Argentina es atractiva para los narcotraficantes

febrero 1, 2016 · Imprimir este artículo

Mariano Federici: “Si no hay decomiso de bienes, el atractivo de utilizar el país con fines ilícitos es grande”

El flamante titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) evalúa enviar un proyecto de ley que permita la extinción de dominio para los activos provenientes del lavado y el narcotráfico.

Por Paz Rodríguez Niell.

lavado de dinero 17El nuevo presidente de la unidad antilavado, Mariano Federici, dice que los narcotraficantes encontraron en la Argentina un lugar “seguro” para sus activos. En su primera semana al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), anuncia que prepara un proyecto de ley para favorecer el decomiso de los bienes vinculados al lavado. “Si no hay decomiso de bienes, el atractivo de utilizar el país con fines ilícitos es grande. La Justicia condena, aplica penas de prisión, pero no actúa sobre los bienes”, afirma el funcionario. Federici es abogado y trabajó diez años para el Fondo Monetario Internacional.

-Usted le dijo al Financial Times que “los narcotraficantes prefieren trasladarse a la Argentina, ya que se sienten seguros con sus activos aquí”, ¿por qué?

-Preferían, porque estaban dadas ciertas condiciones como para no disuadir la llegada de capitales provenientes de actividades ilícitas. Si uno tuviese activos que lavar, ¿qué jurisdicción elegiría? Una con una economía diversificada, donde haya mucho movimiento, buenos abogados y contadores, pocos controles y altos niveles de corrupción. Lo dijo también un jefe de la policía de Colombia: los narcotraficantes colombianos se sentían cómodos viniendo a la Argentina.

-¿Encontraron en la UIF legajos “cajoneados”?

-No puedo hablar porque tengo una prohibición legal.

Ernesto Sanz, Martín Lousteau y Fernando Sánchez presentaron una denuncia acusando de eso a su antecesor, José Sbattella.

-Estoy muy al tanto. Hemos encarado un diagnóstico completo de todas las áreas.

-¿Qué va a pasar con los empleados nombrados por Sbattella?

En la UIF trabajan 243 personas. El promedio en las unidades de la región ronda las 100. Cuando asumió Sbattella no había más de 70, aunque es cierto que las responsabilidades de la UIF aumentaron: hoy colabora con la Justicia, querella y es el regulador y supervisor de todo el sistema financiero y no financiero en materia de lavado.

-En la administración pública se multiplican los despidos, ¿qué va a pasar en la UIF?

-Estamos analizando caso por caso. De las 243 personas, sólo dos son de planta permanente. Nuestra intención es despolitizar y profesionalizar la unidad. Aquellos que ingresaron con una intencionalidad política y no cuentan con un perfil técnico o se reajustan a la nueva visión, si es que tienen las capacidades, o tendrán que irse.

-¿Qué opina de la gestión de Sbattella?

-Creo que se trabajó sin una planificación adecuada y que la herramienta ha sido utilizada para fines políticos que no correspondían. Nosotros queremos dar un mensaje, garantizar a quienes vienen a hacer negocios lícitos que no va a tener que competir con quienes violan la ley. La unidad es además una herramienta muy importante para reposicionar a la Argentina en el mundo: la lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo está en la prioridad de la agenda de todos los países que se toman con seriedad estos temas. Por otro lado, como reguladores del sistema queremos cambiar la relación con los sujetos obligados; bancos, entidades financieras y otros sujetos. La supervisión ha tenido un enfoque más bien represivo. La UIF ha ido a buscar problemas para buscar oportunidades de sanción y nosotros creemos que debería ser más preventivo, buscando colaboración para mejorar el cumplimiento. En definitiva, debemos restablecer la integridad del sistema y tenemos que partir de la base de que ése es un objetivo compartido o que debe serlo con los agentes.

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-Pero muchas veces no lo fue…

-En esos casos el peso de la ley va a recaer sobre ellos.

-¿Cómo evitarán posibles conflictos de interés dado que la vicepresidenta de la UIF [María Eugenia Talerico] fue abogada del oficial de cumplimiento antilavado del HSBC, al que había sumariado la UIF?

-Ella aclaró que no fue abogada del banco y existen herramientas legales para que se excuse en aquellos expedientes en los que haya tenido una tarea como abogada. Hubo además un dictamen de la Oficina Anticorrupción donde quedó claro que no había impedimento ni para mí ni para ella de acceder al cargo.

-Se cuestionó el paso de un lado al otro del mostrador, ¿para usted aquello no implica un conflicto?

-No. Ella como abogada defendía los intereses de sus clientes. Si queremos profesionalizar la gestión pública tenemos que traer a los mejores.

-¿Cómo se va a comportar la UIF en casos de eventuales sospechas sobre empresarios amigos del Presidente?

-Nosotros tenemos el mandato y además hemos recibido la conformidad de las autoridades políticas del Gobierno de aplicar la ley sin distinciones.

-¿Qué quiere decir con conformidad?

-Fue un diálogo muy franco. Queremos realmente despolitizar la unidad. Lo ha dicho también el ministro de Justicia [Germán Garavano]. Eso implica tener el coraje y la voluntad de llevar a cabo las tareas que sean necesarias, aun en los casos que involucren al gobierno de turno.

-¿Preparan algunas reformas legales?

-No hay una cultura del decomiso en la Argentina y si no hay decomiso de bienes, el atractivo a utilizar el país con fines ilícitos en grande. La Justicia condena, aplica penas de prisión, pero no actúa sobre los bienes. Sería interesante una ley de extinción del dominio sin necesidad de una condena previa, que revierta la carga de la prueba ante la posibilidad de que un bien haya sido utilizado en relación con un delito. Que el supuesto titular del bien deba probar su titularidad y el origen lícito de los fondos. Otra prioridad es la protección de la inteligencia financiera en sede judicial. Si yo recibo información de alguna UIF extranjera, que no es para ser incorporada a un expediente como prueba, tengo que poder tener la protección ante un juez. Si no, se comprometen las relaciones bilaterales.

Fuente: La Nación, 01/02/16.

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