El fraude estadístico del INDEC
agosto 28, 2018
El fraude estadístico del INDEC
Por Gustavo Ibáñez Padilla.
Alertados por la noticia de que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral no tiene previsto citar al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, ni a los directivos del INDEC por la escandalosa denuncia sobre la evidente y pública manipulación de datos del índice de precios al consumidor iniciada en 2007, es que retomamos la posta y volvemos a insistir con el tema. (…)
Lea el artículo completo:
El fraude estadístico del INDEC
El engaño y la manipulación estadística orquestada a través de la ilegítima intervención del INDEC resultan evidentes para todos los ciudadanos de bien que habitan el suelo argentino, con excepción de los funcionarios públicos corruptos que ya todos conocemos. Es hora de que los argentinos honestos abandonen su zona de comodidad y tomen acción para terminar de una vez por todas con este ‘abuso intelectual’ al cual nos vemos sometidos. Si así no lo hiciéramos que Dios y la Patria nos lo demanden.
Guillermo Moreno
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Fuente: Ediciones EP, 2015.
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El ex técnico del INDEC que defiende sus engaños
octubre 1, 2016
El increíble ex técnico del Indec que todavía defiende sus números
“Por supuesto que los datos que dimos fueron reales”, asegura el jefe de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec con Moreno. Hablar de “ni-ni” estigmatiza, dice.
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Después de que la nueva dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que el 32% de los argentinos está por debajo de la línea de la pobreza, la vieja gestión del organismo salió a defender los números que publicaron en su momento y que fueron discontinuados en 2013.
“Por supuesto que los números que dimos fueron los reales”, sostuvo el ex director de la encuesta permanente de Hogares (EPH) –hasta diciembre de 2015–, Claudio Comari.
Hoy devenido “consultor en investigación social”, autodefinido como “soldado del Pingüino” y vinculado al ex ‘supersecretario’ Guillermo Moreno a través de las mesas de economía del PJ Nacional, Comari estuvo a cargo de la encuesta que sirve de base para medir la pobreza e indigencia según el nivel de ingresos.
“Cristina no mintió. En 2013 teníamos de 5 a 6% de pobreza”, sostiene uno de los tuits que refrenda, vinculados con la explicación del ex secretario de Comercio Interior en su programa de radio La hora de Moreno.
Comari llegó para reemplazar a Cynthia Pok al frente de la EPH, quien había sido desplazada por la intervención a mediados de 2007. En 2009 hubo una orden no escrita de Moreno, trasladada a Recursos Humanos del Indec, para que Comari la reemplazara oficialmente.
Ni-ni tampoco. De origen cordobés, “especialista en diseño, gestión y análisis de encuestas a hogares”, según su propio “curriculum vitae”, Comari incluso basó su tesis doctoral en los llamados ni-ni, los jóvenes que no trabajan ni estudian y que, según el Banco Mundial, ascienden a unos 900 mil en la Argentina, el 20% de la población entre los 15 y los 20 años. Para él, sin embargo, no existe esa categoría.
“Nunca como hoy hubo tantos jóvenes estudiando ni en el mercado de trabajo. Las connotaciones negativas que acompañan las caracterizaciones de los jóvenes ni-ni, ¿no son una contribución de la academia a la estigmatización y los repudiables “linchamientos?”, escribió en una columna publicada en el diario Página/12 en 2014.
“La hipótesis de la generación ni-ni es infundada o, mejor dicho, se basa en que quienes no trabajan y no estudian (suficientemente) son los investigadores que instalan esta categoría de análisis”, ponderó.
La “estigmatización”, por entonces, ya había sido instalada por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, que ante las nuevas cifras de pobreza del Indec sostuvo que “se sobrestima la medición en unos 10 o 15 puntos más”.
El morenismo sostiene que “el piso no es 25”, en relación al porcentaje de pobreza que se había estimado como mínimo de la “herencia”. Los razonamientos, en tanto, no están atados a la medición de pobreza por ingresos.
“En 2006 tuvimos 27% de pobres, si hoy tenemos 32,2%, el piso no es 25%. Asignación Universal por Hijo (AUH), nuevos jubilados y crecimiento del PBI (24%) redujeron pobreza sólo en 2%?”, se preguntó desde el programa radial del ex secretario de Comercio Interior sobre el aporte de las políticas oficiales pero sin medir el impacto de la inflación real en una medición por ingresos.
Un índice que no fue
El gobierno de Cristina Fernández discontinuó la publicación del índice de pobreza e indigencia en 2013. Sin cifras en un año y medio, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, negó que hayan negado la pobreza.
En una entrevista al Tribuno, remarcó que la medición por ingresos no toma otras variables: “Cómo está tu casa, cuáles son tus perspectivas y cómo funciona tu economía real”, detalló.
En ese marco, aseguró que bajo su gestión se estaba trabajando “para hacer un índice por ingreso basado en nuestro IPC nacional junto a los organismos más prestigiosos del mundo, algo que luego discontinuó Macri”.
Durante su gestión, el ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había explicado sobre “problemas de empalme” para difundir nuevas estadísticas de pobreza, al tiempo que el propio Kicillof dejó para la historia la frase de que “es estigmatizante” hablar de un número de cantidad de pobres.
—Esta nota fue publicada en la Edición Impresa del Diaro Perfil.
Fuente: fortunaweb.com.ar, 01/10/16.
La destrucción del INDEC en la era K
mayo 15, 2016
«Kirchner quiere tu cabeza»
gritó Clyde Trabuchi, entonces directora de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Miraba a una pasmada Graciela Bevacqua, directora de Precios al Consumidor -encargada de calcular inflación en el país- y su subordinada en ese momento. Era la mañana del lunes 29 de enero de 2007 y el final de una secuela cargada de presiones sobre esas mujeres.
Enfurecida por los altos precios de la lechuga, el turismo y las prepagas, el último fin de semana de enero de 2007, la mano derecha del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y flamante “interventora” en el Indec, Beatriz Paglieri, había acordado con varios directores nacionales no difundir el índice que Bevacqua venía calculando. Para la tercera semana de enero ya sumaba 2,1%, una suba intolerable para el inicio de un año de elecciones presidenciales, que ganaría Cristina Kirchner.
Una semana después, la intervención se formalizaba. El decreto 100, del 6 de febrero, desplazó a Bevacqua y nombró a Paglieri a cargo de la Dirección de Precios. Un día antes, luego de forzar a los encargados del Departamento de Informática a manipular un documento público, el Gobierno había difundido el primer dato de inflación falseado: en enero, según el Indec, los precios habían subido sólo 1,1 por ciento.
La intervención oficial del Indec se convirtió en un símbolo de la degradación institucional de la llamada “década ganada”. Pero no sólo significó una sistematización de la mentira del “relato oficial”, sino que avaló diversas prácticas de persecución estatal a empleados que simplemente pensaban diferente.
Francisco Jueguen
Periodista de la sección Economía & Negocios de La Nación
Este trabajo busca contar por qué un gobierno que se proclama “nacional y popular” decidió intervenir un organismo técnico e institucionalizó la mentira como verdad estatal, destruyendo valiosas estadísticas y amedrentando a quienes se oponían. En ese sentido, es además un testimonio de los que sufrieron amenazas o persecuciones y de quienes se animaron a resistir.
Historia del desembarco
La decisión de intervenir el Indec no tuvo necesidades netamente económicas -como justificó el Gobierno- sino también una clara intencionalidad política. En octubre de 2007, se efectuaban las elecciones presidenciales y Néstor Kirchner buscaba entronizar a su mujer, Cristina Kirchner. Pero el país atravesaba un problema argentino: la inflación.
Lucas Llach
Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
Un año antes de que se interviniera el organismo, Moreno buscó acceso a los datos protegidos por el secreto estadístico. Conocida la lista de comercios relevados por el Indec, el secretario de Comercio Interior sabría sobre qué empresarios presionar para falsear el índice de precios oficial.
Graciela Bevacqua
Ex Directora del IPC
2007 es el año en el que nació el primer índice de inflación de la era Moreno.
Moreno no logró que los técnicos le abrieran el índice. Sin embargo, lejos estuvo de rendirse. Así llegó en 2007 el desembarco físico sobre las estadísticas oficiales. De la mano de Paglieri y la entonces directora de Recursos Humanos del Indec, Ana María Edwin, no sólo se violó el secreto estadístico sino que la falsificación se profundizó con otros mecanismos. Se encomendó a los especialistas informáticos la creación de un “parche” informático que limitara las subas de productos. Por otro lado, los precios de los acuerdos firmados durante 2006 comenzaron a tener más peso en las ponderaciones que los relevados en el mercado por los encuestadores. Bajo este influjo, el 5 de febrero de 2007 nació el primer índice de inflación de la era Moreno.
En un primer momento, el Gobierno justificó la intervención del Indec –nunca la aceptó como tal- como una herramienta para desinflar el peso de la deuda ajustada por el CER, un coeficiente ligado al índice de precios. Según la versión oficial -que nunca tuvo una denuncia en los tribunales- los trabajadores desplazados del organismo estadístico estaban complotados con los acreedores de deuda para hacer subir el dato de inflación y mejorar la rentabilidad de sus bonos. Incluso se llegó a afirmar, sin pruebas contundentes, que se vendía información al mercado.
Otra postura oficial radicó en las supuestas “desprolijidades” en algunos de los procesos de relevamiento de información y en las áreas de cobertura que tenía el viejo índice de precios. Tales cuestionamientos aparecen en los descargos de Moreno y Paglieri en la Justicia.
Ese argumento derivó en las proclamas oficialistas que reclamaban modificaciones metodológicas acordes para estadísticas que dejaran de ser puramente técnicas y sirvieran a la política de un “un gobierno nacional y popular”.
La metodología de la intervención oficial
Las primeras discusiones dentro del Indec apenas desembarcó la gente de Moreno fueron sobre los elevados aumentos de algunos productos puntuales. En ese sentido, el primer índice se manipuló precariamente. Pero tras el desplazamiento de Bevacqua de la Dirección de Precios comenzó un proceso de falseamiento estadístico más sofisticado que -en un principio- tuvo tres ejes.
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►Por último, Moreno logró acceder a los listados de informantes del Indec protegidos legalmente por el secreto estadístico. Varios de los testigos que declararon ante la Justicia dijeron haber visto a personal que respondía a Paglieri, mano derecha de Moreno, fotocopiar los listados secretos y llevarlos en cajas a la oficina del secretario de Comercio Interior. Entonces, los empresarios empezaron a hablar del “precio Moreno”: era el que cambiaban los hombres de negocios en sus comercios cada vez que un encuestador del Indec pasaba. Luego, volvían a poner los originales. Esto, como se explicó al comienzo, manipulaba “externamente” el índice oficial.
El Indec es, en rigor, un gran sistema estadístico. Cada cálculo funciona como un insumo para otro. Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas, primero a los datos de pobreza e indigencia -que se congelaron- y luego también al cálculo del crecimiento -que fue sobrestimado-. Desde diferentes sectores ideológicos afirman que el Indec esconde millones de pobres. Por otro lado, la oposición denuncia que la sobrevaloración del PBI tuvo como consecuencia que el país debiera pagar más deuda por los bonos atados al crecimiento económico.
Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas
El escándalo público que produjo la intervención del Gobierno en el organismo estadístico derivó en que varios senadores de la oposición denunciaran el caso ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que encabezaba Manuel Garrido. Luego de dos meses de relevamiento y de entrevistas con decenas de testigos, el fiscal dictaminó que en el Indec había habido “graves irregularidades”.
A continuación, una guía interactiva para entender las claves de su resolución con la voz del propio fiscal y hoy diputado para explicar cada punto.
Su dictamen fue retomado por el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió medidas al juez Rodolfo Canicoba Corral. Hasta hoy, la causa principal por falseamiento está dormida.
Acceso al dictamen de Stornelli
Manuel Garrido
Fiscal del caso Indec y Diputado Nacional
Para entender la historia del Indec, es clave visualizar lo que ocurrió en todo 2007, o sea, durante el primer año de la intervención oficial. Durante esa época, se desplazó a los directores más importantes, se reclutó a la llamada “patota” de Moreno en el instituto y se afinó el complejo proceso para falsear todo el sistema estadístico.
La intervención del Indec, camino a la elección de CFK
A pesar de los reclamos de funcionarios de Economía y de las promesas electorales de mayor institucionalidad, a fines de 2007, la recién electa presidenta Cristina Kirchner decidió que nada cambiaría en el Indec: el camino que habían inaugurado su esposo y Moreno seguiría avanzando.
Graciela Bevacqua
Ex Directora del IPC
La lucha de los trabajadores contra la mentira
La violencia -algo desconocido en el Indec desde su creación en 1968- comenzó a ser moneda corriente desde 2007. La minoritaria Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se opuso a la manipulación de los datos oficiales y a los desplazamientos de trabajadores. Debido a eso chocó contra la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio peronista y mayoritario, que fue el músculo que Moreno usó para su desembarco. La llave para seducirlos fue la entonces directora de RR.HH. del organismo: Ana María Edwin. Su lealtad a Moreno la llevaría a la conducción del Indec.
Las formas de violencia variaron. Muchos fueron desplazados o despedidos, a otros los empujaron a jubilarse y no faltó a quienes despojaran de tareas, su lugar de trabajo o les quitaran montos variables de su salario. A contramano, muchos de los que apoyaron a Moreno fueron beneficiados con mejores cargos.
Marcela Almeida
Ex coordinadora del IPC Nacional
Alejandro Baranek
Desplazado del Indec
Fueron muchas las oportunidades en que los trabajadores de ATE-Indec se vieron sometidos con violencia frente a la llamada “patota de Moreno”. Fueron golpeados en asambleas en el edificio central del organismo o en el mismo Ministerio de Economía y varias veces sufrieron destrozos en el local que la junta interna tiene en el décimo piso del Indec.
La situación de Marcela Almeida fue representativa. La intervención en el Indec la desplazó porque era la coordinadora del IPC Nacional, índice que se usaba para desenmascarar la manipulación del IPC-GBA. Almeida fue primero dejada sin tareas en su trabajo, pero -como su vínculo laboral con el Indec era precario- terminó quedándose un año completo sin cobrar su salario hasta que la Justicia le dio la razón y obligó al Indec a que la repusiera en su cargo con el mismo sueldo. Pero el Indec no cumplió del todo con el fallo judicial.
Marcela Almeida
Ex coordinadora del IPC Nacional
La falsificación de las estadísticas oficiales y la persecución a los trabajadores del Indec que se opusieron a la intervención derivó en el nacimiento de los tradicionales “abrazos” al instituto que organiza todos los meses ATE. La consigna es “¡Fuera la patota del Indec!”. Quienes adhieren a esa consigna creen que el desmantelamiento del organismo -gracias a los desplazamientos y precaria situación laboral- fue lo que logró afianzar la posibilidad de que el Gobierno falsificara las estadísticas.
La consigna de ATE es “¡Fuera la patota del Indec!”
►La historia de lucha de los trabajadores en el Indec se extiende hasta la actualidad. Se trata de una batalla que se extendió ya ocho años con diferentes intensidades y a pesar de que dentro de ATE existen diversas corrientes ideológicas. Sin embargo, a pesar de los embates ejercidos contra ellos, la resistencia aún se mantiene.
La Argentina sin radar
La economía argentina se quedó sin su faro. Actores económicos, medios de comunicación, sindicatos y académicos, entre otros, comenzaron a buscar nuevas fuentes de información. Y comenzaron a surgir alternativas. Primero, algunos institutos estadísticos provinciales (Mendoza y San Luis, luego la Ciudad de Buenos Aires), después, las consultoras privadas. A pesar de las críticas del Gobierno a los economistas que producían sus propias estadísticas, fue Moreno quien les abrió el negocio de producción de insumos básicos. En tercer lugar, se sumaron algunos centros de estudio como Buenos Aires City (con Graciela Bevacqua a la cabeza) o Cenda, donde Axel Kicillof impulsaba un índice alternativo al oficial.
Los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras
Las consultoras privadas se habían habituado a utilizar los insumos básicos que relevaba el Indec para construir escenarios que luego vendían a sus clientes. La falta de confianza sobre esos insumos provocó que muchos economistas se decidieran a armar nuevos equipos de expertos para salir a tomar sus propios datos.
Para frenar esa tendencia, los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras. El funcionario intentó multarlas pero perdió su batalla en la Justicia.
Jorge Todesca
Economista y director de la consultora Finsoport
La oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos
La consultora Finsoport de Jorge Todesca fue una de las presionadas para que no difundiera sus datos. Todesca, viceministro de Economía en la gestión de Eduardo Duhalde, apeló la multa a la Justicia Contencioso Administrativa. La cámara falló a su favor y revocó la decisión de la Secretaría de Comercio Interior. La multa quedó sin efecto. La situación llevó a varios economistas a impulsar una denuncia por abuso de autoridad contra Moreno que todavía se tramita.
La frágil situación de las consultoras privadas que calculaban un índice alternativo al del Indec tuvo repercusiones políticas. Tras el intento de Moreno de silenciarlas, la oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos con la protección que otorga el Parlamento. Así nació el índice Congreso.
Patricia Bullrich
Diputada nacional
Todos los privados coinciden -incluso también los trabajadores nucleados en ATE- en que el organismo más capacitado para calcular la inflación, el PBI, la pobreza o el desempleo es el Indec. Y, por ende, reconocen las limitaciones de sus mediciones propias. No obstante, reivindican que -en tiempos de falta de información confiable- hayan nacido mediciones alternativas que buscaran ser más realistas que las del Indec.
Jorge Todesca
Economista y director de la consultora Finsoport
La gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina
La inflación no fue el único retoque. Desde mediados de 2007, cuando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue intervenida por el Gobierno, el dato de pobreza e indigencia oficial comenzó también a ser cuestionado. Justamente uno de los insumos más importantes para calcular esos índices era el mismo dato de precios, ya falseado. Los últimos datos de pobreza e indigencia publicados por el Gobierno son de fines de 2013. Fue en ese año cuando, “por problemas de empalme”, la gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina de Cristina Kirchner.
Cynthia Pok
Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec
Recién en 2008, las universidades tomaron un rol más activo frente a la situación que vivía el Indec. Fue gracias a un decreto del entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, que se reunieron varias en el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES). Las casas de estudio presentaron un preciso informe en 2010 en el que decían que el IPC oficial “no era confiable” y en el que reclamaron un “cambio urgente” en el organismo. El entonces ministro de Economía, Amado Boudou, nunca lo recibió.
Sin embargo, gracias a algunos profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre ellos Nicolás Salvatore, nació en marzo de 2009 Buenos Aires City, un centro de estudios que buscaba recrear el IPC-GBA gracias a la experiencia de Bevacqua, primera desplazada del Indec.
Nicolás Salvatore
Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Las consecuencias de la intervención
Tras el escándalo público que suscitó la intervención del Indec, la desconfianza se expandió a todos los números oficiales. Moreno había tomado un organismo estadístico modelo en América latina y lo había desmantelado parte por parte.
La falsificación de los datos oficiales tuvo múltiples consecuencias. En primer lugar, la Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas y la sociedad dejó de tener acceso información clave para poder interpretar su propia realidad. La manipulación del Indec, por ejemplo, derivó en el ocultamiento y desaparición de millones de pobres.
Sin datos objetivos, todos los contratos quedaron supeditados al capricho de los actores. Cada gremio maneja hoy sus datos de inflación para calcular las demandas salariales en paritarias, para los inquilinos es difícil establecer si es justo o no la suba de un alquiler, de la misma manera que es imposible determinar una fórmula de actualización para el pago por manutención de una madre divorciada y sus hijos, entre otros ejemplos.
Cynthia Pok
Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec
La Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas
La intervención al Indec generó un bache en los datos públicos que se extiende entre 2007 y la actualidad, y que dificulta el trabajo de académicos y universidades. Es un vacío que probablemente nunca se corrija por los juicios que podría provocar.
Lucas Llach
Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
2013El Fondo sancionó al país con una moción de censura
También el mundo comenzó a dudar de los datos que producía el Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) empezó a destacar en sus anexos estadísticos las críticas locales que se vertían sobre el índice de precios oficial y el cálculo del PBI. La prestigiosa revista The Economist dejó afuera a la Argentina de su índice mundial sobre competitividad (en febrero 2012 decidió no publicar las estadísticas oficiales de la Argentina y todavía no las publica). Varios organismos de estadísticas a nivel global criticaron a la Argentina. El Gobierno, en busca de nueva deuda, pidió ayuda al FMI, para reformular su índice de inflación, algo que sólo habían hecho países africanos.
En un hecho inédito entre sus socios, el Fondo sancionó al país a comienzos de 2013 con una moción de censura debido a la mala calidad de estadísticas. El organismo advirtió entonces que, de no mejorarse los índices, el país podría ser expulsado. El caso argentino sigue en revisión y aún no tiene un punto final dentro del FMI.
Nicolás Salvatore
Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
La reputación argentina se derrumbó. Una de las principales consecuencias de la falta de credibilidad de las estadísticas fue la retracción de las inversiones en el país, panorama que se agravó luego de la instalación del cepo cambiario y la imposibilidad de repatriar dividendos. Esta situación, sumada a la crisis energética, derivó en una importante escasez de divisas.
El Indec no perdió oportunidad. Según el análisis de varias consultoras privadas -en base a datos propios del Indec- el Gobierno comenzó en 2013 a inflar artificialmente las exportaciones locales en los informes oficiales que producía el mismo organismo estadístico para disimular el cada vez más flaco saldo comercial y la falta de divisas.
La falsificación estadística impulsada por el Gobierno fue “cómplice” además -durante el último año- de la licuación salarial de los trabajadores estatales (especialmente los maestros) y de las jubilaciones. En 2014 -año en el que el kirchnerismo impulsó un ajuste- el organismo estadístico ocultó la primera caída del salario real, incluso a pesar del nacimiento del nuevo índice de inflación elaborado sólo para complacer al FMI.
El Indec, en la actualidad
En 2014, el Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas. Lanzó el llamado IPC-Nu, un índice de precios a nivel nacional. Si bien en un principio produjo cierta esperanza de cambio, la brecha entre el Indec respecto de las mediciones de los privados y los organismos provinciales volvió expandirse con el pasar del tiempo. Por otro lado, nunca se volvieron a publicar los precios promedio relevados ni la conformación de las nuevas canastas seleccionadas. Según expertos, en los últimos meses de 2014, el Gobierno modificó la metodología de relevamiento con el objetivo de darle más peso en la ponderación al programa oficial Precios Cuidados -acuerdos con las empresas- en la medición. Esto buscó congelar la suba del índice oficial.
2014El Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas
Víctor Becker
Economista de la Universidad de Belgrano y ex-director de Indec
Nadie sabe cuál es la inflación en la Argentina y, como se advirtió anteriormente, el dato de pobreza oficial desapareció completamente. El Gobierno no volvió a publicarlo. Los últimos datos cuestionados fueron, en tanto, los de desempleo. En un país en recesión se destruye empleo pero no sube el desempleo porque las personas -dicen las estadísticas del Indec- se retiran voluntariamente, algo que los expertos en el mercado laboral no avalan. En momentos de corridas cambiarias, baja de reservas y falta de dólares, las dudas se expandieron durante 2015 al informe oficial sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA).
Hay un consenso amplio sobre la necesidad de una transformación en el Indec. Incluso entre algunos sectores del oficialismo se pide en voz baja. Parece claro que, gane quien gane en las elecciones presidenciales de 2015, se avecina un fin de ciclo que simboliza el cierre de la etapa más oscura para las estadísticas públicas.
Línea de tiempo para resumir los principales hechos de la intervención
Créditos:
Producción general: Katherine Nagasawa (Senior at Northwestern University’s Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications)
Producción periodistica: Francisco Jueguen
Programación interactiva: Cristian Bertelegni, Juan Elosua (becario del programa Knight-Mozilla Opennews), Gastón de la Llana
Producción de datos: Marthe Rubio, Gabriela Bouret, Romina Colman
Desarrollo Multimedia: Florencia Coelho
Cámara y edición de video: Katherine Nagasawa (Senior at Northwestern University’s Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications)
Asistente de cámara: Matias Aimar y Sebastián Rodeiro
Gráficos interactivos y animaciones: Gastón de la Llana
Locución: Tomás Rivas
Jefe de realización: Juan López
Subjefa de diseño interactivo: Mariana Trigo Viera
Editora a cargo: Florencia Fernández Blanco
Editor responsable: Gastón Roitberg
Fuente: La Nación, 2016.
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La caída de Cresta Roja
diciembre 3, 2015
Cresta Roja: de una expansión basada en subsidios a quedar al borde de la quiebra
Fue la segunda empresa productora de pollos del país y hoy casi no faena por tener sus plantas paralizadas;en los últimos años, dependió de fondos públicos para funcionar y sobredimensionó su estructura.
Supo ser una mina de oro con tecnología de avanzada y su propia genética. Pero hoy su realidad es otra. Con 56 años de historia, la continuidad de la empresa Cresta Roja peligra: ya casi no se faena y los pollos a veces se venden vivos ante la imposibilidad de alimentarlos para que se desarrollen. En la planta de procesamiento ubicada en El Jagüel, Monte Grande, el silencio es abrumador. Dentro de la fábrica, que ocupa seis manzanas, sólo se escucha el ruido de la sala de máquinas que sigue funcionando por razones de seguridad. Para mantenerla refrigerada se usan 22.000 litros de amoníaco.
En Ezeiza, Lobos, Monte y Esteban Echeverría todos conocen los pollos Cresta Roja, de los hermanos Rasic, la segunda avícola en importancia del país que controla un 13% del mercado interno. Entre sus dos plantas, los molinos y el sector de granjas tiene 4000 empleados propios, y otros 1000 puestos laborales están vinculados en forma indirecta a su actividad. De la firma dependen pueblos enteros.
«Somos una gran familia. Acá hay gente que trabaja hace más de 35 años. ¿Dónde van a conseguir trabajo a su edad? A nosotros nos están pagando, pero se cortó la cadena de alimentación de los pollos y por eso se sacrifican. No es lo justo, pero si no, se matan entre ellos. Acá hay un vaciamiento, no hay nada. ¡Nada!», grafica el delegado Simón Abaca, que trabaja hace nueve años en el sector de exportación de la empresa.
Bajo llave y en estricto secreto, los dueños de la avícola fundada en 1959 analizan en la planta de Ezeiza, donde tienen sus oficinas, las pocas alternativas que les quedan. Según fuentes del sector, la empresa, que se presentó a concurso de acreedores hace 16 meses, tiene un pasivo de más de 2.000 millones de pesos.
La crisis
Hasta el año pasado, cuando se hizo pública la crítica situación de la empresa, la imagen que daba todo el sector avícola era el de una industria en pleno crecimiento con niveles históricos de consumo de pollo en el país y con la exportación y la producción en niveles récord. Los números así lo reflejaban.
Antes de la crisis, Cresta Roja faenaba 400.000 pollos por día. Y hace tres años, según pudo saber la nacion, amplió su planta procesadora de Monte Grande para aumentar un 50% su producción. La propia presidenta Cristina Kirchner se enorgullecía del «boom» del sector y en el 2012 pasó algo inédito en la historia de la Argentina: las exportaciones avícolas alcanzaron las 271.000 toneladas y superaron a las 189.000 de la carne vacuna.
¿Cómo en tres años se derrumbó una empresa que, incluso al borde de la quiebra en 2014 facturó -según datos a los que accedió la nacion- 300 millones de dólares? Aunque en público jamás lo admitieron dadas las estrechas relaciones entre el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, con el kirchnerismo, Ivo y Milenko Rasic, los dueños de la empresa, culpan por lo bajo al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien implementó la política de precios máximos a cambio de brindarle compensaciones al sector. Algunas nunca llegaron.
Guillermo Moreno
El crecimiento de la industria avícola estaba sustentado en un complejo sistema de subsidios aplicado desde 2007 (también abarcaba a los feed lots, carne aviar y bovina, la industria molinera y láctea) con el que se buscaba desacoplar la suba de precios internacionales de los granos para mantener bajos los precios de los alimentos en el mercado interno. Además, el sector contaba con la protección de los derechos de exportación, de 20% al maíz y de 35% a la soja, que posibilitaba comprar los granos para alimentar a los pollos a un precio menor que el de los exportadores.
Después de una etapa en la que hubo cumplimiento, los fondos administrados por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (Oncca) -disuelta en febrero de 2011 en medio de escándalos de corrupción- dejaron de llegar. Según fuentes del sector, que aceptaron hablar pero con la condición del off the record, la deuda por compensaciones alcanzó los 65 millones de dólares. En la negociación, los hermanos Rasic sólo rescataron 15% de ese monto en bonos que aún cobran en pesos.
En 2011, el Gobierno le quitó los subsidios al sector. La producción de carne de pollo había aumentado entre 2003 y 2010 más de 120%, según datos del CEPA. Ese incremento hizo que Cresta Roja contratara 1000 empleados y apostara a aumentar su volumen de producción. Sin las compensaciones, los costos aumentaban. No podía subirse el precio de los pollos por la competencia con Tres Arroyos, la avícola más grande del país, que controla 22% del mercado, y así hubo más producción de la que podía colocarse en el mercado.
«A partir de 2007 se suscribió una expansión desmedida en el sector avícola en función de los subsidios que, de manera repentina, fueron retirados después de cuatro años. Para entonces, la empresa tenía 30% más de empleados de los que necesitaba y pagaba sobreprecios. Como la plata no era de ellos la derrochaban», dijo a la nacion el secretario general de la Industria de la Carne y sus Derivados del Gran Buenos Aires y Zona Sur de la Provincia De Buenos Aires (Sicgbal), Silvio Etchehun.
Entre 2007 y 2011, la industria avícola, según un reporte de Abeceb, recibió $ 2100 millones, lo que representaba un 21% del total de compensaciones entregada por la ex Oncca. La cifra sólo fue superada por los subsidios a los molinos del trigo.
«La política de subsidios a la alimentación tuvo una efectividad limitada para controlar los precios internos y no resultó en un desarrollo sustancial en la cadena de valor, más allá de que tuvo efectos positivos sobre la producción en algunos casos puntuales», concluye el informe que data del 21 de agosto.
A Rasic -según confió una fuente de la compañía- la política de precios máximos le causó pérdidas por 135 millones de pesos. Sin embargo, desde el CEPA desestimaron ese efecto. «El sistema de compensaciones fue totalmente positivo para el sector. En el caso de Cresta Roja ha tenido problemas puntuales, aunque venía presentando balances negativos desde antes de 2007», señaló Domenech a la nacion, y precisó que uno de los grandes problemas de la empresa tiene que ver con su sobreestructura y con conflictos gremiales con los delegados del frigorífico ubicado en Ezeiza.
Las cuentas, sin embargo, seguían cerrando en los últimos años por la exportación, sobre todo la dirigida a Venezuela a través del Fideicomiso Néstor Kirchner. El acuerdo implicaba que el país exportaba pollos al gobierno encabezado por Hugo Chávez y a cambio recibía petróleo. Las avícolas se beneficiaban porque el país bolivariano pagaba 42% más por los pollos que cualquier otro importador de la región por una tasa de riesgo ante eventuales demoras en los pagos, aunque recibían también otras compensaciones.
«Además de los subsidios a la crianza de los pollos había reglas preferenciales para exportar a Venezuela, pero cuando empezaron a caer los acuerdos de compra y se terminaron los contratos por la crisis económica que vive ese país todo derivó en un desfasaje», dijo Etchehun. Además las avícolas debían hacerle frente a la sobreoferta de unidades en el mercado interno y a las complicaciones para exportar por la falta de competitividad. Así, Cresta Roja quedó al borde de la quiebra.
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La intervención
En 2014 la firma emitió cheques sin fondos por 43 millones de pesos. En junio la empresa despidió primero a 400 empleados, y luego la cifra se elevó a 1300. El sindicato de la alimentación, a quien los Rasic culpan por no haber aceptado firmar el Procedimiento Preventivo de Crisis, que incluía el recorte de sueldos y despidos, reaccionó paralizando la actividad en las plantas. Ante ese escenario intervino el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria. La empresa está intervenida por la gobernación bonaerense a cargo de Daniel Scioli, desde el 11 de septiembre.
Daniel Giurzi, hombre cercano a Aníbal Fernández al igual que Domenech, fue designado por la Justicia para manejar el rescate financiero de $ 200 millones, de los cuales hasta ahora sólo se giraron $ 100 millones. la nacion se comunicó con el interventor, quien evitó hacer declaraciones sobre el tema.
«Con la poca plata había que hacer equilibrio entre alimentar a los pollos y pagarles a los empleados hasta que ya no alcanzaba para nada. Reclamamos que el gobierno gire la plata porque entendemos que gran parte del problema es estatal, aunque también hubo malos manejos de los Rasic y, si es como dicen que Moreno les debe plata, fue su problema confiar en él y no es justo que los empleados estemos pagando el costo», dice el delegado Cristián Villalba, que hace 11 años trabaja en la compañía.
Qué pasará con la empresa es una pregunta que desvela a la propia familia Rasic. Para volver a funcionar necesita muchos fondos; sólo los salarios significan por mes 80 millones de pesos (con contribuciones incluidas). El futuro de Cresta Roja hoy es incierto. Mientras tanto, los trabajadores exigen soluciones y casi a diario realizan protestas en la Autopista Riccheri y en la avenida 9 de Julio.
Los números del conflicto
10.580 Millones de pesos
Es el monto de compensaciones aprobadas por la Oncaa entre 2007 y 2011; dos de cada diez de esos pesos fueron al sector de frigoríficos avícolas; la actividad que más obtuvo fue la molienda de trigo, con el 36% del total
65 Millones de dólares
Es la deuda que, según los dueños de Cresta Roja, se acumuló con la empresa por esas compensaciones; sólo se recuperó un 15%
13% Participación
Del sector avícola, Cresta Roja era la segunda empresa por volumen de producción. La primera es Tres Arroyos (22%) y en tercero y cuarto lugar están las firmas Soychú (7%) y Las Camelias (7%)
Fuente: La Nación, 29/11/15.
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La mentira estadística
febrero 4, 2015
El Indec, hoy: la máquina de la mentira
Por Francisco Jueguen.
Los afiches, pósteres y cuadros de Néstor Kirchner, omnipresentes en el edificio del Indec, sobre Diagonal Sur. Foto: Francisco JueguenLas sombras invaden el Indec. Pocos caminan por sus pasillos a las 17.30 de un caliente viernes de enero. Todo lo que aún se mueve ya se está despidiendo. «¿Busca algo?», pregunta desde atrás de un gabinete metálico y oxidado la única empleada presente en el tercer piso. «Cuidado, hoy esto es un terreno hostil», alerta gente que trabaja en el organismo de las estadísticas, colonizado en 2007 por el kirchnerismo hasta convertirlo en una poderosa máquina de mentir.
La oficina principal de la Dirección de Precios, detrás de una puerta marrón con ojo de buey, parece una más en el viejo edificio de Diagonal Sur al 600. Pero no. Es el escenario de un crimen. Ocho años atrás, ahí empezó a cometerse una violación institucional que todavía perdura: la adulteración de las estadísticas sobre inflación.
«Kirchner quiere tu cabeza», le dijo una jefa del Indec a Graciela Bevacqua, directora de Precios, la mañana del lunes 29 de enero de 2007. Era la secuela de un 2006 repleto de presiones sobre esas dos mujeres.
Temeroso por la inflación, Néstor Kirchner había ordenado al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno , que apretara a las dos técnicas para obtener la lista de informantes del Indec. El objetivo: obligar a las fuentes del organismo a rebajar sus precios cuando los encuestadores pasaran a relevarlos. Moreno no logró doblegar a los directores del instituto, pero no se rindió. Por el contrario, redobló su apuesta.
El 29 de enero pasado se cumplieron ocho años de la intervención oficial , que incluyó, desde el primer día, la persecución de trabajadores.
«Néstor se pasó todo 2006 haciendo acuerdos de precios. Estaba muy preocupado», contó alguien que fue ministro en esos años. «Creía que la Argentina en materia de precios era como un alcohólico recuperado: si le mostrabas la inflación, se iba todo al demonio.»
Embravecida por los elevados precios de la lechuga, el turismo y las prepagas, el último fin de semana de enero de 2007 la mano derecha de Moreno y recién nombrada al frente del Indec, Beatriz Paglieri, había acordado con varios directores nacionales no difundir el índice de inflación que Bevacqua venía calculando. Para la tercera semana de enero ya sumaba 2,1%, cifra intolerable para el inicio de un año de elecciones presidenciales.
Una semana después todo tomó un tinte más formal. El decreto 100, del 6 de febrero, desplazó a Bevacqua y nombró a Paglieri a cargo de la Dirección de Precios. Un día antes -tras forzar a los encargados del Departamento de Informática a retocar un documento público-, el Gobierno había difundido el primer dato de inflación manipulado: en enero, según el Indec, los precios habían subido 1,1%.
El 29 de enero pasado se cumplieron ocho años de la intervención oficial, que incluyó, desde el primer día, la persecución de trabajadores.
Las entrañas del Indec han dejado de ser las de un organismo técnico. Hoy se parecen más a las de una unidad básica.
Muchos de los que formaron parte de la historia más sombría del organismo militan ahora en la oposición. Alberto Fernández , Miguel Peirano, Sergio Massa , Martín Lousteau y Julio Cobos , entre otros, reclaman una urgente normalización del Indec. De los tres principales candidatos presidenciales (Mauricio Macri, Daniel Scioli y Massa), el único que se niega a dar una definición tajante sobre el futuro del organismo es Scioli.
«Es necesario que vuelva el equipo de técnicos anterior a la intervención», dice el ex vicepresidente Julio Cobos . «El problema será cómo volver a ensamblar todo lo que se destruyó.»
«El error nuestro fue creerle a Moreno que dentro del Indec había una confabulación con fines electorales», admite el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.
«A Moreno hay que denunciarlo penalmente. Yo lo voy a hacer investigar», sostiene Massa.
«La desconfianza en el Indec tiene múltiples consecuencias negativas», analiza Lousteau, ex ministro de Economía de Cristina Kirchner. «Desde el punto de vista del hacedor de política económica, volás sin instrumentos. Además, cuando la gente percibe otra inflación que la que calcula el Indec, deja de creer en todos los otros datos.»
«Cualquiera que sea el próximo presidente va a cambiar el Indec. Se demostró que la estrategia fue un fracaso en términos de expectativa inflacionaria», afirma Peirano, ex jefe del Palacio de Hacienda durante el kirchnerismo.
Ningún dato elaborado por el Indec es confiable. Los resultados del nuevo índice de inflación a nivel nacional (IPC-Nu), de Axel Kicillof, ya renovaron las sospechas
LA NACION quiso consultar a Moreno, Felisa Miceli, Axel Kicillof y al actual director del Indec, Norberto Itzcovich. Ninguno aceptó.
Las entrañas del Indec han dejado de ser las de un organismo técnico. Hoy se parecen más a las de una unidad básica. «Clarín miente, LA NACION oligarca», dice un afiche que adorna la entrada a todos los ascensores de los diez pisos del edificio. La leyenda reaparece en la enorme bandera contra el multimedio que oculta la fachada de los pisos superiores. Las fotos de Néstor Kirchner se multiplican y se intercalan con pósteres de la agrupación Evita Inmortal y panfletos contra los «fondos buitre». La decoración cambia si se está en los pisos «amigables» -los dominados por UPCN, gremio que es la mano de obra de la intervención- o de ATE (los «enemigos»).
Hoy, ningún dato elaborado por el Indec es confiable. Los resultados del nuevo índice de inflación a nivel nacional (IPC-Nu), de Axel Kicillof, ya renovaron las sospechas. La composición de las canastas regionales nunca fue publicada y el instituto no difunde desde 2008 los precios promedio de los productos que releva. Varios especialistas comenzaron además a denunciar que, gracias a cambios metodológicos en el relevo de información en los comercios, creció la incidencia del programa Precios Cuidados en el IPC-Nu. Es una trampa para contener el aumento del índice.
Por «problemas de empalme», desde fines de 2013 el organismo dejó de publicar las canastas para calcular la pobreza e indigencia. La aguja del desempleo se mantiene inmóvil a pesar de la recesión. La tasa de empleo cae al mismo nivel que la tasa de actividad, en un contexto negativo. No hay experto en el país que no diga que lo lógico es que ocurra exactamente lo contrario
Por «problemas de empalme», desde fines de 2013 el organismo dejó de publicar las canastas para calcular la pobreza e indigencia.
La destrucción estadística sólo fue posible gracias al desmantelamiento institucional. «La intervención desplazó a muchos técnicos y al mismo tiempo tomó mucha patota», cuenta el delegado de ATE-Indec Fabio Peñalva. En 2006 había, según el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), 1210 trabajadores, cifra que se había mantenido estable desde 1995. En 2007 (año de la intervención), la plantilla creció 24,9% (a 1506 trabajadores). Para la Oficina Nacional de Empleo Público, hasta el primer trimestre de 2013, el Indec tenía 1537 empleados, muchos en situación de precariedad (contratados o tercerizados).
Moreno se convirtió en el nuevo gerente de Recursos Humanos del Indec. Varios de los vigilantes de precios en el Mercado Central y militantes de su unidad básica (Pueblo Peronista) ocuparon cargos directivos en el organismo.
Llegaron también los barrabravas que formaron «la patota». Uno de ellos, Ariel «el Gusano» Pugliese, investigado por el asesinato de Marcelo Cejas, hincha de Tigre, el 25 de junio de 2007, tomó notoriedad en 2010 al revolear sillas en la Feria del Libro. En octubre pasado fue el turno del «Gordo Maxi» y el «Gordito Farfán», dos barras de Excursionistas. Ambos eran empleados del sector Logística del Indec cuando fueron detenidos por ser parte de una presunta banda que traficaba drogas. El allanamiento, en la sede del Indec, terminó con el secuestro de 300 gramos de pasta base escondidos en la caldera.
Los trabajadores que apoyaron la intervención se beneficiaron con cargos, mejores sueldos y ascensos. También algunos directores. Un ejemplo: la manipulación del índice de precios impulsó artificialmente el índice de crecimiento y, a su vez, el valor de los cupones atados a ese indicador. Susana Rosental, que elabora ese índice, admitió en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción que a fines de 2012 tenía en su poder $ 72.194 en títulos en dólares vinculados al PBI. Ya se ve: el Indec es hoy tierra de oportunidades.
La destrucción estadística sólo fue posible gracias al desmantelamiento institucional
Las causas en la Justicia que tramita el juez Rodolfo Canicoba Corral por el Indec son dos. Una investiga lo que ocurrió con el IPC-GBA y el posible delito de «falsificación de documento público». La otra es parte del voto «no positivo» de Julio Cobos a Cristina Kirchner.
Eran las 7 de la mañana de un día de septiembre de 2007. Patricia Giménez, entonces directora de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza, manejaba su auto camino a la oficina cuando la radio la estremeció. Se enteró en un noticiero de que el Indec había «corregido» su índice de precios de agosto. Para la DEIE, la inflación de ese mes había sido 3,1%. En Buenos Aires, el Indec de Moreno la bajó a 1,5%.
«La llamé a Laura Montero [en ese momento ministra de Economía provincial y hoy senadora nacional] y me dijo que mantuviera el número original, que ya íbamos a hablar con el gobernador Cobos», recuerda Giménez.
Intervino el gobernador. «Mandé una nota al jefe de Gabinete e hicimos la denuncia penal», cuenta. También hizo su parte el entonces jefe de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido: «Accedimos a los registros informáticos. Los índices dibujados aparecían con la letra T. Los promedios que fijaban estaban por debajo de la cifra menor ponderada. Un técnico en estadísticas estableció que los resultados oficiales eran matemáticamente imposibles».
Moreno y Lousteau presentaron en la Casa Rosada sus propios planes para transformar el IPC. Cristina Kirchner no sólo eligió el diseñado por Moreno, sino que le pidió a Lousteau que lo presentara públicamente.
Moreno derrotó a todos por una razón: Moreno era Kirchner. Cristina heredó ese vínculo con el secretario de Comercio, pero con un cambio cualitativo. «Moreno es como un rottweiler. Kirchner lo tenía atado y a veces lo hacía chumbar. Cristina lo dejaba suelto en el jardín», grafica Alberto Fernández.
Luego de que Miceli y Roberto Feletti perdieran su batalla frente al rottweiler, todos los ministros de Economía kirchneristas sucumbieron ante Moreno. Ninguno cuestionó la falsificación de las estadísticas en público mientras participó del Gobierno. Dicen que sí lo hicieron en privado.
Peirano renunció luego de una discusión en Olivos con Moreno, Fernández y Néstor y Cristina Kirchner. «Las diferencias entre esta presidenta [electa] y usted son muy grandes», le dijo Cristina a Peirano después de que éste le reprochara a Moreno la persecución de los trabajadores en el Indec, la manipulación de las estadísticas y los primeros roces con los productores del agro.
Lousteau confió en sus buenos vínculos con Moreno desde sus tiempos de presidente del Banco Provincia. Pero antes de que saliera el primer IPC bajo su comando, en enero de 2008, Moreno se le adelantó y anunció que la inflación había sido de 0,8%. «Era matemáticamente imposible que el nivel general diera eso porque el transporte había subido 20%», relatan cerca del ex ministro.
Moreno y Lousteau presentaron en la Casa Rosada sus propios planes para transformar el IPC. Cristina Kirchner no sólo eligió el diseñado por Moreno, sino que le pidió a Lousteau que lo presentara públicamente. La crisis del campo aceleró su renuncia. El programa de Moreno fue dado a conocer por Alberto Fernández en 2008 en el hotel Sheraton de Pilar, para evitar protestas. «La metodología era correcta», se atajó Fernández. «El problema era que falsearon los datos.»
Desde 2007, el Indec se erige como símbolo de un capítulo fundamental del «relato» o «historia oficial» de los gobiernos kirchneristas.
La noche en que se votó la polémica resolución 125 en el Senado, un muñeco con la cara de Cobos apareció ahorcado en el décimo piso del Indec. Para oxigenar el gabinete, Massa reemplazó a Alberto Fernández. Massa y el flamante ministro de Economía, Amado Boudou (que lo había acompañado en la Anses), reclamaron a varias universidades un informe de situación sobre el Indec. Cuando los académicos lo terminaron, en 2010, nunca fueron recibidos por Boudou.
En el entorno de Massa recuerdan en especial un viernes de 2008. El decreto estaba firmado: se iba a intervenir el Indec. El hombre a cargo del organismo iba a ser Santiago Montoya. El secretario legal y técnico, Carlos Zannini, llevó el documento al despacho de Cristina Kirchner. La iniciativa murió ahí. «Decían que Montoya no era garantía», relata uno de los involucrados. Por ese entonces a cargo de Rentas en el gobierno de Scioli, Montoya había aceptado la misión, pero con condiciones. Más tarde también lo rechazarían como cabeza de la AFIP.
Desde 2007, el Indec se erige como símbolo de un capítulo fundamental del «relato» o «historia oficial» de los gobiernos kirchneristas. En plena crisis económica, el 2 de diciembre de 2013, Cristina Kirchner desplazó a Moreno. Kicillof, que en otras épocas había criticado la manipulación de las estadísticas por parte del Indec, llegó a la conducción de Economía. Su plan era volver a endeudarse y para eso, asesorado por el Fondo Monetario, lanzó el IPC-Nu. Además cortó algunos concursos sospechados y desplazó a un ariete de la intervención en el Indec: la directora Ana María Edwin. Pero no la abandonó: fue premiada con otro cargo en el Gobierno. De todos modos, el Indec gestado por Moreno se mantiene hasta hoy. La Presidenta no quiere cambios allí.
Una imagen explica por qué. En el segundo piso del Indec -donde están sus conductores-, un cuadro muestra al que, muchos años después, parece seguir siendo el verdadero patrón del lugar. El inspirador. El que lo hizo posible. Néstor Kirchner.
Fuente: La Nación, 04/02/15.
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Cómo agravar al enfermo
Por Jorge Oviedo
Si Cristina Kirchner piensa llegar hasta octubre con el Plan Moreno, es obvio que decidió jugar la suerte de su modelo a una posible buena cosecha de soja y a un resultado beneficioso en la disputa con los bonistas que no aceptaron los canjes. Y rezará para que Brasil repunte. Ningún cambio importante a la vista, ningún atisbo de racionalidad que ataque las causas de los problemas actuales.
La apuesta también obligará a los tenedores de pesos a quedarse con ellos y sufrir la inflación. El congelamiento de precios mientras más se prolongue, más desabastecimiento generará.
Es una medida que puede ayudar en el cortísimo plazo si sirve para implementar un verdadero plan. Si no, es inútil y una falsa ilusión.
La aspirina no cura una infección, aplaca los síntomas más molestos. Ese alivio es el que hace menos ingrata la espera hasta que actúa el verdadero remedio. ¿Creerá la Presidenta que el remedio es una buena cosecha, un fallo que acepte las fórmulas de pago que el país propone y nada más?
La Argentina tiene un proceso inflacionario agudo con claras causas: el peor resultado fiscal en más de una década, financiado con emisión monetaria. Incluso en otras crisis el país recaudaba dinero suficiente para pagar todos sus gastos, pero no le alcanzaba para pagar la deuda. El problema era la deuda.
Hoy no le alcanza el dinero antes de empezar siquiera a contar los pagos de la deuda. La Argentina gasta demás y encima muy mal y lo financia peor: emitiendo pesos a raudales.
Los defensores del «modelo» señalan que Estados Unidos emite y no tiene inflación. Como si pudiera compararse a la economía más grande del mundo con la Argentina. Pero así y todo, los Estados Unidos tienen un desempleo alto, capacidad instalada ociosa y una cantidad de personas y empresas que tienen dinero y no lo gastan aunque se lo regalen. Porque tienen miedo al futuro y confían en el Estado y entonces prefieren quedarse, hasta que la situación se aclare, con los dólares y los bonos del Tesoro, aunque en los últimos días también parecen haber vuelto a comprar acciones de compañías.
No pasa lo mismo en la Argentina. Con crecimiento de la ocupación en el sector público, subsidios y planes hay algo parecido al pleno empleo. La producción local no alcanza para abastecer el consumo y el Gobierno prohíbe o controla ferozmente muchas importaciones.
La gente y las empresas creen que las cosas no irán bien y prefieren cambiar sus pesos por otras monedas o bienes. Entonces se prohíbe comprar monedas para ahorrar. Y para evitar que suban los precios de las cosas, se dispone el congelamiento de precios.
¿Por qué en un país donde hay consumo y dinero para seguir consumiendo nadie quiere invertir para producir más? Ésas son las preguntas que debería hacerse la Presidenta. ¿Por qué Moreno, que ha fracasado una y otra vez, sigue ensayando sus torpezas, sus bravuconadas, desplegando su dañina ignorancia?
La teoría de la conspiración de «la derecha» es una tontería. ¿Por qué al Uruguay de José Mujica le sobran los dólares y tiene que hacer esfuerzos para que no entren más, como le pasó al Perú de Alan García y hoy le pasa al de Ollanta Humala, le pasó al Chile de Bachelet y pasa con Piñera y hasta a la Bolivia de Evo Morales?
Sólo Venezuela y la Argentina han tenido planes a lo Moreno. Son los únicos con alta inflación, problemas fiscales, fuga de capitales y presiones devaluatorias. ¿Cuánto falta para que la Presidenta se dé cuenta de que Moreno es la enfermedad y no la cura?
Fuente: La Nación, 09/03/13.
Guillermo Moreno
El fraude estadístico del INDEC
noviembre 1, 2012
El fraude estadístico del INDEC
Por Gustavo Ibáñez Padilla
Desde este sitio web y desde nuestro Boletín Economía hemos denunciado sistemáticamente el fraude estadístico y la destrucción del INDEC propiciados por Guillermo Moreno y Ana María Edwin; contando con el aval de ministros, Jefes de Gabinete y la propia presidente de la Nación, Cristina Kirchner. Todos ellos en forma conjunta y conformando una Asociación Ilícita han destruido la credibilidad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), con la grotesca intención de manipular el índice que mide la inflación y muchos otros datos estadísticos. Para ello, removieron a numerosos funcionarios, presionaron a otros, violaron el secreto estadístico y adulteraron los valores de los índices oficiales. Todas estas maniobras constituyen delitos claramente tipificados en nuestra legislación (Falsedad ideológica -Código Penal Argentino, art. 293-, Manipulación de precios -Código Penal Argentino, art. 300-, Secreto Estadístico -Ley 17.622, art. 10- y otros). La ineficaz intervención de la justicia a través de diversos magistrados y funcionarios ha permitido esta gravísima degradación institucional de la República.
Gustavo Ibáñez Padilla, 01/11/12.
A modo de muestra citamos más abajo algunos de los comentarios publicados con anterioridad denunciando el fraude estadístico del gobierno Kirchner:
Inflación: Es el principal problema económico que nos aqueja y está totalmente subestimada por el gobierno. En abril, el “ministro” de Economía, Amado Boudou, calificó a la inflación como «supuesta» e insistió en hablar de una «tensión de precios», que atribuyó a los mayores ingresos que percibe la población. El jefe del Palacio de Hacienda, a quien ya califican de “hazmerreir” rechazó las críticas que recibe el Gobierno por el nivel de inflación y se quejó de las reiteradas «mentiras que se dicen». Luego de calificar de «supuesta» a la inflación, enfatizó: «¿Saben cuál es el problema de los precios en la Argentina? Que la gente tiene más dinero que antes». Tan obvia resulta su respuesta que la Casa de Moneda ya no da abasto para imprimir billetes y tuvo que encargar la confección de los papelitos de cien pesos en Brasil. Resulta curioso que un gobierno que cada día pretende apropiarse de más funciones de la órbita privada tercerice en otro país la impresión de la moneda nacional. ¿A dónde habrán ido a aparar nuestros aires de soberanía?
Gustavo Ibáñez Padilla, Boletín Economía, 09/11/10.
Inseguridad: «El ventarrón de criminalidad no cesa. El Gobierno tiene un INDEC especializado en demostrar que no aumenta y que más bien está muy por debajo de otros países. Un ministro con inclinación verbosa y metafísica le dijo a la gente que padecíamos una sensación. Lo cierto es que es el episodio que más nos angustia en este mar de frustraciones. (…) Los Kirchner lograron demoler el básico esquema constitucional de orden público y de ejercicio de la fuerza exclusiva del Estado para cumplir con la misión esencial de reprimir (que, según la Real Academia, significa «contener, refrenar, templar o moderar».) Reprimir es obligación del Estado en cuanto «contención en acto del delito inminente». Se enfrenta al delincuente para garantizar la vida del ciudadano con sus libertades (la de circular libremente, por ejemplo) y sus bienes.» Abel Posse. La Nación, 10/12/09.
Engaños peligrosos: “Corremos el riesgo de que una institución tan prestigiosa como el (Instituto Nacional de Referencia) Maiztegui y una red diagnóstica nacional como la que tenemos en la Argentina, que concentra toda la estadística, sufra un deterioro de su imagen similar al que sufrió el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) y se pierdan años de trabajo en investigación científica.” Dr. Alfredo Seijo, jefe de Zoonosis del Hospital Muñiz. 16/04/09.
Mentiras presidenciales: “Desfigurar la realidad, engañar a la población sobre los reales propósitos de una iniciativa legal, ocultar actos y sus consecuencias -el destino de los fondos de Santa Cruz, por ejemplo-, difundir las escandalosas cifras del INDEC, efectuar promesas vacías de contenido, manosear determinadas informaciones con objetivos meramente electorales y disfrazar el pasado constituyen diferentes formas de mentira. Y faltar a la verdad desde un cargo público equivale a un abuso de poder y a un fraude político, que tarde o temprano, será castigado por la ciudadanía.” La Nación, 02/11/08. Editorial.
INDEC: Desde hace ya un año, un grupo de afiliados al sistema previsional de capitalización reclama ante la Justicia ser admitidos como querellantes, en una causa en la que se investiga la manipulación del índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La razón es que las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) tienen parte de sus fondos invertido en bonos de deuda pública ajustables según la evolución de la inflación. La presentación se realizó ante el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral y sufre interminables dilaciones. ¿Sabrá este juez que la justicia cuando es lenta no es justicia?
Gustavo Ibáñez Padilla, Boletín Economía, 23/08/08.
INDEC: El descrédito del instituto oficial no parece tener límites. La última novedad la constituye el nuevo índice de precios al consumidor que ya no medirá más la situación del interior y se circunscribirá a Buenos Aires. Todo parece señalar que la metodología será de menor calidad que la anterior y más fácilmente adulterable por parte de la interventora Ana María Edwin, que responde a Guillermo Moreno.
Gustavo Ibáñez Padilla, Boletín Economía, 15/05/08.
INDEC: “El anuncio del nuevo índice de precios por parte del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, no puede ser más desalentador. Descubre que el Gobierno ha decidido seguir ignorando la inflación y utilizar una falsa medición para negar su existencia.” Jorge Oviedo. La Nación, 08/05/08.
INDEC: La estafa oficial es cada día más evidente. Ahora, además de la provincia de San Luis, también Santa Fe comenzó a medir la inflación en forma .seria e independiente. El resultado está a la vista: las cifras cuadruplican la información oficial. ¿Qué esperan los fiscales y jueces para procesar a la interventora del Instituto, a su mandante el secretario de Comercio Interior y al resto de funcionarios y ex-funcionarios de mayor jerarquía que permitieron y permiten semejante falsificación de las estadísticas oficiales? ¿Dónde está la justicia independiente? ¿Dónde está Marijuán?
Gustavo Ibáñez Padilla, Boletín Economía, 25/04/08.
INDEC: “El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, lamentó hoy que se haya ‘instituido la idea de que acá hay una falsificación de los datos’ de inflación, y argumentó que si la gente percibe que los precios aumentan más que lo que dicen las estadísticas oficiales es porque compra productos diferentes de los que mide el INDEC.” Clarín, 15/04/08. – ¿No es hora de que algún fiscal se ocupe del tema y procese a la interventora del INDEC, a Guillermo Moreno y al propio Jefe de Gabinete por falsificación de datos oficiales?
Gustavo Ibáñez Padilla, Boletín Economía, 18/04/08.
Grotesco estadístico: Curiosamente y al contrario de lo que la gente percibe en su vida diaria, según las estadísticas oficiales del INDEC, los precios en los shopping centers culminaron febrero con una baja de 1,3 por ciento, respecto del mes anterior. Comparados con igual mes del año anterior, los precios también muestran una “inexplicable” baja.
Gustavo Ibáñez Padilla, Boletín Economía, 26/03/08
INDEK: En los últimos años, el Poder Ejecutivo, por medio de su “patovica”, Guillermo Moreno, ha destruido la credibilidad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Con la grotesca intención de manipular el índice que mide la inflación, removió a numerosos funcionarios, presionó a otros, violó el secreto estadístico y adulteró los valores de los índices oficiales. Todas estas maniobras constituyen delitos claramente tipificados en nuestra legislación (Falsedad ideológica -Código Penal Argentino, art. 293-, Manipulación de precios -Código Penal Argentino, art. 300-, Secreto Estadístico -Ley 17.622, art. 10- y otros). La ineficaz intervención del juez Rodolfo Canicoba Corral permite, por su lentitud, esta gravísima degradación institucional de la República.
Gustavo Ibáñez Padilla, Boletín Economía, 06/03/08.
Solicite por e-mail el extracto del Libro: Cómo mentir con Estadísticas de Darrell HUFF (How to lie with statistics) a: [email protected]
Gustavo Ibáñez Padilla
La Justicia argentina pone un freno a Guillermo Moreno
septiembre 13, 2012
Primer revés judicial de Moreno en su embestida contra las consultoras
Por Francisco Jueguen
El juez Marcelo Aguinsky dictaminó que la consultora de Graciela Bevacqua no había cometido un delito al publicar su propio índice de precios
Guillermo Moreno perdió un nuevo round contra la realidad. En una decisión que puede convertirse en un faro legal para causas similares y que busca consolidar la libertad de expresión y profesional en el país, la Justicia desestimó una denuncia penal impulsada por el secretario de Comercio Interior contra una consultora privada que elaboraba un índice alternativo de inflación.
Es el primer revés que sufre la embestida del funcionario contra las consultoras por la medición de los precios. La medida fue firmada por el juez en lo penal económico número 6 Marcelo Aguinsky -sobre un dictamen de la fiscal del mismo fuero María Gabriela Ruiz Morales- y benefició al centro de estudios Buenos Aires City y a sus directores, la ex directora del área de Precios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Graciela Bevacqua, y el economista de la UBA Nicolás Salvatore. El fallo determinó que la publicación del cálculo de inflación de la consultora no era delito penal.
«La actividad informativa que aquellos habían desplegado no constituía un riesgo jurídicamente desaprobado», afirmó en su dictamen la fiscal, interpretación que avaló el juez con su determinación final. «El acto que se pretende imputar en estos actuados, resulta ser estereotipado e inocuo, atento la profesión de economistas que detentan los denunciados, y resulta parte del ejercicio de la profesión liberal de los mismos», continuó.
La denuncia, presentada por Moreno hace alrededor de un año contra Bevacqua y Salvatore , se basaba en que los dos técnicos publicaban índices de información «falsos» con la finalidad de provocar la suba de los precios en el mercado interno e impulsar la distorsión de títulos públicos para beneficiarse ellos y otros agentes de sistema financiero.
El funcionario se había basado en el artículo 300 del Código Penal, que contempla el delito de «agiotaje» y que prevé penas efectivas de entre seis y dos años de prisión.
En el documento, que tiene fecha del viernes pasado, el juez indicó que «los hechos denunciados no podían ser considerados como constitutivos de delito alguno y que, como tales, eran insuficientes para provocar la intervención penal del Estado». LA NACION intentó consultar al juez de la causa, pero no obtuvo respuesta. Las partes, en tanto, aún no habían sido notificadas.
La fiscal consideró que las actividades de esos economistas eran «desarrolladas dentro de lo que socialmente se considera un riesgo permitido» y, en un párrafo anterior, sugirió que «una eliminación de todos los riesgos supondría la renuncia a actividades tales como los medios masivos de transporte, como el avión, los trenes, los automóviles […] o los modernos medios de comunicación, que permiten la difusión en forma masiva de contenidos informativos».
A pesar de esta decisión de la Justicia todavía quedan abiertas las causas que se dirimen en los tribunales contencioso administrativo y por las que las consultoras privadas enfrentan la posibilidad de pagar multas de hasta $ 500.000 por difundir sus propios índices.
«Es una muy buena noticia», afirmó Bevacqua. «Los argumentos eran ridículos. Sólo buscaban afectar la estimación de inflación que hacemos», agregó. «La denuncia era disparatada y sólo buscaba atemorizar, algo que el Gobierno logró», completó, en tanto, Marta Nercellas, abogada de Bevacqua.
«Este gobierno persigue sistemáticamente a opositores en diferentes ámbitos», dijo a este medio Salvatore. «Éste no era un caso por la especulación con los precios en los mercados, sino un atentado contra la liberta de expresión», denunció.
«Es la primera vez en toda mi vida profesional que veo algo así. Los economistas hablamos de la inflación, el PBI y el tipo de cambio, y nunca un gobierno nos había hecho un juicio por opinar», afirmó.—
Del editor: Qué significa: El fallo refleja la debilidad de los argumentos legales de Moreno, que ya perdió causas contra ex empleados del Indec y contra el presidente de Shell.
Fuente: La Nación, 13/09/12.
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Un fallo que no despeja la amenaza de censura
Por Martín Kanenguiser
El pulgar hacia abajo del juez Marcelo Aguinsky ante la denuncia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sería acompañado por otras decisiones similares en la justicia penal. Sin embargo, la amenaza de multar a las consultoras que miden la inflación se mantiene.
Con esa guillotina económica encima, las mediciones privadas seguirán silenciadas, mientras cada vez más provincias dejan de hacer sus propios índices de precios al consumidor para sumarse a la sospechosa cifra del Indec. La inflación, por lo tanto, no tiene brújula: el Gobierno no habla de ella ni elabora medidas para frenarla, aunque, como ayer, la presidenta Cristina Kirchner haya aumentado las asignaciones familiares un 25%, en sintonía con la suba de precios registrada por fuera del Indec.
Los jueces Rafael Caputo y Alejandro Catania aún deben resolver si, como Aguinsky, también desestiman, ante la falta de pruebas, el pedido del Gobierno de avanzar penalmente contra los estudios Ferreres y Melconian-Santángelo, respectivamente.
Tras el paso en falso que dio al amagar con exigirles a diarios y a periodistas que revelen información sobre los índices de precios privados, Catania se llamó a silencio, pero tampoco pudo avanzar por la falta de elementos en contra de los consultores.
A pocos metros de esos despachos, el juez penal federal Rodolfo Canicoba Corral, que hasta ahora no había avanzado ni un paso en la denuncia en contra de Moreno y las autoridades del Indec formulada en 2007, comenzó a reclamar en estos días con enojo la pericia de expertos universitarios para las próximas tres semanas. Canicoba Corral no avanza, pero tampoco cierra la causa, manteniendo en alerta a los funcionarios ligados a Moreno, a tono con cierto declive sufrido en los últimos meses por el polémico secretario de Comercio Interior.
Sin embargo, en el fuero en lo contencioso administrativo -donde el Gobierno logró avanzar varias posiciones en los últimos años-, las causas contra todas las consultoras por presunta violación de la lealtad comercial se mantienen en pie. Pese a que las multas por $ 500.000 están en suspenso, la cámara del fuero aún no brinda señales de querer aflojar la presión sobre estos economistas, que reportan las mismas cifras que la CGT oficialista, la CTA de Hugo Yasky y el Cenda del viceministro Axel Kicillof.
Tarde o temprano, reconocen los consultores, deberán llegar con su reclamo a la Corte Suprema. Habrá que ver si el Gobierno, tal vez por presión internacional, recupera antes la sensatez y da cuenta de la suba verdadera de precios, que, en los alimentos, fue del 30% en el último año.
Fuente: La Nación, 13/09/12.
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El Gobierno sancionó a una ONG por relevar los aumentos de precios
agosto 27, 2012
El Gobierno sancionó a una ONG por relevar los aumentos de precios
Por María Eugenia Duffard
Primero las consultoras privadas, ahora las ONG de Defensa del Consumidor. Por difundir índices propios que revelan el incremento de los alimentos de la canasta básica, el Gobierno “suspendió preventivamente” a Consumidores Libres del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores. El titular de la entidad, el socialista Héctor Polino adelantó a Clarín que presentarán un recurso de amparo y que hoy a las 15 se reunirán en las oficinas de ADECUA, la ONG conducida por Sandra González, con referentes de otras asociaciones para evaluar que medidas tomar.
El viernes, después de que Clarín publicara una infografía sobre el aumento de precios según los índices de Consumidores Libres, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de María Lucila Colombo –que obedece las directivas del Secretario de Comercio Guillermo Moreno–, notificó a la asociación que le iniciaba un sumario y suspendía su matrícula hasta que se cerrara el expediente .
“El relevamiento o medición de los precios que realizaría la Asociación carecería del rigor, el basamento científico y la consistencia estadística necesaria para la realización de mediciones de la especie, por lo que su difusión o acceso a los consumidores , podría inducir a confusión o a la diseminación de datos no veraces, generando potencialmente defectuosas elecciones en materia de consumo de productos”, argumentó Defensa del Consumidor en la notificación a Consumidores Libres en la que alude a la publicación de Clarín .
“El Gobierno en lugar de sancionar a los grandes grupos del poder económico que aumentan injustificadamente los precios de los artículos de la canasta básica de alimentos , sanciona a una entidad que difunde los aumentos producidos”, advirtió Polino, e insistió en que la medida no tiene precedentes y lo que busca es “borrarnos del mapa”. “Si nos suspenden la matrícula no existimos como ONG y si nos sacan del Registro todas las acciones legales que hemos iniciado en defensa de los consumidores quedan en la nada”, sentenció.
Según consta en la notificación, desde el viernes Consumidores Libres tiene diez días para presentar su descargo y el material necesario para respaldar el relevamiento y la difusión de su índice de precios.
“Desde hace 18 años venimos haciendo relevamientos de precios que difundimos cada 15 días y, eventualmente, son tomados por los medios para su publicación”, explicó Polino, que no sale de su asombro frente a la medida tomada por el Gobierno nacional “en tiempos donde lo que dice el INDEC no lo cree nadie” . El ex diputado se mostró escéptico respecto de la evolución del trámite administrativo y por ello recurrirá a la justicia para pedirle que levante la suspensión de la licencia hasta que se resuelva el sumario. Independientemente de ese amparo, una vez cerrado el expediente administrativo y conocida la decisión de la Subsecretaria, la ONG puede apelar ante la justicia.
Fuente: Clarín, 27/08/12.
