Anoche, casi al borde de las lágrimas, Cristina Kirchner contó cómo piensa huir teóricamente del default. Una contradicción evidente se deslizaba entre palabras y gestos. No quiere ser la autora de otra cesación de pagos argentina, pero al mismo tiempo tomó la decisión de no obedecer a la justicia norteamericana. Se meció entre la necesidad política y el relato épico, y pocas veces las dos cosas son conciliables. Su propuesta de cambiar el lugar de pago a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 (y remover como agente al Bank of New York) es, objetivamente, un paso atrás de la Presidenta.
Cristina, ayer, al anunciar el cambio de jurisdicción del pago de los bonos, ante el bloqueo judicial en EE.UU.. Foto: Télam
Un intento de acomodar la continuidad de los pagos y la preservación del discurso. La experiencia es insólita, no tiene precedentes, y, por lo tanto, el pronóstico de su resultado debe ser escéptico.
Es mejor, sin duda, que haya anunciado que los dólares de los bonistas serán depositados en un fideicomiso a que se haya dedicado a despilfarrar los dólares. El primer problema que tendrá, con todo, es el que surgirá de la diferencia entre el lugar de pago y la jurisdicción judicial. El Bank of New York era el agente de pago porque la jurisdicción era la de la justicia norteamericana. Ella anunció que los bonistas podrían, voluntariamente, cambiar la justicia norteamericana por la argentina. Es improbable, casi imposible, que eso suceda con una mayoría importante de acreedores.
Cristina no quiere ser la autora de otra cesación de pagos argentina, pero al mismo tiempo tomó la decisión de no obedecer a la justicia de EE.UU.
No habrá muchos acreedores dispuestos a remover a la justicia norteamericana porque ésta les dio la razón a los acreedores. Mucho menos irán a un país cuyo gobierno decidió desconocer al sistema judicial norteamericano. No es sólo el juez Thomas Griesa (el único que la Presidenta nombra), sino la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón al juez, y la Corte Suprema de Justicia, que decidió por omisión.
¿Puede el lugar de pago ser distinto del de la jurisdicción judicial? Es un caso muy difícil, porque el cambio de jurisdicción necesita, en primer lugar, de una mayoría de bonistas cercana al 100 por ciento para poder realizarse. Si hubiera un pleito en el futuro con algunos bonistas, ¿cómo haría cumplir la justicia de Estados Unidos sus decisiones si el lugar de pago estará en Buenos Aires? ¿Qué recursos le quedaría a un juez norteamericano para aplicar su sentencia? Ninguno. A la Presidenta le tocará evaluar luego si sobresalió en el país y en el mundo la decisión de guardar los dólares de los acreedores o la de desobedecer a la justicia.
En el Congreso, la oposición tiene el desafío de salir de la disyuntiva patria o buitres que plantea el Gobierno. Foto: Archivo
Cristina Kirchner decidió huir del default cuando el país ya está en default. El anuncio subyacente de anoche consiste también en que ella entregará el país, dentro de un año y cuatro meses, con el problema de la deuda pública sin resolver. Lo vapuleó al juez Griesa desde el principio hasta el final de su discurso. Señal de que no piensa negociar ni con el juez ni con los bonistas. Tema concluido para ella.
En el caso de los fondos buitre, no es solo Griesa, sino la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón al juez y la Corte Suprema, que decidió por omisión.
De paso le transfirió el problema a la oposición actual cuando envió la decisión al Congreso. ¿Qué harán sus opositores? ¿Aceptarán su decisión o le reclamarán que se siente a negociar con los bonistas y con Griesa? Cristina Kirchner no ha dejado más opción que ésa. La opción, en fin, «Patria o buitres». Algunos dirigentes opositores fueron especialmente sensibles en los últimos tiempos al anatema de «vendepatria» o «cipayo«. Ahí, precisamente, entre esas pobres alternativas, proyecta acorralarlos.
Cristina Kirchner ya había dado ayer otras señales de su decisión de ampararse en el discurso nacionalista. No fue ella, sino su canciller, Héctor Timerman, quien insistió en colocar el conflicto con los holdouts en el marco de una disputa política con Washington. Timerman volvió formalmente con la tesis de que los tribunales de La Haya deben resolver sobre un diferendo entre dos Estados, el argentino y el norteamericano, por la decisión de Griesa sobre los fondos buitre.
El gobierno de Obama repitió en el acto lo que ya había dicho: ése no es su problema y la Argentina debe resolver su conflicto con los bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Es decir, para Washington es un problema argentino, no norteamericano. Punto final.
La prestigiosa diplomática Susana Ruiz Cerutti, junto al gobierno nacional en un polémico planteo diplomático. Foto: DyN
Ningún abogado en su sano juicio le hubiera aconsejado ir a La Haya para reclamarle al gobierno norteamericano porque un juez de Nueva York falló en contra de la posición argentina. La primera constatación que debe tenerse en cuenta es que ese juez está resolviendo sobre la deuda argentina porque los gobiernos argentinos, incluidos los de los Kirchner, les propusieron a los bonistas esa instancia judicial. El canciller Timerman agregó ayer que, si a Washington no le gusta La Haya, podría proponer otra vía de negociación entre los dos gobiernos. Llama la atención que la embajadora Susana Ruiz Cerutti, responsable legal de la Cancillería, se haya prestado a semejante confusión intelectual. Ruiz Cerutti es una diplomática con una larga trayectoria y tiene prestigio como profesional de carrera.
Algunos dirigentes opositores fueron especialmente sensibles al anatema vendepatria o cipayo.
El primer obstáculo es práctico. Aun cuando el gobierno de Obama se sentara a negociar con Cristina Kirchner, y hasta les encontrara razón a sus planteos, ¿qué podría hacer después para cambiar la decisión de la justicia norteamericana, que incluyó una resolución de su Corte Suprema? Nada. ¿Supone el gobierno argentino que la Casa Blanca podría librar una orden terminante a sus jueces para que cambien sus sentencias sobre el caso de los holdouts? Si sabe que eso nunca será posible, ¿para qué o por qué lo hace? ¿Acaso para exhibir a Washington como su enemigo político, como el gran maquinador de las adversidades de la Presidenta?
El segundo problema es jurídico. El juez Griesa dictó la sentencia en cuestión en febrero de 2012, cuando Cristina Kirchner acababa de ser reelegida por el 54% de los votos y pensaba que nadie podría contra ella. El gobierno argentino apeló la decisión del juez ante la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón a Griesa.
Luego, la administración argentina recurrió ante la Corte Suprema de Justicia norteamericana, a la que le aseguró, mediante un documento, que cumpliría con la decisión final de la justicia de Estados Unidos. La Corte Suprema decidió no tratar el caso argentino, a pesar de que el gobierno de Obama se presentó como amigo del tribunal y opinó a favor de la posición de fondo de la Argentina. La sentencia de Griesa se convirtió entonces en firme y definitiva.
Pese a lo que plantea ahora, cada apelación que hizo la Argentina fue un reconocimiento de la jurisdicción y de las facultades de la justicia norteamericana.
Cuando el gobierno argentino recurre ahora ante la Casa Blanca está desconociendo la jurisdicción y las facultades del juez Griesa. Eso se podía hacer, si es que se podía, al principio de todo. Pero no se puede desconocer la facultad de un juez, buena o mala, cuando ya existe una sentencia firme. Cada apelación fue un reconocimiento de la jurisdicción y de las facultades de la justicia norteamericana. El gobierno argentino apeló dos veces.
Primero, Timerman desconoció la jurisdicción de la justicia de Nueva York y, más tarde, ayer mismo, la Presidenta anunció que directamente la desobedecerá. Ése es, tal vez, el corazón de una decisión política clave: irse como una líder nacionalista y popular y dejarle a su sucesor los problemas que nunca resolvió.
Si no hubiera hecho el furibundo anuncio amenazando con revelarse contra los tribunales de la mayor potencia mundial, Cristina Kirchner habría aparecido en la tapa de los diarios como una líder derrotada en sus dos más bravías iniciativas de su mandato con fecha de vencimiento próxima: la aplicación de la ley antiterrorista a empresas, empresarios y hasta modestísimos operadores económicos y la sanción de una tenebrosa y fascista ley de abastecimiento.
En cambio, ahora será la líder que bravíamente propuso la ley Del Pago Soberano Local de la deuda exterior de la República Argentina. O sea, que todos aquellos pagos bloqueados por los fallos del juez Griesa se harán, si el Congreso aprueba la ley, en la Argentina, en el Banco Nación o en una entidad fiduciaria que los acreedores elijan. Lejo de lo que ella llama «extorsión» norteamericana.
Cristina Kirchner entrampa así al Congreso y a la oposición con su latiguillo: Patria o buitres.
También, insólitamente, por primera vez ofreció comenzar a pagar a los que no entraron en los canjes -«los buitres» entre ellos- como si lo hubieran hecho. Un gesto de buena voluntad que tal vez hubiera servido durante el proceso judicial como muestra de buena voluntad, pero que siempre negó advirtiendo que la ley local del cepo se lo impedía.
Las posibilidades de éxito parecen pocas y tienen que cumplir muchísimas condiciones, para que la Argentina no desbarranque en un nuevo default abierto
Cristina Kirchner entrampa así al Congreso y a la oposición con su latiguillo: Patria o buitres. Se baja o al menos demora dos tremendos proyectos reaccionarios e, increíblemente, dice que pagará a los buitres lo mismo que a los que aceptaron los canjes y que comenzará a depositar las sumas.
Las posibilidades de éxito parecen pocas y tienen que cumplir muchísimas condiciones, para que la Argentina no desbarranque en un nuevo default abierto y descontrolado de toda su deuda.
La primera y más obvia es que los que ya entraron en los canjes deben aceptar el cambio de jurisdicción y eventualmente de agente financiero. Eso, claro, después de que el Congreso apruebe la ley.
Hay, dicen los especialistas, fondos de inversión que entraron al canje y no pueden aceptar papeles que no tengan jurisdicción y legislación y lugar de pago en los Estados Unidos, preferiblemente, Nueva York.
La apuesta de la Presidenta es peligrosísima y puede terminar en una catástrofe. Si no fuera tan, pero tan peligrosa, jamás habría querido compartir la responsabilidad
¿Cuántos agentes financieros que no sean el Banco Nación se allanarán a ser el instrumento para desafiar las decisiones de un juez norteamericano? Habrá que ver.
La apuesta de la Presidenta es peligrosísima y puede terminar en una catástrofe. Si no fuera tan, pero tan peligrosa, jamás habría querido compartir la responsabilidad. La Asignación Universal por Hijo tenía amplio apoyo opositor. La hizo y la mantiene por DNU.
¿Pagar a los buitres como signo de buena voluntad, abandonar el cepo? Pareciera que la Presidenta por primera vez está preocupada por las evidentes pobres consecuencias momentáneas de su radicalización.
Fuente: LaNacion.com, 19/08/14. 23:12 hs.
Otro ex operador de Rabobank se declara culpable de manipular la Libor
Por Anna Prior.
NUEVA YORK (EFE Dow Jones) — Otro ex operador de yenes del banco holandés Rabobank Group NV se ha declarado culpable de las acusaciones de que ha participado en un plan para manipular la tasa de interés Libor.
El operador, el británico Paul Robson, se declaró culpable el lunes en un tribunal federal de Nueva York por un cargo de conspiración para cometer fraude cibernético y bancario por manipular la Libor en yenes, informó el Departamento de Justicia estadounidense.
Robson es el segundo ex operador de Rabobank en declararse culpable. En junio, Takayuki Yagami también se declaró culpable del mismo cargo.
El caso contra Robson coincide con las investigaciones de las autoridades estadounidenses de la presunta manipulación de las tasas de referencia. Rabobank accedió en octubre a pagar US$1.070 millones a los reguladores internacionales para zanjar la investigación sobre el Libor.
La Libor en yenes está diseñado para medir lo que se cobran los bancos entre sí para pedir prestados fondos en yenes. Cientos de billones de dólares en títulos y préstamos están en general vinculados a la Libor, lo que le convierte en la principal referencia internacional utilizada en productos y transacciones financieras.
No se pudo contactar inmediatamente con el abogado de Robson y con ningún representante de Rabobank para obtener comentarios al respecto.
Una madre crea Ignore No More, una ‘app’ que bloquea el móvil hasta que los hijos contesten
Una texana, harta de que sus hijos no contestaran a sus llamadas, ha creado una aplicación que le garantizará el odio de miles de adolescentes.
Ignore No More, la aplicación que más odiarán los adolescentes
Sharon Standifird, profesora y veterana de la Guerra del Golfo, se hartó de que su hijo adolescente no le cogiera el móvil o contestara a sus mensajes, de modo que decidió buscar una forma en que la tecnología acudiera en su ayuda. De modo que se puso a investigar cómo crear una aplicación y unos meses después ha lanzado la aplicación Ignore no More para dispositivos Android, que bloquea el móvil de los hijos hasta que no respondan a las llamadas de los padres.
El sistema funciona así: se crea una cuenta familiar a la que se añaden los móviles de los padres y los hijos. Cuando uno de los padres se harta de que uno de sus hijos no le haga ni caso le puede bloquear el móvil a través de la aplicación, poniendo una contraseña de cuatro caracteres. A partir de ese momento, el móvil sólo servirá para hacer llamadas de emergencia o llamar al progenitor, A o B, que le haya bloqueado. Ni juegos, ni WhatsApp ni nada de nada. Tendrá que hablar con él para que le dé la contraseña y entonces podrá desbloquearlo.
Si el hijo intenta desinstalar la aplicación o quitarle los permisos de administración, el teléfono se bloqueará y sólo uno de los padres podrá desbloquearlo desde su propio móvil. Sin embargo, su creadora aconseja que sólo se haga estando físicamente en posesión del móvil del hijo díscolo, porque una vez desbloqueado sí que se podría eliminar la app.
La aplicación está disponible sólo en Android, seguramente porque iOS no permite a las apps tener tanto control sobre el teléfono, y cuesta 1,79 euros por cada dispositivo en que se instale, que como mínimo serán dos. Bradley Standifird, el hijo que ha provocado todo esto, afirma que la idea le parece buena, «pero para otras personas, no para mi». Sin embargo, su madre asegura que desde que se la instaló contesta más frecuentemente que antes.
Alarma en Berlín y el País Vasco por posibles casos de ébola
Epidemia mortal en África. Son una mujer africana, que se desmayó en medio de un episodio de alta fiebre en un centro de búsqueda laboral en la capital alemana. Y un hombre llegado a Vizcaya desde Sierra Leona.
Policías alemanes usan barbijos frente a un centro laboral en Berlín, donde se registró un posible caso de ébola. (Reuters)
Una mujer de origen africano fue internada y aislada este martes en Berlín debido a que presentaba síntomas que coinciden con los del ébola, informaron las autoridades sanitarias. Y otro paciente fue aislado en el Hospital de Basurto (Vizcaya, norte de España) tras regresar hace unos días de Sierra Leona y presentar un cuadro de fiebre.
En Alemina, la mujer se encontraba en un centro de búsqueda de empleo en un barrio del noreste de la capital alemana cuando se desmayó en medio de un episodio de fiebre alta, síntomas de la enfermedad infecciosa.
Los empleados alertaron a los servicios de emergencias, que trataron a la mujer en el lugar y la trasladaron luego en una ambulancia aislada a una clínica en la que se le realizarán los análisis necesarios para confirmar o descartar que se trata de ébola.
Las autoridades acordonaron la calle donde se encuentra el centro y no permitieron salir a las personas que se encontraban en ese momento en el edificio, señaló un portavoz de los bomberos.
Según el diario «Bild«, la mujer reconoció haber tenido contacto con pacientes con ébola en su país de origen, del que sólo se precisó que se encuentra en el oeste de África.
El ébola sólo puede detectarse mediante una prueba de sangre.
Los primeros síntomas, como fiebre alta y problemas circulatorios, coinciden con otras enfermedades como la malaria.
El Servicio Vasco de Salud informó por su parte de que el paciente internado con fiebre se trata de un vecino de Vizcaya (norte de España), de mediana edad, que ha vuelto hace unos días de Sierra Leona, donde se encontraba por motivos laborales no sanitarios.
El paciente ha quedado internado en aislamiento, conforme al protocolo de actuación recomendado por las autoridades internacionales de salud, con el fin de descartar que se trate de un caso de ébola.
El martes pasado, el sacerdote Miguel Pajares se convirtió en la primera víctima mortal a causa del ébola en Europa.
El padre Pajares fue repatriado a España desde Liberia, junto a la religiosa de origen guineano y pasaporte español Juliana Bonoha, quien no ha dado positivo del virus del bola.
Pajares, de 75 años, falleció en un hospital de la capital española tras contagiarse del virus durante su estancia en el Hospital San José de Monrovia, donde cuidó al director del mismo, el hermano Patrick Nshamdze, que también murió de ébola.
La inspiración nazi de la ley de abastecimiento.
Por Roberto Cachanosky.
En nombre de la superioridad moral de un reducido grupo de personas, se lanzan leyes para someter al resto de la población
El destemplado discurso de CFK del jueves pasado es la consecuencia lógica de todo gobierno que, apostando a políticas populistas para concentrar poder absoluto, se encuentra con la inevitable crisis económica que produce descontento en la población y obliga al gobierno a tomar tendencias autoritarias. A ser más autoritario aún. Nada voy a agregar a lo que ya agregaron tantos autores que analizaron este fenómeno de los gobiernos populistas, aunque creo que Hayek, en Camino de Servidumbre, describe perfectamente el derrotero que siguen estos gobiernos. La misma Rebelión de Atlas de Ayn Rand parece escrita para la Argentina actual.
Lo concreto es que estos procesos populistas siempre terminan de la misma manera: con un estallido económico y creciente autoritarismo del gobierno de turno. La diferencia entre los populismos anteriores (salvo el de Perón de sus dos primeras presidencias) y el de los Kirchner, es que ambos, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, le pasaron por encima a los más elementales derechos individuales. Sobrepasaron límites que otros presidentes no estuvieron dispuestos a sobrepasar y, por lo tanto, el tiempo se les acortó más rápido que en esta era kirchnerista.
Pero el proceso es el siguiente. Todo populismo necesita del gasto público para ganar voluntades y tener más votos en las urnas. Esto los lleva a aumentar el gasto público y a tener déficit fiscal. El déficit fiscal más tarde o más temprano es financiando con emisión monetaria que conduce a un proceso inflacionario. Frente al proceso inflacionario el gobierno populista no baja el gasto porque sería contrario a sus necesidades políticas. Sigue con el déficit e intenta frenar la inflación con los típicos controles de precios.
Como la emisión continúa porque el gasto sigue superando los ingresos, el gobierno continúa incrementando el gasto para conformar a los empleados estatales, a los jubilados, a los que reciben subsidios y otros gastos. La inflación empuja el aumento del gasto público en términos nominales. Por supuesto que los impuestos también suben nominalmente, pero normalmente el populismo sube más el gasto que lo que recibe por impuestos. Por eso es populismo, así que el proceso inflacionario continúa su curso y los controles de precios tienen que ser cada vez más agresivos. Es decir, el gobierno es cada vez más autoritario.
Por otro lado, el populismo suele usar el tipo de cambio como ancla contra la inflación, es decir, dejan fijo el tipo de cambio mientras la inflación sigue su curso, con lo cual el tipo de cambio real cae y comienzan a producirse problemas en el sector externo. Se desestimulan las exportaciones y se estimulan las importaciones. En ese punto empiezan los controles a las importaciones y escasean los dólares, mientras el gobierno populista se desespera por no devaluar estableciendo todo tipo de controles de cambio.
Es más, el problema cambiario tiende a agravarse porque la gente, que ya advirtió que la inflación se acelera, se fuga del peso comprando dólares o bienes que les permitan defenderse del impuesto inflacionario. Se amplía la brecha cambiaria entre el dólar oficial, por el que se cursan exportaciones e importaciones, y el dólar marginal, negro o blue, como cada uno quiera llamarlo.
El aumento de la brecha cambiaria hace que aumente la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones, agravando la situación del sector externo.
Por otro lado, como nadie quiere tener pesos porque se derriten por minuto en su poder de compra, las empresas prefieren no tener créditos a cobrar en la calle y optan, como corresponde, por sacrificar ventas y retener stocks para no perder su capital de trabajo. La mercadería y los insumos son refugio de valor y una defensa del capital de trabajo frente a la inflación. Por eso es que el gobierno quiere tener una ley que es pura violación de la Constitución Nacional y de los derechos individuales más elementales.
Esa famosa ley de abastecimiento que impulsa el gobierno tiene un claro objetivo. Sabe que los empresarios defienden su capital de trabajo con stocks, ya sea de mercaderías o de insumos. Lo que pretende el gobierno, en este camino hacia la dictadura, es financiar su populismo consumiendo el stock de capital del sector privado. Como el sector privado se va a negar a sacrificar su capital de trabajo, entonces quiere una ley para violar los derechos individuales y el derecho de propiedad. Amenazas de confiscar las mercaderías, meter preso a los empresarios, etc. al más puro estilo fascista, es lo que le queda para forzar una nueva fuente de financiamiento. Esta ley fascista de abastecimiento es una especie de cepo cambiario. El cepo cambiario pretende que la gente no pueda defenderse del deterioro del peso. Pusieron el cepo con la idea de que la gente pague más impuesto inflacionario. Con esta ley de abastecimiento quieren que las empresas no puedan defenderse del impuesto inflacionario y le financie el populismo al gobierno. Quieren obligarlas a vender sus stocks a precios que luego no pueden reponer por la inflación y con eso pierden su stock de capital.
Para eso necesitan ser cada vez más autoritarismo hasta llegar a la dictadura. El solo hecho de que el Estado puede aplicar una multa y que luego la empresa vaya a la justicia a reclamar es un ejemplo de violación del derecho a la defensa. Primero se dicta la sentencia de culpable sin juicio previo y luego que vayan a reclamarle a Magoya. Además las autoridades quedan facultadas para incautar, consignar y vender bienes y servicios sin juicio de expropiación. Esto y el nacionalsocialismo son la misma cosa. Un grupo de gente se cree superior al resto. El nazismo consideraba que había una raza que era superior a otra y había que exterminar y someter al resto. Aquí pasa lo mismo. Un grupo de personas se consideran que son iluminados. Seres superiores, que tienen el derecho de decidir qué hay que producir, cómo, en qué cantidad y a qué precio vender. Es decir, se creen una raza superior que deben mandonear al resto. Es un proyecto de ley de neto corte nazi, fascista y stalinista. El que tiene el monopolio de la fuerza se cree con derecho a violar todos los derechos individuales en nombre de su superioridad moral. Es la historia de las dictaduras.
Veremos hasta dónde llegan con esta ley, porque con ella no van a resolver el problema económico. Esto quiere decir que la gente estará económicamente peor y puede haber conflictividad social. O bien el establecimiento de una dictadura lisa, llana y declarada abiertamente.
Fuente: Economía para Todos, 17/08/14.
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La desastrosa política llevada a cabo en los últimos años, ha dejado como única fuente de dólares para pagar deuda y financiar las importaciones necesarias para que la economía funcione, al saldo exportable.
A su vez, los desincentivos y las restricciones para producir bienes exportables, sumados a un escenario internacional relativamente adverso (Brasil, el estancamiento europeo, y la baja de los precios de algunos commodities) han frenado el crecimiento de las exportaciones.
En este contexto, la única alternativa disponible (descartado algo de endeudamiento externo, por el default) es reducir y racionar las importaciones para que “sobren” los dólares necesarios para pagar deuda, sostener las reservas en valores compatibles con la estabilidad macroeconómica e importar lo estrictamente ineludible.
Pero, como ya le conté tantas veces, controlar importaciones tiene efectos sobre el nivel de actividad, por la relación entre importaciones y pbi.
En síntesis, el gobierno ha complotado para que en esta economía falten dólares, algo inexplicable, cuando se considera el potencial exportador de la Argentina, el stock de dólares de tenencia de los argentinos, y la inversión extranjera directa que hubiera podido ingresar con un marco de incentivos adecuado.
Y esa falta de dólares impide que la economía salga de la recesión.
Porque la falta de dólares es la causa y la recesión, la consecuencia.
Frente a este problema, la “solución” ha sido seguir peleando con el mundo, y… ¡aumentar el gasto público en pesos, financiado con emisión del Banco Central!.
Faltan dólares para enfrentar el stock de pesos, y reactivar la economía y el gobierno responde, agregando más pesos todavía, contra los mismos dólares (o menos, por los pagos de deuda) y bajando los incentivos a tener los pesos (reduciendo la tasa de interés).
Por supuesto que, como existe un “corralito” por el control de cambios, los pesos “no se van” de la economía, si no que cambian de manos. Pero ese “cambio de manos” es un aumento del precio del dólar o de la tasa de inflación.
Resulta difícil entender la lógica de un esquema en dónde un problema se soluciona “agravando el problema”.
Es como combatir una indigestión por comida en mal estado, comiendo más de la misma comida.
Insisto, como el problema de la economía argentina hoy es que hay pocos dólares para producir y crecer, por el lado de la oferta, agregar pesos no modifica este escenario.
A menos que esa mayor cantidad de pesos se volcara a demandar bienes y servicios de una manera que los propios empresarios ingresaran dólares para aumentar la producción y satisfacer la demanda con mayor cantidad y no con mayores precios.
Obviamente, para que los receptores de pesos salgan a consumir, en lugar de ahorrar en dólares, deberían tener la expectativa de que su trabajo y su situación personal mejorarán en el futuro.
Y para que los empresarios estuvieran dispuestos a traer dólares para financiar sus importaciones y aumentar la producción, deberían tener la expectativa de que, cuando vendan la mercadería, van a poder recuperar los dólares utilizados para comprar sus insumos, y obtener cierta ganancia.
Keynes definía este escenario de las expectativas como un “estado de confianza”.
Ahora bien, utilizar la ley antiterrorista para denunciar una quiebra fraudulenta y llevar a una ley, lo que “de facto” se hizo en estos años desde la Secretaría de Comercio no parece compatible con el objetivo de generar “un estado de confianza”.
En otras palabras, también aquí el gobierno ha “complotado”, contra una recuperación del nivel de actividad.
Finalmente, la idea de “empoderar al consumidor” ya estaba presente en las leyes actuales de defensa del consumidor y defensa de la competencia. Leyes que el gobierno, sistemáticamente, ignoró en todos estos años.
Además, el consumidor no sólo consume bienes privados, consume también bienes y servicios brindados por el Estado.
Empoderar al consumidor contra los empresarios privados y “desempoderarlo” contra el Estado, no parece ser la mejor forma de protegerlo y defenderlo.
Que un consumidor pueda exigir, o litigar contra los privados para “equilibrar el poder” suena razonable en dosis adecuadas. Que no pueda hacer lo mismo cuando el servicio o el bien se lo brinda el Estado, suena a una estafa.
Los ciudadanos no sólo pagamos precios si no que, principalmente, pagamos impuestos.
Fuente: Perfil, 18/08/14.
Por Patricia Kowsmann, Margot Patrick y David Enrich.
El segundo mayor banco portugués fue rescatado y desmantelado este mes. AFP/Getty Images
Credit Suisse Group AG ayudó a vender miles de millones de dólares en valores que con el tiempo jugaron un papel en el colapso del segundo mayor banco de Portugal.
El banco suizo era responsable de agrupar valores que eran emitidos como vehículos de inversión en paraísos fiscales y luego vendidos a clientes minoristas de Banco Espírito Santo SA.
Muchos clientes no se percataron de que estos vehículos estaban respaldados en deuda emitida por varias empresas del grupo Espírito Santo y aparentemente servían como un mecanismo para financiar el imperio controlado por la familia, según documentos de la empresa presentados a los reguladores y personas al tanto de la investigación del gobierno portugués. No queda claro qué rol directo habría tenido Credit Suisse en la venta de valores a clientes bancarios, si es que lo tuvo.
Ahora, esos productos de inversión están en el centro de un creciente escándalo. Banco Espírito Santo fue rescatado y desmantelado este mes. Otras partes del grupo Espírito Santo se han acogido a la ley de bancarrota ante acusaciones de fraude y problemas contables. Además de hacer caer la bolsa portuguesa, el acontecimiento ha socavado la confianza en el sector bancario europeo, dicen analistas. Representantes de Credit Suisse y Espírito Santo no quisieron comentar.
Los reguladores portugueses que investigan el desorden en Espírito Santo han identificado al menos cuatro vehículos de inversión en paraísos fiscales cuyos valores, en su mayoría acciones preferentes, fueron vendidos con la ayuda de Credit Suisse a clientes de Banco Espírito Santo, según personas cercanas a la investigación. Los reguladores recibieron quejas sobre los productos de clientes que no entendían lo que estaban comprando, y ahora quieren que el banco recompre los valores. Eso le provocó enormes pérdidas al banco.
Los vehículos usaron al menos parte de los ingresos de la venta de valores para comprar más deuda de Espírito Santo, según documentos de la empresa. Los reguladores sospechan que las ventas formaban parte de un esfuerzo para apuntalar el banco y otras empresas de Espírito Santo, dicen las fuentes.
Tres de los vehículos —llamados Top Renda, EuroAforro Investments y Poupança Plus Investments— estaban basados en la isla de Jersey, un paraíso fiscal en la costa norte de Francia. Credit Suisse se desempeñó como «organizador y operador» de esos vehículos, un rol que incluía no sólo suscribir valores pero también encargarse de necesidades administrativas y financieras, según documentos presentados a la Comisión de Servicios Financieros de Jersey. Un cuarto vehículo, EG Premium, se encuentra en las Islas Vírgenes Británicas, otro paraíso fiscal.
Personas al tanto de la investigación dicen que las cuatro entidades están controladas, al menos en parte, por la firma financiera suiza Eurofin Holding SA, en la que Espírito Santo tenía una participación hasta 2009 y que ha mantenido estrechos vínculos de negocios con el derrumbado conglomerado. Los reguladores portugueses creen que Eurofin jugó un papel central en las finanzas de Espírito Santo y su ulterior colapso, según fuentes al tanto de la investigación.
Eurofin sostuvo la semana pasada que no vendió ni promocionó ningún producto de inversión a clientes de Espírito Santo y que nunca ha diseñado productos para clientes minoristas. La firma también negó haber tenido un rol central en la situación del grupo.
No se sabe con certeza quién es dueño de los vehículos de inversión. Representantes de la compañía fiduciaria registrada como custodio de las tres entidades de Jersey no respondieron a pedidos de comentarios.
Los vehículos invirtieron principalmente en deuda emitida por empresas de Espírito Santo, entre ellas el banco, su matriz con sede en Luxemburgo y una compañía de inversiones mineras y en infraestructura llamada Escom, de acuerdo con documentos de Eurofin a los que tuvo acceso The Wall Street Journal.
Poupança, por ejemplo, divulgó un total de 426 millones de euros (unos US$570 millones) en activos el año pasado, de los cuales 425 millones de euros eran inversiones en bonos a largo plazo emitidos por empresas de Espírito Santo, según sus informes financieros. Los balances de Top Renda y EuroAforro consisten de proporciones similares de deuda de Espírito Santo. EG Premium también era un gran comprador de bonos del grupo, según documentos del fondo.
Los informes anuales de los vehículos de Jersey, que han estado operando por más de una década, dicen que su «único propósito» es la emisión de acciones preferentes, que son una mezcla de deuda no garantizada y acción. Los reguladores portugueses creen que estaban diseñados para atraer a clientes minoristas con nombres como «ahorro» y «renta». Gerentes de sucursales bancarias les decían a los clientes que los productos eran tan seguros como depósitos pero con mejores retornos, dijo una fuente.
Credit Suisse tenía con Euro- Aforro y Top Renda acuerdos que datan de mediados de la década pasada para manejar la emisión de hasta US$2.500 millones de sus acciones preferentes y ha sido responsable de las ventas de acciones preferentes de Poupança, según documentos.
El gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, dijo en julio que Banco Espírito Santo tendría que recomprar algunos de los productos de clientes, lo que provocó 1.250 millones de euros en pérdidas que contribuyeron a su colapso. El banco fue rescatado este mes.
“Los impuestos transforman al ciudadano en súbdito, a la persona libre en esclava y al Estado (nuestro supuesto servidor) en dueño de nuestras vidas y haciendas. Cuanto mayores son los impuestos y más insidiosa la acción recaudatoria, más súbditos y más esclavos somos del Estado.”
Arthur O. Fraser
Economista y sociólogo británico.
El S.S. Ancon cruza el Canal de Panamá en esta foto del 15 de agosto de 1914. Reuters
CIUDAD DE PANAMÁ — Más de 2.000 invitados —damas en deslumbrantes vestidos de noche, caballeros con traje oscuro y corbata— convergieron en la noche del viernes en el cavernoso Centro de Convenciones Figali en lo que se podría llamar la gala del siglo. Era la celebración de los 100 años de la apertura del Canal de Panamá.
El evento principal fue un gran espectáculo de canto y baile que contó la historia de Panamá desde su emersión geológica del mar hace tres millones de años hasta la actualidad. Los acróbatas ondularon por el escenario y giraron en cuerdas descendiendo en trapecios para simular el nacimiento del istmo que separaría dos grandes océanos.
Un espectáculo de flamenco marcó la colonización española. Un dragón chino y un cantante de calipso antillano conmemoraron los héroes anónimos que aportaron el trabajo para la obra agotadora y peligrosa que abriría el istmo siglos después. Bailarinas de swing saludaron el éxito de Estados Unidos en completar el canal después del fracaso francés. También estuvieron el gran jazzista Danilo Pérez, la cantante popular Sandra Sandoval y el rey salsero Rubén Blades, todas celebridades panameñas. Roberto Durán, otrora sensación del boxeo panameño, también se hizo presente.
Los panameños están orgullosos de su canal. Usted puede preguntarse por qué, ya que esta espectacular hazaña de ingeniería es puramente el producto de la iniciativa y el ingenio americanos. Sin los yanquis de principios del siglo XX —topógrafos, ingenieros, industriales, investigadores médicos y doctores— jamás podría haber sido construido.
Sin embargo, desde la perspectiva de esta pequeña nación de 3,8 millones de habitantes, la celebración del centenario era un momento para reconocer su propio logro con el canal —15 años de una exitosa administración— y un futuro prometedor.
Cuando Jimmy Carter firmó en 1977 el acuerdo para transferir la propiedad del Canal a Panamá, muchos apostaban que los panameños no estarían a la altura. Los panameños han demostrado que quienes dudaban de ellos estaban equivocados.
Bajo el liderazgo de Panamá, el canal no sólo se ha mantenido como una de las rutas de navegación más importantes del mundo. Ha pasado de ser un anticuado servicio público estatal, con su zona cuasi-socialista para los trabajadores, a una empresa moderna que tiene como objetivo maximizar los ingresos y competir a nivel internacional. La privatización de los puertos en ambas costas y el ferrocarril que corre al lado del canal, así como la construcción de un tercer juego de esclusas, son testimonios del pensamiento visionario y emprendedor que la propiedad panameña ha traído.
En una entrevista el miércoles con el presidente ejecutivo de la Autoridad del Canal, Jorge Quijano, un empleado del canal desde hace casi 40 años, pregunté cómo Panamá ha logrado proteger el canal de las interferencias políticas. Quijano le da el crédito al presidente Guillermo Endara (1989-1994), quien durante el período de transición de manos de EE.UU. a la gestión panameña tuvo la visión de anticipar que las meras leyes no serían suficientes. Endara lideró el esfuerzo para proteger la independencia de la Autoridad del Canal con una enmienda constitucional que hace más difícil —aunque no imposible—politizar sus operaciones.
Quijano también apunta a lo que él llama la cultura profesional de la Autoridad del Canal y su junta directiva. Eso llegó con los estadounidenses, pero los panameños la han heredado y mantenido, como pude ver en el gran edificio de la sede de la Autoridad, en la colina de la zona del canal que durante mucho tiempo fue un símbolo de la presencia de EE.UU. y donde Quijano tiene su oficina. Los jardines y las oficinas perfectamente cuidados y el personal disciplinados sugieren capital humano de alta calidad y competencia gerencial.
Como en cualquier negocio, hay desafíos. El canal de 1914 no es ni lo suficientemente ancho ni profundo para buques «post Panamax», y Quijano dice que Panamá ha perdido algunos negocios a manos del Canal de Suez a causa de ello, a pesar de que la ruta de Suez desde el Lejano Oriente hasta la costa este de EE.UU.es cuatro días más larga.
«Deberíamos tener terminadas [las nuevas y mayores esclusas] hace dos años», admite. Uno de los retrasos se produjo a principios de este año cuando el consorcio español contratado para el trabajo exigió más dinero debido a los excesos de costos. Panamá se negó, y la mayor parte del proyecto quedó detenido. La construcción se ha reanudado mientras la solución de las disputas está encaminada.
Cuando le pregunté a Quijano si estaba preocupado por la propuesta de una empresa chino-nicaragüense para construir en Nicaragua un canal que competiría con Panamá, sonrió y dijo que ellos podrían «saber algo que yo no». Pero señaló que «en 122 años, el Canal de Panamá ha retirado 545 millones de metros cúbicos de tierra. El canal propuesto en Nicaragua requeriría la remoción de 5.500 millones de metros cúbicos». La conclusión obvia es que la construcción de un canal a través del istmo de Nicaragua en cinco años, como propone la empresa chino-nicaragüense, rayaría en la fantasía. Quijano dice que su estimación es que ese proyecto costaría de US$67.000 a US$70.000 millones, por lo que sería prohibitivo para cualquier inversionista privado.
Con atajo nicaragüense o no, los administradores del Canal de Panamá entienden que la supervivencia de su conducto depende de la competitividad global. Está por verse si la clase política de Panamá ha absorbido las lecciones del éxito de la Autoridad del Canal. La respuesta bien podría determinar si la celebración del sesquicentenario será tan alegre o no. Fuente: The Wall street Journal, 18/04/14.
El caso contra Robson coincide con las investigaciones de las autoridades estadounidenses de la presunta manipulación de las tasas de referencia. Rabobank accedió en octubre a pagar US$1.070 millones a los reguladores internacionales para zanjar la investigación sobre el Libor.
