Argentina: Falso desendeudamiento

Falso desendeudamiento

Editorial del diario La Nación

La falsificación de las estadísticas en la Argentina ha producido efectos trágicos. Uno de ellos es que determinados temas no pueden ser analizados en su sustancia, ya que el Gobierno se refugia en sus números increíbles para evitar el debate de fondo. Si se reporta que la pobreza afecta al 6% de la población y que la inflación apenas se sitúa en el 9%, la discusión con el Gobierno sobre políticas públicas contra la pobreza y la inflación se vuelve imposible.

Afortunadamente, quedan en el país un puñado de estadísticas que no han sido falsificadas por el Gobierno. Las estadísticas oficiales de la deuda pública de la Nación y el balance de activos y pasivos del Banco Central conservan, por ahora, un grado de verosimilitud que permite mostrar que el mal llamado desendeudamiento es un mito más de los tantos que ha inventado esta administración.

Como suele hacer el kirchnerismo, que sitúa el inicio del mundo al de su mandato, consideremos el endeudamiento público de junio de 2003, cuando la deuda pública de la Argentina totalizaba 153.000 millones de dólares. A ellos habría que sumarles los exiguos 2000 millones de dólares en notas del Banco Central (Lebacs) para obtener el endeudamiento del consolidado del Tesoro y el Banco Central en ese período: 155.000 millones de dólares.

Los últimos datos oficiales muestran que, a septiembre de 2011, la deuda pública argentina había trepado a 175.000 millones de dólares que, si se sumaran a los 24.000 millones de endeudamiento del Banco Central mediante Lebacs y Nobacs, llevarían la deuda del Estado a 199.000 millones, muy por encima del endeudamiento vigente al inicio del ciclo kirchnerista. A las cifras reportadas de la deuda pública se les deben sumar además 11.000 millones de dólares de deuda impaga no computada en las cifras totales de endeudamiento, lo que llevaría a un total de 210.000 millones de dólares.

Estos 55.000 millones de dólares de aumento en el endeudamiento público ocurrieron aun a pesar de la promocionada quita del 70% en los canjes de deuda de 2005 y de 2010, y después de haber falsificado las estadísticas de inflación para licuar el equivalente a unos 20.000 millones de dólares en la deuda en pesos indexada por el costo de vida.

El aumento sería mucho mayor si se efectúa una estimación de los pagos que algún día la Argentina deberá realizar por los fallos no acatados, y los que surgirán en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) donde, como en otros aspectos de su relación con el mundo, la Argentina posee una situación «particular»: ser el país más demandado en el mundo con 49 casos sobre un total de 184 iniciados.

Y todavía no hemos hablado de las demandas que surgirán a raíz de la estatización de YPF, de las AFJP que nunca fueron indemnizadas, ni de las sentencias favorables a los jubilados cajoneadas por la Anses a la espera de que fallezcan los demandantes. Simplemente utilizando las cifras oficiales de la deuda reportada, y de la que se encuentra en situación de impago, la deuda ha crecido desde 155.000 millones de dólares hasta 210.000 millones, entre 2003 y 2011.

Aparentemente, lo que el Gobierno ha decidido llamar «desendeudamiento» es simplemente el cambio sustantivo que se ha producido en los acreedores del Gobierno. Al pagarle al FMI lo hizo mediante la emisión de Lebacs del Banco Central con las que el ente monetario adquirió las reservas internacionales. Y, luego, para hacerse de ellas el Tesoro canjeó los dólares contantes y sonantes al Banco Central por papelitos de colores a pagar a largo plazo y con tasas de interés cercanas a cero.

También, al estatizar las AFJP, el Gobierno traspasó sus deudas con esas instituciones a las arcas de la Anses, que ahora dócilmente renueva los vencimientos de la deuda con papeles que rinden tasas de interés inferiores a las del mercado.

El desendeudamiento es otro componente del ridículo relato kirchnerista. El desendeudamiento al que se refiere el Gobierno no es la reducción de la deuda; es el reemplazo de acreedores que exigen información confiable y tasas de interés de mercado por acreedores dispuestos a ver licuados sus activos. Aunque ello conlleve la destrucción del balance del Banco Central o la licuación de los ahorros de los jubilados. Una prueba más de que para este Gobierno no hay límites legales ni morales en la construcción del poder absoluto.

Fuente: La Nación, 05/05/12.

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«Se puede engañar a toda la gente por algún tiempo.

Se puede engañar a alguna gente todo el tiempo.

Lo que es absolutamente imposible es engañar a toda la gente todo el tiempo.»

Abraham Lincoln, 1856