Argentina: El Gobierno asfixia la libertad de las personas y de las empresas

abril 15, 2012 · Imprimir este artículo

Acoso estatal: la mano del Gobierno avanza sobre la economía y asfixia la libertad de las personas y de las empresas

Por Carlos Manzoni

 

Las medidas para obstaculizar las importaciones, las intimaciones de la AFIP, el control sobre la compra de dólares y las averiguaciones sobre los ingresos de los contribuyentes son sólo algunas de las iniciativas que coartan a los ciudadanos.

 

La petrolera YPF , Sebastián Eskenazi y hasta la mismísima Repsol son una metáfora a gran escala del trato que el Gobierno propina a los ciudadanos argentinos. Si la compañía más importante del país, el empresario amigo puesto allí por los mismos que hoy lo corren y una de las dos multinacionales más grandes de España son víctimas de la asfixia estatal, poco margen le queda al hombre de a pie para ilusionarse con un cese del acoso al que es sometido a diario.

El jueves circuló una fuerte versión de que el Gobierno enviaría al Congreso un proyecto para expropiar el 50,01 de la petrolera «argentinizada» en 2008. Ese sería el golpe final con el que terminaría de configurar el «acoso», que es definido por la Real Academia Española como la acción de perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos. Esta acepción del término pinta a la perfección el método kafkiano al que son sometidos los empresarios que acuden a la Secretaría de Comercio en busca de permisos de importación; aunque la angustia persecutoria provocada desde el Estado no es exclusiva de los hombres de negocios. También la sufren el contribuyente que recibe una intimación expedida por la AFIP al azar, la jubilada que padece una inspección en su casa por haber intentado comprar dólares, los padres que son investigados por las cuotas que pagan en el colegio de sus hijos y todo el que debe justificar por qué renuncia al subsidio a los servicios públicos, entre otros casos.

Para el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, las acciones son típicas de un estado autoritario. «La autoridad aquí no tiene límites en la toma de decisiones y en el modo cómo se inmiscuye en las esferas de la privacidad de las personas -explica el jurista-. Hasta la forma en que lo hace es autoritaria, porque es agresiva y de imposición. Guillermo Moreno [secretario de Comercio] es el arquetipo de todo eso; toda su postura es antidemocrática.»

Alfredo no es Josef K., el personaje que Franz Kafka retrata en El proceso, pero a poco de entrar en «Morenolandia», el edificio donde funciona la Secretaría de Comercio, empieza a sentir que lo tratan como tal. Es importador textil y camina como una sombra por los pasillos en busca de precisiones sobre un cargamento de abrigos que ya zarpó de China, pero que no sabe si podrá ingresar al país. «Las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) las aprueban todas, pero después te traban igual la importación», cuenta.

Entre afiches de «Avanti morocha», y caricaturas del ex presidente Kirchner, vestido de futbolista y «metiéndole un gol» a un arco defendido por el logo de Clarín, aparecen carteles indicativos de cada oficina. «Lácteos y textiles», «Carnes», «Juguetes, calzados y acero» puede leerse en grandes puertas de vidrio, donde esperan resignados, como chicos de colegio secundario, los reclamantes.

Alfredo pasa por el 2° piso, donde no puede ingresar; llega luego a una oficina del 4° piso, donde, después de decirle que ahí es «Lealtad comercial» y no tienen nada que ver con las importaciones, lo envían al sector 1, que está en el 6°. Cuando al fin lo atienden, se asombran del reclamo y lo derivan otra vez al 2° piso. Allí donde lo enviaron hay una puerta cerrada y un vigilante que le dice: «No puede pasar. Ahí tiene un papel con el mail y teléfono para reclamar». Sentados en la escalera dos empresarios miran resignados. Otros cinco hacen fila, sin saber qué esperan. «Pasé dos horas dando vueltas y me voy con las manos vacías», se lamenta Alfredo.

Otro empresario, al borde de un ataque de nervios, quiere saber si podrá importar pintura. «¿Mandó el mail donde le dije?», le preguntan. «Sí, pero no tengo respuesta», contesta el hombre. «Bueno, siga insistiendo», remata el funcionario. «Andá con este papel, pedí que te anulen la orden y hacé el reclamo de nuevo. ¡Ojo, no digas que yo te mandé!», aconseja un señor de bigotes. «Hagan los deberes muchachos», grita otro. El cartel de entrada donde aún figura como secretario de Industria Eduardo Bianchi, tres días después de haber renunciado, debiera haberles dado a los empresarios una pista de la desidia que reina en el lugar.

Los sabuesos, presentes

Las averiguaciones e intimaciones de la AFIP son otras de las formas que toma el acoso con el que se tiene en vilo al contribuyente. Un importante tributarista opina que ese acoso estatal está dado por la imposición de trámites y por la invasión a la actividad económica. «La AFIP hace un rastreo general con un gran margen de error y envía cartas a todo el mundo -explica el contador, que pide no ser identificado-. Eso no está prohibido, pero debería ser más preciso para evitar cualquier alteración emocional de quien lo recibe, porque hay personas que se ponen muy mal con estas cosas.»

En el país hay 31 regímenes de información vigentes que obligan a diversos sujetos a suministrar datos sobre otros contribuyentes. En ocasiones estas tareas son laboriosas y requieren una estructura administrativa al servicio del organismo fiscal. Imponen multas de hasta $ 45.000 a aquellos que no informan, que pueden llegar a $ 450.000, en casos de incumplimiento reiterado.

Laura M. vive de su jubilación y no es evasora. Pero recibió una inspección impositiva en su casa. ¿Motivo? Intentó cambiar unos ahorros por US$ 2000. «El parámetro para negar la operación es azaroso -comenta el tributarista-. No existe ninguna norma que fije los límites. Eso también es maltrato estatal.»

El especialista cuenta otro caso absurdo. Un artista que tiene ingresos para justificar la compra de una gran suma de dólares recibe una negativa de la AFIP y, como no existe motivo legal para esa prohibición, lo que le dicen es que le enviarán una inspección. «Es la teoría de la amenaza, que aplica un organismo que hoy está conducido con total arbitrariedad», acota el contador.

Un empresario químico relata sus peripecias con Moreno. «Tengo que rendir cuenta de todos mis pagos a proveedores extranjeros, con anticipación de dos meses», comenta el ejecutivo. Ante la consulta de La Nacion sobre el acoso estatal, desde un banco privado ironizaron: «No, para nada. No nos dejan girar dividendos, pero eso es un detalle».

En la agencia 6 de la AFIP, en Luis María Campos 112, de Capital Federal, la dueña de una inmobiliaria se queja: «A ver si les piden todos estos datos a Boudou y sus amigos». Tramita la exención de un impuesto para que su clienta pueda vender una propiedad, pero termina enredada en los formularios que le exigen. «Falta que me pidan un ADN», dispara al partir. La Nacion trató de comunicarse con la AFIP, pero no obtuvo respuesta.

Elección restringida

Los consumidores, que se ven obligados a comprar lo que hay en las cada vez menos surtidas góndolas, también son víctimas del acoso estatal. Mucho más quienes no consiguen repuestos para sus autos o electrodomésticos, o aquellos que deben adelantar la compra en grandes cantidades de productos que saben que pronto no encontrarán, como lentes de contacto, medicamentos y pañales, entre otros.

Sabsay señala que en ciertos casos se da una extralimitación mayor en el accionar del Estado. «En el acoso sexual, el acoso es anterior a la violación -analiza el constitucionalista-. Pero hay medidas del Gobierno que implican una violación consumada de esferas de la libertad de una persona, como cuando se traba la importación de libros y se coarta así su acceso a la cultura y la información.»

Como en el cuento de las ranas dentro de una olla con agua que se calienta poco a poco hasta cocinarlas, el ciudadano argentino parece acostumbrado a este acoso. ¿Podría reclamar legalmente? Según Sabsay, sí. La mayor parte de las medidas del Gobierno son inconstitucionales, por lo que se podría interponer un amparo legal para hacerlas cesar. «Lo que pasa es que los actores económicos prefieren negociar antes que demandar y el resto sufre una trabazón en la voluntad de defenderse, porque sabe que ya no rige el derecho.»

El politólogo Sergio Berensztein, de Poliarquía, cree que esta falta de oposición ciudadana al acoso estatal se vincula con la debilidad de los partidos políticos. «La gente quizá no sabe que puede accionar, pero los partidos deberían informar, agrupar y poner los abogados para presentar el amparo», señala.

En medio de tanto acoso estatal, esta nota fue, a su modo, también víctima: muchos de los que participaron en ella pidieron no ser nombrados, por temor a represalias. «Si sale mi nombre, después no puedo trabajar más», se sinceró uno.
Fuente: La Nación, 15/04/12.
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El engañoso fin que justifica los medios

 

Gran parte de las medidas que conforman el acoso estatal no gozan de sustento constitucional, por lo que los ciudadanos podrían interponer amparos tendientes a hacer cesar sus efectos. Pero en la Argentina actual, eso no ocurre, un poco por desconocimiento y otro poco por la poca confianza que se tiene en un Poder Judicial, que también es acosado por el Ejecutivo.

El constitucionalista Daniel Sabsay explica que las reglas de la Constitución Nacional se enmarcan en el principio de legalidad, sobre el que tiene que reposar todo acto gubernamental. «Además, toda decisión de autoridad debe ser razonable y tratarse de un medio que lleve a un fin justificado, si no, se entra en la arbitrariedad», comenta.

Por ejemplo, señala el jurista, para el pago de impuestos, la privacidad sobre la propiedad, debe ceder, pero eso no debe implicar una irrupción abrupta en la vida privada de una persona. Ni tampoco debe significar, como expresa un reconocido tributarista, una invasión emocional.

El politólogo Sergio Berenstein, de la consultora Poliarquía, dice que el problema es que se esgrime un fin que en su enunciado es loable, como el del reparto más equitativo de la riqueza o el desarrollo de la industria nacional, para lograr objetivos políticos de corto plazo. «El Estado se usa como un instrumento de todos, pero en el fondo lo que hay es un gobierno depredador», opina Berenstein.

El politólogo dice que hacer esa distinción entre Estado y Gobierno es crucial, porque la Presidenta se sirve de esta confusión para sostener sus medidas y cualquiera que esté en contra queda tildado de antiestatista. «El Gobierno se cree el Estado y actúa desde el Estado. Cuando Cristina dice: «Me hacen esto» expresa esa simbiosis. Eso es un error», señala Berenstein.
Fuente: La Nación, 15/04/12.

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