Argentina tiene hasta el miércoles para hacer un pago de intereses de sus bonos o caerá oficialmente en cesación de pagos por segunda vez en 13 años. Argentina sostiene que está dispuesta a pagarles a los bonistas que aceptaron recibir menos de 30 centavos de dólar por cada dólar de deuda en una reestructuración posterior a su default en 2001. No obstante, el juez federal Thomas Griesa ha dicho que Argentina no puede pagarles a esos bonistas sin pagarles también a los llamados holdouts, que no aceptaron los 30 centavos de dólar y ganaron una serie de casos en los tribunales de EE.UU. contra Argentina. Buenos Aires rechaza pagarles a los holdouts.

En cambio, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha pasado un mes en una extraordinaria campaña pública vilipendiando a los holdouts, así como al juez Griesa y a las cortes estadounidenses. La conclusión difícil de evitar es que Argentina prepara el terreno político para un default por el cual planea culpar a los malvados gringos del norte.

“Muchos funcionarios en Estados Unidos dicen que el Poder Judicial es independiente”, declaró hace poco el jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich. “Pero la verdad es que no es independiente de la acción de los fondos buitre, porque muestra clara parcialidad”. El gobierno ha publicado avisos a página entera en diarios estadounidenses, incluido The Wall Street Journal, atacando a los acreedores y el juez Griesa por su nombre.

Los funcionarios argentinos Axel Kicillof y Héctor Timerman usaron una reunión en la Organización de Estados Americanos el 3 de julio para denunciar a EE.UU. y pedir que quitaran la reestructuración de deuda de las cortes estadounidenses para dársela a algún cuerpo internacional que imaginan sería más favorable a los holgazanes del gobierno. “El problema del default y reestructuración, no es un problema de la Argentina, sino del capitalismo mundial, del sistema en el que vivimos”, declaró Kicillof.

Es temeraria la acusación de que las cortes estadounidenses son corruptas, viniendo de un país que pisotea los derechos de propiedad a su antojo. Recuerde la confiscación argentina de los activos locales de Repsol, la petrolera española.

Argentina agotó todas las instancias de apelación legal en EE.UU. hasta la Corte Suprema. E incluso tuvo el apoyo del gobierno de Obama, créase o no, contra los acreedores estadounidenses. El gobierno temía por el precedente para los intereses estadounidenses en otros países que sentaría que un gobierno extranjero fuera obligado por cortes de EE.UU. a pagarles a los holdouts.

Los argumentos de Argentina para no negociar son débiles. Afirma que no puede pagar los US$15.000 millones en potenciales nuevos pagos de deuda, pero en reuniones privadas con el mediador nombrado por el juez Griesa a veces admitió que la cifra real es más cercana a los US$10.000 millones.

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Argentina sostiene que incluso esa cantidad es demasiada carga porque reduciría sus reservas en moneda extranjera. Pero el país acordó hace poco pagar US$16.000 millones en reclamos de Repsol y de acreedores del Club de País con poco impacto en sus reservas, al emitir nuevos bonos o prolongar los vencimientos.

Los holdouts dicen que consideran esos acuerdos como un modelo y están más que dispuestos a aceptar una combinación de efectivo y bonos nuevos. Argentina responde diciendo que incluso eso sería una terrible carga de deuda, pero tiene capacidad suficiente para emitir más deuda ya que su relación de deuda frente al PIB bajó a alrededor de 40% gracias al auge de los commodities de la última década.

Otra excusa de Argentina es que según la llamada cláusula RUFO (siglas en inglés de “derechos sobre ofertas futuras”) tendría que pagarles a todos los bonistas lo mismo que les pague a los holdouts, lo que multiplicaría los costos. Pero la cláusula RUFO tiene varias válvulas de escape legal si Argentina realmente las busca, comenzando con el hecho de que prohíbe concretar acuerdos de deuda secundarios de forma voluntaria. Argentina recibió la orden de la corte de realizar pagos (involuntarios) a los acreedores, que no quiere hacer.

Cualquiera que sea el costo de pagarles a los holdouts, sería menor frente al daño que causaría otro default argentino. El país perdería la oportunidad de aprovechar sus acuerdos con Repsol y el Club de París para solucionar todas sus disputas con acreedores. Sus costos de endeudamiento público y privado aumentarían, quizás por muchos años.

El default es un sinsentido tan grande que plantea el interrogante de si Kicillof está invitándolo como una forma de persuadir al Fondo Monetario Internacional y a los liberales estadounidenses para que aceleren su campaña para poner las negociaciones de deuda en manos de una nueva burocracia global. Esto les daría más influencia a los deudores y políticos a expensas de los mercados financieros y las cortes estadounidenses, lo cual podría agradarle a un ex profesor de Economía izquierdista como Kicillof, quien parece creer que el default lo podría convertir en un héroe político sin costo alguno.

El mejor desenlace para todas las partes, y especialmente para Argentina, sigue siendo que Buenos Aires negocie de buena fe y evite la cesación de pagos. Pero si se rehúsa, el juez Griesa merece el apoyo de todos los que se preocupan por la integridad de los mercados financieros de EE.UU. por defender la ley y el derecho estadounidense sobre la propiedad.