La salud argentina en crisis

noviembre 14, 2022

El deber ético de garantizar a la sociedad el cuidado de la salud

Se podría producir un decremento en la cantidad de médicos, porque la medicina comienza a no ser atractiva en términos económicos, de exigencia y calidad de vida para quienes egresan de la enseñanza media

Por Roberto Borrone.

Una serie de preguntas se repiten permanentemente en los diferentes ámbitos de la medicina argentina desde hace años: ¿hay déficit de médicos en el país?, ¿hay un exceso?, ¿todo se reduce a una mala distribución geográfica?, ¿la formación con la cual egresan de las facultades de medicina es la exigible para el ejercicio profesional?, ¿la residencia médica debería ser obligatoria y el único camino para acceder al título de especialista?, ¿hay un déficit de especialistas vinculados a la atención primaria de la salud ?, ¿debería ser obligatoria la recertificación periódica de la habilitación para seguir ejerciendo ?, ¿cómo debería ser el ingreso a las facultades de medicina públicas?, ¿cómo conjugar la cantidad de alumnos en las facultades de medicina con una adecuada calidad educativa?

Pongamos el foco en varios de estos interrogantes desde una perspectiva demográfica. La demografía (según definición de la Real Academia Española) es el “estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un determinado momento o a su evolución”. Comencemos con algunos datos oficiales. La Argentina tiene una tasa de médicos en relación a la población de 3,8 por cada 1.000 habitantes. Esta tasa ubica a nuestro país –en el aspecto cuantitativo del tema–, en el nivel de los países más desarrollados: Suiza 4,3 / 1.000; Alemania 4,2; España 3,87; Francia 3,27 y EEUU 2,6.

Respecto de la región, la Argentina tiene la mayor tasa de médicos en relación a la población junto a Uruguay: Chile tiene 2,59 / 1.000; México 2,4; Brasil 2,3; Ecuador 2,04 ; Perú 1,67 y Paraguay 1,35. En la Argentina, considerando sus 183.475 médicos en actividad (al año 2020) el problema no parece ser, al menos por ahora, cuantitativo. Hay dos aspectos que resultan claramente alarmantes: la distribución geográfica de los médicos muestra importantes desequilibrios (cada año más concentrados en los grandes centros urbanos), la decisión de las últimas promociones de médicos jóvenes que optan, en un número creciente, no dedicarse a las especialidades englobadas dentro del concepto de atención primaria de la salud (APS).

Los datos oficiales nos indican que el 72 % de médicos de la Argentina está concentrado en 4 jurisdicciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Sta Fe. A mayor PBI jurisdiccional, mayor cantidad y densidad de profesionales. A ese desequilibrio geográfico se agrega otro dato preocupante desde la perspectiva de la salud pública: sólo el 27,6 % de los médicos de la Argentina ejerce alguna de las especialidades englobadas en la atención primaria de la salud (medicina general y/o medicina de familia; pediatría; clínica médica y toco-ginecología). Hay un indicador que refleja con contundencia una de las consecuencias de ese desequilibrio demográfico: a menor cantidad de médicos, principalmente de profesionales que se dedican a la atención primaria de la salud, se verifica una mayor tasa de mortalidad infantil. (Fuente: Silbermann P; Silbermann M. “¿ Cómo evolucionó la distribución de médicas y médicos especialistas en Argentina? Un análisis demográfico de la Profesión Médica al 2020″. Archivos de Medicina Familiar y General. Vol 19; N°3; 2022: 5-16.)

Entre 2014 y 2020 el porcentaje del total de médicos en la Argentina dedicados a la atención primaria de la salud muestra una disminución equivalente al 14,8 %. De los datos previamente analizados se desprenden dos conclusiones: una importante y constante “producción” de médicos no se traduce en una mejor distribución geográfica ni en un equilibrio racional entre los profesionales que se dedican a la atención primaria de la salud respecto al resto de las especialidades; por otra parte, el foco, como estrategia de Estado, debe estar puesto en generar las condiciones presupuestarias (un buen nivel de remuneraciones), aspectos estructurales (ámbitos de trabajo asistencial adecuados) y condiciones de calidad de vida para el núcleo familiar y de progreso profesional (posibilidad de perfeccionamiento continuo) que todo médico joven que se instale en el interior profundo de nuestro país merece. Es el Estado el que debe estimular la formación de los médicos recién egresados en las especialidades críticas mediante razonables incentivos económicos diferenciales tanto durante la residencia médica como luego en el ejercicio profesional.

Efectuando una proyección hacia el futuro, el problema que se puede agregar a este panorama es un decremento en la cantidad total de médicos debido a que la medicina comienza a no ser un objetivo atractivo (en términos económicos, de exigencia y de calidad de vida), para los jóvenes que egresan de la enseñanza media. El dato, por ahora sutil, es que la cantidad total de médicos en la Argentina creció entre 2014 y 2020 en un 9,25 % en tanto que la población en igual período lo hizo al 11,4 %. Una señal de alerta: la disminución de profesionales en especialidades clínicas críticas ya es claramente previsible en función de las vacantes de residencias médicas que están quedando sin cubrir en esas especialidades: clínica médica, medicina general y/o medicina de familia, pediatría, neonatología, terapia intensiva.

En un artículo publicado en estas páginas por quien suscribe, se propuso modificar el Plan de estudio de las carreras de medicina en nuestro país. El objetivo declarado (pero imperfectamente logrado) en los reglamentos de las facultades de medicina es generar el egreso de médicos generalistas. Para mejorar la formación de grado se propone incorporar en los últimos tres años de la carrera una modalidad de enseñanza y entrenamiento equivalente al de una residencia, en este caso, de médico generalista. Como un porcentaje importante de médicos que egresan de las facultades de Medicina está decidiendo, por múltiples motivos, no efectuar una residencia médica de posgrado, con esta propuesta lograríamos generar en nuestras facultades de Medicina médicos generalistas bien formados para cubrir las necesidades que reflejan los datos previamente detallados respecto a la atención primaria de la salud.

Las residencias médicas acreditadas articuladas con las carreras universitarias de médicos especialistas deberían ser el único camino para obtener el título habilitante para ejercer las diferentes especialidades médicas. La excepción sería el médico generalista que egresaría de las facultades de Medicina en caso de implementarse la modalidad propuesta de residencia de médico generalista durante los tres últimos años de los estudios de grado (u otra propuesta superadora). El título habilitante al egresar de la facultad sería sólo para ejercer como médico generalista.

Las universidades conjuntamente con las sociedades médicas científicas de las diferentes especialidades médicas –bajo la gobernanza del Ministerio de Salud de la Nación– son las instituciones idóneas para realizar las acreditaciones de las residencias médicas. Es inaceptable que existan residencias médicas sin acreditar (es decir, sin una auditoría de calidad).

Más allá de la discusión sobre el ingreso a las facultades de Medicina, sólo es admisible no poner el foco en el número de estudiantes si se aseguran los recursos docentes, presupuestarios y de estructura necesarios para garantizar la calidad de nuestros egresados. De lo contrario sólo seguiremos violando nuestro deber ético de ser garantes ante la sociedad respecto al nivel exigible en el cuidado de la salud.

-Roberto Borrone es Profesor adjunto de la cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA); doctor en Medicina (UBA).

Fuente: lanacion.com.ar, 14/11/22


Más información:

La importancia de la Consulta médica


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Fallo Judicial: No es delito llevar dinero para comprar dólares en una cueva

agosto 17, 2022

La Cámara en lo Penal Económico liberó a un hombre que llevaba dólares en su auto y dijo que eran para comprar dólares en la cueva de un amigo

Por Dolores Olveira.

La Justicia sobreseyó completamente a una persona acusada de Lavado de Dinero por transportar fondos en efectivo en su auto para, según sus propias declaraciones, comprar dólares en la «cueva» de un amigo.

En el reciente fallo «H., K. A», la sala B de la Cámara en lo Penal Económico, confirmó el sobreseimiento de una persona acusada del delito de Lavado de activos, por transportar dinero en efectivo en su vehículo para, presuntamente, cambiar dólares en una «cueva», según publicó Errepar.

Los dólares de la discordia y la causa

La causa tiene origen en una requisa policial practicada sobre el vehículo en el que se trasladaba K. A. H., a quien se detuvo al advertir que llevaba consigo dinero en efectivo que, según sus propias palabras, se trataba de «casi medio millón de pesos y estaba yendo a la cueva de un amigo a comprar dólares».

Cuando le llegaron las actuaciones policiales, la fiscalía solicitó que se encuadre la situación en la figura de lavado de activos.

Sin embargo, el Juez de primera instancia dispuso el sobreseimiento total del imputado, al considerar que no se encontraban verificados los elementos necesarios para tener por acreditado el delito.

El Juez añadió, que los antecedentes que registraba K. A. H. no habilitaban a presumir un origen ilícito al dinero secuestrado y que tampoco se encontraba acreditado que ese dinero fuera a ser introducido en el mercado a través de alguna operación que le diera origen lícito.

El juez sobreseyó en forma total al sospechoso de Lavado de dinero

El Fiscal apeló a la Cámara, por considerar que los elementos probatorios resultaban suficientes para tener por acreditado la sospecha sobre el origen ilícito del dinero

Sostuvo que «habría quedado verificada la incapacidad económica del imputado, que aquél no tendría una actividad lícita registrada, y que la suma secuestrada no estaba declarada ante el fisco nacional».

También mencionó los antecedentes penales del hombre, quien había sido condenado como partícipe secundario del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La Cámara rechazó los argumentos del fiscal

Los Jueces de Cámara Roberto Hornos y Carolina Robiglio fueron en la misma línea que el Juez de la instancia previa, y confirmaron el sobreseimiento del acusado.

En su voto, la Jueza Robiglio concluyó que no se encuentra acreditado ni siquiera por indicios, que el dinero en cuestión tuviera como destino ser introducido en el mercado a través de alguna operación que le diera apariencia de origen lícito.

Agregó que no se advierten medidas de prueba pendientes de producción por las que pudiera eventualmente acreditarse el delito, por lo que la sentencia de primera instancia «resulta ajustada a derecho y debe ser confirmada».

Por su parte, el Juez Hornos puso el acento en el procedimiento policial inicial y señaló que los funcionarios policiales que participaron «no habrían actuado en el marco de las facultades prevencionales que les concede el Código Penal«.

Los policías encontraron el dinero más allá de sus potestades de prevención

Los policías encontraron el dinero más allá de sus potestades de prevención

«En el caso no se verifica la concurrencia de circunstancias que, objetiva y razonablemente, hayan tenido entidad suficiente para sospechar la posible comisión de hecho ilícito alguno, así como tampoco para presumir que el imputado ocultase elementos provenientes o destinados a la comisión de un delito», consideró.

Según el camarista, «no llega a comprenderse de manera acabada de qué modo el personal policial pudo advertir ‘a simple vista’ el dinero que, conforme surge del acta, se hallaba ubicado en los bolsillos de una campera que se encontraba sobre el asiento del acompañante en el interior del vehículo en el que se trasladaba K. A. H.».

Y agregó que «en tanto la tenencia de dinero en efectivo no evidencia necesariamente la comisión presunta de un hecho ilícito, no se advierte que estas circunstancias objetivas constituyeran en el caso motivos» para la actuación policial.

De este modo, la sala B de la Cámara en lo Penal Económico confirmó el sobreseimiento.

Fuente: iprofesional.com, 16/08/22


Más información:

Primer condenado en Argentina por Lavado de Dinero empleando Bitcoins

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La suspensión de juicio a prueba y la comisión de otro delito como causal de su revocación

agosto 4, 2022

Por Javier R. Casubon.

Consideraciones actuales sobre la suspensión de juicio a prueba y la comisión de otro delito como causal de su revocación.

“Anden siempre asidas de las manos la justicia y la clemencia, tan unidas, que sean como partes del mismo cuerpo; usando con tal arte la una, que la otra no quede ofendida.”
Diego de Saavedra Fajardo

SUMARIO:

1. Introducción a la suspensión de juicio a prueba: cuestiones generales y conceptuales.

2. El otorgamiento y revocación de la suspensión del juicio a prueba: la problemática acerca de la comisión de un nuevo delito y la reincidencia.

3. La revocación de la suspensión de juicio a prueba por la comisión de un delito ulterior: el supuesto fáctico y la divergencia jurisprudencial.

4. Qué debe entenderse por “comisión de nuevo delito” en el tiempo a efectos de la revocación de la suspensión del juicio a prueba.

5. La buena práctica judicial: la paralización de la suspensión de juicio a prueba sin declaración de la extinción de la acción penal ni activación de la prescripción.

6. Conclusión: una solución judicial ecléctica y equitativa frente a un problema jurídico-procesal y la demanda de una respuesta legislativa.

Artículo completo (PDF):

Fuente: Revista «El Derecho Penal», julio 2022, nº 71.


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La irracionalidad del aborto

julio 14, 2022

Artículo publicado en Foro Patriótico el 05/12/2020.

La irracionalidad del aborto

Cualquiera que sea nuestra concepción de la política, cuando juzgamos justificadas las medidas de un gobernante apelamos a ideas como ajuste, oportunidad, conveniencia. Hablamos de medidas ajustadas, medidas oportunas, medidas convenientes. Los motivos de justificación de una acción determinada ponen de manifiesto, por lo tanto, la necesidad de someterla al tribunal de la razón, porque sólo la razón puede establecer en qué consiste lo ajustado, conveniente u oportuno de una acción humana. De allí la frase: “Un buen rey da órdenes razonables”.

Lo razonable en materia política es así sinónimo de prudente. Precisamente la prudencia, y no otra disposición, recurso o habilidad misteriosos es lo que permite al que gobierna señalar por antelación los medios requeridos para lograr los objetivos políticos; es decir prever. La capacidad de previsión, el sentido de la oportunidad, el discernimiento de lo conveniente, la prontitud en el pronunciamiento son aspectos de la sabiduría prudencial que le exigimos a quien manda para que sus órdenes sean razonables; si las posee será un buen gobernante y sus medidas resultarán siempre justificadas ante los gobernados; en una palabra, su autoridad quedará legitimada en el ejercicio del poder… Y si, además, las acciones emprendidas por el que manda tuviesen relevancia histórica (en tanto su contenido estuviese cargado de significación moral) dichas acciones ingresarían al patrimonio común de la tradición, trascendiendo las circunstancias concretas que le dieron origen.

Tenemos que tomar conciencia de la situación que atraviesa el país. Una conciencia abierta al debate en todos los ámbitos. Pero este conocimiento no puede ser moralmente indiferente o aséptico, en la medida en que estamos transitando hechos históricamente relevantes, sino que implica un discernimiento de lo bueno y de lo mal a la luz de la verdad, es decir, implica un juicio valorativo. No se trata de tomar conciencia “a secas” (que es una pura abstracción), sino la mejor conciencia moral respecto de los que está bien y está mal porque estamos ante un hecho y una verdad objetiva. De ahí que la tarea debe comenzar por modelar el juicio crítico del asunto y sembrar la inquietud por profundizar el tema porque está en juego una vida humana.

Las mujeres y hombres pro aborto insisten en su engañoso eufemismo llamando a dicho crimen como “Interrupción del embarazo”, encubrimiento del homicidio con lenguaje cortés, dado que los embarazos no se “interrumpen” porque la interrupción es el cese transitorio de una actividad para su posterior reanudación, pero el aborto es un acto de naturaleza definitiva e irreversible: precisamente porque la muerte es un hecho de naturaleza definitiva e irreversible: “ahorcar es interrumpir la respiración” decía con sorna Julián Marías.

El hecho de que en una determinada fase de su vida el hijo necesite el ambiente del vientre materno para subsistir, no implica que no sea una parte distinta de la madre. Como sostenemos, desde la fecundación el niño tiene ya su patrimonio genético y su propio sistema inmunológico diferente del de la madre con quien mantiene una relación que, para ejemplificar, diríamos que es asimilable a la que sustenta un astronauta respecto de su nave: si saliese de ella moriría, pero no por estar transitoriamente adentro forma parte de la misma.

Bajo el ropaje de “salud pública”, los “derechos de la mujer” y de la falsa dialéctica casi luciferina de “salvar la vida de la madre y no del niño” se encubre una gran farsa que merece ser denunciada con todas las letras; toda vez que está en juego nuestra identidad cultural y, en segundo lugar, nuestro destino como nación, constituyendo la aprobación de esta ley a favor del aborto la última y más grave de las amenazas contra el futuro de la población argentina dado que se presenta como una verdadera confederación filicida.

El aborto es la muerte del concebido. Esta muerte puede ocurrir por causas naturales o por interferencia externa; esto, la muerte del niño por nacer, el ser más inocente e indefenso del universo, es un crimen.

Es sabido que el inciso 2° del artículo 86 del Código Penal exime de pena a los abortos “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Es decir, fue, es y sigue siendo delito, pero no punible para la mujer que aborta, nada más, o sea, funciona como una excusa absolutoria únicamente para la madre.

Si bien existen fundadas y motivadas razones médicas, científicas, religiosas en contra del aborto nosotros vamos a aportar un único argumento, pero sólo desde la lógica.

Dicho ello, supongamos ahora un suceso extremo para demostrar la irracionabilidad del asunto, del argumento. Imaginemos el peor de casos: la violación de una niña de 13 años con síndrome de Down por parte de un pariente intrafamiliar depravado, pero por el grado de avance de la gestación no se encuentra dentro del plazo límite de “interrupción del embarazo” que pregonan arbitrariamente quienes están a favor del aborto legal, seguro y gratuito según el antojadizo almanaque que manejan; no obstante, las autoridades públicas competentes autorizan igualmente la práctica del aborto eugenésico dada la excepcionalidad del caso bajo estudio.

¿Qué hacemos? ¿Matamos al bebé?

El bebé tiene la mejor defensa que un inocente pueda tener. Una defensa metafísica, más allá de lo físico: «cuando se cometió el delito el no existía». Al que hay que condenar es al violador no condenar a pena de muerte y asesinar al bebé. Salvo Dios, ¿quién se arroga el derecho divino de decidir quién debe morir y quién debe vivir?

¿Quién puede asegurar que detrás de esa vida truncada no se escondía un extraordinario científico o artista, un gran deportista o un excelente estratega?

¿De qué derechos humanos nos hablan? Si el primer derecho humano es la vida por nacer, que es el primer sujeto a defender o tutelar sus derechos y no solamente desde una situación de la madre. Aun cuando la práctica del aborto sea clandestina o un riesgo para la salud y la vida de la madre, pareciera ser que el niño no cuenta. Los derechos y valores de toda persona deben ser considerados desde su concepción para evaluar correctamente su dignidad como ser humano único e irrepetible. El respeto de la ley natural y de las leyes biológicas está por encima de los intereses, la voluntad y la libertad de las madres por más que se trate de un embarazo no deseado. Los principales derechos positivos se basan en el derecho natural.

Porque si se niega que el hombre tiene naturaleza corpórea/espiritual y sostenemos, a través de un consenso social (una ley del Congreso), que se reduce a pura materia no existiría razón alguna para prohibir la tortura ni razón que nos lleve a respetar su vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Quedarían así justificadas y legalizadas todas las aberraciones que, lamentablemente, se dan de hecho en países con gobiernos supuestamente democráticos.

Esto es importante: lo que está en juego no es una simple lucha política o un derecho de salud pública sino «la pretensión destructiva del plan de la creación de Dios». Tomemos conciencia, ello es grave, el resultado y la finalidad son sumamente graves.

Por otra parte, decir que el homicidio voluntario se refiere sólo a la muerte del inocente es una arbitrariedad. Homicidio voluntario, objetivamente hablando, es la muerte de cualquier hombre o mujer, inocente o culpable, por decisión y a mano del propio ser humano. En un asunto tan grave que no podemos jugar con eufemismos lingüísticos o leguleyos y menos aún médicos, diplomáticos o económicos. Importa una concepción filosófica y humanística de la vida, del ser. En eso radica también la maldad objetiva de la pena capital que en nuestro país no se le aplica ni siquiera al peor violador y asesino serial, pero sí se le quiere imponer al ser más inocente e indefenso del planeta.

Análogamente, podemos decir que, si se pone tan gran atención al respeto de toda vida, incluida la del reo y la del agresor injusto, también le corresponde al feto humano, pues el mandamiento «no matarás» tiene un valor absoluto cuando se refiere a la persona inocente. Tanto más si se trata de un ser humano débil e indefenso, que sólo en la fuerza absoluta del mandamiento de Dios encuentra su defensa radical frente al arbitrio y a la prepotencia ajena.

Además, evitar nacimientos en Argentina implicará en un futuro un suicidio colectivo; toda vez que geopolítica, estratégica, demográfica y geográficamente tenemos un territorio deshabitado y una población insuficiente, nada más tentador para los grandes imperios del mañana.

Hay instituciones internacionales que trabajan en la difusión de esta “cultura de la muerte”. Los países pobres en los que la familia sigue siendo un punto de anclaje fundamental de la vida social son el blanco prioritario de las políticas eugenésicas y maltusianas. Grandes fundaciones manejadas por millonarios occidentales llevan a cabo programas de exterminio de niños no nacidos. Este combate por difundir la muerte a cualquier precio es una monstruosidad y supone un empleo descontrolado del poder económico para destruir a los débiles e indefensos. Estos hombres bailan sobre los cadáveres de cientos de miles de frágiles seres sacrificados para poder conservar su dominio; donde se califica de «amenaza» para la seguridad mundial la «explosión demográfica» en algunos países en desarrollo, como el nuestro, que, pese a irnos mal económicamente, tiene una sólida cultura arraigada en los verdaderos derechos humanos.

La masacre del nasciturus o niño por nacer está adherida a una corriente radical o extremista del feminismo que actúa desde organizaciones vinculadas a Naciones Unidas con abundantes recursos financieros y una red de apoyos políticos que componen una trama global.

Como ha dicho Ronald Reegan: “Tienen suerte los abortistas de que no se les haya aplicado las recetas que ellos patrocinan”.

Es una necesidad estratégica para nuestro país aumentar no disminuir considerablemente su población en las próximas décadas, de ahí la gravedad de comprender cabalmente la disminución de la tasa de natalidad, que se suma a la necesidad de fomentar la inmigración hacia nuestro despoblado territorio. Esta situación es la que señala con mayor énfasis la responsabilidad de gobernantes y dirigentes de todos los partidos políticos que, desde hace años permanecen impávidos ante este verdadero drama poblacional. Ni que hablar de la ceguera de quienes, no solo permanecen inactivos ante el bajo aumento de nuestra población, sino que en una actitud incomprensible e imperdonable pregonan la adopción de todos los métodos habidos y por haber que tienden a disminuir los nacimientos, actitud que es totalmente incompatible con los intereses nacionales.

No es casualidad que, en Argentina, cuando se negocia con el F.M.I., simultáneamente se debatiera la ley para aprobar el aborto. Eso ocurrió durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri y también está sucediendo lo mismo ahora durante la administración del presidente Alberto Fernández.

¿Podrá un bebé en el vientre de su madre gritar la voz de ¡Alerta!?

Fuente: foropatriotico.com, 2020

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Un cortometraje para reflexionar

niño por nacer derechos

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Argentina espera un presidente de centro derecha moderada para el 2023

marzo 17, 2022

Una encuesta revela que el 57% de los argentinos quiere un presidente de “centro derecha moderada” para el 2023

El giro ideológico del electorado fue revelado en un sondeo de la consultora D’Alessio IROL realizado a nivel nacional. Qué respuestas dieron los consultados sobre planes sociales, dolarización y aborto.

16 de Marzo de 2022La encuestadora D'Alessio Irol hizo un relevamiento de opinión pública sobre el perfil que debería tener el futuro presidente. (foto Reuters)

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El 57% de los argentinos quiere que el próximo presidente tenga una orientación de “centro derecha moderada” para el 2023, según una encuesta que trascendió públicamente hoy. Se trata de un giro ideológico que parece mostrar la sociedad argentina frente a años donde las opciones políticas progresistas o de centroizquierda tuvieron mayor preferencia del electorado. Tras la elección que consagró a Alberto Fernández-Cristina Kirchner, después de la fallida presidencia de Mauricio Macri, el electorado estaría dispuesto, a votar un cambio político profundo.

Según el último sondeo de la consultora D´Alessio IROL a nivel nacional, publicado por Beto Valdez en el sitio de noticias MDZonline, un 29% de los consultados prefiere que la orientación ideológica del sucesor presidencial sea de “derecha moderada”, 28% de centro, 3% de “derecha extrema”, 21% de izquierda moderada” y sólo un 1% de “extrema izquierda”. Conclusión: el 57% de los consultados optan por un jefe de Estado de “centro derecha moderada”, relegando así al progresismo o a la centroizquierda.

De acuerdo el nivel socioeconómico y el género, los de mayor preferencia por las opciones de derecha o de centro son los consultados que tienen mayor capacidad económica, mientras que los que están en el medio de la pirámide social son los que eligen con mayor amplitud las opciones de izquierda. Un dato clave del estudio es que entre los sectores más postergados es donde existe la mayor cantidad de personas que todavía no tienen una definición: el 31% todavía responde “no sé” cuando se le pregunta a qué tipo de presidente elegiría. En el caso de hombre y mujer, los varones tienen menos dudas y están más inclinados por las opciones de derecha, mientras que las mujeres tienen más dudas (26% responde NS/NC), pero no están dispuestas a votar a las opciones progresistas (20% frente al 22% de los hombres).

Respecto a los atributos que debería tener el jefe de Estado que gobernará desde el 2023, el 47% quiere que mantenga los planes sociales sólo por 6 meses, pero luego la gente debe ir a buscar trabajo, el 53% aprueba la pena de muerte, el 72% está en contra de la legalización de las drogas, según la publicación de Valdez en el medio mendocino.

Si bien el 41% se muestra indiferente a la legalización del aborto, entre aquellos que tienen posición tomada gana el rechazo con el 30% y se muestran a favor el 21%. En relación a la personalidad del presidente, los consultados destacan la honestidad y el coraje para enfrentar los desafíos con el 42% y 44%. Mientras que ser conciliador y buscar acuerdos no parece ser tan relevante con el 23%.

Con respecto a la dolarización, uno de los temas que mayor controversia genera en medio de una economía inflacionaria y con un deterioro cada vez más profundo del poder adquisitivo del salario, las respuestas recabadas por el sondeo de opinión pública de D’Alessio Irol, el 42 por ciento respondió “de acuerdo” o “muy de acuerdo” a la postura que debería tener el próximo presidente respecto de dolarizar la economía, mientras que el 44% respondió “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” sobre esa posibilidad.

Fuente: infobae.com, 16/03/22

Inversiones en Inmuebles

febrero 2, 2022

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Restauran la fachada de la Farmacia De la Estrella, la más antigua de Buenos Aires

diciembre 15, 2021

La Ciudad puso en valor la fachada de la Farmacia “De la Estrella”, la más antigua de Buenos Aires con 187 años

¿Sabías que la Farmacia “De La Estrella” es la más antigua de Buenos Aires?. En los últimos meses, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad trabajó en la puesta en valor de esta construcción que tiene 187 años. Se renovó la pintura, se reemplazaron las luces por LED y se mejoraron las calles y veredas del entorno.

Se realizó un enorme trabajo para conservar la imagen y espíritu original de esta joya del paisaje porteño que tiene 187años y es la farmacia más antigua de Buenos Aires.

PUESTA EN VALOR DE LA FACHADA DE LA FARMACIA “DE LA ESTRELLA”

• Objetivo: Recuperar el material original de la fachada y conservar el patrimonio e identidad del Casco Histórico.
• Se encuentra ubicada en la esquina de Defensa y Alsina.
• Detalle de las intervenciones:
o Puesta en valor de 500 m2 de espacio público a través de la renovación de las veredas y calles en Defensa y Alsina.
o Restauración de 2 marquesinas, las rejas de cada ventana de la farmacia y sus vidrios.
o Instalación de siete toldos nuevos de un material más resistente que los anteriores (lona microperforada)
o Colocación de siete luminarias led en el exterior de la fachada para aumentar la iluminación de la zona.
o Reparación y colocación de adoquines sobre Defensa, para mejorar las calles y conservar el patrimonio histórico de la Ciudad.
o Limpieza general de la fachada a través de la utilización de una máquina hidrolavadora, que permite regular la presión del agua y proteger las partes fundamentales de la fachada original.
o Restauración de los mármoles de la farmacia, que son los que están en los escalones de acceso (tanto en la esquina de la calle Alsina como en calle Defensa) y en las ventanas de la farmacia.

HISTORIA DE LA FARMACIA “DE LA ESTRELLA”

• Con 187 años, es la farmacia más antigua de Buenos Aires.
• Además, hace 51 años es sede del Museo de la Ciudad.
• Es famosa por la píldora para la tos Parodi, la limonada Rogé, el jarabe Manetti y el tónico Hesperidina, por ser productos propios de la farmacia y elaborados por profesionales en el lugar.
• Fue ubicada en una esquina por si algún vecino o vecina tenía una emergencia y podía localizar rápidamente la farmacia al buscar los campanarios de la iglesia más cercana. En este caso, de la Basílica de San Francisco.

Fuente: seccionciudad.com.ar, 2021.


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La peligrosa inflación en Argentina

diciembre 14, 2021

En solo un mes la Argentina tuvo más inflación que la que tienen proyectada para todo 2021 la mitad de los países del mundo

En la estimación anual es superada por Venezuela y Sudán. Incluso en medio de la tensión inflacionaria global, según el FMI hay casi 100 países que proyectan para todo el año un a suba menor al 3,5% del mes pasado

Por Martín Kaneguiser.

La Argentina registró en octubre una inflación superior a la que se proyecta para casi la mitad de los países del mundo.

Sin dejar de batir récords negativos, el país tuvo una suba de los precios al consumidor del 3,5% el mes pasado y del 52,1% en el último año; de este modo, se ubicó entre los tres países con mayor inflación, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año.https://eeb1ef1b028a2a9cf6780d79b26877dd.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Argentina se ubica entre los cinco estados en los que el FMI no mide la inflación, sobre un total de 198 países. Durante el kirchnerismo, este “borrón”, se debía a la manipulación de las estadísticas públicas, luego fue por los problemas de empalme y ahora por las “negociaciones” para un nuevo programa de refinanciación de la deuda. Los otros son cuatro Afganistán, Etiopia, Líbano y Siria, territorios todos bajo conflictos armados de diferente naturaleza. Sin registros oficiales, Líbano y Siria sufrieron en 2020 subas del 155 y el 140 por ciento, respectivamente.

infografia

En el top ten de los que sí mide el FMI están Venezuela con una estimación del 2700% y un “exclusivo” primer lugar de hiperinflación crónica y luego, Sudán con 115,5%. Argentina, según las estimaciones de los analistas consultados por el relevamiento de expectativas del mercado (REM) del Banco Central, llegará al 50,3%, tras haber alcanzado el 41,8% desde enero último; detrás están Surinam con 48,6%; Yemen: 45%; Zimbabue: 41%; Irán: 30%; Zambia: 23,2%; Angola: 22%; y Libia: 21,1 por ciento.

En cambio, entre los países más poderosos, reunidos en el G7, pese al aumento global de la inflación, para Estados Unidos se proyectaba 5,1% (llegó al 6,2% en octubre); Alemania 4%, Canadá: 3,8%; Gran Bretaña: 3,5%; Francia 2,9%; Italia: 1,7%; y Japón: 0,7%.

La Argentina también ostenta el negativo registro de tener la segunda inflación más alta de América latina detrás de Venezuela. Para Brasil se proyectan un 7,9% anual; Uruguay tendría, 7,2%; México, 5,9%; Chile, 5,5%, Colombia, 4,3%; y Paraguay 4 por ciento.

El Gobierno había proyectado primero una suba del 29%, según el presupuesto 2021 que envió el ministro Martín Guzmán al Congreso en septiembre del 2020; un año después, corrigió esta cifra al 45%, pero los analistas prevén una inflación mayor; algo similar, aunque más profundo, ocurre con 2022: el Gobierno proyectó un 33% y los consultores -cuyas estimaciones fueron clave mientras se manipularon los datos del Indec entre 2007 y 2015- calcularon otro 50 por ciento.

Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), hay más de 100 países o territorios nacionales pertenecientes al organismo que concluirán este año con una inflación menor al 3,5% reflejado en octubre por el Indec.Argentina se ubica entre los cinco estados en los que el FMI no mide la inflación

En el primer escalón se ubican Guyana con el 3,4%, seguida por Bulgaria, República Central Africana y Filipinas con 3,3%; con el 3,2% le siguen Barbados, Guinea Ecuatorial, Irlanda, Kuwait, Perú y Tanzania:

Un peldaño más abajo están Portugal y Senegal con 3,1% y con el 3% se ubican Bélgica, Benín, Lituania, Nigeria y Omán. Con el 2,9% están Austria, Croacia, Francia, Maldivas y Montenegro; con 2,7% le siguen Burkina Faso; Camboya; Congo; república Checa; y Corea del Sur.

Luego, para Australia se estima un 2,6%, al igual que en Micronesia y Vietnam; le siguen con el 2,5% Barein, Bolivia, Granada, Israel, Jordania, Malasia, España y Tuvalu.

Con el 2,3% continúan Andorra, Chad y Noruega y, con el 2,2% siguen Finlandia y Saint Vicent; un escalón más abajo están Albania y Camerún con el 2,1%. En el 2% se estacionan Antigua y Barbuda, China, Chipre, Costa de Marfil, Djibouti, República Dominicana, Gabón, Guinea-Bissau, Indonesia, Panamá, Suecia, Timor y Emiratos Árabes.

Luego está Ecuador con 1,8%, al igual que Holanda y Uganda; con el 1,7% están Aruba e Italia; Bosnia, Costa Rica, Malta, Arabia Saudita, Taiwán y Togo tienen 1,6 por ciento.

Cabo Verde sigue con 1,5% y Dinamarca y Fiji con 1,4%; Grecia, Luxemburgo y Singapur 1,3 por ciento. Naurú, Trinidad Tobago y los territorios palestinos el 1,2%; Marruecos 1,1%.

En el 1% está la estimación de Palau y Tailandia y luego le sigue Suiza con 0,9%, San Marino con 0,8% y Brunéi e Italia con el 0,7 por ciento.

Finalmente, se prevé deflación para dos territorios: Macao (-0,3%) y Saint Kits -0,8 por ciento.

La mayoría de los países centrales y en desarrollo comenzó hace unos meses a utilizar la tasa de interés para contener la creciente inflación, producto de la fuerte emisión monetaria registrada durante la pandemia, pero la Argentina, como en otros casos, no hizo lo que hacen los demás.

Fuente: infobae.com, 12/11/21.


Más información:

¿La inflación está de vuelta?


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Argentina: Cómo saber si un profesional tiene un título legal

diciembre 2, 2021

Medidas de seguridad implementadas por el Estado para asegurar la validez de los títulos universitarios


La falsificación de títulos oficiales es un delito expandido a nivel mundial, incluso la UNESCO estimaba, hace una década atrás, que existían cerca de 800 universidades ficticias en el mundo que operaban a través de Internet. En Argentina, el Gobierno Nacional diseñó medidas de seguridad que permiten corroborar fehacientemente la veracidad de un título universitario.

Cómo saber si un profesional tiene un título legal

Cualquier empresa, organismo o ciudadano podrá consultar si un graduado tiene el título que dice portar a través del botón “registro público de graduados” alojado en la web del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en la sección de trámites y servicios, (una base de datos pública de acceso online en el que se encuentran registrados todos los egresados de universidades públicas y privadas de Argentina desde 2012 en adelante y los títulos extranjeros convalidados desde 2010). Sólo ingresando el nombre y apellido o DNI del profesional, cualquier persona podrá chequear la veracidad del diploma, la institución que lo expidió y la fecha de graduación.

“Esta etapa permite incorporar a la sociedad a un proceso que antes era solamente entre universidades y el ministerio, permitiendo conocer la situación de los profesionales en nuestro país”, expresó Paulo Falcón, director nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Cómo son los pasos para certificar un diploma

A partir de 2018, la legalización de títulos universitarios se realiza íntegramente de manera digital a través del sitio web del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en la sección de trámites y servicios, accediendo al botón “legalización de títulos universitarios”. Este procedimiento otorga seguridad y celeridad al trámite de certificación permitiendo, además, que el graduado pueda controlar el estado de su certificación. El procedimiento cuenta con tres etapas. La primera es la carga de datos y la emisión de la solicitud de certificación, que realizan las instituciones universitarias una vez que el estudiante rinde la última materia. Los datos pueden ser importados directamente desde los sistemas de información de las propias universidades, lo que permite una reducción del tiempo y errores de carga.

Estos datos son cotejados por la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria que, con el uso de tecnología cruzará automáticamente los datos enviados por la universidad con otros sistemas (RENAPER, SIPES, SIU-Araucano). De esta evaluación puede surgir la aprobación o la necesidad de subsanar alguna información errónea. Una vez aprobado el trámite, quedarán a disposición de la institución solicitante las etiquetas correspondientes al diploma y al certificado analítico para su impresión. Al finalizar, se incorpora el título expedido al registro público de graduados universitarios y a través de un código QR impreso en el diploma se podrá realizar una consulta directa.

Sobre este punto Falcón explicó que “el sistema anterior sólo certificaba firmas sin control alguno. En cambio, este procedimiento incorpora seguridad tanto en la certificación del recorrido académico como en la transparencia”.

Toda persona, instituciones o empresas pueden ingresar al registro público de graduados, que es de acceso gratuito para verificar mediante el escaneo del código o ingresando los datos de la persona que figura en el diploma o certificado si se trata de un egresado cuyo título ha sido expedido legalmente. Dentro de la base de consulta figuran egresados desde el 2012 en adelante y titulaciones universitarias extranjeras convalidadas desde el 2011.

Herramientas para controlar la validez de los títulos antes de comenzar una carrera

Por otro lado, antes de iniciar sus estudios universitarios, el estudiante puede consultar si la carrera elegida cuenta con título oficial y validez nacional en el buscador de títulos oficiales a través de su botón en la sección de trámites y servicios de la página web del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Sin embargo, como en el sitio sólo están incluidos los títulos nacionales, el hecho de que una carrera no aparezca en este sitio no implica necesariamente que su título sea falso, sino que, en algunos casos, puede tener validez sólo provincial o no ser una titulación universitaria. También puede suceder que su validez nacional se encuentre en trámite con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.

títulos universitarios

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¿Estás pensando en falsificar un título? Pues lee esto

¿Estás tentado de falsificar un título que no tienes?, ¿te cuesta encontrar trabajo, pero no quieres seguir estudiando? Te contamos cuáles pueden ser las consecuencias de hacer algo así.

Falsificar

Si acabamos de graduarnos y no tenemos mucha (o ninguna) experiencia laboral que mostrar en nuestro CV, puede parecernos tentador «maquillarlo» ligeramente aumentando nuestras calificaciones o directamente inventarnos algún curso extra o posgrado que realmente no hayamos hecho o terminado para conseguir trabajo con mayor facilidad.

Si te estás preguntando si es bueno hacer algo así, si merece la pena el riesgo a cambio de conseguir un buen empleo antes que tus competidores, la única respuesta que podemos darte es un tajante no. Ni se te ocurra.

Evaluación de costes y beneficios

Es posible que la falta de empleo nos esté llevando a la desesperación y estemos dándole vueltas a la idea de engordar nuestro CV o de adquirir algún título falsificado. Durante este proceso de toma de decisiones debemos evaluar con mucha atención los costes y beneficios que podría tener para nosotros hacer algo así.

Beneficios:

  1. Podríamos acceder más rápidamente a un empleo.
  2. Nos diferenciaríamos de nuestros competidores.
  3. Podríamos optar a un puesto de mayor responsabilidad.
  4. Podríamos conseguir un sueldo más elevado.

Costes:

  1. Si nos pillan, nuestro trabajo se irá al garete. Mentir en el currículo supone despido procedente sin derecho a indemnización.
  2. Nuestra reputación de mentirosos podrá ser conocida por otros contratadores y nos costará más conseguir un buen empleo en nuestro sector.
  3. Si tenemos un mínimo de conciencia, nos sentiremos mal por haber hecho trampa y haber perjudicado a otros que se merecían el puesto más que nosotros.
  4. Nuestra autoestima bajará porque en el fondo sabremos que no somos válidos para el puesto.
  5. Dependiendo del nivel de la mentira, podremos incurrir en un delito de falsedad documental, que conlleva una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
  6. Si además estamos trabajando como funcionarios públicos, la pena por falsedad documental es de tres a seis años de prisión, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial de dos a seis años.

Es evidente que mentir en nuestro currículo o falsificar títulos no compensa en absoluto.

Agravio comparativo

Hay personas que trabajan muy duro. Hay personas que sacan su carrera con notas brillantes y al mismo tiempo se matan a trabajar para poder costearse sus gastos e incluso los de su familia. Hay personas que apartan sus ganas de salir, de divertirse y de disfrutar con sus amigos para poder optar a un buen trabajo en el futuro. Hay personas que vienen de familias en las que no han tenido un acceso a la cultura y que han tenido que esforzarse el triple que los demás. Todas esas personas constantes, luchadoras y trabajadoras merecen conseguir los frutos de su esfuerzo y, cuando alguien se atreve a falsificar sus títulos oficiales y miente en su currículo está, a veces sin pensar y a veces de forma consciente, robando el esfuerzo y el trabajo de otros en su propio beneficio, y eso es execrable.

El poder de los poderosos

Cuando personas poderosas o influyentes falsean sus currículos, no solo están haciendo daño a sus competidores, además están dando un ejemplo nefasto y perjudicando la confianza de los ciudadanos en el sistema. Hay un velo de impunidad que oscurece los tejemanejes de las clases sociales altas, pero ese velo es cada vez más fino y poco a poco la gente va viendo la verdadera cara de algunas personalidades y luchan para que ese mal hacer tenga sus días contados.

Hasta cierto punto es lógico que los poderosos se hayan sentido intocables para hacer y deshacer a su antojo; todas nuestras leyes y costumbres se han creado de arriba hacia abajo como una forma de control de los que están arriba hacia los que están abajo, pero eso no significa que alcanzar un puesto de poder sea una carta blanca para delinquir. Se debe exigir una ética intachable a las personalidades públicas de todos estamentos y países para que puedan ejercer sus responsabilidades siendo consecuentes con lo que exigen a los demás. Y para exigir esa ética a los que están arriba también nosotros debemos ser consecuentes con nuestros propios actos.

Fuente: etitulo.com


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Cómo lograr su Libertad Financiera

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Terrorismo en la Patagonia

octubre 27, 2021

Juan Félix Marteau: “Ni conflicto, ni mapuche, es delincuencia con finalidad terrorista”

Lo dijo en diálogo con Infobae el experto internacional y dos veces coordinador nacional para el Combate de la Financiación del Terrorismo

Por Fabio Ferrer.

El experto Juan Félix Marteau consideró que lo que ocurre en la Patagonia es delincuencia con fines terroristas

En el marco del ciclo de conferencias “Las Políticas de Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur”, que auspicia Infobae, y que organiza el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires conjuntamente con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), este medio consultó la opinión de Juan Félix Marteau, abogado y doctor en sociología que fue funcionario durante las administraciones de Néstor Kirchner y Mauricio Macri, con respecto al conflicto Mapuche en la Patagonia, y la posibilidad de aplicar la legislación antiterrorista vigente en Argentina.

– ¿Los actos de violencia que han tenido lugar en la Patagonia en el marco del conflicto Mapuche pueden ser calificados legalmente de terrorismo?

– Ante todo remarco que mis opiniones son personales y no representan necesariamente a las instituciones en las que trabajo, ni públicas ni privadas. Para responder a su pregunta hay que descartar primero el concepto “conflicto mapuche”. Esta es una idea que puede ser útil al relato antropológico como funcional a la claudicación política, pero no tiene nada que ver con el análisis de un proceso de criminalización en curso por la comisión de delitos. Los que adhieren a posiciones político-criminales progresistas (autollamadas garantistas) emparentan delito y conflicto para desmantelar las chances de una intervención punitiva exitosa sobre los transgresores a la ley penal (justificando que lo que existe es algo como una “situación problemática” que puede resolverse por otras vías). Pero el delito no es una disputa intersubjetiva, sino esencialmente un ataque personal al orden institucional que permite el desarrollo de voluntades libres. ¿Cómo podríamos pensar jurídicamente que existe un conflicto entre un vecino de Villa Mascardi (o de otra ciudad del sur) y agresores anónimos a los que nunca vieron, que actúan traicioneramente y les queman la casa en el marco de una supuesta reivindicación étnico-cultural? Además, que los delincuentes se autoperciban como perteneciente a una etnia diferencial, algo que parece no tener un fundamento objetivo en el caso “Mapuche”, no significa que quede anulada la vigencia del derecho y la obligación del Estado de imponer sanciones, con todo el rigor que la ley penal establece.

Corte de ruta de pseudomapuches.

– ¿Descartada la idea de conflicto mapuche, los delitos que han cometidos estos grupos pueden ser calificados de terrorismo?

– En nuestra atrasada legislación argentina no se tipifican, como en la mayoría de los países, los actos de terrorismo. La política criminal del progresismo (que colonizó a todos los partidos políticos mayoritarios en esta larguísima etapa de democratización que arrastra el país, pero hizo metástasis en el esqueleto del peronismo de esta última década) no solo arruinó la educación universitaria, sino que denotó las bases conceptuales del sistema de justicia penal y del sistema de seguridad pública de la Argentina. En el tema que nos ocupa, en 2011, los legisladores que jugaban con esta ideología tan corrosiva como seductora sancionaron de apuro la Ley 26.734 que eliminó la figura de las “asociaciones ilícitas terroristas” y, con ello, la única base legal para calificar de terrorista una acción punible de la Parte Especial del Código Penal (donde se tipifican los delitos). A su vez, para esquivar el reproche de la comunidad internacional sobre esta derogación, la misma norma estableció una nueva agravante para la determinación de la sanción (definida en el artículo 41 quinquies del CPN) que ordena incrementar la pena en el doble del mínimo y el máximo cuando un delito (cualquiera) hubiere sido cometido con la “finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Por tanto, técnicamente no es posible hablar de un delito de terrorismo, sino de delitos cometidos con una “finalidad” como la mencionada. Conclusión, considerando lo dicho, no tengo dudas que los jueces cuentan con varios elementos objetivos para determinar que los delitos cometidos por estos agrupamientos criminales de nuestra Patagonia (amenazas, incendios, daños, coacciones, usurpación, lesiones dolosas, asociaciones ilícitas, incluso, rebelión, etc.) encuadran en la mencionada agravante. La consecuencia práctica que se deriva de esto es que resulta posible avanzar en la criminalización, además, de todos aquellos que le dan soporte financiero (financiación del terrorismo) a estos agrupamientos y congelarle los bienes.

– Ahora, ¿si es solo la “finalidad” de aterrorizar a la población o coaccionar las autoridades lo que define al terrorismo de acuerdo a la ley argentina, esta calificación no quedaría excluida en el supuesto de las acciones de los miembros de la RAM que dicen luchar por un territorio que le pertenece y defender su nación mapuche?

– La intención de un agente que actúa de modo contrario a los deberes definidos en la ley penal no constituye una determinación individual, de la psiquis del actor, sino una determinación institucional del orden concreto. Sería propio de un psicologismo distorsionado suponer que los miembros de agrupaciones criminales como estas, que sistemáticamente cometen delitos graves, “no quieren” aterrorizar a la población y coaccionar a las autoridades públicas, cuando hay manifestaciones ostensibles, socialmente evidentes, de que objetivamente lo hacen. No olvidemos que el derecho es un constructo de normas jurídicas, decisiones políticas y ordenes ético-sociales. Reitero, no hay dudas que muchas de las acciones delictivas de estos agrupamientos criminales que actúan en la Patagonia están tramadas por la intencionalidad terrorista en los términos objetivos expresados, lo que permitiría a los jueces y fiscales a cargo de la investigación imputarles a los autores la agravante del artículo 41 quinquies.

– Qué efectos políticos tendría esta consideración?

– Pasamos ahora de la dimensión normativa a las dimensiones decisionales e institucionales del derecho, lo que conduce al más estricto realismo. La calificación de terrorista de un agente en el marco de un expediente penal obliga necesariamente a un cambio de temperamento de todos los organismos del Estado que quedan obligados a realizar una declaración de hostilidad significativa a los actores terroristas. Se trata de poner en acción una represalia orientada a negar cualquier validez a los proyectos de vida erráticos que intentan imponer los delincuentes en contra de los ciudadanos y la nación argentinos. El Estado, la Administración en particular, debe dejar claro que el único comportamiento legítimo es el que ordena la ley establecida institucionalmente.

– Es factible que esto suceda considerando lo que se ha hecho el Gobierno a través de su Embajador en Chile o del propio Ministro de Seguridad?

– Decisiones político-criminales de esta envergadura no son para gobernantes débiles, desorientados o cobardes. La idea de tratar a estos grupos delictivos como terroristas aterroriza a los propios funcionarios. Quieren que este “Conflicto Mapuche” sea tratado solo como un problema provincial. No de la Nación. Aunque es evidente que muchos de los delitos cometidos fueron federales. Obviamente nadie en el Gobierno Nacional quiere que esto escale al nivel de una delincuencia con finalidad terrorista. Creo que nuestra sociedad nunca se enfrentó al desafío de la fragmentación como hoy en día. Fue erosionado el poder de decisión necesario para enfrentar los casos de excepción que vive nuestro país, lo que constituye el máximo pecado capital desde el punto de vista teológico-político. No puede haber ningún funcionario que funcione si el poder real no está en el Poder Ejecutivo o, lo que es peor, si ya no se sabe donde está. Por eso, no debemos esperar nada en materia de justicia, seguridad, relaciones internacionales y servicios de inteligencia del gobierno nacional; todos vectores claves para atender eficazmente el desorden que se ha producido en la Patagonia. No es causalidad que los recambios de los ministros se produjeron en esas carteras y nunca se aprobó el pliego de la jefatura de la AFI. Es más, con un gobierno de estas características lo que pasa es lo contrario: se crea el marco para que estos revoltosos, que ya deberían estar pagando con varios años de cárcel con el calificativo de “delincuentes comunes”, se victimicen, y consigan subir su precio.

– Ve alguna solución?

– Me parece significativa la toma de posición política que han tenido los gobernadores y funcionarios provinciales. Es clave que estas administraciones protejan a jueces, fiscales y policías para lograr así la rápida restitución del orden básico. Nuevamente, los poderes del interior pueden ser una salida ante un gobierno nacional sumido en una profunda crisis política. Por eso, es muy importante que la opinión pública tenga una visión consistente de este problema. En un plano más estratégico, los instrumentos legales de contra-financiación del terrorismo pueden descubrir y desmantelar a los que sostienen económicamente a estos grupos violentos, y en este punto podría haber varias sorpresas.

Fuente: infobae.com, 27/10/21.

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El Bolsón. Club Andino Piltriquitrón, incendio 2021.

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