes como las inundaciones en La Plata o la explosión en Rosario, fue la gente la que se organizó para ayudar a los damnificados. Los políticos aparecen después para poner la cara ante la televisión y, posteriormente, anuncian planes de ayuda que generalmente terminan en simples anuncios, al tiempo que descaradamente aparecen militantes partidarios con sus chaquetas que lo identifican con el partido de turno en el poder repartiendo los bienes que solidariamente donó la gente común.

La pobreza que cruza de lado a lado a la Argentina fue fabricada deliberadamente por el populismo para tener una legión de mantenidos por los populistas vía planes sociales. Deliberadamente destruyen puestos de trabajo para que la gente necesite vivir de esos planes “sociales” y luego los vote por miedo a perderlos.

Tantas décadas de populismo han cambiado los valores de la sociedad. Veía por televisión a una mujer joven que había tomado el predio de Villa Lugano diciendo que alguien tenía que resolver el problema de la vivienda. Por supuesto que al periodista ni se le ocurrió preguntarle: ¿y quién tiene la obligación de resolverle el problema de la vivienda? ¿De dónde nace esa obligación? Buena parte de la población se acostumbró a creer que tiene derecho a que otros lo mantengan. Eso es lo que impulsa el populismo porque es su negocio electoral.

A esta altura alguien puede preguntarse: ¿qué quiere Cachanosky que la gente viva en la pobreza y en la intemperie? No. Lo que quiero es que exista seguridad jurídica, disciplina monetaria y fiscal para que fluyan las inversiones, se creen puestos de trabajo y la mujer que reclamaba por televisión que alguien le resuelva el problema de su vivienda, se lo pueda resolver ella sola con el dinero que gane en un buen trabajo.

Cuando los populistas denuncian la destrucción de la Argentina por el neoliberalismo, palabra que no existe, en rigor están atacando al sistema que les arruina el negocio político del populismo. Son dos visiones morales totalmente opuestas las del liberalismo y el populismo. Mientras los liberales queremos que la gente viva con la dignidad del fruto de su trabajo, los populistas los denigran en la pobreza para tenerlos como rehenes políticos para que los voten por miedo a perder los subsidios que les entregan “solidariamente”.

El problema que tiene el populismo es el que describe Ayn Rand en La Rebelión de Atlas. Como los políticos exprimen a los que producen para quitarles el fruto de su trabajo y dárselos a los que mantienen como rehenes políticos, llega un punto en que los productivos comienzan a generar menos riqueza. Es entonces cuando empieza a faltar riqueza para ser repartida y los populistas no pueden financiar a sus rehenes políticos. Es lo que le pasa a Maduro en Venezuela. Tanto ha explotado a la gente productiva que aun teniendo petróleo, la gente tiene que hacer largas horas de cola para poder conseguir alimentos. En ese punto el populista se pone cada vez más violento, inventa conspiraciones, persigue a opositores y en algún momento, aquél que vivía de las dádivas del tirano se cansa de no recibir nada y también se le rebela. Entonces aparece la cara más feroz del populista autoritario. Por algo Hayek escribió Camino de servidumbre donde muestra que el populismo y el socialismo conducen a sistemas autoritarios.

Lo de Maduro también es la historia del kircherismo. Tanto explotó a la gente productiva para financiar legiones de pobres que hoy la economía está en franca caída y encima con inflación. Kicillof y sus planillas de Excel no generan riqueza, impiden que se genere riqueza de la misma forma que Moreno no generaba riqueza, espantaba a los que producían.

El populismo kirchnerista está en la etapa de repartir billetes que día a día pierden valor. Su problema principal no está en fabricar billetes, su problema principal es que cada vez hay menos bienes físicos para consumir. Piense el lector en unidades de bienes y no en moneda. Cada vez hay menos bienes. Primero porque cerraron las importaciones, así que hay menos oferta de bienes. Segundo porque faltan insumos para producir y se fabrican menos bienes. En tercero porque, como entramos en un proceso recesivo, las empresas producen menos. Y en cuarto lugar, es tal la persecución a los que producen que se cansan y producen lo necesario para subsistir. Si combinamos menos bienes ofrecidos con más pesos en circulación el resultado es el que Ud. vive todos los días: no sabe qué hacer para que la plata le alcance.

El populismo lleva dentro de su política el virus de su destrucción, porque para poder sobrevivir necesita que otros produzcan para quitarles parte de su producción y repartirla entre la fábrica de pobres que ha creado. Cuando los que producen se cansan de ser explotados y encima sufren todo tipo de restricciones para producir, los bienes empiezan a escasear hasta que se llega a los casos como Venezuela que comentaba anteriormente. O al caso argentino, que habiendo sido el granero del mundo y el principal exportador de carne, hoy hacer un asado sale una fortuna y casi no se puede exportar trigo. El populismo autóctono ha logrado algo increíble, destruir las actividades en que Argentina tenía grandes ventajas comparativas. Es como si los países árabes destruyeran su producción de petróleo.

Por más que los populistas se gasten la garganta denunciando al liberalismo como el destructor de la economía, la realidad es que lo que se debate son dos modelos morales. Uno, el populismo, el de denigrar a la gente en la pobreza para que sea una suerte de sirviente del poder. El otro modelo moral es el liberalismo que propone una forma de organización social donde todos pueden progresar cooperando pacíficamente en el mercado. Sin robar, produciendo e intercambiando lo que producen.

El populismo lleva al autoritarismo. El liberalismo a la libertad individual y la prosperidad.

Fuente: economía para Todos, 17/03/14.

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Roberto Cachanosky

Roberto Cachanosky

Cristina Kirchner insiste con el autoritarismo

febrero 24, 2014

Con el modelo agonizando, redoblan la apuesta con más autoritarismo
Por Roberto Cachanosky

A esta altura del partido todos sabemos que el kirchnerismo no tiene ninguna posibilidad de poner la economía en la senda del crecimiento. Solo puede seguir destruyendo lo poco que queda de las instituciones y espantar las escasas inversiones que podrían realizarse.

La razón por la cual el kirchnerismo está condenado al fracaso es porque no tiene la confianza de los agentes económicos (consumidores, ahorristas e inversores). Sin confianza en el gobierno, no hay ahorristas que vuelquen sus ahorros en el mercado de capitales para financiar inversiones y consumo. Y sin confianza en el gobierno los inversores no invierten un dólar en el país.

Se sabe que los países crecen y la gente accede a mejores niveles de vida cuando se incrementan las inversiones competitivas, es decir, las inversiones que buscan el favor del consumidor y no el privilegio que le puede otorgar el burócrata de turno. Argentina, por la inseguridad jurídica reinante y las arbitrariedades que comete el gobierno, no solo no recibe inversiones, sino que el stock de capital existente ni si quiera recibe las inversiones para su mantenimiento. Basta con ver el deplorable estado del transporte público, la energía, los caminos, etc. para advertir que ni siquiera se ha invertido para mantener el stock de capital heredado de los 90, mal que le pese a muchos y particularmente al gobierno.

Como todo populismo, el kirchnerismo estimula el consumo artificial por encima de los ingresos reales. Quitemos la moneda del medio y pensemos en bienes. Si una economía produce 100 unidades y no importa bienes, la oferta total de bienes es de 100 unidades y solo puede incrementarse el consumo si se aumentan las inversiones para producir más o, caso contrario, aumentando las importaciones. Si el gobierno fuerza el consumo a 120 unidades y la economía produce 100 unidades, las 20 restantes hay que importarlas. Si no se invierte ni se importa solo pueden consumir 100 unidades de bienes.

Lo que ha logrado el populismo kirchnerista es destruir parte del stock de capital reduciendo la capacidad de producción. La economía argentina ya no produce 100 unidades, produce menos, digamos 80. Pero además, como el BCRA se queda sin reservas también se cerraron las importaciones de bienes. Las 20 unidades que antes se importaban, ahora tienden a cero. De manera que lo que tiene por delante el gobierno es decirle a la gente: antes, mediante diferentes artificios, logramos que Ud. pudiera consumir 120 unidades. Como ya no nos quedan dólares para importar bienes y se ha desinvertido, ahora tendrá que conformarse con consumir 80 unidades. Ese es el dilema del gobierno. Hacer un brutal ajuste sin decirle a la gente que realmente lo anterior fue una ficción y ahora tiene que aceptar ser más pobre.

Pero como el kirchnerismo jamás va a reconocer sus errores y siempre redobla la apuesta, inevitablemente tiene que ir hacia políticas más autoritarias, violando derechos atacando la libertad de expresión para que los medios no informen a la gente de algo que ya sabe: faltan alimentos, medicamentos y la inflación es imparable.

La necesidad de más autoritarismo para calmar el malhumor social es una necesidad de los gobiernos populistas. Por eso tienen que inventar todo el tiempo nuevos enemigos, para transferirles a ellos la culpa de los destrozos económicos que hace el gobierno. No son casualidad los escraches a Shell y supermercados. El gobierno no va a hacerse responsable de la inflación que genera el BCRA, por lo tanto inventa siniestros personajes que pretenden lucrar con el hambre del pueblo. Gente ambiciosa que quiere ganar mucho dinero esquilmando a los consumidores. Si ese fuera el caso, basta con abrir la economía para aumentar la competencia y eliminar a los supuestos conspiradores. Pero mejor es inventar enemigos para que la gente no se enfurezca con el gobierno y se las agarre con enemigos inventados.

El gobierno eligió nuevamente el camino de la represión. El proyecto de ley para confiscar mercaderías, aplicar multas y establecer la pena de presión para los que, a entender del gobierno, “especulen” con las mercaderías es otro golpe de muerte a la inversión. Si ya nadie quiere venir a invertir un dólar por la carga tributaria y la imprevisibilidad en las reglas de juego, solo un kamikaze puede querer invertir en estas condiciones en que no solo lo vuelven loco con regulaciones, sino que, encima, ahora lo amenazan con meterlo preso si no hace lo que el gobierno quiere para sostener, un poco más, su populismo. En definitiva, lo que quiere el kirchnerismo es que el sector privado consuma su capital de trabajo para darles más aire a ellos en este dilema de caída del consumo.

El ejemplo es evidente. Una vez más, para que baje el precio de la carne quieren ponerle un cepo a las exportaciones. Nunca piensan en aumentar la producción, siempre en consumirse el stock de capital para sostener un consumo artificial.

¿Qué indica la lógica económica más elemental en estos casos? Permitir exportar para que el productor ganadero obtenga ganancias, invierta en el sector, aumente la oferta y así habrá carne para comer internamente a precios accesibles y, además, exportar. Esto no es una locura mía, basta con ver la historia argentina para saber que fuimos el país de la carne y el trigo gracias a las inversiones que se hacían. Esos dos productos hoy faltan en el país por culpa de este populismo que destroza todo lo que toca.

Y como frutilla del postre, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, que debe estimular el mercado de capitales para que el ahorro se vuelque a financiar el consumo y la inversión, no tiene mejor idea que salir a amenazar a las empresas diciendo que ese organismo está tomando medidas para detectar a las empresas que hagan “prácticas distorsivas y desesestabilizadoras” de los mercados.

Con este cuadro, donde ya no se arriesga el capital, sino la misma libertad del inversor, el kirchnerismo está comprando un problema social fenomenal porque está combinando inflación, con caída del consumo vía la reducción del salario real y el cierre de empresas. Es decir, en poco tiempo más veremos más pobreza y desocupación con el solo objetivo de sostenerse en el poder el tiempo que puedan.

En síntesis, el gobierno está lanzado a terminar de destruir todo lo que sea necesario y a aumentar su autoritarismo para sostenerse en el poder estirando la mecha para que la bomba le explote al próximo gobierno. Dudo que lo logre. En ese caso, si se dan cuenta a tiempo, tendrán dos opciones: a) que la bomba les explote a ellos o b) salir corriendo para que la bomba le explote a otro.

Fuente: Economía para Todos, 23/02/14.

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Roberto Cachanosky

Roberto Cachanosky

El gobierno kirchnerista perdió el monopolio del saqueo

diciembre 26, 2012

El dilema es que el gobierno perdió el monopolio del saqueo
Por Roberto Cachanosky

¿Quién no ha visto con preocupación los saqueos de los últimos días, trayendo a la memoria lo ocurrido en la crisis del 2001 y 2002? En rigor, los saqueos a los supermercados, comercios, estaciones de servicios, etc. nos impresionan por la violencia con que se hacen. Ver a la gente entrar a los supermercados rompiendo todo y robando de todo usando la violencia nos hace pensar en una crisis social, por más que se hagan todo tipo de especulaciones si esos saqueos son organizados de un lado o del otro.

Sin embargo, esos saqueos que vemos por televisión o personalmente (me ha tocado ver en vivo y en directo un saqueo en el 2001 viajando a Rosario en un supermercado a la altura de Campana) son, a mi juicio, la expresión última de un país que vive del saqueo. Es más, en la supuesta bonanza de la fiesta de consumo, hubo saqueos de todo tipo pero nadie los advertía porque la violencia del saqueo se ejercía “ordenadamente” vía el Estado.

Desde hace décadas Argentina tiene un sistema de organización económica de saqueo generalizado, entendiendo por saqueo, apropiarse por la fuerza de algo que a uno no le pertenece. Ese sistema de saqueo organizado por el Estado, fue profundizado hasta límites insospechados por el kirchnerismo.

El sistema económico argentino no está basado en la cooperación pacífica y voluntaria, por la cual mi progreso depende de hacer progresar a mis semejantes. Es decir, generar ingresos produciendo algo que la gente necesita, en la calidad y precios que el consumidor está dispuesto a pagar. ¿Cómo funciona este sistema de cooperación pacífica y voluntaria? Muy sencillamente. Es Estado se encarga de que impere el respeto por los derechos de propiedad y mantiene la disciplina monetaria y fiscal. Bajo esas condiciones, los empresarios invierten a riesgo buscando satisfacer las necesidades de los consumidores. Pueden tener éxito o no, y el éxito dependerá de haber generado algún bien o servicio que la gente demande.

A su vez, en un país con inversiones, la gente tiene puestos de trabajo y cobra salarios, que irán creciendo en la medida en que aumente la productividad gracias a un mayor nivel de inversiones, lo cual lleva a más consumo y mejor calidad de vida.

Pero no es este el sistema que rige en Argentina. Los ingresos de los diferentes sectores se logran, en muchos casos, en base al saqueo. El Estado, utilizando el monopolio de la fuerza, le otorga rentas extraordinarias a sectores empresariales para que estos obtengan ganancias que no hubiesen obtenido en condiciones de libre competencia. ¿Quién para esa renta ilícita? El consumidor, que, por el cierre de la economía (vivir con lo nuestro) y otros mecanismos, puede acceder a menor cantidad de bienes, de peor calidad y precios más altos.

Para compensar ese perjuicio, el Estado suele otorgar aumentos de salarios por decreto, o forzar incrementos salariales más allá de lo que permite la productividad de la economía, con lo cual, el consumidor que fue saqueado es compensado con otro saqueo a su favor. Dependiendo de la fuerza que tenga cada sector en cada momento, una vez gana uno sector y otras veces otro, pero siempre en forma transitoria.

Pero ahora se han agregado los famosos planes sociales en nombre de la justicia social, que de justicia no tienen nada y mucho de robo legalizado. Amplios sectores de la sociedad se sienten con derecho a que otros sectores los mantengan. Esa política requiere de recursos que el Estado obtiene saqueando a las empresas y trabajadores con una mayor carga tributaria. Saquea a unos para financiar el mantenimiento de otros.

El kirchnerismo también saqueó el sistema energético para no mover las tarifas, pero como nada es gratis en economía, tuvo que financiar ese precio subsidiado con impuestos primero y luego, cada vez con más emisión monetaria. El Estado saqueo los ahorros que la gente tenía en las AFJP para financiar la fiesta de consumo, para que la gente consumiera sin producir o consumiera más allá del ingreso real. Saqueo el transporte público con tarifas artificialmente bajas y, como contrapartida, saqueo el bolsillo de la gente con más impuesto inflacionario para financiar las tarifas baratas. Según el gobierno, esas tarifas baratas eran buenas porque permitían que la gente tuviera más plata en el bolsillo para consumir, hasta que la semana pasada Randazzo nos informó que los boletos de colectivo y trenes aumentaban el 40%. El preludio de que cada vez hay menos recursos genuinos para que el Estado saquee.

Hasta ahora esta maraña de saqueos cruzados que hizo el Estado no generó grandes conflictos sociales porque el mundo ayudaba con la santa soja y, además, se consumía el stock de capital (destrucción del sistema energético, transporte público, rutas e infraestructura en general). Pero el saqueo existió y fue liderado por el Estado. Digamos que el saqueo, hasta la semana pasada, era monopolizado por el Estado y distribuía ese botín a gusto y placer.

El problema es que ya no hay más recursos para saquear tan fácilmente sin que se produzcan reacciones. Como en todos estos años el gobierno desestimuló la inversión y estimuló el consumo, saqueando a diestra y siniestra con el sistema impositivo, la inflación y el consumo de stock de capital, todo parecía maravilloso.

Pero como ahora queda muy poco para saquear, la gente se enfurece y comienza a saquear por mano propia. Digamos que la misma dinámica del modelo llevó a que el Estado perdiera el monopolio del saqueo y por eso tiene que salir a reprimir.

Ya no hay más un tipo de cambio real alto que actúe como protección arancelaria a favor del modelo de sustitución de importaciones. Ya no pueden otorgarse aumentos de salarios por encima de la tasa de inflación. Ya no quedan tantos activos líquidos para saquear y financiar el consumo y los planes sociales. Ya no queda tanto espacio para financiar un gasto público desorbitado e ineficiente que regala casas, computadoras, planes sociales, energía barata, etc.

El famoso modelo de saqueo generalizado ha agotado la economía. No hay inversiones para producir y crear puestos de trabajo porque el sistema de saqueo llevado a su máxima expresión por el cristinismo ha dejado anémica a la economía. Hay muy escasa demanda laboral, salarios reales que caen por la inflación y la presión tributaria. La gente descubre que la fiesta de consumo de todos estos años tiene un costo y el Estado, aunque quiere hacerse el distraído, no tiene valor para decir que se acabó la ficción y que ahora la población tiene que pagar el costo de la fiesta de saqueo.

En síntesis, yo diría que los saqueos a los supermercados son la continuidad del saqueo organizado por el gobierno. Lo que pasa es que antes el gobierno utilizaba el monopolio de la fuerza para saquear, y digamos que era una especie de saqueo organizado. Ahora el saqueo es desorganizado. Como el Estado no puede responder a las demandas de saqueo de la gente, entonces la gente saquea por su cuenta. El dilema, entonces, no es que haya saqueos, sino que el gobierno perdió el monopolio del saqueo

Fuente: Economía para Todos, 26/12/12.

Roberto Cachanosky

Roberto Cachanosky

El espíritu de la reforma constitucional

septiembre 25, 2012

El espíritu de la reforma constitucional

Por Roberto Cachanosky

 

Si bien por el momento el oficialismo parece haber levantado el pie del acelerador en su propuesta de reforma constitucional, todo parece indicar que, aun con el 66% de la gente en contra de dicha reforma, igual insistirán y harán lo imposible por llevar a cabo el proyecto de CFK for ever.

Parece haber dos grandes argumentos que esgrime el oficialismo para impulsar la reforma constitucional.

El primero es la re relección de CFK porque para ellos es la única persona que puede llevar adelante el proyecto nacional y popular. Es decir, con este argumento reconocen dos cosas: a) que no tienen a nadie más dentro de las filas del kirchnerismo como para ganar una elección y b) que no creen en las instituciones como mecanismo de desarrollo de los países sino que creen en personajes providenciales, algo así como un dictador bueno que solo él está en condiciones de guiar a un pueblo descarriado y sin rumbo. Puesto en castellano básico, todos los argentinos somos una colección de tarados que no podemos encontrar a una persona que pueda hacer crecer el país y solo una sola, ella, es la tocada por la mano de Dios para salvar a la patria. Un verdadero pensamiento mesiánico, entendiendo por mesiánico “sujeto real o imaginario en cuyo advenimiento hay puesta confianza inmotivada o desmedida” según la Real Academia Española.

El tema de la posibilidad de relegir a un presidente siempre fue tema de debate. Personalmente, creo que no debería haber relección para que sean las instituciones y no las personas las que conduzcan a un país hacia la senda del crecimiento. Dicho de otra manera, con reglas de juego claras, las personas elegidas por el voto deberían limitarse a administrar la cosa pública por un corto período y luego le tocaría el turno a otro, quien, siempre subordinado al orden jurídico existente, administraría la cosa pública.

En todo caso, de haber alguna reforma debería ser para anular la relección del presidente y dejarle solo un mandato de cuatro años, a partir de los cuales se vuelve a su casa. De esta forma no solo imperarían las instituciones, sino que, además, llegar al poder dejaría de transformarse en un negocio personal por el cual los sátrapas se matan por alcanzarlo. Además, desestimularía el clientelismo y otras formas perversas de someter y denigrar a la gente.

El segundo argumento que esgrime el oficialismo es el de cambiar el espíritu de la Constitución para llevarnos a una especie de socialismo del siglo XXI al estilo Chávez.

Este segundo argumento francamente no lo entiendo, porque hoy el Gobierno ignora olímpicamente la Constitución Nacional. Por ejemplo, y sin defender a la ex Ciccone, el Ejecutivo la intervino por decreto cuando en realidad constitucionalmente es un juez el que debe dar la orden de intervención.

Más patético es que el presidente pueda firmar un DNU y que, con la aprobación de una sola cámara, ese DNU tenga fuerza de ley, cuando todos sabemos que un proyecto de ley para transformarse en ley necesita de la aprobación de ambas cámaras. Es decir, el presidente se ha transformado casi en un dictador.

Agreguemos a eso los superpoderes para manejar el presupuesto a su antojo, la aplicación de impuestos o modificaciones de las alícuotas sin pasar por el Congreso e infinidad de otras cuestiones como para advertir que hoy en día la Constitución es letra muerta.

Al respecto, tengo mi teoría. En rigor, nuestra Constitución de 1853 tuvo un espíritu liberal que fue el que le permitió al país dejar de ser un desierto para transformarse en una de las naciones más prósperas del mundo. Los inmigrantes no venían a morirse de hambre a la Argentina, sino que llegaban a estas tierras porque sabían que —con su esfuerzo y trabajo— tenían un futuro.

Por supuesto que hoy está de moda denostar a la generación del 80, pero la realidad histórica es que esa generación, con sus más y sus menos, construyó un país pujante. Sin embargo, en algún momento de la historia, fecha que da para el debate, se quebró el espíritu de la Constitución de 1853 y nos fuimos al diablo. Las ideas fascistas, el falso nacionalismo y el populismo tuvieron más peso en las ideas de la mayoría de la población que el espíritu de la Constitución de 1853.

Mi impresión es que esa Constitución que impulsó Juan Bautista Alberdi fue perfecta en los papeles, pero hubo una generación que no compartió los ideales plasmados en Las Bases, primero, y, luego, extensamente explicados en el Sistema Económico y Rentístico (el título del libro es más largo).

Dicho de otra manera, pareciera ser que la mayoría del pueblo argentino no comparte los ideales de Alberdi, sino que se ha inclinado más por el populismo, el fascismo y gobiernos poderosos, con lo cual la Constitución de 1853 tuvo un período muy corto de vigencia en nuestra historia. Sin embargo, en ese breve período demostró que si se seguían sus pasos podía ofrecerles a sus habitantes la libertad y el progreso económico.

Por eso muchas veces dudo de la fuerza que pueda tener una constitución escrita. Si las ideas que nutren a una constitución no son carne en la sociedad, esa constitución está destinada a ser ignorada.

Ahora bien, si a lo largo de nuestra historia del siglo XX y lo que va de este se ha vulnerado sistemáticamente la Constitución de 1853, y no solo en la parte en que se establece cómo se eligen las autoridades de la nación sino también en los derechos y garantías de los ciudadanos, la pregunta que surge es: ¿para qué quiere el kirchnerismo cambiar la Constitución si igual no la respeta? ¿Para qué modificarla si de todas formas hace lo que se le canta?

Obviamente que la primera respuesta que surge es para que Cristina Fernández de Kirchner pueda perpetuarse en el poder. Otra respuesta posible es que, además, necesitan el poder para no sufrir un tsunami de juicios luego de perderlo. Sin embargo, también podría agregarse la idea de reformar la Constitución para darle “legalidad” a un gobierno autoritario.

En los 70, los grupos subversivos quisieron tomar el poder por las armas para establecer una dictadura al estilo cubano. Y bueno es aclarar que esa lucha armada la llevaron a cabo bajo un gobierno electo como fue el de Isabel Perón, que asumió la presidencia luego de la muerte de Juan Domingo Perón. Es decir, los muchachos idealistas de los 70 se alzaron en armas contra un gobierno constitucional para intentar establecer una dictadura. Si el golpe del 76 no se hubiese producido, se quedaban sin argumentos para continuar la lucha armada porque no podían argumentar que usaban las armas contra un gobierno constitucional. Necesitaban que los militares tomaran el poder para así “legitimar” sus acciones violentas.

Hoy día ese mecanismo sería rechazado por la sociedad y, por lo tanto, la reforma constitucional sería algo así como la frutilla del postre que le daría “legitimidad” a una dictadura limitando o anulando la libertad de expresión, el derecho de propiedad, de enseñar, de aprender y difundir las ideas sin censura previa. Digamos que la idea es mostrarle al mundo que esto no es una dictadura porque tiene una Constitución que avala los atropellos del gobierno contra los habitantes.

El gran interrogante es el siguiente: así como la mayoría de la gente no aceptó el espíritu liberal de la Constitución de 1853, habría que ver si en la mayoría de la población impera el espíritu de un gobierno dictatorial y eterno.

Mi impresión es que ese espíritu de un gobierno autoritario y eterno no impera en la sociedad argentina, sobre todo en la clase media, y por eso los continuos ataques del gobierno a ese sector de la sociedad. Tengo para mí que el continuo ataque a la clase media es un paso fundamental para poder avanzar hacia una reforma constitucional que “legitime” una dictadura. Destruirla para que no sea un obstáculo en su avance hacia el autoritarismo. Es por eso que no se aplican políticas que terminen con la pobreza. Por el contrario, el “negocio” político es crear más pobres, suponiendo que los pobres apoyarán un modelo autoritario. Igualar hacia abajo con unos pocos ricos que detenten el poder sería el objetivo.

Tal vez me equivoque, pero me parece que el espíritu de la reforma constitucional es, justamente, el de darle un aspecto de “legitimidad” a un sistema autoritario. En los 70 quisieron imponerlo por las armas y fracasaron. Ahora, intentan simular un proceso democrático para ver si consiguen lo que no lograron por la vía del terrorismo.
Fuente: Economía para Todos, 25/09/12.
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El Gobierno K necesita del autoritarismo para sobrevivir

septiembre 17, 2012

El Gobierno necesita del autoritarismo para sobrevivir

Por Roberto Cachanosky

 

Cuando Friedrich von Hayek escribió Camino de Servidumbre trató de mostrar que una economía centralizada lleva, inevitablemente, al control de la vida de las personas, esto es, a un sistema totalitario.

Hayek, que había emigrado de Austria a Londres, veía cómo los laboristas y economistas formulaban propuestas económicas que, por su misma dinámica, tenían que terminar en el control de la vida de la gente.

Publicado en 1944, la tesis central de “Camino de Servidumbre” sigue teniendo vigencia casi 70 años más tarde y se verifica en Argentina.

A diferencia del cacerolazo del 2001 cuando se estableció el corralito o el del 2008 cuando estuvo el enfrentamiento por la 125, el cacerolazo del jueves pasado no parece responder a un solo motivo sino a una combinación de problemas económicos con crecientes restricciones a las libertades civiles junto con otros ingredientes como la inseguridad, los intentos del Gobierno de perpetuarse en el poder, la corrupción, la forma soberbia de comportarse del Gobierno y muchos temas más. Pero sí hay un hilo conductor entre economía y libertad individual que, me parece, irá agravándose considerando que el oficialismo, ante la adversidad, suele redoblar la apuesta e ir por más para ir por todo.

Desde el punto de vista económico, siempre una regulación lleva a otra regulación y, si se insiste en ese camino, a la asfixia de la economía. Por ejemplo, el Gobierno viene emitiendo moneda a marcha forzada, esa emisión genera inflación. Al mismo tiempo ha dejado el tipo de cambio casi quieto y, por lo tanto, el tipo de cambio real se encuentra en niveles similares a los de la convertibilidad. ¿Qué hizo el Gobierno frente a este problema? Redobló la apuesta y primero estableció más burocracia para poder importar. Luego se le ocurrió que si una empresa importa un dólar tiene que exportar un dólar. Eso no le alcanzó y restringió arbitrariamente las importaciones. Tampoco le alcanzó y obligó a las compañías de seguro a traer las divisas que tenían en el exterior. Después prohibió el giro de utilidades y dividendos. Luego estableció una aprobación previa de la AFIP para poder comprar dólares y, finalmente, directamente prohibió la compra de dólares para atesoramiento. El tema cambiario fue escalando hasta llegar a limitar derechos individuales como poder viajar al exterior sin tener problemas para comprar divisas. Una regulación económica fue llevando a otra hasta terminar en una restricción a las libertades civiles.

Otro ejemplo es el de la inflación. El Gobierno niega la inflación real y a quienes hicieron sus propias estimaciones de inflación les inicio un absurdo juicio por difundir sus propios índices de inflación. Para frenar las expectativas inflacionarias y una mayor huida del peso tuvo que recurrir a intimidar a las consultoras que elaboraban sus propias estimaciones de inflación.

Los casos de empresarios que son apretados para que vendan a determinado precio sus productos, fabriquen determinados bienes y demás locuras intervencionistas no forman parte de una política económica errada, sino de un simple abuso del poder de los funcionarios públicos. Un amedrentamiento usando el monopolio de la fuerza.

Si un empresario dice que la actividad inmobiliaria está paralizada, la presidente no averigua cómo vienen las escrituras, sino que le pide a la AFIP información reservada sobre la situación fiscal del empresario y luego lo escrachan públicamente y por cadena nacional.

Mi cuarta verificación de la AFIP en 5 años me llegó el mismo día en que publiqué una nota en La Nación criticando el discurso de la presidente en la apertura del Congreso. Ese día, una empleada de la AFIP, carta en mano, vino a entregarme la nota de verificación de ganancias, cuando ya había tenido otra verificación 6 meses antes.

Los descalabros económicos que hace el Gobierno tienen que ser escondidos a la opinión pública. Nadie puede opinar diferente porque aceleraría el descontento popular sobre la marcha de la economía y, para eso, necesitan amedrentar a la gente. Como dijo CFK, hay que tenerle un poco de miedo. El problema es que a medida que vaya creciendo el descontento por la situación económica, el Gobierno tendrá que apelar a mayores grados de amedrentamiento de la población. Tendrá que generar más miedo y, para eso, necesitará avanzar cada vez más sobre los derechos individuales.

Veamos otro ejemplo sobre cómo las regulaciones económicas terminan avasallando los derechos individuales. Para que la gente pueda viajar al exterior y comprar divisas, tiene que informarle a la AFIP dónde viaja, por qué viaja, con quién viaja y otras informaciones que, al menos en un estado de derecho, la AFIP no tendría autoridad para pedirla. Es más, cuando se requería la autorización previa de la AFIP para comprar dólares, el ente recaudador no podía establecer como parámetro el ejercicio fiscal en curso porque no lo puede hacer y tampoco le sirve, por lo tanto tenía que recurrir a la información del ejercicio fiscal anterior que no necesariamente tiene que ser igual al corriente. Es decir, para comprar dólares intervenía la AFIP utilizando mecanismos arbitrarios cuando, en realidad, quien debería establecer las restricciones cambiarias tendría que haber sido el BCRA.

Los ejemplos que muestran cómo una regulación económica lleva a otra regulación económica y termina en la violación de derechos individuales son muchos.

El gran interrogante que se abre hacia el futuro es cómo reaccionará el Gobierno ante el cacerolazo del jueves pasado. Como decía antes, el kirchnerismo o cristinismo siempre redobla la apuesta, con lo cual no debe descartarse alguna medida que afecte a la clase media como venganza por la movilización y el cacerolazo. El dato que tenemos es que el Gobierno no tiene problemas en violar las más elementales normas de una democracia republicana. Si han logrado que un DNU pueda tener vigencia con la aprobación de una sola de las cámaras, lo cual es un disparate constitucional, de ahí para adelante pueden hacer cualquier cosa. Incluso desobedecer una sentencia de la Corte Suprema.

Por otro lado, el problema del oficialismo es que si pierde el poder corre el riesgo de recibir un tsunami de juicios por corrupción, al tiempo que serán muchos los jóvenes de La Cámpora que perderán sus privilegios y tendrán que buscar un trabajo en serio. Una mezcla de negocio personal y riesgo de tsunami de juicios hace pensar que intentarán retener el poder a cualquier precio.

Y cuando digo a cualquier precio significa seguir avanzando sobre la libertad de expresión, más carga impositiva, menos propiedad privada y más intimidación para infundir temor en la población. Si se acepta este posible escenario, no debería descartarse que veamos una escalada de protestas como las del jueves pasado y más aprietes del Gobierno. El enfrentamiento podría seguir escalando porque el cristinismo quiere ir por todo y la gente percibe que no solo hay problemas económicos como la inflación, sino también las libertades individuales están en juego.

Si a esto le agregamos los insoportables discursos en cadena, la soberbia con que se manejan y los intentos de adoctrinamiento de los chicos en los colegios por parte de La Cámpora, mi impresión es que esto recién empieza. Y me parece que la reacción del Gobierno frente a la movilización del jueves será algún acto de venganza.

Al poco tiempo de asumir la presidencia y durante un acto miliar, Néstor Kirchner les dijo gratuitamente a los soldados: “No les tengo miedo”. El jueves pasado la gente pareció decirle a Cristina: “No te tenemos miedo”.

Frente a un gobierno sin escrúpulos, lo peor que puede hacer la gente es tenerle miedo. Esa es la mejor defensa de su propiedad y libertad. Si tienen miedo, no solo perderán su propiedad y libertad, sino que terminarán aterrorizados, porque el cristinismo necesita del autoritarismo para poder sobrevivir.
Fuente: Economía para Todos, 17/09/12.
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Más información en: www.economiaparatodos.com.ar

Reforma Constitucional K

septiembre 3, 2012

 

¿Reforma Constitucional para violar los derechos individuales?

Por Roberto Cachanosky

 

Las ideas de una re-relección de Cristina Fernández de Kirchner que comienzan a instalarse en la opinión pública no sólo demuestran que el kirchnerismo carece de sucesores potables, sino también el desprecio que sienten por la calidad institucional y la república.

 

Cada vez queda más en evidencia que el ‘cristinismo’, disfrazado de progresismo, intenta imponer en el país un sistema autoritario. Dicho en castellano básico, al cristinismo le gusta la plata más que el dulce de leche.

La mayoría de ellos con departamentos en Puerto Madero, dueños de complejos hoteleros, propiedades en Punta del Este, crecimientos patrimoniales declarados que ningún común mortal de Argentina podría pasar tan fácilmente por la AFIP sin ser revisado de punta a punta e infinidad de otros datos más, constituyen el universo de una corriente política que despotrica contra el egoísmo de los que quieren ganar mucho y se compadecen de los pobres desde las alturas de sus fortunas amasadas con tasas de rentabilidad envidiables.

La estrategia es presentarse como los progresistas que están defendiendo a los pobres mientras ellos acumulan aumentos patrimoniales que ni siquiera pueden justificarse. Su fuerza de choque fue cambiando. Primero era D’Elía y Moyano, entre otros, ahora es el Vatayón Militante disfrazado de un grupo de condenados por diferentes delitos que salen de las cárceles para hacer actividades culturales, mientras que los soldados de La Cámpora, a los que también les gusta la plata más que el dulce, se están encargando de destruir sistemáticamente la economía del país desde puestos públicos bien rentados.

Cada vez más aceleradamente nos dicen qué podemos comprar, qué moneda tenemos que usar, dónde tenemos que veranear, qué tenemos que producir y, dentro de muy poco qué podemos decir y qué no podemos decir. Todo ello en nombre de la inclusión social y la “democracia”.

Con la hipocresía que caracteriza a los regímenes autoritarios, dicen hacerlo en nombre de la inclusión social, la defensa de los puestos de trabajo y de la producción nacional, pero al final del camino se ve claramente el objetivo: un país dividido en dos grandes castas. Por un lado ellos disfrutando de grandes patrimonios y un buen nivel de vida. Por el otro, el resto de la población que seremos el lumpen sometidos al peso del monopolio de la fuerza del Estado. Una especie de siervos de la gleba que tendremos que trabajar para sostener a los que detentan ilegítimamente el poder y a los que disfrutan de los mal llamados planes sociales que viven a costa de nuestro trabajo.

Pero uno de los pasos previos es dividir a la sociedad. Tratar de convencer a los pobres que son pobres porque otros son ricos. En rigor algo de razón tienen, porque mientras ellos y los beneficiarios del modelo acumulan fortunas, el resto de la población se va empobreciendo. Los pobres son pobres porque quienes usan el poder a su antojo, engrosan sus patrimonios, y no justamente por ser empresarios emprendedores que se ganaron el favor del consumidor. Retener el poder es algo más que controlar el monopolio de la fuerza para violar los derechos de terceros, sino que también es un NEGOCIO. El ejercicio de la función pública ha dejado de ser un honor que le confiere la sociedad a una persona para que, por un tiempo, administre la cosa pública, para mutar en un negocio personal.

Otra forma de enfrentar o dividir a la población consiste en hacer un discurso tratando de estimular el resentimiento entre los diferentes sectores de la sociedad. Decir que la culpa de la inflación es de los empresarios que aumentan los precios, mientras el BCRA destruye el poder adquisitivo de la moneda a marcha forzada es una de las estrategias.

El responsable de la destrucción del sector energético fue Repsol y el modelo de los 90, nunca las barbaridades que ellos hicieron en este rubro. Es decir, a medida que el país va cayéndose a pedazos en su infraestructura, señalan un nuevo e inventado culpable y enemigo público al cual hay que castigar.

El escrache público que Cristina Fernández le hizo al dueño de una inmobiliaria por decir que había muy poca actividad, denunciándolo públicamente por no presentar una declaración jurada de ganancias, fue un claro mensaje mafioso. Acá nadie se queja porque el monopolio de la fuerza lo tengo yo y, simulando cumplir con las funciones de administración, aplicó el monopolio de la fuerza para intimidar a los que piensan diferente. El debate dejó de ser si la actividad inmobiliaria disminuía, sino el uso de los organismos del Estado para intimidar a los que dicen algo que moleste al gobierno.

Cuando el Ejecutivo interviene una empresa como Cicccone, a la cual no voy a defender, está violando el estado de derecho porque solo se puede intervenir la propiedad privada con una orden judicial. Esta gente le pasó por encima al orden jurídico vigente diciendo: ¿saben qué? ¿Ahora que me alcé con el monopolio de la fuerza hago lo que se me da la gana? Y cualquiera que ose levantarse contra una creciente tiranía pasa a ser un golpista destituyente. Un operador de intereses ocultos. Un mercenario al servicio de intereses extranjeros y de los fondos buitres.

En este contexto, la reforma de la Constitución es el último paso para justificar jurídicamente el avasallamiento de las libertades individuales y pavimentar el camino para que el uso del monopolio de la fuerza del Estado pueda ser usado “constitucionalmente” contra los ciudadanos. Como lo escribí en otra nota: la idea es transformar los derechos de los habitantes en delitos, y el abuso en el uso del poder en un derecho de los gobernantes.

De alguna manera esto ya ocurre, porque si se aplicara la Constitución vigente, el abuso del poder que ejerce el gobierno y las violaciones al orden jurídico vigente, tendrían que ser sancionadas. En los hechos ya hemos perdido la democracia republicana y estamos en transición hacia una tiranía “constitucional”. Poner por escrito lo que hoy se hace, en forma de ley sería el objetivo último de esta movida para reformar la Constitución. Poner por escrito que el Estado puede violar los derechos de los habitantes en nombre de la “democracia”. Bastardear la palabra democracia para transformarla en tiranía. ¿Acaso la ex Alemania oriental no se llamaba República Democrática Alemana? En nombre de la democracia se la destruye.

¿Hasta dónde podrán avanzar en este proyecto? Solo Dios lo sabe. Sabemos que el gobierno actual no respeta las normas vigentes y traspasa todos los límites del Estado de derecho. Ir por más no es otra cosa que, como decía antes, eliminar el límite al poder del gobierno dejando a los ciudadanos sin derechos y sometidos “constitucionalmente” a los caprichos del gobierno de turno.

Lo que no sabemos es qué aval le otorgará la mayoría de la sociedad a este proyecto de una constitución autocrática. Si hoy mucha gente tiene miedo de hablar, mañana tendrá pánico hasta de respirar sin el permiso del burócrata de turno.

La otra pregunta es: ¿puede una mayoría apoyar electoralmente el establecimiento de un gobierno autoritario violando los derechos de terceros? Sí puede hacerlo, pero eso no es una democracia, porque una democracia no significa someter los derechos de la gente en cada elección, sino elegir pacíficamente quienes serán los responsables, transitoriamente, de administrar la cosa pública. Cualquier otra cosa que no tenga que ver con este principio no es democracia. Inventemos otra palabra, pero no bastardemos la palabra democracia.

Las ideas de re-relección de CFK que andan circulando por ahí, afirmando que el modelo necesita de su liderazgo, muestran que el kirchnerismo o cristinismo, no solo no tiene sucesores potables para ganar una elección, sino que, además, para ellos no es la calidad institucional la que construye un país, sino que creen en el liderazgo de una sola persona para que el país pueda crecer, según ellos. No son personas diferentes que, dentro de un marco institucional previsible, van alternándose en la administración de la cosa pública, sino que aquí hace falta un Fidel, un Stalin o un Hitler que, con el todo el poder del Estado, infunda el suficiente miedo y terror en la población para quebrar cualquier resistencia al autoritarismo que luchará contra el inventado enemigo de turno. El ciudadano tiene que vivir aterrorizado del poder del Estado todo poderoso, sometiéndolo a los dictados del mandamás so pena de ser tildado de colaborador de los “intereses ocultos que conspiran contra la patria”.

Puede ser que, finalmente, el oficialismo gane su pulseada en la reforma constitucional y se establezca un régimen “constitucionalmente” autoritario. Pero que ese régimen, salga de maniobras políticas poco transparentes o de una mayoría circunstancial, no impide que el sistema termine siendo un autoritarismo absoluto. En definitiva, que el autoritarismo se establezca con los tanques o con los votos es indiferente. Igual sigue siendo autoritarismo, porque ninguna mayoría circunstancial puede arrogarse el derecho de establecer un régimen que viole los derechos de terceros. El derecho a la vida, la libertad y la propiedad están por encima de cualquier gobierno o mayoría circunstancial, porque esos derechos son previos a la existencia del Estado y de cualquier gobierno. Por lo tanto, someter esos derechos a una votación es un intento de violación de los derechos humanos tratando de darle un aspecto jurídico a lo que en cualquier parte del mundo se llama dictadura.
Fuente: Economía para Todos, 02/09/12.

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